Potestad sancionatoria, procedimiento administrativo de Hacienda Pública y efectividad de las sanciones administrativas en la lucha contra la corrupción
| Autor | Mónica Díaz Campos |
| Cargo | Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Especialista en Derecho Notarial y Registral. Ex funcionaria de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República, con experiencia en Derecho Público en las materias contencioso-administrativo y procedimiento administrativo sancionatorio. |
| Páginas | 9-26 |
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XII.
Enero-Junio, 2019. ISSN-221-3624
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Mónica Díaz Campos1
1 Licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica, Especialista en
Derecho Notarial y Registral. Ex funcionaria de la Contraloría General de la
República y de la Procuraduría General de la República, con experiencia en
Derecho Público en las materias contencioso-administrativo y procedimiento
administrativo sancionatorio.
Potestad sancionatoria,
procedimiento administrativo
de Hacienda Pública y
efectividad de las sanciones
administrativas en la lucha
contra la corrupción
Sumario:
1. Introducción.
2. Potestad sancionatoria del Estado y de la
Contraloría General de la República de Costa Rica
(CGR). 2.1. Sobre la potestad sancionatoria del Estado.
2.1.1. Concepto, generalidades y categorías. 2.1.2.
Derecho administrativo sancionador y derecho penal.
2.1.3. Principios de la potestad sancionatoria.
3. Potestad sancionatoria de la Contraloría General de
la República de Costa Rica. 3.1. Marco constitucional
del órgano contralor. 3.2. Marco legal (Ley Orgánica
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito) y
reglamentario. 3.3 El procedimiento sancionatorio y
sus garantías en materia de Hacienda Pública.
4. Análisis de la efectividad de la sanción
administrativa en la lucha contra la corrupción. 4.1.
De las sanciones administrativas. 4.1.1 Concepto.
4.1.2. Diferencia con otra figuras. 4.1.3. Tipicidad de
las sanciones administrativas.
5. Efectividad de la sanción administrativa en la lucha
contra la corrupción. 5.1. Miembros de los supremos
poderes (Presidente, Diputados, Magistrados y
Ministros). 5.2. Funcionarios nombrados en el cargo
(carrera y confianza). 5.3. Análisis de la efectividad de
las sanciones administrativas a la luz de la Ley Contra
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
6. Conclusiones.
7. Referencias bibliográficas.
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública/
Contraloría General de la República
Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XII. Enero-Junio, 2019. ISSN-221-3624
Palabras clave: Potestad sancionadora, efectividad de
la sanción, principios, sanciones administrativas, Ley
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Resumen. A lo largo del presente trabajo se pretende,
en primer término, poner de manifiesto la relevancia
que ha tenido la potestad sancionatoria del Estado y
de la Contraloría General de la República en Costa Rica
como herramienta para reducir, prevenir y detectar la
corrupción en el ejercicio de la función pública. Dicha
facultad correctiva sin duda forma parte del núcleo
esencial de deberes que el servidor público debe de
respetar en razón de su investidura. En el Estado de
Derecho, resulta fundamental que el funcionario
público por convicción sea consiente de la importancia
de rechazar y sancionar la ilegalidad en el ejercicio de
su función que es de carácter público y en la cual debe
predominar el interés general y público sobre el particular
como una actuación ejemplar para los administrados.
Con base en lo anterior, a partir del análisis de los
procedimientos tramitados por la Contraloría General
de la República, se pretende analizar la efectividad de
la sanción administrativa de la Ley contra la Corrupción
los diferentes cargos de la Administración Pública y
sus efectos en el fortalecimiento de la ética publica y
reducción de los espacios a la corrupción.
1. Introducción
En el presente estudio se analizará la potestad
sancionatoria del Estado y los principios que regulan
dicha potestad. En la misma línea, se estudiará el marco
constitucional y legal de la Contraloría General de la
República como entidad de fiscalización superior. Se
procurará analizar el papel del órgano contralor en el
establecimiento de responsabilidades administrativas
por infracción al ordenamiento del sistema de
fiscalización superior de la Hacienda Pública, mecanismo
con el cual se pretende eliminar la gestión ineficiente
de los recursos públicos y prevenir, disminuir y erradicar
la corrupción en la función pública.
Finalmente se examinará la efectividad de las sanciones
administrativas a los miembros de los supremos
poderes, funcionarios de carrera y puestos de confianza
de la Administración Pública.
2. Potestad sancionatoria del
Estado y de la Contraloría
General de la República de
Costa Rica (CGR)
2.1 Sobre la potestad sancionatoria
del Estado
2.1.1 Concepto, generalidades y
categorías
La potestad sancionatoria como manifestación del
poder punitivo del Estado se conforma de disposiciones
a través de las cuales la Administración Pública, con el
objetivo de favorecer el interés público, establece que la
infracción a una disposición normativa en el ejercicio de
las funciones públicas genera la sanción administrativa
como un efecto o consecuencia de tal trasgresión.
Según GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, “la potestad
sancionatoria es una potestad administrativa, esto
es, viene atribuida constitucional y legalmente a la
Administración Pública, en un régimen de prerrogativa,
regido por el Derecho Administrativo.”2
Por su parte, la doctora Zulima SÁNCHEZ SÁNCHEZ,
señala que la potestad sancionatoria corresponde
de forma exclusiva los órganos administrativos y
por ello no se puede ejercer por privados o agentes
auxiliares de la Administración ya que implica ejercer
autoridad. Adicionalmente agrega que es una potestad
irrenunciable y sujeta al control judicial.3
La Sala Constitucional mediante el voto n.° 2006-
013329 de las 17:32 horas del 6 de setiembre de
2006 indica lo siguiente: “(…) la satisfacción de
2 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO (Rodolfo). Sanciones Administrativas.
Granada. Editorial Comares S.L.2004. Pág. 83.
3 SÁNCHEZ SÁNCHEZ (Zulima). La Potestad Administrativa Sancionadora:
la tutela de los intereses generales y del Estado de Derecho. Revista de
Derecho de la Hacienda Pública. Vol. VI. San José, Costa Rica. Contraloría
General de la República.2016. Págs. 96 y 97.
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