Revista Derecho en Sociedad

Editorial:
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica
Fecha publicación:
2020-01-01
ISBN:
2215-2490

Últimos documentos

  • Editorial
  • Fomento del diálogo social y la rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

    Si bien Costa Rica es la democracia más antigua de Latinoamérica -sin interrupciones en el proceso electoral desde el año 1953- y cuenta con impresionantes logros económicos y sociales, persisten importantes retos para profundizar la calidad de su democracia. Una de ellas tiene que ver con el fomento del diálogo social, el cual implica que la toma de decisiones políticas sea un proceso inclusivo que dé lugar a un alto grado de estabilidad institucional, a un entendimiento común y a un enfoque conjunto para resolver problemas y conflictos. Mediante su participación voluntaria en las negociaciones centralizadas, las organizaciones de la sociedad civil ayudan a las instituciones representativas (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo) a cumplir con sus responsabilidades. El trabajo se enfoca en la pregunta de cómo el diálogo social puede fortalecer la función fiscalizadora (control político-parlamentario) de la institución legislativa. Primero, se ofrece una justificación teórica del estudio del fortalecimiento de las instituciones parlamentarias y del empoderamiento de la sociedad civil. Posteriormente, se aborda la importancia de la sociedad civil para la democracia y de su participación en la vida parlamentaria mediante el diálogo político-social. Por último, se dedican unos párrafos a la diferenciación entre los roles institucionales de los parlamentos y la sociedad civil.

  • Responsabilidad civil objetiva de la actividad bancaria frente al fraude informático (phishing)

    El internet banking es una herramienta tecnológica que permite a sus usuarios mejorar la eficiencia de las transacciones bancarias con solo contar con un medio electrónico y acceso a internet. Esto ha permitido mayor dinamismo en la evolución de un sistema financiero tradicional hacia un sistema más innovador. Sin embargo, el desarrollo de servicios electrónicos bancarios abre un portillo muy grande a los delitos cibernéticos, especialmente el phishing, catalogado como uno de los fraudes electrónicos más reincidentes en Costa Rica. A su vez, el banco como ente que desarrolla una actividad mercantil licita, pero que genera cierta peligrosidad, es el que afronta la responsabilidad civil objetiva, considerando que esta prescinde de los elementos de dolo y culpa, dado que el riesgo y el daño son los únicos componentes que se le imputan. No obstante, el banco puede romper el nexo de causalidad siempre y cuando demuestre una causa eximente, como culpa de la víctima, hecho de tercero o fuerza mayor.

  • La regulación de la sociedad de hecho familiar: una necesidad latente en la legislación de familia de Costa Rica

    La legislación de familia regula la unión de hecho regular para aquellas parejas que cumplen con una serie de requisitos para desplegar los efectos personales y patrimoniales propios del matrimonio. No obstante, es imperativo de ley que el reconocimiento se plantee dentro de los dos años siguientes a la ruptura de la convivencia, pues, de no ser así, la acción caduca. Además, en aquellas relaciones en las que una de las partes se encuentra impedida de contraer nupcias, se considera irregular, por lo que, al ser una figura atípica, no puede ejercer el reconocimiento judicial. Ante estos dos escenarios, y en resguardo del principio constitucional de justicia pronta, cumplida, y sin denegación, la jurisdicción de familia ha acudido a la analogía de la sociedad de hecho contemplada en el Código Civil, para reconocer la sociedad de hecho de carácter familiar como un mecanismo precautorio del posible enriquecimiento sin causa que se pudiese generar a partir de la improcedencia e ineficacia del reconocimiento judicial. Empero, al no existir norma expresa que regule este tipo de sociedades, existe divergencia de criterios en cuanto a sus alcances, competencias y aplicabilidad.

  • El contrato de transporte aéreo de pasajeros y la responsabilidad del transportista

    El presente artículo tiene como fin realizar un análisis moderno, actualizado y jurídico sobre el tema del contrato de transporte aéreo de pasajeros, así como del régimen legal de responsabilidad civil que deriva para el porteador aéreo, en su doble vertiente: nacional e internacional. La intención es crear con ello un panorama más completo y detallado acerca de la relación que existe o que podría llegar a existir entre un operador del servicio de transporte aéreo -las aerolíneas, transportistas y demás- y quienes contratan y hacen uso de este -los pasajeros, consumidores o usuarios-. Para ello, se estudia primero, el desarrollo de los contratos en general, los elementos constitutivos de estos y, posteriormente, se interrelaciona el tema con el de los contratos de transporte aéreo de pasajeros, así como el específico régimen de responsabilidad por incumplimiento contractual o por causas ajenas a las partes (caso fortuito, fuerza mayor) de la que se derivan daños. Hasta entonces, se parte del hecho de que, en los tiempos modernos, se han comenzado a presentar una serie de factores importantes que han desencadenado en la aparición de un nuevo paradigma en la legislación existente en el transporte aéreo de pasajeros, que debe versar sobre la reparación integral de los daños.

  • El impacto del blockchain en el sistema financiero costarricense

    Ante un mundo en constante innovación tecnológica, el país debe encontrar maneras de adaptarse a estos cambios; y, por consiguiente, regular los virajes que afectan la economía. La modernización de los sistemas financieros recae en sistemas como el del blockchain, que se define como “el libro contable donde se registra cada una de las transacciones”. Por este medio se otorgan beneficios como la transparencia, que afectaría tanto al sector público como al privado, brindando un mejor control y seguridad sobre los usuarios y sobre las transacciones realizadas, pudiendo, de este modo, impedir la evasión fiscal y obtener una mejora en la finanza estatal. Otro beneficio es que se pueden prevenir delitos organizados como el lavado de dinero, que se origina por medio del actual “secreto bancario”, figura que será eliminada al implementar instrumentos de seguridad en línea dentro de las empresas reguladas por internet, como lo son las Fintech. Por esta razón, Costa Rica cuenta con la particular necesidad de consolidar una regulación adaptada a este tipo de servicios de pago electrónico, como sucede en países con derechos similares al nuestro; por ejemplo, en México, Panamá y España, países que regulan las empresas Fintech para que no tengan una condición de banca descentralizada irregular.

  • El nuevo régimen regulatorio del trabajador independiente

    Es indiscutible que la Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido fines altruistas que han sido de gran beneficio para el país. Sin embargo, no ha logrado generalizar la formalidad de todos los trabajadores para garantizar sus ingresos; por ende, se ve en una situación en la que no puede negar ciertos servicios, pero no todas las personas están en la capacidad de afiliarse. Otro problema que tiene es que, en el caso de los trabajadores independientes que se formalizaron, empezó un esquema de cobro o de impago de esas obligaciones que fueron teniendo un “efecto de bola de nieve” con el transcurso del tiempo, por la suma de intereses y los plazos que cobrados en el exceso en más allá de los cuatro años establecidos en el Código Tributario, incluyendo las obligaciones parafiscales como en este caso, sin que la institución pudiese dar una solución efectiva.

  • Legal Tech: el Derecho y la Innovación Tecnológica

    El sector legal se considera conservador en temas de tecnología, sin embargo, ya existen grandes herramientas que le han traído muchos beneficios y avances. El abogado debe adaptar sus servicios y forma de trabajo a la tecnología, de ahí la importancia del concepto de legaltech y el análisis de las herramientas actuales del mercado legal, las cuales han permitido la digitalización de productos y servicios, así como la transformación e innovación digital. En este artículo se proporcionan definiciones de legaltech, transformación digital, innovación tecnológica, big data y blockchain. Se exponen los beneficios, así como los retos de la implementación de la tecnología en el sector legal. Se analiza el avance de distintos países en la implementación de recursos tecnológicos en el sector jurídico, así como ocho software o start-ups legaltech, con una descripción del funcionamiento de cada uno, así como el uso de la inteligencia artificial y los retos de su regulación normativa.

  • El artículo 50 de la Constitución Política como un derecho humano y su relación con la responsabilidad civil por daños al ambiente

    Se analizó cómo el ser humano históricamente ha hecho uso de los recursos naturales sin observar los efectos secundarios para las futuras generaciones, llegando al punto en que los efectos globales son tan notorios que la comunidad internacional tuvo que reconocer los daños medioambientales, para enfrentar los efectos negativos a la salud y a la colectividad, tanto en el Sector Público como en el privado, de manera universal. En el caso de Costa Rica, el reconocimiento ambiental se vio plasmado en el artículo 50 de la Constitución Política, como un derecho humano de tercera generación y su aplicación en la defensa de la naturaleza ha tenido un desarrollo notorio con la responsabilidad civil, al implementar el principio de solidaridad, inversión de la carga de la prueba y el principio precautorio y preventivo, para resguardar y proteger el interés colectivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado ecológicamente, presente en la Ley Orgánica del Ambiente 7554 del 4 de octubre de 1995.

  • Acceso de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores en Costa Rica

    Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) le dan vida a las economías de América Latina y el Caribe (ALC). Estas representan 99.5 % de todas las empresas de la región y 60 % de la población ocupada y son responsables por el 25 % del producto interno bruto (PIB) regional, según datos de la OECD (Herrera, 2020). La presente investigación hace un análisis de la forma en que Costa Rica ha encarado la necesidad de propiciar el acceso de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores y, aborda el mecanismo de inclusión financiera que le ha sido reconocido históricamente. Se parte de la hipótesis de que esta inclusión financiera de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores implica, por ende, promover su productividad y competitividad, a través del fomento a la innovación, transferencia y adaptación tecnológica, así como a la promoción del encadenamiento productivo de este tipo de empresas costarricenses. La investigación evidenció que tanto para las mipymes como para las pymes costarricenses es prácticamente imposible cumplir todos los procedimientos, protocolos, requisitos y estándares que cumplen los emisores tradicionales de valores de oferta pública y que, a la vez, les solicitan a las empresas que les presenten en forma regular y sistematizada. Por lo anterior, se logró establecer la existencia de multiplicidad de razones por las cuales micro, pequeñas y medianas empresas no utilizan con frecuencia al mercado de valores como alternativa al financiamiento. Entre ellas, se encuentran como las principales el hecho de que sean empresas familiares y, evidentemente, acarrean un tema de liquidez y disponibilidad de recursos financieros, así como la madurez organizacional y la estructura fortalecida en el ámbito empresarial. Entre las principales recomendaciones está el hecho de propiciar espacios de diálogo participativo con las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera tal que puedan sentirse acompañadas en la toma de decisiones financieras y gerenciales. Sumado a la anterior, habrá que considerar urgentemente y, sobre todo, con los efectos generados en el ámbito económico por la pandemia de la COVID19 y la inminente recesión económica que el país ha venido enfrentando y enfrentará con mayor recelo en los próximos meses o años; la necesidad de flexibilizar las exigencias y reducir los costos asociados con las ofertas públicas, reconociendo las particularidades de las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuyendo a que estas puedan financiar sus actividades productivas a través del mercado de capitales, sin que esto signifique afectar la protección de los inversionistas.

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