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Revista Derecho en Sociedad

Editorial:
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Costa Rica
Fecha publicación:
2020-01-01
ISBN:
2215-2490

Número de Revista

Últimos documentos

  • Editorial
  • El papel de los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) dentro del arbitraje comercial internacional y el arbitraje de inversión

    Los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza son un grupo de reglas a seguir en el sector empresarial y de inversión en general. Básicamente, los criterios ASG han trazado la ruta por la cual las compañías desarrollan sus modelos de negocio y prácticas comerciales, velando por el cumplimiento de compromisos internacionales en cuanto a la protección del ambiente y a la regulación de emisiones de carbono se refiere; lo que genera el cambio de pautas corporativas que ocasionan disputas por someter a arbitraje comercial internacional. De igual manera, los criterios ASG, aportan elementos protagónicos en disputas de arbitraje de inversión entre un Estado y un inversionista que alega cambios a las condiciones de su inversión producto de nuevas políticas ambientales y la introducción de agendas de sostenibilidad, que perjudican sus operaciones tradicionales, amparadas bajo un Tratado o Acuerdo de Protección a las Inversiones.

  • El impacto de las nuevas tecnologías y su injerencia en la trata de personas

    La tecnología ha ido cambiando la cotidianidad de los seres humanos, al transformar el modo de cómo viven y su forma de relacionarse, a causa de ello, miles de personas, a nivel global, puedan conectarse entre sí y hablar con gente de cualquier parte del mundo. Lo anterior ha llevado a la modificación del actuar criminal, es decir, que ha revolucionado el modus operandi de las bandas criminales. Asimismo, les ha permitido a los delincuentes implementar las herramientas digitales, como la internet, para eficientizar los actos delictivos. De tal manera, el caso que nos ocupa: la trata de personas digital, que se ha convertido en una realidad a nivel internacional, genera fuertes sumas de dinero para el victimario. Este incremento refleja, a su vez, una alarmante cifra de víctimas, en su mayoría menores de edad, quienes, con el objetivo de conocer a su “pareja”, se ven atraídos por el victimario mediante el uso de las tecnologías con el fin explotarlos.

  • Los aspectos jurídicos de la propiedad intelectual en la era digital

    Actualmente, la era digital ha creado nuevos retos para el sector legal, las nuevas invenciones se encuentran solo limitadas por la imaginación del ser humano, lo que ha hecho que sea necesario concentrar la atención en las regulaciones correspondientes a la propiedad intelectual. Al ser un momento de la historia de la civilización humana donde todos los días surgen nuevas invenciones en todos los ámbitos, es importante proteger todas las invenciones desde todas las perspectivas posibles, aún más considerando que actualmente muchos productos abarcan distintos tipos de propiedad intelectual. Igualmente, la situación pandémica, que tuvo cabida desde el año 2019, abrió la conversación sobre la regulación de las patentes farmacéuticas, rama que se estudia desde la perspectiva legal de la propiedad intelectual. Es importante analizar qué tan vasta es la legislación en estos temas, pues son usados diariamente en múltiples formas como en las aplicaciones móviles, los videojuegos, los servicios de entretenimiento digitales, entre otros productos o servicios, que son parte fundamental del diario vivir actual. Finalmente, es imprescindible abarcar el tema de la inteligencia artificial, puesto que es controvertido, en lo que se refiere a la propiedad intelectual, por su complejidad de creación en la que interfieren múltiples sujetos.

  • Programas de compliance y su relevancia para la empresa privada, a la luz de la Ley N.º 9699 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

    El 10 de junio del año 2019 entró en vigor la Ley n.º 9699, denominada Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional y Otros Delitos, la cual incluyó a las personas jurídicas entre los sujetos que pueden perseguirse y sancionarse penalmente, pues atribuyó a estas la capacidad de delinquir y afectar la esfera jurídica de terceros. Este cuerpo legal que responde a una de tantas necesidades sociales derivadas del crecimiento exponencial del entorno corporativo pretende, además de sancionar a los entes jurídicos, fomentar que estos participen mediante la autorregulación de las medidas necesarias para combatir la corrupción que afecta diariamente a la sociedad. La norma prevé un modelo preventivo, el cual en la práctica y la doctrina se conoce como un programa de cumplimiento o compliance program, concepto que, a pesar de que en otros países es de vieja data y algunas empresas costarricenses ya lo incluían desde antes, para muchas entidades es novedoso y desconocido. Sin embargo, la entrada en vigor de esta ley, aunque lo contempla de forma optativa, convierte este programa en una necesidad para las organizaciones que pretendan proteger sus operaciones de actos irregulares que puedan acarrearlas severas contingencias.

  • Influencers: un análisis del fenómeno social a partir del Derecho de Consumo y la Protección de Datos Personales

    Desde que a principios de los años setenta comenzó el desarrollo regulatorio de las actividades propias de la denominada doctrina de la extimidad, reflejadas en el control del tratamiento automatizado de la data personal, el mundo ha conocido cambios sustanciales tanto en el desarrollo de las tecnologías como en los usos que las mismas han motivado para el crecimiento del consumo masivo de bienes y servicios. Particularmente, luego de la aparición del Big Data y sus derivados, la explosión de las redes sociales en los últimos veinte años, ha ocasionado el surgimiento de una infinidad de nuevos mercados y emprendimientos a partir de las herramientas constituidas de forma voluminosa. El fenómeno de los influencers como conducta socioeconómica, no solo resulta de sumo interés en el estudio de este contexto global, sino que importa una serie de riesgos y oportunidades en el enfoque concreto de su mercado meta y, por ende, resulta importante analizar los factores jurídicos correspondientes desde la perspectiva del consumo y el control regulatorio para garantizar la protección de los datos personales.

  • El nuevo régimen regulatorio del trabajador independiente

    Es indiscutible que la Caja Costarricense de Seguro Social ha tenido fines altruistas que han sido de gran beneficio para el país. Sin embargo, no ha logrado generalizar la formalidad de todos los trabajadores para garantizar sus ingresos; por ende, se ve en una situación en la que no puede negar ciertos servicios, pero no todas las personas están en la capacidad de afiliarse. Otro problema que tiene es que, en el caso de los trabajadores independientes que se formalizaron, empezó un esquema de cobro o de impago de esas obligaciones que fueron teniendo un “efecto de bola de nieve” con el transcurso del tiempo, por la suma de intereses y los plazos que cobrados en el exceso en más allá de los cuatro años establecidos en el Código Tributario, incluyendo las obligaciones parafiscales como en este caso, sin que la institución pudiese dar una solución efectiva.

  • Editorial
  • Fomento del diálogo social y la rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

    Si bien Costa Rica es la democracia más antigua de Latinoamérica -sin interrupciones en el proceso electoral desde el año 1953- y cuenta con impresionantes logros económicos y sociales, persisten importantes retos para profundizar la calidad de su democracia. Una de ellas tiene que ver con el fomento del diálogo social, el cual implica que la toma de decisiones políticas sea un proceso inclusivo que dé lugar a un alto grado de estabilidad institucional, a un entendimiento común y a un enfoque conjunto para resolver problemas y conflictos. Mediante su participación voluntaria en las negociaciones centralizadas, las organizaciones de la sociedad civil ayudan a las instituciones representativas (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo) a cumplir con sus responsabilidades. El trabajo se enfoca en la pregunta de cómo el diálogo social puede fortalecer la función fiscalizadora (control político-parlamentario) de la institución legislativa. Primero, se ofrece una justificación teórica del estudio del fortalecimiento de las instituciones parlamentarias y del empoderamiento de la sociedad civil. Posteriormente, se aborda la importancia de la sociedad civil para la democracia y de su participación en la vida parlamentaria mediante el diálogo político-social. Por último, se dedican unos párrafos a la diferenciación entre los roles institucionales de los parlamentos y la sociedad civil.

  • Responsabilidad civil objetiva de la actividad bancaria frente al fraude informático (phishing)

    El internet banking es una herramienta tecnológica que permite a sus usuarios mejorar la eficiencia de las transacciones bancarias con solo contar con un medio electrónico y acceso a internet. Esto ha permitido mayor dinamismo en la evolución de un sistema financiero tradicional hacia un sistema más innovador. Sin embargo, el desarrollo de servicios electrónicos bancarios abre un portillo muy grande a los delitos cibernéticos, especialmente el phishing, catalogado como uno de los fraudes electrónicos más reincidentes en Costa Rica. A su vez, el banco como ente que desarrolla una actividad mercantil licita, pero que genera cierta peligrosidad, es el que afronta la responsabilidad civil objetiva, considerando que esta prescinde de los elementos de dolo y culpa, dado que el riesgo y el daño son los únicos componentes que se le imputan. No obstante, el banco puede romper el nexo de causalidad siempre y cuando demuestre una causa eximente, como culpa de la víctima, hecho de tercero o fuerza mayor.

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