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Revista Derecho en Sociedad

Editorial:
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica
Fecha publicación:
2020-01-01
ISBN:
2215-2490

Número de Revista

Últimos documentos

  • Editorial
  • Legal Tech: el Derecho y la Innovación Tecnológica

    El sector legal se considera conservador en temas de tecnología, sin embargo, ya existen grandes herramientas que le han traído muchos beneficios y avances. El abogado debe adaptar sus servicios y forma de trabajo a la tecnología, de ahí la importancia del concepto de legaltech y el análisis de las herramientas actuales del mercado legal, las cuales han permitido la digitalización de productos y servicios, así como la transformación e innovación digital. En este artículo se proporcionan definiciones de legaltech, transformación digital, innovación tecnológica, big data y blockchain. Se exponen los beneficios, así como los retos de la implementación de la tecnología en el sector legal. Se analiza el avance de distintos países en la implementación de recursos tecnológicos en el sector jurídico, así como ocho software o start-ups legaltech, con una descripción del funcionamiento de cada uno, así como el uso de la inteligencia artificial y los retos de su regulación normativa.

  • El artículo 50 de la Constitución Política como un derecho humano y su relación con la responsabilidad civil por daños al ambiente

    Se analizó cómo el ser humano históricamente ha hecho uso de los recursos naturales sin observar los efectos secundarios para las futuras generaciones, llegando al punto en que los efectos globales son tan notorios que la comunidad internacional tuvo que reconocer los daños medioambientales, para enfrentar los efectos negativos a la salud y a la colectividad, tanto en el Sector Público como en el privado, de manera universal. En el caso de Costa Rica, el reconocimiento ambiental se vio plasmado en el artículo 50 de la Constitución Política, como un derecho humano de tercera generación y su aplicación en la defensa de la naturaleza ha tenido un desarrollo notorio con la responsabilidad civil, al implementar el principio de solidaridad, inversión de la carga de la prueba y el principio precautorio y preventivo, para resguardar y proteger el interés colectivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado ecológicamente, presente en la Ley Orgánica del Ambiente 7554 del 4 de octubre de 1995.

  • Acceso de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores en Costa Rica

    Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) le dan vida a las economías de América Latina y el Caribe (ALC). Estas representan 99.5 % de todas las empresas de la región y 60 % de la población ocupada y son responsables por el 25 % del producto interno bruto (PIB) regional, según datos de la OECD (Herrera, 2020). La presente investigación hace un análisis de la forma en que Costa Rica ha encarado la necesidad de propiciar el acceso de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores y, aborda el mecanismo de inclusión financiera que le ha sido reconocido históricamente. Se parte de la hipótesis de que esta inclusión financiera de las micro, pequeña y mediana empresas a financiamiento por medio de los mercados de valores implica, por ende, promover su productividad y competitividad, a través del fomento a la innovación, transferencia y adaptación tecnológica, así como a la promoción del encadenamiento productivo de este tipo de empresas costarricenses. La investigación evidenció que tanto para las mipymes como para las pymes costarricenses es prácticamente imposible cumplir todos los procedimientos, protocolos, requisitos y estándares que cumplen los emisores tradicionales de valores de oferta pública y que, a la vez, les solicitan a las empresas que les presenten en forma regular y sistematizada. Por lo anterior, se logró establecer la existencia de multiplicidad de razones por las cuales micro, pequeñas y medianas empresas no utilizan con frecuencia al mercado de valores como alternativa al financiamiento. Entre ellas, se encuentran como las principales el hecho de que sean empresas familiares y, evidentemente, acarrean un tema de liquidez y disponibilidad de recursos financieros, así como la madurez organizacional y la estructura fortalecida en el ámbito empresarial. Entre las principales recomendaciones está el hecho de propiciar espacios de diálogo participativo con las micro, pequeñas y medianas empresas, de manera tal que puedan sentirse acompañadas en la toma de decisiones financieras y gerenciales. Sumado a la anterior, habrá que considerar urgentemente y, sobre todo, con los efectos generados en el ámbito económico por la pandemia de la COVID19 y la inminente recesión económica que el país ha venido enfrentando y enfrentará con mayor recelo en los próximos meses o años; la necesidad de flexibilizar las exigencias y reducir los costos asociados con las ofertas públicas, reconociendo las particularidades de las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuyendo a que estas puedan financiar sus actividades productivas a través del mercado de capitales, sin que esto signifique afectar la protección de los inversionistas.

  • Prisión preventiva y control de convencionalidad: Breve análisis de dos causales de prisión preventiva desde la perspectiva del Derecho comparado Costa Rica - Brasil

    Este trabajo consiste en un análisis de dos causales de prisión preventiva desde la óptica del control de convencionalidad y desarrollado a través de una metodología de derecho comparado. Una de ellas corresponde al ordenamiento jurídico costarricense y otra más a su homólogo brasileño. La introducción de causales de prisión preventiva cada vez más laxas desnaturaliza su finalidad, siguen una filosofía que combina al derecho penal del enemigo, el utilitarismo procesal y el adelantamiento de la pena misma. Estas se desbordan de la justificación constitucional aceptada para las medidas cautelares, lo que incluye a la prisión preventiva, además, rozan con la garantía de la presunción de inocencia.

  • Aproximación a las falacias de apelación a la ignorancia, a la autoridad y a la misericordia en el Derecho penal

    En este trabajo se conceptualizan las falacias y se procede con su estudio dentro de la disciplina del derecho. Se parte de la idea de que los operadores jurídicos pueden incurrir en ellas con mala intención o de forma involuntaria (debido a falta de conocimiento o por torpeza). Se brinda una aproximación a las falacias de apelación a la ignorancia, a la autoridad y a la misericordia dentro del campo del derecho penal, con el objetivo de que el lector las diferencie de los argumentos válidos.

  • La prescripción y la caducidad en el proceso contencioso administrativo

    El inciso k) del artículo 66 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley n.º 8508, ha incluido, dentro de la lista de defensas previas oponibles al contestar la demanda o contrademanda, tanto la prescripción como la caducidad del derecho, siempre y cuando sean evidentes y manifiestas. Esto implica que, en caso de no tener esas condiciones pueden invocarse, no ya como una defensa previa, sino para el análisis de fondo. Pese a la regulación que hacen los artículos 39 y 41 de ese Código, los efectos jurídicos de ambas pueden asemejarse, por lo que es factible que exista confusión respecto a cuándo se debe aplicar una u otra figura dentro del proceso judicial contencioso administrativo, esto para garantizar un acceso a la justicia con estricto apego al ordenamiento jurídico. A esto se debe que los criterios jurisprudenciales, tanto del Tribunal Contencioso Administrativo como de la Sala Primera, sirvan para definir y entender cuál es la aplicación de cada una, a partir de las valoraciones que hacen en los conflictos que se someten a su conocimiento, como órganos judiciales con capacidad y competencia para esto.

  • La delegabilidad de proyectos de ley de mayoría calificada en comisiones legislativas plenas

    El presente artículo trata de la viabilidad jurídica de modificar, directamente por parte de una comisión legislativa plena, un texto que ponga en entredicho la delegabilidad de una propuesta, por requerirse de una mayoría calificada para su aprobación. Lo anterior toma en cuenta que, de conformidad con el artículo 52 inciso 1) del Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL), estos órganos están compuestos únicamente por 19 diputaciones. Para esto, se analiza el desarrollo histórico del funcionamiento parlamentario a través de comisiones y, en particular, de aquellas con competencia para adoptar leyes.

  • El abuso de la personalidad jurídica como presupuesto de aplicación del levantamiento del velo social

    El abuso de la persona jurídica se produce cuando existe una desviación del accionar de esta entidad de derecho con respecto al propósito para el cual se creó. Existen múltiples formas de abusar de la capacidad jurídica de las sociedades comerciales, estos abusos constituyen un riesgo para el funcionamiento social y comercial, por lo tanto, es necesario un mecanismo de levantamiento del velo social para garantizar la responsabilidad contractual y extracontractual en materia civil y mercantil. Sin embargo, al ser una medida que despliega efectos jurídicos muy significativos, puede constituir una amenaza para la funcionalidad de las sociedades comerciales. En el presente trabajo se analiza el abuso de la personalidad jurídica como presupuesto necesario para la aplicación del mecanismo del levantamiento del velo societario.

  • La restricción de los derechos fundamentales ante la emergencia ocasionada por el COVID-19

    La pandemia del coronavirus, y su rápida y creciente propagación, ha generado una crisis sanitaria a nivel mundial, la cual ha perturbado, severamente, la normalidad institucional de los Estados y ha afectado las actividades sociales y económicas. Para enfrentar esta crisis sanitaria, los países se vieron obligados a tomar medidas excepcionales con la finalidad de salvaguardar los derechos a la vida y la salud de las personas. En gran parte, las medidas están destinadas a la preservación de la seguridad jurídica y el orden público mediante la restricción de derechos y libertades fundamentales, las cuales se implementarán de acuerdo con la normativa vigente de cada país y, principalmente, a lo dispuesto en la Constitución. Por esto, es que se demostrará que el Estado costarricense podrá restringir ciertos derechos fundamentales de sus habitantes por un determinado plazo, en los casos en que los hechos producidos no puedan resolverse mediante el ejercicio de procedimiento ordinarios y los bienes jurídicos tutelados se vean comprometidos

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