Revista Derecho en Sociedad

Editorial:
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica
Fecha publicación:
2020-01-01
ISBN:
2215-2490

Últimos documentos

  • Análisis de la caducidad del procedimiento administrativo

    Los procedimientos administrativos, regulados en el título séptimo de la Ley General de la Administración Pública N.o 6227, pueden finalizar de manera extraordinaria -o anormal- a través del mecanismo jurídico de la caducidad, que sanciona la omisión de impulsar y gestionar el procedimiento, dentro de los plazos de ley, incumpliendo con el mandato establecido en la Constitución Política, que impone a las Administraciones Públicas garantizar la justicia pronta y cumplida, con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente. De esta forma, si la Administración Pública a cargo del procedimiento no cumple con esos principios constitucionales, termina por prevalecer, de manera objetiva, la seguridad jurídica y la efectiva defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos (CIJUL, 2013). Sin embargo, es de suma trascendencia determinar, a la luz de un análisis de criterios de la Procuraduría General de la República y del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la aplicación práctica de la caducidad, para determinar cuáles son los supuestos para su invocación, así como los efectos derivados de la declaratoria de caducidad de un procedimiento administrativo, ponderando las tesis jurisprudenciales de los órganos indicados, tanto administrativos como judiciales, aunado a la doctrina especializada que se ha abocado a su estudio, esclareciendo las diferencias que existen entre la caducidad y la prescripción. La certeza de los presupuestos de caducidad, tanto normativos como jurisprudenciales, permiten entender -con profusa claridad- su correcta interpretación, en aras de conferir mayores garantías a quienes afrontan un procedimiento administrativo, atendiendo al derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.

  • Renovación del procedimiento de elaboración de los reglamentos
  • Editorial
  • En tiempos de la COVID-19: pacta sunt servanda, rebus sic stantibus y validez de las cláusulas obligacionales que trasladan a la contraparte los riesgos asociados a la imposibilidad del cumplimiento por una alteración de las circunstancias negociadas previamente en el contrato

    Costa Rica ha consagrado el principio pacta sunt servanda, conocido como la regla del efecto vinculante de los contratos, lo que significa que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Esto se extrae de varias normas del Código Civil (Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, 1885), en especial los artículos 1022 y 1023. Son normas rígidas, pues salvo por la nulidad del contrato por algún vicio en sus elementos esenciales, por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, los contratos deben ejecutarse y ante el incumplimiento como causal de ineficacia sobreviniente, el cumpliente tiene el derecho de reclamar el cumplimiento forzoso de la obligación o la resolución del contrato con condena en daños y perjuicios, como señala el Código Civil, artículo 692. Existen legislaciones donde hay expresamente remedios contractuales que justifican ante circunstancias específicas de carácter excepcional, el incumplimiento parcial o total de las obligaciones que se derivan del negocio jurídico. De esta forma, el pacta sunt servanda no se aplica de forma literal. Precisamente, el escenario más singular es la conocida cláusula rebus sic stantibus, la cual se aplica cuando con posterioridad a la celebración de un contrato se presentan acontecimientos considerados extraordinarios e imprevisibles, tales como la COVID-19, donde se tornan excesivamente gravosas las obligaciones contractuales para una de las partes. En este escenario cabe preguntarse si existe en el país, algún remedio en el derecho civil nacional, para hacerle frente a la imposibilidad temporal del cumplimiento de las obligaciones contractuales, durante situaciones extraordinarias sobrevenidas como una pandemia.

  • Teletrabajo: responsabilidad del empleador con respecto a la seguridad y salud en el trabajo, específicamente en la modalidad de teletrabajo

    El teletrabajo es una modalidad laboral que se encuentra presente en el contexto contemporáneo desde inicios del tercer milenio, pero con la pandemia de la COVID-19 se ha presentado un incremento significativo en esta práctica. Asimismo, existen leyes y entidades encargadas de velar por un manejo adecuado de esta modalidad, que incluye el bienestar integral en el ámbito de la seguridad y la salud, por ello este ensayo pretende evidenciar el papel de la salud ocupacional dentro del teletrabajo. Finalmente, se investigó acerca de la dificultad que conlleva que todos los lineamientos se cumplan al pie de la letra, principalmente debido al desconocimiento de dichas leyes.

  • El acceso a internet como garantía efectiva de la educación en etapa de pandemia

    Desde marzo del 2020 y con la pandemia generada por el virus de la COVID-19, la virtualidad se extendió y se adoptó en diversos ámbitos, entre ellos, en la educación. Bajo la estrategia educativa implementada por el Gobierno, los estudiantes de centros educativos públicos deben recibir clases virtuales, pero para ello requieren contar con acceso a internet y con dispositivos electrónicos que les permitan establecer la conexión con sus docentes. Sin embargo, el presente estudio demostró que la virtualidad excluyó del sistema educativo a un porcentaje importante de estudiantes que no cuentan ni con acceso a internet, ni computadora o dispositivo electrónico para recibir clases. Además, esta situación puso al descubierto la brecha digital existente en nuestra sociedad, derivada de las desigualdades sociales que aún persisten y que son tarea del Estado social de derecho costarricense tratar de remediar, puesto que así lo impone la Constitución Política.

  • Los límites de la libertad de expresión en las redes sociales

    Los avances tecnológicos han impactado la vida en sociedad y la forma en que los seres humanos se relacionan y comunican. Actualmente, el acceso a la información es mayor que en ningún otro momento en la historia. El ser humano hoy es un ser social con mayor capacidad y facilidad de expresar sus pensamientos e ideas, especialmente por medio de las redes sociales e internet. El derecho humano a la libertad de expresión se transforma a una aplicabilidad en estos medios digitales, en donde existen limitaciones a este derecho que van desde tratados internacionales y el poder de imperio de un Estado, hasta sujetos privados -entiéndanse intermediarios- que pactan lo que es correcto decir o no. Con una serie de variables como la cultura, territorio y contexto específico, la concepción de la libertad de expresión puede variar, pero al final esta debe ser garantizada por los Estados e instrumentos internacionales, pues forma parte del pensamiento y desarrollo humano, y de la vida en democracia. De esta manera, es necesario considerar la libertad de expresión ante una realidad actual y futura, una normativa nacional e internacional y una doctrina; y contemplar una manera de garantizarla sin lesionar otros derechos.

  • Limitaciones regulatorias en la generación distribuida de energía eléctrica en Costa Rica para el sector privado del país

    El mercado de la energía eléctrica en Costa Rica, a la fecha, se caracteriza por una participación mayoritaria del Estado en términos de la generación distribuida de energía eléctrica, entre estos tomando protagonismo los factores del poder del sector político en relación con la planificación y regulación de esta. La operación del mercado de energía eléctrica en Costa Rica ha evolucionado a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de que las empresas privadas pueden ser partícipes en la generación, distribución y transmisión de energía eléctrica por medio de los mecanismos existentes, aún existen múltiples limitaciones regulatorias en la legislación nacional para la comercialización de este sector. La generación distribuida de energía eléctrica en el país ha quedado rezagada por restricciones legales, y por ende continúan existiendo múltiples ventajas y beneficios sin aprovecharse dado a la estricta regulación de esta.

  • Presentación
  • Aspectos laborales frente a la COVID-19 en el ámbito jurídico nacional

    El desempleo ha sido uno de los principales desafíos mundiales por enfrentar en esta nueva etapa pandémica provocada por el coronavirus. Este virus culpable de muertes también ha sido el factor detonante para que miles de costarricenses perdieran sus trabajos, por ello, debido a esta situación de emergencia, Costa Rica -mediante su Carta Magna, el Código de Trabajo, con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo- ha procurado que exista una relación de balance socioeconómico entre la protección al empleado y al empleador, con base en la legislación vigente y la legislación nacida de este suceso epidemiológico.

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