La potestad sancionatoria de la Contraloría General de la República
| Autor | Roberto Rodríguez Araica, Iván Quesada Rodríguez |
| Cargo | Licenciado en Derecho y Master en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas y Licenciado en Derecho y Master en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, respectivamente. |
| Páginas | 100-121 |
La potestad sancionatoria de
la Contraloría General de la
República
Sumario
Introducción. 1. Régimen de responsabilidad del servidor
de la Hacienda Pública. 2. Fundamento constitucional de
la potestad sancionatoria de la Contraloría General de la
República. 3. Diferencia entre la potestad sancionatoria
de la Contraloría General de la República y la potestad
disciplinaria del patrono. 4. La recomendación vinculante
de sanciones administrativas. 5. La prohibición de ingreso
y reingreso de la Hacienda Pública. 6. Conclusiones
ESTUDIOS
Roberto Rodríguez Araica,
Iván Quesada Rodríguez1
1 Licenciado en Derecho y Master en Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas y Licenciado en Derecho
y Master en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo, respectivamente.
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública
Introducción
El artículo 9 de la Constitución Política de la República de Costa Rica proclama el denominado
principio de responsabilidad del Gobierno, originado en el mandato que recibe para que
investido de la autoridad que le es otorgada, procure el bienestar general de los ciudadanos,
tanto en su carácter individual como colectivo.
La función pública es el medio que utiliza la administración para ejercer ese mandato, cuya
legitimidad descansa en el ajuste de la conducta al ordenamiento jurídico (principio de
legalidad), así como en la prestación eficiente de un servicio público que satisfaga plenamente
el interés general.
En la actualidad, no basta que la gestión pública se adecue a la legalidad formal, sino que se
debe trascender a un concepto de legalidad material, donde se potencie el principio de
eficiencia como elemento sustancial de la conducta administrativa, mediante la evaluación
constante de los resultados que ofrece la administración.
El Estado de Derecho moderno exige el cumplimiento de los principios del “Buen Gobierno”,
en el que la búsqueda del bienestar del ser humano constituye el fin último de la función
pública. Quienes aspiran a un cargo de esta naturaleza deben comprender el papel
meramente instrumental que desempeñan los mandatarios del pueblo y los servidores del
interés general.
La realidad, sin embargo, enseña que en algunas ocasiones quienes juraron servir al pueblo
se sirvieron de él, lo cual obliga al Estado a diseñar un modelo de protección del interés
general, mediante la creación de órganos de control externo que vigilen la conducta
administrativa, dentro de los cuales se encuentra la Contraloría General de la República.
En el presente estudio se analiza el papel de este órgano contralor en la depuración de
responsabilidades administrativas por infracción al ordenamiento del sistema de fiscalización
superior de la hacienda pública, su evolución y los retos futuros que se visualizan para
erradicar o al menos disminuir la corrupción y la ineficiente gestión de los recursos públicos.
1. Régimen de responsabilidad del servidor de la Hacienda Pública
a) Relación de sujeción especial. Producto de la evolución que ha vivido el Estado
costarricense y lo que la doctrina ha denominado como “la huida del derecho administrativo”,
el manejo de fondos públicos se ha tornado cada vez más complejo, mediante la participación
no solo de la administración pública, sino también de sujetos privados constituidos en las
más diversas formas jurídicas, tales como asociaciones, fundaciones, sociedades, fideicomisos,
organismos internacionales, órganos no gubernamentales, entre otros. En razón de su
creciente participación en la administración del patrimonio público, estos han provocado la
necesidad de reformar el ordenamiento jurídico en aras de ejercer un control fuerte de la
legalidad y oportunidad de su conducta, de frente a la consecución del fin público perseguido.
Dentro de las reformas plasmadas en los últimos años, destacan los cambios operados en la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República con la promulgación de la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la cual modifica el
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