El régimen unificado para compras del Estado que regula la nueva Ley General de Contratación Pública y algunas reflexiones sobre el perfil que se le otorga al Ministerio de Hacienda con dicha ley
| Autor | Mag. Esteban Villalobos Fernández |
| Cargo | Máster en Derecho Constitucional, Notario Público y Licenciado en Derecho. Posee una especialidad en Contencioso Administrativo y la formación de nivelación para juez de lo contencioso administrativo y civil de Hacienda, ambos de la Escuela Judicial. Desde el 2007, ejerce docencia en materia de compras públicas y de lo contencioso... |
| Páginas | 29-43 |
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Revista de Derecho de la Hacienda Pública Vol. XXI.
Julio - Diciembre, 2023. ISSN-221-3624
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Mag. Esteban Villalobos Fernández1
1 Máster en Derecho Constitucional, Notario Público y Licenciado en
Derecho. Posee una especialidad en Contencioso Administrativo y la
formación de nivelación para juez de lo contencioso administrativo y civil
de Hacienda, ambos de la Escuela Judicial. Desde el 2007, ejerce docencia
en materia de compras públicas y de lo contencioso administrativo y civil
de Hacienda. Tiene 26 años de experiencia en Derecho Administrativo.
Actualmente labora en la División Jurídica de la Contraloría General de la
República de Costa Rica. E-mail: abogado.esteban.villalobos@gmail.com
compras del Estado que
regula la nueva Ley General
de Contratación Pública y
Ministerio de Hacienda
con dicha ley
Sumario
1. Introducción
2. ¿Qué recomendó la OCDE para la contratación
pública de Costa Rica?
3. ¿No se tramitarán más compras públicas utilizando
leyes distintas a la Ley General de la Contratación
Pública?
4. ¿Es el fin de las causales de excepción a los
procedimientos ordinarios de compras?
5. ¿Dejan de existir las contrataciones donde solo se
aplican los principios constitucionales de contratación
pública?
6. Consideraciones sobre un par de modelos de
rectoría para organizar la contratación pública de un
país
7. Modelo por el que se decantó Costa Rica
8. La retadora visibilización del Ministerio de Hacienda
en la contratación pública de Costa Rica
9. Conclusiones
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