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Revista Derecho en Sociedad

Editorial:
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica
Fecha publicación:
2020-01-01
ISBN:
2215-2490

Número de Revista

Últimos documentos

  • Editorial
  • La Ley Marco de Empleo Público, Ley n.º 10159, y su relación desigual en el congelamiento de salarios de los empleados públicos contratados antes de su entrada en vigor

    La reciente entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público (Ley n.º 10159), complementa las medidas excepcionales de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que determinó por medio de las disposiciones atinentes a la regla fiscal un parámetro relacionado con el nivel de endeudamiento que sea igual o mayor al 60 % del producto interno bruto (PIB). El principal propósito de esta norma con entrada en vigor desde el 10 de marzo del presente año se relaciona con aspectos vinculados a la igualdad de condiciones de los trabajadores que desempeñan las mismas funciones en el ámbito profesional y así procurar el bienestar a través de la igualdad de salario. Esto necesariamente debe generar un proceso de transición que respete las condiciones laborales establecidas de los colaboradores que, a la entrada en vigor de esta ley, cuenten con una situación jurídica consolidada. Entre los cambios de mayor discusión se encuentra el congelamiento de la remuneración que han venido recibiendo las personas funcionarias que, a la entrada en rigor de la Ley Marco de Empleo Público, cuentan con un salario compuesto superior al salario global de la categoría a la que corresponden, así como la restricción de pago de aumento salarial a la base por concepto de costo de vida, como respuesta a los niveles de endeudamiento fijados por la regla fiscal. El presente estudio pretende brindar elementos objetivos de análisis para aportar al necesario diálogo nacional de las autoridades o la opinión pública y así garantizar una transición de normas, respetuosa de los derechos fundamentales, y con un camino llano que le permita equilibrar la remuneración salarial de las personas funcionarias, como parte de un procedimiento paulatino y razonado que garantice certeza jurídica y, al mismo tiempo, equidad de las circunstancias laborales sin producir un empobrecimiento de plazo indeterminado a la capacidad adquisitiva de las personas trabajadoras del sector público

  • Niños y niñas migrantes no acompañados a Estados Unidos y los derechos humanos

    Este artículo tiene como finalidad determinar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a las niñas y niños migrantes no acompañados de sus familias asumidas por Estados Unidos. En el mismo sentido, se analiza un caso significativo de Molina Theissen vs. Guatemala, de modo que se pueda establecer la posible responsabilidad internacional. Se estudia la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación de riesgo que se le presentaba a los menores y el impacto generado por la pérdida de ese vínculo familiar. Se pretende abordar el tema de derechos humanos para luego definir la vulneración que provoca y de ahí destacar la posible responsabilidad al Estado estadounidense, así como reconocer los principios que se vieron vulnerados y violentados en relación con los hechos ilícitos internacionales en cuanto a la aplicación de la política migratoria y realizar un abordaje conjunto sobre el problema y las principales causas del porqué estas personas abandonan Centroamérica para migrar hacia Estados Unidos. Al respecto, este artículo busca reconocer las garantías procesales que deben respetarse en las instancias correspondientes. Lo anterior tiene el fin de que estos seres estén en condiciones de defender sus derechos frente a un contexto en particular que quiera afectarlos

  • Análisis de la primera propuesta legislativa para crear el delito de remoción no consensual del condón en Costa Rica: problemas jurídicos y probatorios

    En julio de 2019 se presentó en la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley para crear un delito que castigaría con altas penas de prisión la práctica sexual conocida como stealthing. Sin embargo, el texto propuesto para este tipo penal habría traído serios problemas jurídicos y probatorios de haber sido aprobado. Esto como consecuencia de una mala técnica legislativa, desprovista de rigor técnico y claridad conceptual. Este artículo constituye una crítica desde el razonamiento probatorio y la óptica jurídica penal que analiza los inconvenientes a los que se habría enfrentado la investigación de estas delincuencias, sus características como delito sexual y también avanza la discusión teórica sobre la construcción adecuada de un tipo penal de stealthing, conforme a las exigencias del principio de tipicidad penal y la seguridad jurídica como garantía de rango constitucional. Se anticipa a futuras discusiones legislativas sobre la criminalización de dichas conductas

  • Uniones civiles entre personas del mismo sexo y sus implicaciones ante la reforma procesal del derecho de familia en Costa Rica

    En los últimos años, el reconocimiento de la unión civil, especialmente el matrimonio entre personas del mismo sexo ha producido un gran debate con distintas posiciones alrededor del mundo y América Central no ha sido la excepción. Costa Rica, al ser el primer país que ha reconocido este tipo de uniones en su ordenamiento jurídico ha sido objeto de comentarios, tanto positivos como negativos, por otros países de la región. Esto ha atribuido al país una responsabilidad mayor para convertirse en un modelo para el resto que aún se encuentra en debate sobre si realmente deben o no reconocerse esta clase de uniones y las implicaciones que tienen. Es por esto por lo que este artículo tiene como objetivo el análisis de las uniones civiles alrededor del mundo y que consecuencias ha experimentado la legislación costarricense al decir que sí al matrimonio igualitario en un país que ha sido caracterizado por el respeto de los derechos humanos y su progresividad social, pero a la vez, por ser un Estado confesional, cuya religión oficial responde a la católica, apostólica y romana consagrada en su Constitución Política

  • El derecho a la desconexión digital de los trabajadores

    Los avances tecnológicos, a pesar de representar grandes beneficios para la sociedad, implican aspectos negativos como la hiperconectividad, lo que afecta los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven las personas e incluye a la vida laboral. A partir de este problema de digitalización, surge la necesidad de que los países regulen las relaciones laborales, específicamente el derecho de los trabajadores de tener espacios libres para su desarrollo integral. La intención del presente artículo es realizar un análisis de la figura del derecho a la desconexión digital de los colaboradores, sus alcances, derechos conexos a la desconexión y su regulación hoy en día en Costa Rica. Al ser un concepto novedoso, la jurisprudencia costarricense no ha desarrollado el tema como tal, sin embargo, se desarrolla el concepto con base en la doctrina. Para el análisis exhaustivo de este derecho de los trabajadores, se estudian los elementos generales de lo que conllevan las relaciones laborales en el país; se expone sobre los efectos que tiene la hiperconectividad en la salud de los trabajadores, así como los aspectos que se relacionan con la desconexión como las horas extra y la figura de la disponibilidad. Finalmente, se explica, a modo de derecho comparado, la regulación de este derecho en Francia, el cual fue uno de los países pioneros en crear legislación en este tema, España y en Colombia para confrontar y tomar como referencia algunas medidas que se pueden implementar en el país en el futuro

  • La separación de poderes costarricense. Divide y sobrevivirás: una evaluación de la resiliencia de la democracia costarricense

    El difunto Giovanni Sartori declaró una vez en una entrevista televisiva que las asambleas son pésimas redactoras de constituciones. La Asamblea Constituyente de Costa Rica de 1949 debió ser una excepción, pues produjo un texto constitucional coherente y previsor que sigue vigente hoy en día. Unas 62 reformas constitucionales no han alterado su visión original, sino que la han perfeccionado. La Constitución de 1949 tiene sus detractores, pero es innegable que, en virtud de ella, Costa Rica ha celebrado elecciones ininterrumpidas desde 1953, lo que la convierte en la democracia electoral más antigua de América Latina, tanto en términos procedimentales como sustantivos. En este ensayo se explora la resiliencia de la democracia costarricense. En primer lugar, se ofrece una visión general de las explicaciones más comunes sobre la transición democrática y la estabilidad de Costa Rica. A pesar del valor de estas explicaciones, subestiman el papel esencial de las disposiciones institucionales de la Constitución de 1949. Se argumenta que la resiliencia de la democracia costarricense también se explica por su diseño institucional, en particular por la forma en la que compartimenta el poder en el sistema político, tanto horizontal como verticalmente. En tercer lugar, se examinan las críticas a la calidad de la democracia costarricense. Para finalizar, se demuestra que Costa Rica no es inmune al retroceso democrático, no obstante, sus efectos son menos pronunciados que en otros países, precisamente por la manera en la que se diseñó el sistema político. Por último, se concluye cómo esta separación de poderes costarricense puede servir de modelo para ingenieros constitucionales

  • Editorial
  • El papel de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) dentro del arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión

    Los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza son un grupo de reglas a seguir en el sector empresarial y de inversión en general. Básicamente, los criterios ASG han trazado la ruta por la cual las compañías desarrollan sus modelos de negocio y prácticas comerciales, velando por el cumplimiento de compromisos internacionales en cuanto a la protección del ambiente y a la regulación de emisiones de carbono se refiere; lo que genera el cambio de pautas corporativas que ocasionan disputas por someter a arbitraje comercial internacional. De igual manera, los criterios ASG, aportan elementos protagónicos en disputas de arbitraje de inversión entre un Estado y un inversionista que alega cambios a las condiciones de su inversión producto de nuevas políticas ambientales y la introducción de agendas de sostenibilidad, que perjudican sus operaciones tradicionales, amparadas bajo un Tratado o Acuerdo de Protección a las Inversiones.

  • El impacto de las nuevas tecnologías y su injerencia en la trata de personas

    La tecnología ha ido cambiando la cotidianidad de los seres humanos, al transformar el modo de cómo viven y su forma de relacionarse, a causa de ello, miles de personas, a nivel global, puedan conectarse entre sí y hablar con gente de cualquier parte del mundo. Lo anterior ha llevado a la modificación del actuar criminal, es decir, que ha revolucionado el modus operandi de las bandas criminales. Asimismo, les ha permitido a los delincuentes implementar las herramientas digitales, como la internet, para eficientizar los actos delictivos. De tal manera, el caso que nos ocupa: la trata de personas digital, que se ha convertido en una realidad a nivel internacional, genera fuertes sumas de dinero para el victimario. Este incremento refleja, a su vez, una alarmante cifra de víctimas, en su mayoría menores de edad, quienes, con el objetivo de conocer a su “pareja”, se ven atraídos por el victimario mediante el uso de las tecnologías con el fin explotarlos.

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