Ley 9609, Código Procesal Agrario

La jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar las situaciones y las relaciones jurídicas que se susciten con respecto al desarrollo de las actividades de producción agraria de animales, vegetales u otros organismos. Además, de las actividades de transformación, industrialización, valorización y comercialización de productos agrarios, su trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas a actos y contratos propios del ejercicio de la actividad agraria y el desarrollo rural.

Los tribunales agrarios serán competentes para conocer, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, las pretensiones y los asuntos referidos a los siguientes aspectos, siempre que correspondan a materia agraria y de desarrollo rural:

1) Derechos reales y personales sobre bienes agrarios, destinados o aptos para el desarrollo de actividades y servicios agrarios, así como los vinculados a su tutela y aprovechamiento. Además, los procesos sucesorios relativos a estos.

2) La posesión, el deslinde, la división, la localización de derechos, el derribo, la suspensión de obra, la titulación, la rectificación de medida y la entrega material de bienes citados en el inciso anterior.

3) Los actos y los contratos vinculados con la constitución o el ejercicio de actividades y servicios agrarios. Quedan comprendidos el cobro de deudas cuyo plan de inversión esté vinculado con las actividades citadas, o cuya garantía esté constituida por los bienes indicados en el inciso 1) de este artículo, los contratos de seguro, así como aquellos entre particulares relacionados con la prospección de la biodiversidad cuando tengan relación con el desarrollo de actividades de producción agraria o conexas a estas.

4) Los conflictos surgidos entre particulares por el aprovechamiento de bienes o servicios ambientales para actividades agrarias y los relativos a lo regulado en el inciso 12) de este artículo. Además, la prevención, la restauración e indemnización de daños causados por las actividades agrarias, así como aquellos que impacten tales actividades.

5) Las controversias entre particulares originadas en el ejercicio de las actividades agrarias vinculadas con especies y variedades endémicas, orgánicas, mejoradas, derivadas, esencialmente derivadas o provenientes de organismos vivos modificados; incluyendo los relativos a los derechos de obtentores de variedades vegetales, y los relativos a lo regulado en el inciso 12) de este artículo.

6) Las pretensiones entre particulares, derivadas de controversias en materia de propiedad intelectual.

7) Los asuntos relativos a aspectos fitosanitarios y zoosanitarios, así como los reclamos de las personas consumidoras vinculados con productos o servicios agrarios.

8) La constitución, el desarrollo, la transformación, la disolución y la liquidación de personas jurídicas, cuando la actividad principal sea agraria.

9) Los conflictos de competencia desleal entre las empresas vinculadas con las actividades agrarias o conexas a estas.

10) La administración y reorganización por intervención judicial de las personas físicas o jurídicas, cuando sea su actividad principal.

11) En grado y de forma definitiva, de los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en procedimientos administrativos de revocatoria de asignación y nulidad de títulos de propiedad, otras modalidades de dotación de tierras, así como de las resoluciones vinculadas al desarrollo rural.

12) Las situaciones y las relaciones jurídicas relacionadas con conductas administrativas o manifestaciones específicas de la función administrativa, que por el contenido material o sustancial de la pretensión correspondan a extremos exclusivamente agrarios y de desarrollo rural y se deriven del Instituto de Desarrollo Rural o el instituto correspondiente.

13) Las demás que el ordenamiento jurídico disponga.

Quedan excluidas del conocimiento de los tribunales agrarios, las pretensiones propias de las jurisdicciones penal, laboral y contencioso-administrativa.

Los tribunales agrarios deberán aplicar los principios generales del proceso y, además, sus actuaciones serán fundamentalmente orales. Aplicarán la inmediatez, la concentración, la publicidad, la itinerancia y la gratuidad en lo procedente. Todas las personas intervinientes en el proceso actuarán con buena fe procesal.

Se evitará el exceso de formalismos y todas aquellas actuaciones contrarias a la celeridad propia del proceso, sin demérito de la calidad de las decisiones judiciales, las cuales deben ajustarse a criterios de equidad y de derecho, así como la búsqueda de la verdad.

Los procesos regulados en esta ley se iniciarán a gestión de parte. Continuarán por actuación procesal de oficio o por actividad de parte.

Las disposiciones de esta ley son de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico internacional aplicable y en leyes especiales.

El fin u objeto del proceso es la efectividad del ordenamiento jurídico sustantivo y la solución del conflicto sometido a su conocimiento.

En ausencia o insuficiencia de norma procesal expresa se deberán aplicar las disposiciones legales que rijan las situaciones análogas, los usos y las costumbres, cuando procedan, así como los principios generales del derecho.

Procede la aplicación supletoria de otras normas procesales que ofrezcan soluciones más céleres al proceso, siempre que se respeten los principios y las reglas de esta ley y ante ausencia o insuficiencia de una norma expresa.

Las normas procesales son de orden público y, en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por el tribunal como por las partes y los eventuales terceros. Se exceptúan de esta regla las de carácter facultativo, por referirse a intereses privados disponibles de las partes o cuando el ordenamiento jurídico lo autorice expresamente.

La jurisdicción agraria estará a cargo de los juzgados y tribunales agrarios, integrados por personas juzgadoras especializadas y por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Además, se contará con un equipo especializado de personas juzgadoras especialistas en materia agraria, a cargo de conciliaciones y de

ejecución, sin perjuicio de que por las cargas de trabajo asuman funciones de las demás personas juzgadoras para lograr una gestión más eficiente.

Para su organización, funcionamiento y conformación, se aplicará lo dispuesto en este Código y en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Con ese fin, el Tribunal Agrario deberá constituirse con las secciones que sean necesarias, y tendrá su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José; sin perjuicio de que la Corte Plena disponga la creación de otras sedes regionales del Tribunal, conforme a los requerimientos de trabajo para ofrecer un servicio público eficiente y de calidad.

Los juzgados contarán con las personas juzgadoras que sean necesarias. Se faculta a la Corte Plena para que amplíe las sedes de los juzgados agrarios, conforme a los criterios señalados.

Los juzgados agrarios conocerán los asuntos propios de su competencia, independientemente del valor económico de las pretensiones.

Entre ellos se encuentran:

1) La primera instancia en todos los procesos anticipados, contenciosos, no contenciosos y de ejecución.

2) Los impedimentos y las recusaciones de sus juezas y jueces, en la forma dispuesta en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

3) El auxilio requerido por otros tribunales judiciales y arbitrales.

4) La ejecución de laudos y medidas cautelares emitidas en procesos arbitrales referidos a asuntos vinculados a la actividad de producción agraria.

5) El impulso y la práctica de conciliaciones.

6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

Tribunal Agrario conocerá:

1) El recurso de apelación interpuesto contra los autos y contra las sentencias emitidas por los juzgados agrarios, cuando proceda.

2) Las inconformidades de las partes y conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados agrarios.

3) Los conflictos entre los juzgados agrarios generados por la acumulación de procesos.

4) En grado y de forma definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás entes que la ley

disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural.

5) Los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los conflictos que se susciten por dichos motivos entre las personas juzgadoras de los juzgados agrarios.

6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia será competente para conocer:

1) Las inconformidades y los conflictos de competencia suscitados entre los órganos de la jurisdicción agraria y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto.

2) Los conflictos que se generen por impedimentos y recusaciones, así como la acumulación de procesos tramitados en distintas jurisdicciones, siempre que estos sean competencia agraria.

3) El recurso de casación contra las sentencias emitidas en procesos ordinarios, así como la revisión y demás resoluciones que tengan eficacia de cosa juzgada material.

4) El recurso de nulidad o la revisión contra laudos referidos a asuntos vinculados con la materia agraria.

5) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

Las personas juzgadoras agrarias, a cargo de la ejecución, ejecutarán las sentencias y demás resoluciones que, conforme a la ley, deban tramitarse por medio del proceso de ejecución; además, los procesos monitorios, de ejecución hipotecaria y prendaria.

Deberán asumir otras funciones, incluso aquellas asignadas a las personas juzgadoras decisoras, cuando la organización del despacho lo requiera. De ser necesario, serán itinerantes, abarcando la competencia territorial de dos o más tribunales agrarios.

Con la finalidad de acercar las sedes de los juzgados agrarios a las distintas poblaciones y comunidades, para garantizar el acceso a las personas usuarias, se realizará la distribución de la competencia territorial por zonas, con base en el índice de conflictos y gestiones. La delimitación geográfica podrá comprender distritos de diferentes cantones, o cantones de provincias distintas.

Los asientos de los juzgados se establecerán con ese fin en la cabecera de cada provincia, sin perjuicio de que si las circunstancias lo ameriten se creen otros en otros cantones. Se tomarán en consideración las vías de acceso y comunicación, la lejanía de los lugares y el encarecimiento de costos para el traslado de los usuarios y las usuarias.

El Tribunal Agrario tendrá su sede en el Segundo Circuito Judicial de San José, lo cual no obsta para que se instauren otros en circuitos judiciales diferentes. Mientras ello no suceda, los radicados en San José tendrán competencia en el ámbito nacional.

La instauración de las sedes citadas no afectará la itinerancia de las personas juzgadoras para la práctica de actos a su cargo.

Definida la competencia, las alteraciones en cuanto al domicilio de las partes, la situación del bien litigioso y del objeto del proceso no la modificarán, salvo disposición legal en contrario.

Si para un mismo proceso existe más de un tribunal competente, su tramitación corresponderá a aquel ante el cual se haya presentado de primero.

Los elementos del proceso son el sujeto, el objeto y la causa. La conexidad, respecto de dos o más procesos o pretensiones, se dará cuando al menos dos de sus elementos sean idénticos, o uno si es la causa.

La competencia funcional de los tribunales agrarios de las diversas instancias se regirá por lo dispuesto en este Código, la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y las leyes especiales.

La competencia de la jurisdicción agraria se extenderá al conocimiento y a la decisión de las cuestiones preliminares, directamente relacionadas con los procesos agrarios, aunque no lo sean de esta disciplina, salvo las de naturaleza penal. Tal decisión no producirá efecto fuera del proceso donde se emita y podrá ser revisada por la jurisdicción competente.

La competencia de los tribunales agrarios se determinará:

1) Conforme a la especialidad de la materia agraria.

2) Por el territorio definido para ejercer su competencia, con las salvedades de ley. Sin embargo, podrán delegar la práctica de notificaciones y actos de ejecución en otras autoridades que administren justicia de inferior categoría, cuando lo sean de su territorio, o en otros de igual o inferior categoría, de lugares ubicados fuera de su competencia territorial.

3) En medidas cautelares y tutelares, podrá delegarse la práctica de actuaciones a juzgados agrarios del lugar donde deban realizarse, según su competencia territorial. También se podrá delegar la realización, en el lugar, de actos propios del proceso de ejecución, cuando deban realizarse en el territorio que corresponde a la competencia de otro despacho agrario.

La competencia territorial se determinará por el lugar donde se localice el inmueble objeto de las pretensiones o de las cuestiones preliminares y, en su caso, donde se desarrolle la actividad o los hechos en litigio. Lo anterior se aplicará salvo en los siguientes supuestos:

1) En procesos cobratorios, será competente el tribunal del lugar donde se implemento o pretendió desarrollar el plan de inversión del crédito. En su defecto, el del sitio donde se localice el inmueble dado en garantía. A falta de los supuestos anteriores, el del lugar del domicilio de la parte demandada.

2) Si se reclaman daños y perjuicios de forma accesoria, conocerá el tribunal competente para la pretensión principal.

3) En los asuntos vinculados con controversias en materia de propiedad intelectual, regirá el domicilio de la parte demandada, salvo disposición especial en contrario.

4) Cuando se trate del aseguramiento de bienes, apertura y reconocimiento de testamentos y sucesiones, regirá el último domicilio del causante. En su defecto, el lugar donde se localice la mayor parte de los inmuebles destinados a la actividad agraria y de desarrollo rural. Si no es posible aplicar alguno de los criterios anteriores, será competente el tribunal ante el cual se presentó la solicitud para actuar.

5) Los procesos anticipados serán competencia del tribunal al que le correspondería conocer el proceso para el que fueron planteadas. Si se solicita en relación con un proceso arbitral nacional o con un proceso jurisdiccional o arbitral extranjero, será competente el tribunal de primera instancia del lugar donde se deba ejecutar el laudo o sentencia o donde deban surtir efectos las medidas.

6) En procesos de administración y reorganización por intervención judicial, el competente será el tribunal del lugar donde se ubique la organización empresarial agraria de la parte demandada. Si se trata de varios centros de actividad, será

competente el del domicilio social. A falta de coincidencia, el proceso podrá radicarse en cualquiera de los tribunales donde se ubique alguno de esos centros.

7) En pretensiones sobre bienes muebles y los de carácter personal no referidas a inmuebles o sin efectos sobre estos, no comprendidas en los incisos anteriores, regirá el domicilio del demandado.

Si dos o más procesos de igual naturaleza, conexos entre sí, se inician de forma separada, se ordenará su acumulación. La podrá pedir cualquiera de las partes o declararse de oficio.

No procede la acumulación cuando en uno de los procesos inició la audiencia de juicio o si esta no se celebró, si se encuentra en la emisión de sentencia. En procesos de ejecución hipotecaria o prendaria, solo se admitirá cuando exista identidad de causa.

La petición podrá presentarse ante el tribunal de cualquiera de los procesos vinculados; si se presenta ante el tribunal donde se tramita el proceso más antiguo, lo cual se determinará por la fecha de presentación de la demanda, se aportará copia de la demanda o solicitud inicial del que se pretenda acumular, con indicación de su estado procesal y la fecha de presentación. Si se presenta en el proceso más reciente, el tribunal de oficio dispondrá la remisión de la gestión al pertinente y deberá resolverse sin más trámite. Si se acoge, se ordenará traer el otro expediente y se suspenderá la tramitación del más antiguo si es necesario, en espera de que alcancen el mismo estado procesal. No obstante, podrán practicarse actuaciones de carácter urgente.

Si se plantea en el proceso más reciente, el tribunal de oficio dispondrá la remisión de la gestión al pertinente y deberá resolverse sin más trámite. Si se acoge, se ordenará traer el otro expediente y se suspenderá la tramitación del más antiguo, si es necesario, en espera de que alcancen el mismo estado procesal. No obstante, podrán practicarse actuaciones de carácter urgente.

El tribunal requerido podrá oponerse a la acumulación, conflicto que será resuelto por el superior común.

Se produce litispendencia cuando se tramiten separadamente dos o más procesos iguales, o con identidad parcial en las pretensiones, en los que no exista sentencia firme.

En el primer caso, de oficio o a solicitud de parte, se ordenará la terminación y el archivo del proceso instaurado más recientemente.

Si se trata de una litispendencia parcial y no procede la acumulación, se continuarán conociendo las pretensiones iguales en el proceso que se encuentre en una etapa más avanzada. En los restantes asuntos, se declarará la terminación del proceso únicamente respecto de las pretensiones sobre las cuales sea improcedente pronunciarse por dicho motivo. Se continuará con la tramitación, salvo si resulta innecesario resolver las pretensiones no coincidentes, en cuyo caso procederá declarar la terminación total y su archivo definitivo. Si todos los procesos se encuentran en el mismo estado procesal, se tramitarán las pretensiones en el más antiguo.

La demanda interpuesta ante un tribunal extranjero no produce litispendencia, salvo disposición expresa en contrario.

La competencia es improrrogable e indelegable. Los tribunales podrán requerir el auxilio de otros órganos jurisdiccionales y de otras autoridades, únicamente en los casos expresamente establecidos por ley.

La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de parte. Si es de oficio, por el territorio deberá disponerse antes de convocar a la audiencia preparatoria; y si es por la materia, antes de convocar a la audiencia de prueba, salvo que se haya definido con anticipación mediante resolución firme.

La excepción de incompetencia deberá interponerse dentro del plazo conferido para contestar la demanda. Se pondrá en conocimiento de la parte contraria por tres días. De ser necesario, se programará una audiencia para recibir la prueba que se ofrezca y admita para tal efecto, y se resolverá de una vez. El tribunal podrá reservar la recepción de tal prueba y la decisión sobre la excepción de incompetencia para la audiencia preparatoria.

Las partes podrán mostrarse inconformes con lo resuelto sobre la excepción de incompetencia o la declaratoria de oficio, dentro del plazo de tres días. De decidirse en audiencia, la inconformidad se deberá plantear en esta. En ambos supuestos, se dispondrá la remisión del expediente al superior competente, el que tendrá tres días para emitir pronunciamiento.

Si el tribunal que recibe un expediente disiente de lo dispuesto sobre la competencia por el remitente, planteará el conflicto de competencia en el lapso de tres días luego de recibido, el cual será resuelto por el órgano superior de ambos. Se aplicará el mismo trámite dispuesto para la inconformidad. Si ambos tribunales no tienen un superior común, resolverá el órgano competente según la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

Será causal de inhibitoria por impedimento y recusación cualquier circunstancia que afecte la garantía de imparcialidad o pueda comprometer la integridad del juzgador o juzgadora de cualquier forma, además de las previstas expresamente en otras disposiciones normativas. Se aplicará el trámite dispuesto en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y supletoriamente la normativa procesal civil. Lo anterior también procederá, en lo que corresponda, respecto de los impedimentos y recusaciones de personas peritas, consultoras técnicas y servidores judiciales.

Cuando la recusación sea temeraria, se impondrá una multa del cincuenta por ciento de un salario base, según lo establece el artículo 2 de la Ley Nº 7337 de 5 de mayo de 1993. En caso de que tal gestión haya tenido como efecto la suspensión de alguna audiencia oral, el monto se duplicará. La multa se depositará en la cuenta del tribunal.

Las resoluciones sobre inhibitorias y recusaciones tendrán únicamente recurso de revocatoria.

Parte es quien plantea la pretensión procesal en nombre propio, o en cuyo nombre se formula, o quien tuviera interés directo y la persona contra la cual se dirige.

También lo serán las organizaciones debidamente constituidas y reconocidas conforme a la ley, en aquellos asuntos en que tengan interés directo.

Por disposición legal intervendrán en el proceso:

1) El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en los procesos en los cuales pueda existir un conflicto de posesión precaria, cuando se discutan derechos sobre inmuebles no inscritos en el Registro Público de la Propiedad Inmobiliaria o sobre inmuebles relacionados con un contrato de asignación u otras modalidades de dotación de tierras, así como los asuntos vinculados con el desarrollo rural y en los supuestos que las leyes especiales establezcan.

2) La Procuraduría General de la República, en asuntos relativos a la tutela del dominio público, del ambiente y en el ejercicio de las demás atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico.

3) Las corporaciones y los entes del sector público agrario, en los procesos agrarios de su interés, en el cumplimiento de la normativa vigente.

4) Las asociaciones de desarrollo integral de los territorios indígenas involucrados u otros órganos de representación autónoma de las personas indígenas, en los conflictos agrarios derivados del derecho indígena, derechos e intereses de sus poblaciones y sus territorios.

5) El Catastro Nacional, cuando se diriman pretensiones sobre la modificación, la cancelación, la validez o la nulidad de planos, o ello sea consecuencia intrínseca de lo debatido, en caso de zonas catastrales o catastradas.

6) El Patronato Nacional de la Infancia (PAÑI), en los procesos en los que figure como parte una persona menor de edad.

Salvo disposición legal en contrario, se les conferirá a los intervinientes citados en este artículo cinco días para que se apersonen. Podrán hacerlo sin ser citados, en cualquier etapa del proceso, pero lo tomarán en el estado en que se encuentre. Si se trata de un apersonamiento fuera de audiencia, el tribunal decidirá sobre su participación en el plazo de tres días.

Para la demostración de la capacidad procesal, se aplicarán las reglas establecidas en la normativa procesal civil y la legislación especial, en lo que no se oponga a este Código. Además:

1) Toda persona representante deberá demostrar su capacidad procesal en la primera gestión. En casos de urgencia, podrá admitirse su comparecencia sin presentar la documentación pertinente para ello, pero si no se subsana en el plazo de tres días será nulo lo actuado con imposición del pago de costas, daños y perjuicios causados a quien actuó en tal condición.

2) La parte actora deberá acreditar la personería de la demandada, excepcionalmente podrá solicitar la colaboración del tribunal para cumplir ese requisito, cuando las circunstancias lo ameriten o si la demandada tiene su domicilio en el extranjero.

3) Quien se apersone como representante de un grupo en un proceso no supraindividual, deberá acreditar documentalmente su designación. Debe, en lo sucesivo, indicar los cambios de integración del grupo, si se presentaran.

4) Las personas representantes de entidades, instituciones y corporaciones públicas con facultades suficientes para litigar, cuya designación se publique en el diario oficial La Gaceta podrán invocar dicha publicación como prueba de su personería. Deberán indicar los datos de forma completa y expresar con el carácter de declaración jurada o bajo juramento que su designación no ha sido modificada o dejada sin efecto.

Asimismo, el tribunal tendrá un registro de personerías del Estado o entes públicos que las personas interesadas deberán actualizar oportunamente mediante certificación, cada vez que se genere un cambio, salvo cuando se trate de una designación publicada en el diario oficial La Gaceta o regida por normativa especial

en contrario. En la certificación donde conste la personería se deberá indicar el plazo de vigencia.

5) La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación pueden ser apreciadas de oficio u objetadas por simple alegación de la parte contraria en cualquier momento, quien deberá fundamentar su reclamo.

6) Las partes e intervinientes deberán informarle oportunamente al tribunal sobre las correcciones y los cambios de su nombre o razón social, la transformación y la fusión organizativa. La falta de esas indicaciones no será causal de nulidad y en cualquier tiempo podrán realizarse las correcciones pertinentes, aunque exista sentencia firme, siempre y cuando las modificaciones no impliquen sustituciones que violen el debido proceso.

Será procedente el nombramiento de una persona curadora procesal o, en su caso, la aplicación del arraigo, en los supuestos y con las condiciones establecidas en la normativa procesal civil y la legislación especial. En caso de la persona curadora procesal, se aplicará además lo siguiente:

Si se ignora el domicilio de la parte demandada, quien gestione la designación de una persona curadora procesal deberá demostrar el agotamiento de los medios legales para ubicarla. También aportará certificación donde conste su representación legal, certificación de movimientos migratorios y cualquier otro requisito que el tribunal estime necesario, de acuerdo con la información que se desprenda del expediente.

Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona, de quien no se tenga poder, cuando:

1) La persona se encuentre impedida de hacerlo o esté ausente del país.

2) Quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, o persona socia, asociada, copropietaria o que posea algún tipo de participación o interés común que legitime su actuación.

Si la parte contraria lo solicita, quien gestiona deberá prestar caución suficiente de que su gestión será ratificada por la representada. Tendrá la obligación de comunicarle a esta su actuación, la cual tendrá validez, solo cuando la demanda o la contestación sea ratificada dentro de un mes a partir de su presentación. De lo contrario, de oficio se declarará terminado el proceso, denegada la gestión o se tendrá por no contestada la demanda, y se condenará a la gestora al pago de costas, daños y perjuicios ocasionados.

Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material el proceso deba resolverse con la participación de varias personas, estas deberán ser demandadas de una vez.

Se ordenará ampliar la demanda o contrademanda contra quienes falten dentro de los cinco días siguientes, contados a partir de la firmeza de la resolución que así lo disponga, con el apercibimiento de dar por terminado el proceso o archivar la contrademanda, según corresponda. Al formular la demanda de integración no podrá alterarse sustancialmente lo pedido al inicio. Bastará con indicar los datos para identificar y notificar a la demandada, citar y aportar los elementos probatorios, cuando no se amplíen o varíen los hechos o pretensiones en su contra. De lo contrario, la integración deberá cumplir los requisitos de la demanda inicial.

Los recursos y demás actuaciones procesales de cada litisconsorte necesario favorecerán a los otros, salvo que se trate de actos que impliquen disposición del derecho en litigio. En tal caso, solo tendrán eficacia respecto de las otras personas litisconsortes si emanan de todas o de cada una de ellas.

Deberá integrarse el litisconsorcio necesario, entre otros supuestos, contra:

1) Las asociaciones de desarrollo integral de los territorios indígenas involucrados u otros órganos de representación autónoma de las personas indígenas en procesos donde intervenga una comunidad indígena o persona de esa comunidad, o se relacionen las pretensiones con sus territorios o intereses y derechos de esa población.

2) El Instituto de Desarrollo Rural (Inder), cuando se diriman controversias originadas en su actividad agraria y de desarrollo rural. También cuando se trate de pretensiones referidas a inmuebles ubicados en la franja fronteriza, de su administración.

3) La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), en los asuntos relacionados con bienes de su propiedad destinados o destinables al desarrollo agrario, rural o a la tutela del ambiente.

4) La Procuraduría General de la República, en los casos relativos a bienes del dominio público.

Dos o más personas pueden litigar facultativamente en un mismo proceso de forma conjunta, ya sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto. Los actos de cada una de ellas no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de las restantes.

Cada parte podrá solicitar que se traiga al proceso a una tercera persona, respecto de quien pretenda una garantía. La citación deberá solicitarse antes o durante la audiencia preparatoria.

Se concederá a la persona garante ocho días para que participe en el proceso. Si se opone de forma fundada a la existencia del contrato de garantía o a su eventual ejecución, se remitirá a la citante a la vía ordinaria a dirimir sus eventuales derechos. Si la garante asume ser parte, podrá solicitar quien la citó, si resulta procedente, se le excluya del proceso, para lo cual se necesitará la aceptación de la contraria.

Cuando la garantía exigida no haya sido objetada, la sentencia deberá pronunciarse sobre ella, y producirá, en cuanto a la garante, la eficacia de cosa juzgada material. Su intervención no confiere ningún derecho a la parte contraria, salvo la responsabilidad relativa a costas.

La parte poseedora de un bien en nombre ajeno, al ser demandada en nombre propio, deberá manifestarlo en la contestación e indicar los datos de identificación y domicilio de la persona que se aduce es la titular, para que se le cite. La citación podrá también solicitarse antes o durante la audiencia preparatoria. El tribunal concederá a la persona poseedora un plazo de ocho días, a fin de que intervenga en el proceso. Si asume ser parte, la citante podrá pedir que se le excluya del proceso, para lo cual se necesitará la aceptación de la actora.

No será aplicable lo dispuesto en esta norma, cuando por la naturaleza de lo debatido deba tenerse como litisconsorte necesario a la persona poseedora mediata.

Podrá intervenir en el proceso quien tenga un interés jurídico legítimo en su resultado, sin alegar derecho alguno a su favor, solo con el fin de coadyuvar a una parte.

La coadyuvancia podrá gestionarse hasta antes de las conclusiones en la audiencia de juicio. Si la solicitud se efectúa en audiencia, se resolverá de inmediato. Si se realiza fuera de ella, se tramitará por medio del proceso incidental.

Quien se apersone como coadyuvante, tomará el proceso en el estado en que se encuentre. Se le permitirá hacer alegatos, recusar, participar en actividades probatorias e interponer recursos y demás medios procedimentales para hacer valer su interés, excepto en lo que perjudique a quien coadyuva. Por su intervención, no devengará ni pagará costas, salvo en razón de las alegaciones que promueva con independencia de la parte principal.

Se podrá dar aviso a las personas vinculadas con el objeto del proceso sobre su existencia, siempre que se desprenda su interés, a fin de que puedan hacer valer sus eventuales derechos por las vías correspondientes.

Se ordenará la comunicación a gestión fundada de parte, en la que se indicará la dirección exacta donde localizar a la persona tercera interesada, siempre que se pida antes de la audiencia de juicio. De acogerse la gestión, se procederá a hacer la comunicación, pero el proceso no se suspenderá por ese motivo. Lo resuelto carecerá del recurso de apelación. Si resulta infructuoso el acto de comunicación, se dejará sin efecto la orden de aviso.

Las personas terceras interesadas podrán comparecer aun cuando no hayan sido citadas. Si se hace en audiencia, se resolverá sobre su participación de forma inmediata. En caso contrario, su solicitud deberá resolverse en tres días.

Será parte legítima aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación jurídica con la pretensión.

Como actividad previa al establecimiento de la demanda o dentro del proceso, podrá plantearse una solicitud para determinar la legitimación procesal, cuando se desconozca o no se tenga certeza sobre la persona a quien se propone demandar.

Para tal efecto, se podrá citar a cualquier persona a declarar bajo juramento sobre los datos referentes a la legitimación procesal, necesarios para identificar debidamente a quien se pretenda demandar. También podrá solicitarse el auxilio de la Fuerza Pública, a fin de obtener la identificación de las partes. Los tribunales ordenarán las medidas necesarias para efectuar esa verificación.

Lo anterior será también aplicable cuando se requiera para aspectos referidos a la verificación de la capacidad procesal.

La sustitución y la sucesión procesal se regirán por la normativa procesal civil y las leyes especiales. Además, se tendrá como sucesión procesal la intervención de una institución, entidad o corporación de derecho público con personalidad jurídica propia cuando por disposición legal, encontrándose en trámite un proceso, se le transfieren las competencias de otra. La gestión podrá formularse de oficio o a solicitud de parte. De declararse procedente, se continuará con la parte sustituía y la demanda se tendrá por dirigida en su contra.

La enajenación del bien o del derecho litigioso, a título particular, por acto entre vivos, permite a la persona adquirente o cesionaria suceder a la enajenante o cedente, siempre que la parte contraria no se oponga dentro del plazo de tres días a partir de la resolución que la apruebe. Si se acepta la oposición, la adquirente o cesionaria podrá intervenir como tercera o litisconsorte, según corresponda. En todo caso, la transmitente continuará como parte para todos los efectos procesales que beneficien a la contraria.

Se podrá pretender ante los tribunales la condena al pago de determinada prestación, la declaratoria de constitución, la modificación o la extinción de derechos y situaciones jurídicas, la adopción de medidas cautelares, la ejecución y cualquier otra clase de tutela prevista por la ley. Igualmente, podrá ejercerse oposición a la pretensión reclamada y gestionarse todos los actos legales autorizados para la defensa de una u otra posición procesal.

En la demanda o contrademanda podrán proponerse varias pretensiones, siempre que sean conexas, no se excluyan entre sí, se trate de procedimientos comunes y el tribunal sea competente para conocer de todas. Si fueran peticiones excluyentes, podrán acumularse como principales y subsidiarias.

Si antes del señalamiento de la audiencia preparatoria, el tribunal estima que las pretensiones no son acumulables, requerirá a la parte actora para que las desacumule en el plazo de tres días, manteniendo aquellas cuya acumulación fuera posible. Si no se desacumulan o se mantiene la circunstancia de no acumulabilidad entre las pretensiones escogidas por quien demanda, se ordenará tramitar las que corresponda.

Las partes deberán actuar con patrocinio letrado, salvo que sean profesionales en derecho. Se otorgará el patrocinio letrado gratuito, conforme lo establece esta ley. Quien autentique será responsable de su contenido. Su firma implicará, salvo manifestación expresa en contrario, la dirección del proceso con las facultades de actuar en nombre de la parte para todo lo que le beneficie, siempre y cuando no se requiera su participación personal o poder especial judicial.

Con el fin de evitar la posposición de audiencias, la persona abogada directora podrá designar a uno o dos suplentes, sin que ello implique costo adicional de honorarios para la parte, siempre y cuando la parte que representa así lo autorice de forma expresa, sin que sea obligatoria tal designación, quienes sean suplentes tendrán las mismas facultades de actuación en el proceso.

Las partes podrán actuar en el proceso por medio de apoderado o apoderada

judicial, sin perjuicio de que se requiera la comparecencia personal de las primeras.

El poder especial judicial se otorgará a personas abogadas en ejercicio. Podrá conferirse oralmente ante el tribunal, de lo cual se levantará un acta. También se podrá conferir por escrito, siempre que la firma de quien lo otorga esté autenticada por otro abogado o abogada o se trate de una firma digital. El mandato se entiende conferido para todo el proceso, incluyendo los anticipados y de ejecución, salvo disposición en contrario de la parte poderdante.

Para la renuncia, la transacción, la conciliación, el desistimiento, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje, el retiro de ejecutorias de sentencias con efectos registrables, y cualquier acto de disposición del objeto del proceso, es necesaria la autorización expresa.

Las defensoras y los defensores públicos agrarios tendrán las facultades de directores del proceso, en los procesos en que intervengan, salvo que la parte amplíe sus atribuciones a las de un apoderado especial judicial, lo cual deberá indicar expresamente. Tendrán esas mismas facultades de abogados o abogadas directoras para los procedimientos administrativos que puedan incidir en la sede judicial.

Si actúan con facultades de mandatario o mandataria, estarán sometidos a las mismas prohibiciones del párrafo final del artículo 46 de esta ley. No tendrá valor ni efecto alguno lo que se haga en oposición a esas prohibiciones.

Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la defensa pública agraria se distribuirán de la siguiente manera:

1. Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado será asignado al Fondo de Apoyo a la Defensa Pública Agraria, para optimizar el servicio y la cobertura en el territorio nacional.

2. Un cincuenta por ciento (50%) restante será depositado en el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia Agraria para garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio público agrario. La administración de esos recursos se regirá conforme a la normativa, ambos fondos serán administrados por el Poder Judicial.

Los plazos establecidos en este Código son improrrogables, con las excepciones de ley. Cuando se permita la prórroga, esta deberá solicitarse antes del vencimiento del plazo. Lo que se resuelva carecerá de recurso.

Podrán renunciarse, ampliarse o restringirse con el consentimiento de las partes, salvo disposición expresa en contrario.

Los plazos podrán interrumpirse por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten a las partes realizar o participar en el acto por sí o por medio de quien ejerza su representación, y se volverán a iniciar cuando haya cesado la causa. Durante la interrupción solo se practicarán actos urgentes y de aseguramiento.

Los motivos serán apreciados por el tribunal, de oficio o a instancia de parte. Entre otros, serán admisibles:

1) La muerte o la enfermedad grave de una parte, si carece de apoderado o apoderada judicial su abogado o abogada estará en la obligación de informarlo al tribunal tan pronto tengan conocimiento. De igual forma, si quien falleció es representante de una persona jurídica y no existe posibilidad legal de que otra asuma el cargo.

2) La muerte o la enfermedad grave del apoderado o apoderada judicial. En este caso, se notificará a la parte de forma personal, para que en el plazo de tres días, provea al cuidado de sus intereses. Dichos motivos no serán eficaces si son alegados por la parte que ha gestionado después de ocurridos, o no se invocan dentro de los tres días después de haber cesado.

Los plazos perentorios no podrán abreviarse o prorrogarse, ni aún por acuerdo de partes.

Cuando la ley sea omisa en cuanto a la duración de un plazo, el tribunal lo fijará tomando en cuenta la naturaleza del proceso, la importancia y las condiciones del acto. Igual facultad tendrá cuando este deba establecerse entre un máximo y un mínimo.

Los plazos de veinticuatro horas corresponden al día completo. Los plazos por días se entenderán hábiles, salvo disposición legal en contrario. Los plazos por años o meses, se contarán de fecha a fecha.

Cuando el día de partida no exista en el mes de vencimiento, el plazo concluirá el último día de este. Si el día final de un plazo es inhábil, se tendrá por prorrogado hasta el día hábil siguiente. La misma regla se aplicará cuando se declare asueto parte de ese día final.

Los plazos serán comunes, salvo disposición legal en contrario o cuando por su naturaleza el tribunal le otorgue el carácter de individual al corresponder el cumplimiento de una actuación o prevención solo a una de las partes.

Los plazos individuales correrán a partir del día siguiente de aquel en que se efectuó la notificación a cada una de las partes. Los comunes, al día siguiente a la última notificación que se practique.

En todo plazo, el día de vencimiento se tendrá por concluido en el instante en que, según la ley, deba cerrar el despacho o las oficinas previstas para la recepción de documentos del lugar donde debe hacerse la gestión o practicarse la actuación. Serán admisibles y válidas las gestiones presentadas y las actuaciones iniciadas a la hora exacta en que se cierran estas.

En caso de que sean recibidas por oficinas encargadas para la recepción de documentos, así como cuando sea procedente el recibo electrónico de actos de parte, sus efectos se producirán el día y la hora de la presentación, con independencia de la jornada ordinaria de trabajo del respectivo despacho.

Para determinar la hora de realización del acto, se seguirá la hora oficial del reloj del tribunal, o lo que se desprenda de los sistemas tecnológicos de los cuales disponga el Poder Judicial.

El tribunal rechazará de plano las gestiones realizadas cuando hayan vencido los plazos, salvo que la ley disponga lo contrario o exija acusar rebeldía.

La nulidad de los actos procesales procederá solo cuando se haya vulnerado el debido proceso y se cause indefensión. Quien la gestione deberá señalar el aspecto a corregir y su posible solución.

No podrá declararse la nulidad cuando:

1) Sea posible la subsanación del acto defectuoso.

2) El acto, aunque irregular, logre el fin para el que estaba destinado.

3) Quien la alegue sea la parte que concurrió a causarla, o esta no haya sufrido perjuicios por la violación.

4) Se trate de solicitudes de nulidad reiterativas ya denegadas.

5) No se haya reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil. En tal caso se tendrá por consentida tácitamente, salvo que se trate de extremos esenciales o insubsanables.

6) Quien tenga legitimación para impugnar el acto haya aceptado, expresa o tácitamente, sus efectos.

Los defectos de los actos procesales deberán subsanarse, siempre que sea posible. La rectificación del error o el cumplimiento del acto omitido no podrá retrotraer el proceso a periodos ya precluidos, salvo los casos expresamente previstos por este Código.

Cuando sea imprescindible la declaratoria de nulidad, se conservarán todas las actuaciones que en sí mismas no se vean afectadas por la invalidez. La nulidad, total o parcial, de un acto no conlleva la de las actuaciones que fueran independientes de aquel, ni impide que lo conservado produzca efectos legales, salvo disposición en contrario.

La nulidad de las resoluciones deberá ser alegada concomitantemente con los recursos procedentes. La de actuaciones practicadas en audiencia se reclamará y resolverá inmediatamente, previa audiencia a la contraria. La nulidad de actuaciones practicadas fuera de audiencia se gestionará vía incidental dentro de los tres días siguientes a que se tuvo conocimiento del acto defectuoso o estuvo en condición de conocerlo. Lo anterior cuando por la naturaleza del acto o por otra circunstancia no corresponda o resulte imposible hacerlo por vía de recursos o en la audiencia.

El derecho de alegar la nulidad precluirá si no se formula en el momento que corresponde, salvo que sea por vicios esenciales e insubsanables.

El tribunal podrá declarar de oficio la nulidad de los actos defectuosos o insubsanables, en su caso, en cualquier estado del proceso. Cuando la nulidad se refiera a resoluciones y actuaciones de un tribunal de instancia superior, el competente para decretarla será este. Contra lo resuelto, solo se podrá interponer recurso de revocatoria.

Cuando se trate de procesos litigiosos en los cuales no proceda la revisión, podrá alegarse la nulidad con posterioridad a la resolución firme que ponga fin al proceso, mediante la vía incidental. El reclamo se sustentará en una de las causales por las cuales es admisible la revisión. Deberá plantearse dentro de los tres meses siguientes al conocimiento de la causal, o desde del momento en que debió conocerla o pudo hacerla valer la parte perjudicada. En caso contrario, se declarará inadmisible.

El trámite de los procesos solo se suspenderá por convenio de partes, prejudicialidad y en los casos previstos en la ley.

Las partes, de común acuerdo, podrán pedir la suspensión por única vez, por un plazo de hasta dos meses. Se decretará cuando no se vulnere el principio de inmediación y no se perjudique el interés general o a terceras personas. Si la solicitud tiene como fin conciliar o transar el proceso, el plazo podrá ser prorrogado por el período que se estime necesario.

Se podrá decretar la suspensión cuando para resolver el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que constituya el objeto principal de otro proceso pendiente, ante el mismo o distinto tribunal, si no es posible la acumulación de procesos. Se mantendrá hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

La existencia de un proceso penal en ningún caso dará lugar a prejudicialidad, salvo lo dispuesto en la ejecución hipotecaria o prendaria.

La demanda deberá contener los siguientes datos:

1) El tribunal destinatario y el tipo de proceso.

2) El nombre de las partes y sus representantes, sus calidades, el número de identificación, los medios de notificación, el lugar exacto de su domicilio y los datos para su localización.

3) Los hechos relacionados con el objeto del proceso, expuestos con claridad y precisión.

4) El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba.

5) La formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones, con indicación expresa de cuáles son las principales y separadamente las subsidiarias si las hubiera. Cuando se reclamen daños y perjuicios, deberá concretarse el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación, la cual podrá hacerse de forma prudencial.

6) La estimación justificada de la demanda en moneda nacional. Si existen pretensiones en moneda extranjera, se usará el tipo de cambio respectivo al momento de su presentación, sin perjuicio de que en sentencia se pueda conceder lo pedido en la moneda solicitada.

7) Si el objeto de litigio es un inmueble, o se requiriera practicar una audiencia o diligencia fuera del despacho, deberán indicarse la ubicación exacta y las vías de acceso o, en su caso, el lugar idóneo de encuentro con el tribunal para guiarlo oportunamente, cuando sea preciso coordinar lo necesario para su debida realización.

8) El nombre de la persona abogada responsable de la dirección del proceso y sus suplentes, su número de teléfono, el correo electrónico y cualquier otro medio electrónico dónde localizarlos.

9) Cualquier dato de interés para la mejor comprensión del caso.

10) Podrán citarse los fundamentos de derecho que se invoquen en apoyo de la demanda.

11) La firma de la parte o su representante.

En la demanda deberá indicarse la prueba ofrecida. Se aplicarán las siguientes reglas:

1) La prueba documental se aportará con la demanda o reconvención. Salvo los casos en que se exija el original, podrá ser presentada en copia auténtica o simple, así como en certificación electrónica. Si se cuestiona la exactitud de la reproducción, deberá cotejarse con el original o verificarse el procedimiento de firmas y de certificación electrónica, si es posible técnicamente. De lo contrario, su valor probatorio quedará sujeto a la apreciación conjunta de los demás elementos probatorios.

Las copias de planos se presentarán sin fragmentarse y en papel tamaño carta, salvo que ello imposibilite su lectura. Podrán, adicionalmente, aportarse en formato digital. El tribunal procurará que se incorporen también de esa forma al expediente electrónico. Si la prueba documental se adjunta en un soporte que no permita la conservación de su contenido, esté incompleto, fragmentado, ilegible o con alteraciones, el tribunal ordenará que se aporten correctamente.

2) Podrá solicitarse que se emita orden para obtener información de registros o archivos particulares y privados, constancias o certificaciones, de interés para el proceso, siempre que no se contravenga lo dispuesto en el artículo 24 de la

Constitución Política, así como en las otras normas que regulen la protección de los datos personales.

3) Si se propone prueba pericial, se indicarán los temas objeto de la pericia, el cuestionario específico y se sugerirá la especialidad de la persona experta. Podrá solicitarse que el dictamen sea rendido por una o un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) o de instituciones públicas. El tribunal valorará la pertinencia y la legalidad de la petición.

4) Las partes podrán aportar, con la demanda o contestación, informes técnicos elaborados por particulares o colegios profesionales. Se indicarán los datos de quien los elaboró, a fin de verificar su idoneidad.

5) En la prueba testimonial se especificarán el nombre completo, las calidades y el domicilio de las personas declarantes, así como los hechos sobre los cuales se referirán.

6) Cuando se ofrezca declaración de parte, en caso de personas jurídicas y esta cuente con varios representantes, deberá especificarse si se requiere alguien en particular.

Si se omite algún requisito al ofrecerse la prueba, se prevendrá su corrección en el plazo de tres días, con el apercibimiento de que se podrá declarar inadmisible, de una vez o en la audiencia preparatoria, según corresponda.

La estimación se fijará según el interés económico de la demanda. Para su determinación se tomará como base lo establecido en la normativa procesal civil. Al fijar la cuantía, el tribunal podrá aumentar o disminuir el monto de la estimación expresada por la parte actora, con base en los parámetros legales.

Si la demanda no cumple los requisitos legales, el tribunal otorgará tres días para su cumplimiento, especificando todos los defectos, con el apercibimiento de declararla inadmisible. Igual consecuencia se producirá si dentro de ese lapso la parte no subsana los defectos que puedan tener los documentos presentados con la demanda para demostrar su capacidad procesal.

La parte demandada, dentro del emplazamiento, podrá pedir que se corrijan los defectos de la demanda o se subsane cualquier vicio de capacidad o representación de la actora. La petición deberá ser resuelta de inmediato. Si la corrección implica cambios sustanciales en la demanda, se conferirá un nuevo emplazamiento, el cual se notificará donde la parte demandada haya señalado.

Se rechazará la demanda, o la solicitud inicial en procesos no contenciosos, cuando sean evidentemente improponibles, mediante sentencia anticipada, emitida al inicio o en cualquier estado del proceso. Lo serán aquellas en que:

1) La pretensión sea evidentemente contraria al ordenamiento jurídico, imposible o carente de interés.

2) Se ejerciten en fraude procesal o con abuso del proceso.

3) Sea aplicable la caducidad.

4) La pretensión haya sido objeto de pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo sea reiteración del anterior.

5) Quien la propone carezca, de forma evidente, de legitimación.

6) En proceso anterior se haya renunciado al derecho.

7) El derecho haya sido conciliado o transado y exista resolución firme que los haya homologado o sometido a arbitraje con anterioridad.

8) El proceso se refiera a nulidades procesales que han debido alegarse en aquel donde se causaron.

9) Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión.

La demanda podrá ser modificada o ampliada en cuanto a las partes, los hechos, las pretensiones y las pruebas, antes de la contestación o de que haya vencido el plazo para contestar, salvo en procesos monitorios y de ejecución. El nuevo emplazamiento deberá hacerse por tres a cinco días.

En el proceso ordinario también podrán ampliarse los hechos y las pretensiones en la audiencia preparatoria.

Si la demanda es admisible, el tribunal emplazará a la parte demandada para su contestación, en la resolución respectiva indicará el plazo, la forma cómo deberá hacerlo y las consecuencias en caso de omisión.

Los efectos del emplazamiento, tanto materiales como procesales, se producirán a partir de su notificación, conforme lo dispuesto en la normativa procesal civil.

La parte demandada deberá contestar la demanda dentro del emplazamiento. De ser necesario, aclarará sus calidades y se referirá a los hechos de la demanda en el orden en que fueron expuestos, expresando, de forma razonada y clara, si los reconoce como ciertos, los rechaza por inexactos, los admite con variantes o rectificaciones, o los desconoce de manera absoluta. Manifestará con claridad su posición sobre la pretensión, la estimación, la prueba y los fundamentos legales si los hay. Ofrecerá y presentará todas sus pruebas del modo previsto para la demanda. Indicará medio para recibir las comunicaciones futuras y los datos necesarios para su localización. Podrá interponer excepciones, debidamente fundadas. Se le otorgarán tres días para que corrija los defectos.

Solo son admisibles como excepciones procesales, las siguientes:

1) Falta de competencia.

2) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando sea obligatoria.

3) Prescripción.

4) Compromiso arbitral o cláusula de sometimiento a conciliación o transacción extrajudiciales.

5) Falta de integración de litisconsorcio pasivo necesario.

6) Indebida acumulación de pretensiones.

7) Demanda improponible.

8) Litispendencia.

Todas las excepciones procesales se resolverán en la audiencia preparatoria, salvo la de incompetencia.

La de prescripción, así como transacción, conciliación, cosa juzgada, acuerdo arbitral y caducidad, como causales de demanda improponible, se acogerán en la audiencia preparatoria cuando sean evidentes o manifiestas. De lo contrario, se resolverán en la sentencia. Lo resuelto en cuanto al rechazo de estas en esa audiencia no enervará que puedan ser analizadas nuevamente al resolverse sobre el fondo.

Las excepciones procesales y materiales deberán oponerse al contestar la demanda o la contrademanda. Podrán invocarse y fundamentarse excepciones materiales, incluida la de prescripción, hasta en la fase probatoria de la audiencia de juicio, si los hechos ocurren con posterioridad a la contestación o llegan a conocimiento de la parte demandada, después de expirado el plazo para contestar.

En procesos ordinarios, las excepciones de cosa juzgada, transacción y caducidad podrán formularse hasta antes de dar inicio la fase de conclusiones de la audiencia de juicio. Serán resueltas en sentencia.

La excepción de indebida acumulación de pretensiones se resolverá en la audiencia preparatoria. De acogerse, se ordenará la desacumulación, lo cual podrá disponerse aún de oficio. Si fueran excluyentes, podrán acumularse como principales y subsidiarias. La desacumulación deberá realizarse de inmediato, de lo contrario el tribunal lo hará. Lo anterior se aplicará cuando se mantenga la imposibilidad de acumulación entre las elegidas. Contra la resolución que declare con lugar dicha excepción, procederá el recurso de apelación en efecto suspensivo.

En procesos ordinarios, la parte demandada podrá reconvenir a la actora y a otras personas que no lo sean. Deberá hacerlo al contestar la demanda y cumplir los mismos requisitos exigidos para esta. La demanda y la reconvención han de ser conexas.

Si se admite la contrademanda, se concederá a la reconvenida un plazo de quince días para contestar. La réplica tendrá iguales requisitos que la contestación.

La falta de contestación de la parte demandada la constituirá en rebelde, sin necesidad de resolución que así lo declare. Podrá comparecer en cualquier momento, pero tomará el proceso en el estado en que se encuentre. La rebeldía no implicará que deban tenerse necesariamente por admitidos los hechos de la demanda. Al pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, el tribunal deberá tomar en consideración el resultado integral de la prueba.

Si la parte demandada se apersona al proceso pero omite contestar la demanda o no lo hace oportunamente, se emitirá sentencia anticipada luego de escuchar las conclusiones de la parte actora, salvo que sea necesario convocar a audiencia para realizar otras etapas del proceso.

Si la parte demandada se conforma de manera expresa con lo pretendido en la demanda, se dictará sentencia anticipada, salvo si existen indicios de fraude procesal, la cuestión planteada es de orden público, se trate de derechos indisponibles, irrenunciables o resulte indispensable recibir prueba para resolver, en cuyo caso se continuará con el procedimiento.

Si se expresa conformidad parcial con la demanda, se dictará de una vez sentencia sobre los extremos aceptados, con las salvedades indicadas en el párrafo anterior. Cuando se allane la Administración Pública, deberá presentarse el acuerdo o la resolución que lo autorice.

La actora contará con el plazo de cinco días para informar al tribunal si opta por ejecutar lo decidido de inmediato o lo reserva para el proceso de ejecución del principal. En el primer supuesto, la ejecución se tramitará en legajo o carpeta separados. El proceso seguirá su curso normal en cuanto a las pretensiones no aceptadas.

Las partes podrán presentar la demanda y la contestación de manera conjunta, renunciando al emplazamiento y solicitando que se señale de una vez la audiencia de juicio. Si no existe prueba que practicar, podrán solicitar se proceda al dictado de la sentencia.

Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contrademanda, que una vez contestadas estas, el proceso se resuelva de una vez, con la prueba que conste. Al emplazarse de la demanda o la reconvención, el tribunal necesariamente hará indicación de esa solicitud. Si no se formula oposición en la contestación o la réplica, se tendrá por aceptada tácitamente la solicitud y se procederá a la emisión de la sentencia, salvo que el tribunal considere que se está ante un fraude procesal. Cuando se rechace la gestión, se continuará con la tramitación del proceso.

La audiencia preparatoria y la de juicio se señalarán en forma separada, excepto en los procesos de audiencia única. Se programarán sus sesiones de modo consecutivo, salvo que los requerimientos del caso lo impidan. De ser necesario programar más de un día para cada audiencia, el tribunal indicará la distribución de las actividades a desarrollar en ellos.

La audiencia preparatoria se realizará en la sede del juzgado o en el lugar de los hechos, cuando por la naturaleza del asunto el tribunal así lo disponga. Se señalará inmediatamente después de contestada la demanda y, en su caso, la contrademanda, o transcurrido el plazo para ello.

En la audiencia preparatoria, además de las disposiciones generales de las audiencias, se realizarán las siguientes actividades:

1) Declaratoria de apertura de la audiencia e informe de las reglas que se deben seguir, del objeto del proceso y del orden como se conocerán las cuestiones por resolver.

2) Conciliación, durante la cual se garantizará la privacidad del acto.

3) Aclaración, ajuste o subsanación de los extremos de la demanda, contestación, contrademanda y réplica, cuando a criterio del tribunal sean oscuros, imprecisos u omisos. En procesos ordinarios, ampliación de hechos, pretensiones y prueba que les sirva de fundamento.

4) Refutación de la parte actora a la contestación de la demanda y, en su caso, a la contrademanda. Ofrecimiento y presentación de la contraprueba.

5) Determinación de la participación de quien pretenda ser coadyuvante u otros intervinientes procesales de no haberse integrado con antelación.

6) Admisión, práctica de prueba y resolución de las alegaciones de actividad procesal defectuosa pendientes, vicios de procedimiento invocados en la audiencia y excepciones procesales.

7) Admisión, práctica de prueba y resolución de procesos incidentales o medidas cautelares pendientes, resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares, si existe solicitud pendiente, reservada para audiencia.

8) Determinación de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso.

9) Definición de la cuantía del proceso.

10) Admisión de pruebas y disposiciones para su práctica. El tribunal podrá ordenar la prueba de oficio que estime indispensable. De tratarse de prueba pericial, el tribunal designará a la persona experta, de no haberse admitido antes. Realizará las fijaciones y los plazos respectivos para la emisión del dictamen y el pago de honorarios y gastos. Se verificará en el acto si acepta el cargo.

11) Resolución sobre suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares, si existe solicitud pendiente, reservada para audiencia.

12) Señalamiento de la hora y la fecha para realizar la audiencia de juicio.

En procesos ordinarios, los hechos y las pretensiones se podrán adicionar o modificar en la audiencia preparatoria. Se garantizará a la contraparte oportunidad para la contestación. Si esta así lo pide, el tribunal podrá suspender la audiencia hasta un máximo de diez días.

El tribunal evitará que en esta audiencia se discutan cuestiones propias de la

audiencia de juicio.

La audiencia de juicio comprenderá las siguientes etapas procesales:

1) Resumen del tribunal de los hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso.

2) Incorporación y recepción de la prueba. Las partes deberán comparecer con todas las pruebas admitidas y aquellas que pretendan proponer como prueba complementaria.

3) Emisión breve y precisa de las conclusiones. El tribunal establecerá el tiempo para formularlas. Excepcionalmente, podrá pedir las aclaraciones que considere necesarias. Las partes podrán renunciar a emitir conclusiones.

4) Deliberación y emisión de la sentencia. Cerrado el debate, se procederá a la etapa de deliberación. Será privada y una vez concluida se comunicará lo resuelto, salvo que el tribunal disponga diferir el dictado de la sentencia. Previo a dar por terminada la audiencia, se expondrán las razones por las cuales se difiere y se indicará el plazo para su emisión, de acuerdo con lo dispuesto en este Código.

La prueba documental y aquellos elementos probatorios admitidos y recibidos fuera de audiencia serán incorporados por el tribunal, con solo su mención. Este, de oficio o a solicitud fundada de parte, podrá disponer la lectura parcial o total, en casos excepcionales. Los objetos y otros elementos de prueba afines podrán exhibirse o mostrarse, cuando resulte necesario.

La parte deberá hacer la solicitud de exhibición o reproducción, total o parcial, al finalizar la audiencia preparatoria, para que el tribunal tome las previsiones, a fin de evitar recesos o suspensiones en la audiencia de juicio.

Cuando no se justifique el señalamiento de audiencias, por la naturaleza del proceso, circunstancias propias de este, o no existir prueba que realizar, se dictará la sentencia. Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, que el proceso se tramite en audiencia única, en la cual podrán expresarse conclusiones.

Ante la inasistencia injustificada de las partes a las audiencias se aplicarán las siguientes disposiciones:

1) Si la parte actora o reconventora no comparece a la audiencia preparatoria, se tendrá por desistida la demanda o la reconvención y se le condenará al pago de

las costas, los daños y perjuicios. Sin perjuicio de lo anterior, podrá continuarse el proceso, si alguna de las partes presentes alega interés legítimo o si por la naturaleza de lo debatido deba continuarse, siempre que no exista impedimento cuya superación dependa exclusivamente de la parte demandante.

2) Si la inasistente a la audiencia preparatoria es la parte demandada, se dictará sentencia de inmediato, con la prueba que conste en el expediente, salvo que sea necesario practicar la prueba ofrecida por la actora o cuando las pretensiones se refieran a cuestiones de orden público o derechos indisponibles.

3) Si ninguna de las partes asiste a la audiencia preparatoria, de forma injustificada, se declarará desistido el proceso sin condenatoria alguna.

4) Si a la audiencia de juicio no comparece ninguna de las partes, el tribunal emitirá la sentencia conforme a lo dispuesto en este código. Si se presenta solo una, se practicará la prueba admitida a dicha parte. No se recibirá la prueba ofrecida por la parte ausente, salvo que la contraria manifieste interés en ella o el tribunal la considere necesaria.

5) En los procesos de audiencia única se aplicará lo dispuesto para la inasistencia a la audiencia preparatoria.

Las audiencias preparatoria y de juicio podrán suspenderse de la forma y por los motivos establecidos en este Código.

La audiencia de juicio y la emisión de la sentencia deben ser realizadas por las mismas personas juzgadoras que hayan integrado el tribunal.

El recurso de revocatoria procede solo contra los autos, salvo disposición legal en contrario.

Se interpondrá ante el tribunal que lo emitió dentro de tres días si se impugna un auto escrito; de inmediato y de forma oral si se formula en audiencia. Lo resuelto sobre la revocatoria no tendrá recurso alguno.

El tribunal podrá revocar los autos de oficio. Lo hará en audiencia cuando se trate de una resolución oral, o dentro del tercer día si fuera escrita.

Cuando sean procedentes tanto el recurso de revocatoria como el de apelación, las partes los formularán simultáneamente. El recurso de apelación será rechazado de plano, si no se ha pedido revocatoria.

En una misma resolución, se emitirá un pronunciamiento sobre la revocatoria y la admisibilidad de la apelación, según corresponda.

Procederá el recurso de apelación solo contra las resoluciones expresamente dispuestas y se interpondrá ante el tribunal que las emitió.

Tratándose de autos escritos, el plazo para presentarlo será de tres días. Los que se emitan en audiencia deberán apelarse inmediatamente después de su emisión.

El plazo para apelar las sentencias será de cinco días, salvo disposición legal en contrario. En audiencia se podrá interponer oralmente, luego de la comunicación de estas, supuesto en el cual se tendrá por renunciado el plazo para recurrir. Lo anterior, salvo que por motivos fundados el tribunal cierre la audiencia una vez emitida la sentencia.

El tribunal de primera instancia deberá pronunciarse sobre la admisión del recurso de apelación. Conferirá traslado a la parte contraria, para que dentro del tercer día se manifieste, salvo que este se formule en audiencia, supuesto en el cual deberá exponer sus alegatos de inmediato.

Si las partes ofrecen prueba, deberán hacerlo al plantear la apelación o al pronunciarse la contraria sobre el recurso.

Cuando esté pendiente algún acto procesal urgente, el expediente no se remitirá al superior hasta que se cumpla. Si lo tiene aquel y lo requiere el inferior para dar cumplimiento a alguna actuación, el órgano de segunda instancia enviará una copia idónea en soporte digital o físico, excepto que se pueda acceder total o parcialmente al expediente electrónico.

El recurso de apelación procederá solo contra los autos que:

1) Denieguen el tipo de proceso elegido por la parte.

2) Declaren inadmisible la demanda o pongan fin al proceso, total o parcialmente, por cualquier causa.

3) Se pronuncien sobre una medida cautelar o tutelar.

4) Se admitan excepciones procesales.

5) De oficio declaren la incompetencia, ordenen la acumulación o desacumulación de pretensiones y procesos o la integración de la litis consorcio pasivo necesario.

6) Emitan pronunciamiento sobre el fondo de una tercería o un proceso incidental, salvo si en este se deniega la nulidad.

7) Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o la tasación de costas.

8) Ordenen o denieguen el embargo y su levantamiento.

9) Ordenen o aprueben el remate de un bien y resuelvan sobre la liquidación del producto de este.

10) Lo disponga expresamente la ley.

Serán también apelables los autos que tengan ese recurso en los procesos sucesorios, los de administración y reorganización con intervención judicial, conforme a la normativa procesal civil. De igual forma, serán apelables las resoluciones que tengan ese recurso según legislación especial.

Cuando se formule el recurso de apelación contra una resolución emitida en la audiencia de juicio, si es admisible y no pone fin al proceso o tiene solamente efecto devolutivo, no se suspenderá el procedimiento. La apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida. Quedará condicionada a que quien apele impugne la sentencia, reitere la apelación y a que lo objetado tenga trascendencia en la sentencia. La apelación diferida será resuelta al conocer de dicho pronunciamiento.

El recurso interpuesto de forma diferida por una parte, quien no figure como apelante de la sentencia, por haber resultado victoriosa, deberá ser considerado cuando su objeción recobre interés ante la procedencia del recurso planteado por otra parte.

La admisión de la apelación contra la sentencia definitiva y de los autos que pongan fin al proceso produce efectos suspensivos, salvo disposición expresa en contrario.

El tribunal de primera instancia conserva la competencia en los supuestos de apelación contra resoluciones emitidas en asuntos tramitados en legajo separado, en medidas cautelares y tutelares y para la ejecución provisional.

Cuando la sentencia se emita de forma escrita, en la resolución donde se resuelva la admisibilidad del recurso, si se admite, se dará audiencia a las demás partes, por el plazo de tres días.

Ante el Tribunal Agrario, y dentro de los tres días siguientes luego de admitido el recurso de apelación, cualquiera de las partes podrá solicitar se programe una audiencia oral en la cual puedan expresar sus argumentos, disponiendo en cada caso el Tribunal, si en el mismo momento se dictara la resolución de fondo. Caso contrario, contará con veintidós días para resolver el recurso.

Cuando se admita u ordene prueba en segunda instancia, su resultado se pondrá en conocimiento de las partes por tres días, salvo si se señala audiencia específica para su práctica o recibo, o para resolver el recurso. En tal caso, sobre las pruebas, las partes deberán pronunciarse en dicha oportunidad.

Concluida la audiencia, se emitirá la resolución final de forma inmediata, o dentro de los veintidós días siguientes. Ese mismo plazo aplicará cuando no se realice la audiencia, contado a partir de que el expediente sea recibido por quien esté a cargo de su redacción.

De no comparecer las partes a la audiencia, el tribunal practicará la prueba si es posible o, en su caso, la incorporará y emitirá la sentencia, conforme a lo dispuesto en este Código. Si se presenta solo una parte, se realizará con esta y se escucharán sus conclusiones. Se prescindirá de la prueba que no se pueda practicar en dicha audiencia.

Procederá el recurso de apelación por inadmisión, contra la resolución que deniegue un recurso de apelación no diferido. Deberá presentarse dentro del tercer día ante el tribunal que dictó la resolución impugnada. El recurso expresará con claridad cuál es la resolución originalmente apelada, el auto denegatorio y las razones por las cuales se estima ilegal la denegatoria.

El tribunal de primera instancia deberá hacer un legajo físico o digital que contenga el recurso de apelación por inadmisión y la información necesaria para resolverla. Comunicará de su existencia al superior dentro de los tres días siguientes a su interposición. Siempre que sea posible, la información deberá enviarse electrónicamente.

La interposición del recurso de apelación por inadmisión no suspende el curso normal del procedimiento, salvo que el tribunal de segunda instancia disponga expresamente lo contrario, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información.

Si la apelación es improcedente, se confirmará el auto denegatorio y, en su caso, se dispondrá la devolución del legajo para ser agregado al principal. Si el superior declara procedente el recurso, revocará el auto denegatorio y admitirá la apelación. En ese mismo pronunciamiento, pedirá el expediente principal para continuar con el trámite de la alzada. Lo resuelto, si es posible, será comunicado al tribunal de instancia de la manera más expedita posible, por lo medios legalmente autorizados.

El recurso de casación se regirá por las siguientes reglas:

1) Procederá contra la sentencia emitida en procesos ordinarios, su ejecución, resoluciones que tengan eficacia de cosa juzgada material y en los casos que la ley expresamente lo señale. Podrá basarse en razones procesales y de fondo.

2) Será conocido por la Sala de la Corte Suprema de Justicia, según la distribución de competencia establecida en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993. Cuando el tribunal de casación que reciba el proceso para resolver el recurso se declare incompetente para conocerlo, deberá remitirlo al correspondiente.

3) Se interpondrá de forma escrita ante el órgano de casación que corresponda, en el plazo de quince días. De ser necesario, las partes deberán señalar medio para atender notificaciones. De ser admitido, el órgano de casación conferirá cinco días a la parte contraria para que haga valer sus eventuales derechos.

4) En audiencia, el recurso podrá interponerse de forma oral, con lo cual se tendrá por renunciado el plazo y se escuchará de inmediato a la contraria. Lo anterior, salvo que por motivos fundados el tribunal cierre la audiencia una vez emitida la sentencia.

5) Indicará la resolución impugnada, los motivos concretos en que se funda, expuestos de forma ordenada y concisa y la prueba ofrecida para mejor resolver, si la hay. Si es documental, deberá aportarse con el recurso. No será necesario invocar las normas procesales o de fondo violadas, pero el reclamo debe ser claro en cuanto a las razones alegadas. En todo caso, la invocación errónea de normas no se considerará motivo para declararlo inadmisible. Una vez interpuesto el recurso, no podrán ampliarse los motivos de casación.

6) Si el recurso no cumple los requisitos, salvo que se deduzcan del expediente, el órgano de casación prevendrá a quien recurre que lo corrija, dentro del tercer día. Los defectos se especificarán en la misma resolución, con el apercibimiento, en caso de incumplimiento, de rechazarlo de plano.

El recurso de casación será admisible por motivos de orden procesal, cuando se funde en:

1) La infracción o errónea aplicación de normas procesales esenciales para garantizar el debido proceso, siempre que la actividad defectuosa produzca indefensión y no se haya subsanado conforme a la ley.

2) La vulneración de la inmediación en la audiencia de juicio o en la deliberación.

3) La falta, insuficiencia o contradicción grave en la fundamentación de la sentencia.

4) La fundamentación de la sentencia se base en prueba ilegítima o introducida ilegalmente al proceso.

5) La incongruencia de la sentencia. No se incurrirá en dicha causal cuando se otorguen derechos de carácter indisponible u otorgados por el legislador, siempre que su existencia se haya debatido y demostrado en el proceso.

6) La inobservancia de las disposiciones previstas en este Código para la deliberación, la integración del tribunal y el plazo de la emisión de la resolución impugnada.

No serán motivos para recurrir la falta de pronunciamiento sobre costas o procesos incidentales sin influencia directa en el fondo del asunto, o cuando no se haya pedido subsanar la omisión por medio de adición.

La parte a quien haya perjudicado la inobservancia de la ley procesal podrá alegar una causal de casación por razones procesales. Lo anterior si oportunamente se agotaran todos los recursos contra lo resuelto.

Procederá el recurso de casación por razones de fondo, cuando se base en:

1) La violación de principios y normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta causal comprende la infracción a las normas sobre apreciación de la prueba.

2) El quebranto de la cosa juzgada material.

recurso de casación será rechazado de plano cuando:

1) Se interponga extemporáneamente.

2) La resolución impugnada carezca de ese tipo de recurso.

3) No se expresen los motivos concretos en que se funda.

4) Si se trata de una nulidad procesal, no sea una de las previstas como causal, no se haya reclamado oportunamente ante el tribunal correspondiente, ni se haya interpuesto recurso contra lo resuelto.

5) Se refiera a cuestiones no propuestas o alegadas oportunamente, ni debatidas en el proceso, sin perjuicio de otras razones cuando se alegue se causa indefensión.

La admisión del recurso de casación produce efectos suspensivos, salvo en todas las cuestiones que se tramiten en pieza separada, medidas cautelares y ejecución provisional, para las cuales el tribunal de primera instancia conserva su competencia. Excepcionalmente, el órgano que conozca de la casación podrá decretar medidas cautelares y tutelares, de oficio o a gestión de parte.

Cuando el órgano de casación respectivo reciba el recurso, verificará si es de su competencia y resolverá sobre la admisibilidad. Si lo considera pertinente, podrá señalar la hora y la fecha para una audiencia oral, si alguna de las partes la ha pedido o si se admite prueba distinta a la documental.

Si el órgano de casación ordena o admite prueba documental para mejor resolver, su resultado se pondrá en conocimiento de las partes por el plazo de tres días, para que aleguen lo que estimen conveniente acerca de su alcance e importancia, salvo que se señale una audiencia específica para conocer, alegar y debatir sobre el resultado de aquella.

Si no se admite el recurso, se dispondrá la devolución inmediata del expediente.

1) La audiencia será presidida por la persona relatora que integre la Sala de Casación. Dará la palabra a la parte recurrente, le otorgará el tiempo durante el cual hará su exposición y le requerirá que motive, de forma ordenada y concisa, cada uno de los vicios alegados. Luego se escuchará a la contraria por un tiempo igual para que exprese su posición sobre el recurso.

2) No se permitirá la lectura del recurso o documentos, salvo que se trate de citas breves de prueba, jurisprudencia, textos legales o doctrinarios, los cuales podrán ser leídos únicamente en lo conducente. Se dará un lapso para la réplica y la contrarréplica. Quienes integren el órgano de casación podrán solicitar aclaraciones o explicaciones a las partes. Si son varias las partes recurrentes, la actora iniciará la exposición.

3) Se incorporará la prueba documental que se haya admitida en casación y se escuchará a las partes sobre ella. En su caso, se recibirá la prueba restante, siguiendo las reglas dispuestas para la audiencia de juicio. Finalmente, se otorgará a las partes un período para conclusiones.

4) La ausencia injustificada de la parte implicará el desistimiento de la prueba, en caso de que se haya admitido, sin necesidad de resolución que así lo declare. Se realizará la audiencia con las partes presentes.

5) Cuando la audiencia se realice a solicitud de la parte recurrente, y esta no asiste de manera injustificada, se le impondrán las costas del recurso,

independientemente del resultado. Si dos o más partes gestionaron la audiencia, y ninguna se presenta, cada una asumirá las costas del recurso.

Si no se señala para audiencia, la sentencia se dictará en el plazo de dos meses a partir de la firmeza de la resolución que admite el recurso.

Si se realiza audiencia, la Sala de Casación procederá a deliberar y emitir la sentencia al concluir esta. Cuando se trata de un caso complejo, se comunicará en un mes a partir del cierre de la audiencia. La determinación de la complejidad deberá ser justificada al darse por terminada esta.

En la sentencia de casación, se examinará primero la impugnación relativa a vicios procesales. Si no son procedentes, se analizarán los motivos de fondo.

Si la sentencia se casa por razones procesales, se anulará y reenviará el proceso al tribunal correspondiente. Se indicará la etapa a la que se deberán retrotraer los efectos, para que reponga los trámites y resuelva conforme a derecho. Cuando el vicio se refiera únicamente a la sentencia como acto procesal, la anulación recaerá solo sobre esta, a fin de que se dicte nuevamente la que corresponda, siempre que no se infrinja el principio de inmediatez. Tratándose de incongruencia, si se puede subsanar el vicio, la Sala de Casación dictará sentencia sobre el fondo, sin necesidad de reenvío. No habrá incongruencia si lo otorgado es consecuencia lógica de lo pedido.

Cuando se case por violar normas sustantivas, se emitirá una nueva sentencia, atendiendo las defensas de la parte contraria a la recurrente, omitidas o preteridas en la sentencia impugnada, si por haber resultado victoriosa esa parte, no ha podido interponer el recurso de casación.

La sentencia que se dicte no podrá pronunciarse sobre otros puntos distintos de los planteados en el recurso, salvo las nulidades, las correcciones o las reposiciones que procedan por iniciativa del órgano y el pronunciamiento sobre costas.

Contra las sentencias que dicte la Sala de Casación solo procederá la revisión en los casos previstos por ley. Contra las demás resoluciones solo procederá revocatoria.

La revisión procederá contra la sentencia firme con eficacia y autoridad de cosa juzgada material, conforme a las causales y el procedimiento establecidos en la normativa procesal civil. El plazo y el dictado o la emisión de la sentencia se regirán por lo dispuesto para el recurso de casación en este Código.

Cuando se anule una sentencia con ocasión de los recursos de apelación y casación, o por revisión, si es necesario repetir la audiencia de juicio, será realizada por el mismo tribunal que dictó dicho pronunciamiento, pero con una integración diferente.

Si se debe establecer el monto de una garantía o contracautela, el tribunal lo fijará de manera prudencial, salvo disposición expresa en contrario. Si la garantía está en riesgo de perder su eficacia, dispondrá su renovación o sustitución, con el apercibimiento de ejecutarlas inmediatamente o de dejar sin efecto las medidas o beneficios garantizados.

Se consideran costas personales los honorarios por servicios de abogacía y la indemnización del tiempo invertido por la parte en asistir a los actos, cuando haya sido necesaria su presencia, para lo cual se tomarán en consideración las circunstancias personales. Los demás gastos indispensables del proceso son costas procesales.

En toda resolución que ponga fin a un proceso, se condenará a la parte vencida, aún de oficio, al pago de costas. En los procesos incidentales, solo se otorgarán las procesales, salvo norma expresa en contrario.

Se podrá eximir de la condena en costas, total o parcialmente, cuando:

1) La demanda o contrademanda comprenda pretensiones exageradas.

2) La sentencia admita defensas de importancia invocadas por la parte perdidosa, las cuales modifiquen sustancialmente lo pretendido.

3) Haya vencimiento recíproco sobre pretensiones trascendentes, defensas o excepciones.

4) La parte vencida haya litigado con evidente buena fe. No la habrá cuando injustificadamente no haya asistido a las audiencias, o no aportó prueba alguna con su demanda, si se funda en hechos disputados.

1) La cuantía del proceso, la situación económica de la persona litigante, así como la etapa en la que se encuentre el procedimiento. Si el proceso no es susceptible de estimación pecuniaria, el tribunal fijará las costas prudencialmente, tomando en cuenta los dos últimos criterios.

2) El importe que se debe reconocer por el pago de honorarios de la persona abogada no podrá ser menor al cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) del importe líquido de la condenatoria o de la absolución. Lo anterior se dispone solo si resulta vencida una parte asistida por la defensa pública o servicios afines; una asociación integral de desarrollo indígena de una comunidad determinada; una entidad sin fines de lucro legalmente constituida y declarada de interés público, u organizaciones de mujeres micro, pequeñas y medianas productoras agrarias, conforme lo establezca la normativa especial.

Cuando proceda, el pago de honorarios de abogados o abogadas corresponderá a la defensa pública, debiéndose declarar así en sentencia. Se depositarán en la cuenta bancaria especialmente designada con ese fin a favor de la defensa pública, los cuales se emplearán para cubrir gastos de la defensa agraria.

3) Si existe pluralidad de partes vencidas en costas, atendidas las circunstancias, se determinará si la condena es solidaria o divisible. Si no se especifica, se entenderá que es solidaria. Si se estipula divisible, el tribunal indicará cómo se distribuye la responsabilidad.

4) Cuando el extremo de costas se establezca a favor de varias partes, el monto aprovechará a todas por igual, salvo que se justifique y disponga una distribución diferente.

Para la fijación de los honorarios de abogados y abogadas, lo relacionado con el convenio de cuota litis y la rendición de cuentas se aplicará la normativa procesal civil.

Para impedir que la parte accionada mediante el ocultamiento o la distracción de bienes pueda eludir una eventual responsabilidad patrimonial, la actora podrá pedir se decrete embargo preventivo.

Con la solicitud se deberá depositar una garantía correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del monto por el que se pide el embargo. Dicha caución no es necesaria si la gestión se funda en un título ejecutivo. La garantía podrá reducirse en proporción al valor de lo efectivamente embargado, cuando no se encuentren suficientes bienes de la demandada en los cuales se pueda hacer recaer la medida.

El embargo preventivo podrá reducirse cuando exceda el monto reclamado. Se levantará cuando se deposite la suma por la cual se decretó.

Si la medida es procedente, esta se ordenará sin necesidad de comunicarlo a la contraria.

Deberá disponerse la anotación de la demanda en bienes inscritos en registros públicos o privados que afecten a terceros, cuando se pida la constitución, modificación o extinción de un derecho real o personal con efectos reales. La parte demandante podrá gestionarlo sin necesidad de rendir garantía.

El tribunal librará mandamiento, con expresión del nombre, los apellidos, los números del documento de identificación de la parte actora y demandada, si constan en el expediente, así como las citas de inscripción del bien en litigio se remitirá de oficio, vía electrónica, a la mayor brevedad, salvo si existe alguna situación especial que lo impida. En tal caso, se utilizarán otros medios idóneos y, de ser necesario, la gestionante deberá diligenciarlo.

Anotado el mandamiento, cualquier acto relativo a los bienes se entenderá verificado, sin perjuicio del derecho del anotante.

No será admisible la contra cautela para el levantamiento de la anotación de la demanda.

No obstante, cuando el objeto de la demanda afecte una parte del inmueble y no la totalidad, el tribunal que ordenó la anotación podrá ordenar, si así lo solicita el propietario, la anotación únicamente en la parte del inmueble objeto de la demanda;

para ello, el propietario deberá por su cuenta, previo levantamiento del plano catastrado respectivo, segregar e inscribir como finca independiente en el Registro Público la parte del inmueble en litigio.

Cuando se impute la infracción de derechos, legales o convencionales, referidos a acuerdos sociales o de otras agrupaciones legalmente constituidas, se podrá disponer la suspensión provisional de los efectos del acuerdo impugnado. Para impedir la ejecución, se anotará la medida en el registro respectivo.

Si se trata de sociedades comerciales, quien lo solicite deberá demostrar que representa al menos el diez por ciento (10%) del capital social. En caso de otras personas jurídicas o entidades, deberá demostrar que es titular de cuotas en la misma proporción.

El depósito de bienes podrá ordenarse de oficio o a gestión de parte con previa rendición de garantía, si con la demanda se pretende su entrega y se encuentren en posesión de la parte accionada. Podrá ordenarse únicamente en casos muy calificados, cuando el bien esté en abandono o en peligro inminente de sufrir detrimentos graves o irreversibles, y siempre que no se agrave el conflicto económico social que da origen al proceso. Si se acoge, el tribunal designará depositario idóneo, fijará sus honorarios, ordenará el inventario de los bienes, así como la descripción detallada de estos y su estado. La persona designada deberá asegurar la conservación de tales bienes.

Cuando un bien o derecho pueda sufrir menoscabo significativo o deterioro por causa de innovación, modificación o alteración en el curso del proceso, podrá prohibirse innovar, edificar, modificar, efectuar o ampliar cultivos perennes o semiperennes, así como ordenar el cese de una actividad o abstenerse, temporalmente, de llevar a cabo una conducta o prestación. Estas prohibiciones se dispondrán, en casos muy calificados, siempre que la medida no implique un menoscabo en la actividad productiva o genere un desequilibrio procesal y agrave el conflicto económico social.

Cuando sea necesario garantizar, de forma provisional, el acceso a un fundo ante el cierre del paso utilizado o imposibilidad sobrevenida en el uso de este por acciones humanas o de la naturaleza, se podrá ordenar el paso provisional por este u otro sector del inmueble, procurando la menor afectación. Lo anterior se

dispone siempre que no se tenga acceso o salida suficiente a una vía pública transitable.

La resolución que adopte la medida especificará las condiciones desde las cuales se permite el acceso provisional. Para su ubicación, se describirán sus características principales. También deberá disponer, si fuera el caso, la autorización de ejecutar obras y labores de mantenimiento, de acuerdo con las circunstancias, cuyo costo estará a cargo de la parte solicitante.

Si la medida se plantea de forma anticipada, de acogerse, la gestionante deberá interponer su demanda dentro del plazo de un mes. Vencido este, se declarará caduca y se le condenará al pago de las costas, los daños y perjuicios. Para mantener sus efectos, de verificarse los presupuestos de procedibilidad, las pretensiones de la demanda deberán versar sobre la constitución, la declaración, la modificación o el reconocimiento de un derecho real o personal de acceso a un inmueble.

En la solicitud de medida cautelar, salvo que conste en el proceso, se indicarán el nombre y las calidades de las partes, el tipo y el objeto del proceso, lo pedido, su justificación y la finalidad. Además, de ser necesario, la prueba, la estimación y el medio para atender notificaciones. Deberá ofrecerse la prestación de garantía cuando legalmente se requiera, especificando el tipo y la justificación del importe que se propone. Si se trata de una medida cautelar anticipada, se indicará el lugar dónde notificar a la persona afectada o demandada.

La falta de algún requisito en la solicitud o en la demanda, si se presenta dentro de esta, no será impedimento para el trámite de la medida, excepto que sea indispensable a fin de resolverla.

Antes de resolver una medida cautelar, se dará intervención a la demandada, con las excepciones de ley, y se convocará a las partes a audiencia que se celebrará a la mayor brevedad. Lo anterior será innecesario si está programada otra audiencia próximamente, caso en el cual se aprovechará dicha oportunidad, previo aviso a las partes.

En la audiencia se oirá a las partes. Si se admite prueba se recibirá de una vez, se escucharán las conclusiones y se resolverá la medida.

Las medidas cautelares decretadas se ejecutarán inmediatamente. Ningún recurso, proceso incidental o petición detendrá la ejecución.

Cuando se solicite una medida cautelar, el tribunal de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar medidas provisionalísimas de manera inmediata, sin traslado previo a la parte contraria, a fin de garantizar la efectividad de que se adopte finalmente. Tal resolución solo tendrá recurso de revocatoria.

Si la parte contra la cual se pide la medida, sin haberle sido comunicada, participa en alguna de las pruebas admitidas para resolverla, se le tendrá por notificada de dicha gestión. La resolución que se pronuncie sobre la medida cautelar se le deberá comunicar posteriormente, salvo que se emita en su presencia.

Las sentencias de condena patrimonial no dinerada que sean recurridas podrán ser ejecutadas de manera provisional, parcial o totalmente, solo a petición de parte. La solicitud deberá interponerse dentro del plazo otorgado para plantear el recurso de apelación o de casación, respectivamente. Se presentará ante la persona juzgadora del tribunal de primera instancia.

No serán susceptibles de ejecución provisional las sentencias de condena patrimonial no dinerada cuando así lo disponga la normativa procesal civil, así como en los siguientes supuestos:

1) La modificación, nulidad o cancelación de asientos del Registro Público o la inscripción de un bien o derecho en cualquier otro tipo de registro oficial.

2) Contratos relacionados o, en general, bienes que hayan sido dotados o adjudicados mediante algún modelo de asignación de tierras o leyes y programas dirigidos al desarrollo y tutela del sector agrario y las poblaciones rurales.

3) Contratos donde forme parte alguna persona integrante de una población indígena. También cuando se decida sobre bienes ubicados en territorios indígenas o pertenecientes a sus comunidades.

4) Condenas a cargo de la Administración Pública.

5) La ejecución de algún extremo que pueda implicar u ocasionar una afectación grave e irreversible al ambiente, a sus recursos o a una actividad empresarial agraria.

De plantearse una solicitud de ejecución provisional en los supuestos mencionados, se rechazará de plano. Dicho pronunciamiento no tendrá recurso de apelación.

La ejecución provisional de sentencias de condena dinerada se limitará al embargo de bienes por la suma que haya sido otorgada. No se admitirá oposición de la persona ejecutada. Podrá levantarse el embargo si acredita que ha hecho el depósito del monto por el cual se decretó en la cuenta del tribunal respectivo.

Si la sentencia de condena dinerada provisionalmente ejecutada es revocada, se levantarán los embargos y se condenará a la ejecutante al pago de las costas de la ejecución provisional y a resarcir los daños y perjuicios causados.

Si la solicitud de ejecución provisional es admisible, la persona juzgadora le dará curso, conforme a las siguientes reglas:

1) La petición deberá ser fundada e indicar el monto de garantía de ejecución provisional que se ofrece.

2) Recibida la solicitud, el tribunal formará un legajo que contendrá las actuaciones indispensables, las cuales serán incorporadas de oficio. De una vez, programará una audiencia a la mayor brevedad.

3) En audiencia se escuchará a la proponente y a la contraria. Esta podrá oponerse y, además, ofrecer contragarantía para suspender la ejecución provisional en el supuesto de que sea acogida. El tribunal resolverá en el acto, con criterios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y equidad. Definirá el monto de la garantía, el cual será suficiente para restaurar la situación anterior si se revoca la sentencia, o si ello es imposible, se resarzan los daños, los perjuicios y las costas. Otorgará tres días a la parte proponente para que deposite el monto de la garantía, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrá por abandonada la gestión sin necesidad de resolución que así lo declare. De haberse ofrecido contragarantía, se fijará el monto y prevendrá el depósito en los mismos tres días.

4) Si la solicitante de la ejecución provisional no asiste a la audiencia, se tendrá por desistida la gestión. Dicho pronunciamiento no tendrá recurso alguno. Si quien no asiste es la contraria, se resolverá la solicitud conforme corresponda.

5) Verificado el depósito de la garantía se procederá a ejecutar la sentencia. Si la garantía no es dinerada, se requerirá lo pertinente para su verificación.

6) De depositarse la contragarantía, no se ejecutará provisionalmente la sentencia y se procederá de inmediato a la devolución de la garantía.

7) Contra lo que se resuelva en la ejecución provisional no cabrá recurso de apelación. Lo resuelto se comunicará al tribunal que conozca el recurso de apelación o de casación, según corresponda, a efecto de que priorice la emisión de la resolución respectiva.

Si el superior revoca la sentencia que ha sido ejecutada provisionalmente, la jueza o el juez de ejecución procederá a la restauración de la situación anterior a la ejecución. Cuando no sea posible, deberá determinarse el monto de los daños, perjuicios y costas, haciéndose efectiva la garantía rendida.

Cuando la ejecución se refiera al pago de una suma líquida y exigible, se procederá al embargo y venta forzosa de bienes, susceptibles de esa medida. El dinero que se obtenga producto de embargos deberá ser depositado, de inmediato, a favor de la parte vencedora o de quien corresponda.

Si la condenada al pago es la Administración Pública se aplicará la normativa procesal contenciosa administrativa, en lo que corresponda.

Si la condena consiste en el pago de una cantidad por liquidar, la persona ejecutante presentará la liquidación respectiva. Si la contraria no se opone, se dictará sentencia aprobando las partidas solicitadas de acuerdo con lo ejecutoriado o reduciéndolas en la forma que el tribunal considere equitativo y legal.

Cuando deba reconocerse un extremo a favor de la vencida, sin lo cual no se pueda ejecutar la sentencia a favor de la gananciosa, esta solicitará que se requiera a la primera la presentación de la respectiva liquidación, dentro del plazo de cinco días. De no presentarla la acreedora quedará autorizada para hacerlo. Igual plazo tendrá esta para interponer la liquidación, sin necesidad de resolución que así lo requiera, al vencer el lapso concedido a la ejecutada. La liquidación se pondrá en conocimiento de la contraria por el plazo de tres días. Si no se plantea o si presentada la contraria no se opone, se aprobarán las partidas que se consideren justas, de acuerdo con lo que conste en el proceso.

Si la sentencia condena a rendir cuentas y no establece el plazo para hacerlo, se requerirá a la parte obligada que la presente en el plazo de diez días. De no cumplirse, la ejecutante podrá presentar la liquidación. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto para la condena de pagar una cantidad por liquidar.

Cuando deba entregarse un bien mueble o inmueble y la parte obligada no cumpla voluntariamente, o dentro del plazo conferido, se procederá a la entrega o puesta en posesión.

Si existen indicios acerca de posibles obstáculos generados por la parte ejecutada, para acceder a un fundo o lograr la entrega o puesta en posesión, se practicará el ingreso forzoso. Se procurará hacer efectiva la ejecución, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que pueda incurrir la ejecutada.

Los bienes muebles que no deban entregarse con un inmueble serán retirados por la ejecutada. Si la persona dueña no los retira en el acto de la expulsión, serán puestos en depósito a cargo de la ejecutante. Se levantará un inventario de estos. La ejecutante podrá declinar asumir el depósito de tales bienes, de poder designarse como depositaría a otra persona idónea, que muestre interés en asumir ese cargo.

A quien se designe depositaría se le advertirá acerca de los derechos y las obligaciones conferidas por ley. Cuando sea una tercera persona, se le prevendrá, además, el señalamiento de medio para notificaciones.

En condenas de hacer, si la persona obligada realiza de modo distinto o defectuoso lo ordenado, se destruirá lo hecho y se dispondrá hacerlo conforme se ordenó en la sentencia. Todos los gastos correrán a cargo de la incumpliente, quien deberá indemnizar los daños, los perjuicios y las costas causadas con la ejecución indebida.

Si se incumple la obligación de no hacer, se ordenarán las medidas para lograr la efectividad de lo resuelto. Cuando sea procedente, se destruirá lo hecho en contra de lo dispuesto en la sentencia. Se condenará a la parte vencida a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

Cuando sea necesaria la ejecución, por incumplimiento de la obligación de entrega de cantidad determinada de frutos en especie o de efectos de comercio, se procederá a la conversión a dinero y a hacer efectiva la suma resultante, según los parámetros fijados en la sentencia.

La valoración de los frutos se hará por el precio corriente y actual en el mercado del lugar donde deba verificarse la entrega; en su defecto, el más próximo, al día en que se practique, salvo disposición en contrario de la sentencia o de ley especial.

El precio se acreditará, salvo normativa en contrario, con el informe de una o un corredor jurado, y si no con el de una persona que sea comerciante de reconocida honorabilidad. En el acto del nombramiento se fijarán sus honorarios. El tribunal establecerá el procedimiento de valoración o la hará prudencialmente.

En las sentencias de condena sobre extremos económicos determinables en dinero, cantidad por liquidar, de dar, de hacer, de no hacer, para asegurar los derechos de la parte ejecutante, se decretará embargo de bienes en cantidad suficiente, a criterio del tribunal. Se hará a instancia de parte y no se requerirá depósito alguno.

De lo actuado se levantará un acta en la que se consignarán hora, fecha y lugar, las características necesarias para identificar los bienes muebles y, en el caso de inmuebles, las citas de inscripción, su naturaleza, extensión, linderos, edificaciones, cultivos existentes, su estado y demás datos de interés.

En el embargo y remate de bienes, en lo pertinente, se aplicará lo dispuesto para el apremio patrimonial en la normativa especial y la legislación procesal civil siempre que sean compatibles con los principios agrarios, y las siguientes disposiciones:

1) La orden de embargo se remitirá por medios tecnológicos. Si no es posible, la parte interesada diligenciará lo pertinente. Solo podrá practicarse sobre bienes legalmente embargables.

2) Cuando se embarguen acciones o participaciones del patrimonio común de una empresa o grupos de empresas, o la mayoría de bienes o derechos pertenecientes a estas, y de designarse a una persona para su administración, el tribunal le exigirá informes periódicos de la gestión.

3) Se ampliará la orden de embargo a solicitud fundada de la parte ejecutante. Al resolver, el tribunal verificará que no se incurra en abuso del derecho.

4) Si el embargo resulta excesivo, la parte deudora podrá solicitar su reducción y aportar de una vez la prueba que estime pertinente. Tal gestión se pondrá en conocimiento de la parte contraria por el plazo de tres días. Se procederá de inmediato a resolver, salvo que sea necesario programar una audiencia para recibir prueba, lo cual se hará con la mayor brevedad, según las reglas del proceso incidental.

5) El levantamiento se comunicará mediante oficio o mandamiento, en la misma forma dispuesta para cuando se ordena el embargo.

6) Cuando exista concurrencia de personas embargantes y acreedoras con más de un proceso en trámite, y se haya realizado en más de uno la publicación del edicto de remate el mismo día, deberán gestionarse todos los pagos en el proceso al que se le haya dado trámite primero.

7) Si se deposita un monto para cancelar la totalidad de los extremos reclamados, previamente a efectuarse el remate, se solicitará a la parte ejecutante presente en el plazo de tres días una liquidación a la fecha del depósito, con el apercibimiento de resolverse con la información que conste en autos. Cuando la suma depositada resulta suficiente, se tendrá por extinta la deuda, se dará por terminado el proceso y se dispondrá el archivo. De lo contrario, se realizarán los

abonos a los extremos adeudados, en el orden legal correspondiente, y se continuará con el proceso.

8) El apremio patrimonial será realizado por persona juzgadora, quien presidirá el remate, o por quien figure como persona técnica judicial designado para ese fin.

9) Si se dispone el examen de los bienes objeto de remate en el lugar donde se encuentren, o que el remate se lleve a cabo en ese sitio, se ordenará a la persona deudora o depositaría tenerlos a la vista el día y la hora programados, en un lugar idóneo, cuando sea posible. Si se trata de animales, vehículos u otros bienes que por su naturaleza deban ser reunidos para su examen, se les requerirá que los agrupen, de forma segura y adecuada. La omisión de lo anterior, sin justa causa, se entenderá como negativa a ponerlos a disposición del tribunal. La comunicación se hará con los apercibimientos legales y con un mínimo de tres días de antelación, para que adopte las previsiones necesarias a fin de cumplirla efectivamente.

En los procesos de ejecución hipotecaria y prendaria, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en las leyes especiales y la normativa procesal civil, siempre que sean compatibles con los principios procesales agrarios, así como las siguientes disposiciones:

1) Si se solicita el remate de bienes dotados o asignados por medio de programas sociales a una persona productora agraria, se verificará su procedencia. Si la ejecutante integra el Sistema Bancario Nacional, acreditará que con antelación informó de la situación a la entidad respectiva, para que esta ejerciera los derechos o potestades que la ley le otorga. De lo contrario, se declarará inadmisible la demanda.

2) En la resolución que dé curso a la ejecución hipotecaria o prendaria, se harán las prevenciones generales a la parte ejecutada, indicándosele que podrá liberar los bienes en ejecución si deposita todos los extremos adeudados, hasta antes de dar por iniciada la subasta.

3) Si se trata de la ejecución de frutos o productos de cualquier naturaleza, se corroborará que el privilegio prendario no se encuentre caduco. De estarlo, declarará la inadmisibilidad de la demanda.

4) Cuando se alegue desmejoramiento de la garantía, podrá practicarse un reconocimiento judicial a solicitud de parte ejecutante.

5) La aprobación del remate de los restantes bienes quedará sujeta a que lo adeudado no quede cubierto con lo subastado. Cuando uno o varios de los bienes pertenezcan a una persona que haya consentido darlos en garantía, serán los últimos en subastarse.

De ser evidente que lo obtenido en la subasta no cubre lo adeudado, se aprobará el remate, si procede. De existir duda de si cubre lo adeudado totalmente, se prevendrá a la parte ejecutante que presente la liquidación final dentro del plazo de

tres días, a fin de determinar respecto de cuáles bienes deberá aprobarse el remate. Ante su omisión, el órgano ejecutor resolverá lo procedente con lo que conste en el proceso.

Se tramitarán mediante el proceso sucesorio aquellos asuntos donde el patrimonio de la persona causante esté conformado por bienes agrarios, destinados al desarrollo rural y derechos derivados de estos, con aptitud para ser trasmisibles por causa de muerte. Quedarán incluidos aquellos dotados, asignados o traspasados por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), o cualquier otra entidad del sector agrario, hayan o no vencido las limitaciones o las condiciones legalmente establecidas.

Las sucesiones deberán tramitarse en sede judicial. Podrán ser también notariales, excepto si se trata de distribuir bienes adjudicados mediante algún modelo de asignación de tierras, si han sido dotados, asignados o traspasados por entidades del sector agrario o a cargo del desarrollo rural, o cuando exista disposición en contrario.

En lo referido al proceso sucesorio, se aplicará lo dispuesto en la normativa procesal civil, leyes especiales siempre que sean compatibles con los principios procesales agrarios y las siguientes disposiciones:

1) El tribunal podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para la preservación del haber sucesorio y garantizar la continuidad de las actividades agrarias y conexas a estas.

2) Si se plantean un proceso sucesorio judicial y otro notarial, el primero se acumulará al segundo, salvo improcedencia legal del segundo o si quienes iniciaron el judicial no quieren o no puedan hacer valer sus eventuales derechos en el notarial. En tal caso, el notarial se acumulará al judicial.

3) Los créditos serán pagados, si es posible, una vez firme la resolución que los tenga por reconocidos. De ser necesario, se dispondrá la venta de bienes que

se elijan al efecto. Si tienen limitaciones legales, deberá atenderse lo dispuesto en la normativa especial, en caso de que se permitiera su enajenación.

4) El tribunal estará facultado para autorizar, sin comunicación previa a las partes interesadas, la venta anticipada de bienes perecederos o cuando sea evidentemente necesaria y útil realizarla; en especial de frutos o animales.

La persona cónyuge sobreviviente o conviviente de hecho, a quien la ley le confiera derechos, la madre, el padre, los hijos e hijas que habiten en la vivienda al momento de la muerte de la causante, continuarán en ella, mientras no resulte adjudicada a otra. Si se declara en firme la indignidad de quien la habita, no podrá seguir ocupándola, excepto si existen menores de edad o incapaces, dependientes de esta. Los anteriores supuestos regirán, salvo disposición en contrario.

En procesos donde el haber sucesorio esté integrado por bienes y derechos sometidos a regímenes especiales, si fuera necesaria una autorización administrativa previa para su traspaso o dotación, se gestionará ante el ente público que corresponda.

En la resolución que declare a las personas sucesoras, se dispondrá la suspensión del proceso. Firme tal pronunciamiento, las interesadas deberán continuar el trámite ante el ente respectivo, al cual el tribunal le remitirá certificación de las piezas necesarias, para lo de su cargo. El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) deberá informar al juzgado los avances del proceso de decisión administrativa con la periodicidad que este determine.

Una vez que conste en el expediente lo decidido en firme en sede administrativa, se procederá a ordenar la continuación del proceso. Si se ha conferido autorización para hacer el traspaso o dotación del bien o derecho a favor de una o varias de las herederas, se continuará el procedimiento de protocolización de piezas y demás trámites necesarios para la terminación del proceso.

Si existen otros bienes y derechos no sometidos a esos regímenes, el procedimiento de distribución o partición podrá continuar cuando haya acuerdo unánime de las personas herederas para que, de ser procedente, se realicen particiones únicamente respecto de estos.

Si se deniega la autorización en sede administrativa para adjudicar o dotar bienes y derechos del sucesorio, regulados por regímenes especiales, procederá lo establecido en este Código para indemnizar o reconocer a las personas herederas

declaradas lo que legalmente les corresponda, salvo normativa especial.

Para esos efectos, en el plazo de un mes después de la firmeza del acuerdo administrativo, el ente respectivo solicitará prueba pericial, a su cargo, para valorar lo que deba reconocerse a las personas herederas. Lo anterior, salvo que su valor conste en el proceso, por medio de las formas legalmente dispuestas para ello. Del resultado del avalúo pericial o, en su caso, del monto que conste, se rebajarán las deudas que la causante tuviera con el ente, hasta la fecha de la firmeza del acuerdo denegatorio.

De la suma definitiva, se dará traslado por tres días a las personas interesadas.

Si se trata de bienes otorgados por medio del contrato de asignación de tierras, el ente administrativo podrá revertir la adjudicación o dotación, si el ordenamiento jurídico lo permite.

Definido el monto de los extremos que legalmente corresponda reconocer a las personas herederas, se otorgará a la entidad o a quien corresponda un mes para que lo deposite en la cuenta del tribunal a favor de estas, salvo que sea procedente otorgar un plazo mayor por requerirse una modificación presupuestaria por el ente.

El dinero depositado se distribuirá entre las personas herederas, a menos de que deba destinarse a pagar obligaciones pendientes a cargo del sucesorio, conforme al orden de prelación legal.

Verificado el cumplimiento de lo indicado, se ordenará la reversión del inmueble a favor del ente, la respectiva inscripción del título de propiedad en el Registro Público de la Propiedad Inmueble a su nombre y la cancelación de las deudas hipotecarias o las limitaciones inscritas en beneficio de este.

Si no se cancela la suma correspondiente, en el plazo conferido, será aplicable lo establecido en el proceso de ejecución de sentencia para las condenas dineradas a cargo de la Administración Pública.

Cuando la legislación especial autorice reconocer a las personas sucesoras, el valor de las mejoras necesarias y útiles, u otros extremos, se aplicará, en lo conducente, el trámite dispuesto en caso de denegatoria administrativa y reversión de bienes en regímenes especiales. Los extremos por reconocer deberán corresponder a los objetivos para los cuales fue celebrado el contrato de usufructo, arrendamiento u otra modalidad afín.

El ente estará obligado al pago, salvo que existan terceras personas interesadas dispuestas a reconocer su valor a las herederas, siempre que la ley lo autorice y se

cuente con la anuencia administrativa, lo cual debe acreditarse. En tal caso, deberán depositar el monto en el plazo de un mes a partir de la firmeza del acto administrativo que lo apruebe. Si no lo hace, corresponderá realizarlo a la entidad, para lo cual se le otorgará un nuevo plazo para esos efectos.

Quien ostente el cargo de albacea, así como la persona adjudicataria, podrán solicitar al tribunal el retiro de las mejoras de puro adorno, siempre que con ello no se ocasione daño al bien o al ambiente.

Se tramitarán mediante el procedimiento establecido para la actividad judicial no contenciosa los siguientes procesos:

1) Pago por consignación.

2) Deslinde voluntario de inmuebles.

3) Homologación de transacción y conciliación extrajudiciales.

4) Inscripción de derechos indivisos.

5) Información posesoria.

6) Cualquier otro estipulado en la ley.

El proceso iniciará a gestión de la persona interesada, quien indicará sus calidades, formulará la pretensión y ofrecerá la prueba que le sirve de fundamento y aportará la documental. De existir omisiones, se conferirá un mes a la gestionante para que cumpla con los requerimientos legales. Se le apercibirá que de no cumplir con todo lo prevenido se dará por terminado el proceso y se archivará. La interesada podrá solicitar ampliación del plazo de manera justificada.

Se dará intervención a la Procuraduría General de la República, al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) o a cualquier otra institución, por cinco días, conforme a las leyes especiales correspondientes.

El tribunal podrá ordenar prueba para mejor resolver, en cualquier etapa del proceso. Las pretensiones que no tengan una tramitación concreta en las siguientes normas se regirán por la normativa especial y supletoriamente por el Código Procesal Civil en lo que sean compatibles con los principios procesales agrarios.

Si a la solicitud se opone alguna persona de manera fundada, se dará traslado a la promovente por tres días. Cualquiera de las involucradas podrá pedir audiencia de conciliación para dirimir el conflicto. De omitirse tal petición o no lograrse un acuerdo, se dará por terminado el proceso y se remitirá a las partes a la vía ordinaria, para que la opositora presente la demanda en el plazo de un mes. En caso de no hacerlo, se continuará el proceso no contencioso, salvo impedimento legal.

La resolución que dé por terminado el proceso no contencioso no tendrá eficacia de cosa juzgada material.

Si lo debido es un bien determinado, el producto de una cosecha, un grupo de animales, entregables en el lugar donde se encuentren o en uno distinto del domicilio de la persona acreedora, o si el objeto no está determinado sino en su especie, no habrá necesidad de llevar el bien para hacer la oferta. En ese caso, bastará que se intime a la persona acreedora, para que acepte el pago, con indicación precisa del objeto de la prestación y, en su caso, del lugar donde se encuentra, lo cual se hará constar en el acta.

El proceso no contencioso de deslinde procederá cuando deban definirse, demarcarse o identificarse los linderos de un inmueble.

En la solicitud se expresará si el deslinde debe practicarse en todo el perímetro del terreno o en un sector de este, con indicación precisa de su ubicación. Se indicarán las calidades de las personas que deban citarse, o si se ignora esa información. Se aportará el título de propiedad, la certificación registral si es un inmueble inscrito, los planos catastrados y cualquier otra documentación útil.

Se convocará a una audiencia en la que podrán participar profesionales en topografía elegidos por las personas interesadas.

En la demarcación se considerará la aptitud o el destino dado a los inmuebles involucrados.

Si están dedicados a la protección o el aprovechamiento del recurso forestal o ambiental en general, se practicará sin afectar indebidamente el equilibrio ecológico y la belleza escénica.

Realizada la definición o la demarcación del inmueble sin oposición, se documentará el resultado en un medio idóneo. Se especificarán las circunstancias topográficas y accidentes geográficos para ubicar la línea divisoria de las fincas, el

tipo de mojones, carriles o señales divisorias, su dirección, distancia entre una y otra, así como demás aspectos relevantes.

Con el proceso de homologación se verificará la legalidad de acuerdos, la transacción o conciliación extrajudiciales.

Si existe proceso judicial en trámite, la solicitud de homologación se presentará en este. De lo contrario, se presentará ante el tribunal que hubiera sido competente para conocer de lo que es objeto de acuerdo. Se indicarán las calidades de las personas que lo suscribieron, de eventuales interesadas y su domicilio. Se aportará el contrato de transacción o el convenio conciliatorio y cualquier otra documentación útil para lo pretendido.

A las personas interesadas se les comunicará la existencia del proceso y se les conferirán cinco días para que se apersonen a hacer valer sus derechos.

Si existe oposición, a solicitud fundada de parte o de oficio, el tribunal podrá programar una audiencia para aclarar o ajustar las cláusulas del acuerdo. Si no hay oposición se procederá a emitir pronunciamiento sobre el acuerdo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales. La homologación podrá ser total. Será parcial, cuando las restantes cláusulas válidas sean suficientes para lograr el fin y la ejecución de lo acordado.

No se homologará el acuerdo que verse sobre bienes y derechos indisponibles e irrenunciables o que estén fuera del comercio, ni aquel que quebrante normas de orden público, trate sobre aspectos ilegales o pueda afectar derechos de terceras personas.

Las conciliaciones y transacciones extrajudiciales homologadas, en caso de incumplimiento de lo acordado, serán ejecutables mediante el proceso de ejecución.

La inscripción de derechos indivisos, cuando se trate de bienes de naturaleza agraria, se regirá por la ley especial y lo dispuesto en este código.

La solicitud deberá indicar el nombre, demás calidades y domicilio exacto de las y los condueños; cuando proceda, se incluirá el de sus representantes. En tal caso, se acompañarán sus personerías. Se les dará traslado por el plazo de quince días.

Cuando el derecho a localizar corresponda a una finca que colinde con calles o bienes públicos, el proceso deberá tramitarse en esta jurisdicción. En tal caso, se citarán a la Procuraduría General de la República, la municipalidad respectiva o la entidad que corresponda, en calidad de colindante.

La obtención del título inscribible de dominio sobre inmuebles no inscritos, cuando la persona dueña carezca de él, se regirá por lo dispuesto en la Ley Nº 139, Ley de Informaciones Posesorias, de 14 de julio de 1941, vigente y lo que se regule en este Código.

Los documentos que se aporten al proceso deberán ser originales o copias certificadas.

En la resolución que dé curso a la gestión, se advertirá a la parte promovente que sus manifestaciones tendrán el carácter de declaración jurada y que cualquier falsedad podrá hacerla incurrir en el delito de perjurio, sin perjuicio de que incurra en otro de mayor gravedad. Si la titulante, o su representante legal cuando se trate de una persona jurídica, no firma la solicitud inicial, se otorgarán cinco días para que ratifique personalmente la veracidad de lo manifestado, ante el despacho o de forma escrita, con el apercibimiento de dar por terminado el proceso. A solicitud fundada de quien haya suscrito el alegato inicial, cuando se requiera un plazo adicional, podrá prorrogarse.

Se realizará un reconocimiento judicial del inmueble a titular, independientemente del área, en todos los procesos de información posesoria y de rectificación de medida. No será procedente sustituir esta prueba por la testimonial.

El tribunal deberá verificar si se ha ejercido la posesión, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación especial que regula la protección del ambiente.

Tomará en consideración la anuencia de la persona promovente en adecuar el uso del bien a las actividades recomendadas en los informes que legalmente deban requerirse a las entidades o las instituciones competentes.

Deberá constatar la ejecución de prácticas encaminadas a este fin o delegar dicha fiscalización en los entes competentes.

En la parte dispositiva de la sentencia estimatoria, cuando proceda, se citarán, entre otras, las siguientes reservas y limitaciones:

1) Si la finca tiene frente a camino público, con un ancho inferior a veinte metros, las reservas de la Ley Nº 5060, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972. Si el ancho es mayor, deberá especificarse la medida concreta.

2) De la Ley Nº 276, Ley de Aguas, de 27 de agosto de 1942, de las referidas a álveos o cauces y vasos que sean de dominio público, servidumbres de uso público en las riberas de los ríos no navegables y las márgenes de canales, acueductos o atarjeas.

3) La prohibición de cortar o eliminar árboles en las áreas de protección estipuladas en la Ley Nº 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996, o en otras leyes especiales.

4) La prohibición de cambiar el uso del suelo en las áreas cubiertas de bosque.

5) La prohibición de destruir ilegalmente bosques o arboledas que contengan o donde habiten especies vegetales o animales, en vías de extinción.

6) Las de las fajas de terreno de dominio público o reservas demaniales para proteger las fuentes de agua, cuando no surtan alguna población o no convengan reservarlas para tal fin.

Se reforman las siguientes disposiciones legales:

1) Los artículos 2, 4, 9 y 10 de la Ley Nº 2755, Ley sobre Inscripción de Derechos Indivisos, de 9 de junio de 1961, y sus reformas. Los textos son los siguientes:

Previamente el condueño o condueña deberá presentar una información ante el tribunal de la jurisdicción competente, correspondiente a la situación de la parcela que trate de localizar, donde indicará su deseo de llevar a cabo la localización, la descripción completa de la parcela, su estimación, así como los nombres y apellidos o razón social y domicilio de las personas colindantes, acreedoras hipotecarias, embargantes, anotantes y demás terceras que pudieran resultar directamente perjudicados con la localización.

Cuando el Estado sea propietario o colindante del derecho a localizar, las diligencias se tramitarán ante el tribunal de la jurisdicción competente, según la naturaleza del inmueble sobre el cual versa dicho derecho, con la intervención de la Procuraduría General de la República.

El Registro Público inscribirá la parcela como finca independiente, trasladará a la nueva inscripción los gravámenes y demás anotaciones que afecten el derecho localizado y al margen de este pondrá la razón correspondiente de haber quedado convertido en finca independiente. La cabida de la parcela a localizar no podrá ser superior a la que le corresponda de acuerdo con la proporcionalidad del derecho en relación con la cabida de la finca general, cuando esta resulte de un plano catastrado y esa circunstancia aparezca en el Registro. En los demás casos no será obstáculo para la inscripción de la escritura de localización, el hecho de que la medida de la parcela no guarde relación con la que proporcionalmente corresponda al derecho, según el Registro. En ese supuesto, se indicará esa circunstancia expresamente en la resolución final.

Las inscripciones que se hagan al amparo de esta ley quedarán convalidadas si transcurren tres años a partir de la inscripción en el Registro de la localización respectiva, sin que se presente y anote en esa oficina demanda para invalidarla. El plazo de convalidación será de diez años, en relación con las personas interesadas que no hayan sido notificadas personalmente, y en los casos en los cuales se ordena la inscripción sin que exista plano catastrado de la finca madre o general. El tribunal hará constar esas circunstancias en la resolución final para que el Registro las transcriba literalmente.

2) Los artículos 68 inciso 3), 94 párrafo tercero, 95 y 177 de la Ley Nº 2825, Ley de Tierras y Colonización, de 14 de octubre de 1961, y sus reformas. Los textos dirán:

En el contrato que se realice con la persona parcelera y en el título que se le entregue, se harán constar las estipulaciones siguientes:

3) Que las parcelas, cosechas, semillas, animales, enseres, útiles y equipo necesario para la explotación de las parcelas no podrán ser objeto de medidas judiciales, preventivas o de ejecución, por personas terceras o acreedoras, antes de que las parceleras hayan cancelado sus obligaciones con el Instituto, salvo que tales acreedoras lo sean por haber suplido créditos debidamente autorizados por este.

[...].

Solucionado el conflicto por el Instituto, con la conformidad de quien sea propietario, u ordenada la expropiación por el Poder Ejecutivo, aquel carecerá de toda acción judicial, sea agraria o penal, contra las personas poseedoras en calidad de tales. Caso contrario, quienes sean ocupantes quedarán expuestos a las sanciones legales comunes que puedan proceder.

[...].

Para acogerse a las disposiciones de la presente ley, la persona propietaria de un inmueble o quienes sean ocupantes en precario, deberá dirigirse por escrito al Instituto formulando la consiguiente solicitud, e indicando con claridad el nombre, los apellidos, las calidades y el domicilio de la propietaria y del mayor número de ocupantes, así como la descripción y la ubicación de la finca, y si está total o parcialmente ocupada.

Una vez que el Instituto intervenga en la solución del conflicto suscitado entre la propietaria de un inmueble y las personas poseedoras en precario, podrá gestionar ante el juzgado agrario competente que ordene la anotación del conflicto al margen de la finca en el Registro Público, con el fin de que esa anotación afecte a terceras personas que quieran adquirir, hipotecar, arrendar o celebrar cualquier contratación sobre la finca anotada.

La anotación se hará por medio de mandamiento que el juzgado agrario expedirá a favor del Instituto, y quien adquiera la finca así anotada tomará el expediente tramitado en el Instituto en el estado en que se encuentre.

De las resoluciones dictadas por el Instituto a que se refiere el artículo 66, cabrá recurso de apelación para ante el Tribunal Agrario, el que resolverá en definitiva dentro de los quince días siguientes.

3) Los artículos 5 párrafo tercero, 10 párrafo segundo, 17 y 18 de la LeyNº 139, Ley de Informaciones Posesorias, de 14 de julio de 1941, y sus reformas. El texto es el siguiente:

[...]

Se ordenará también tener como partes a la Procuraduría General de la República, en todo caso, y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), cuando el proceso corresponda conocerlo a la jurisdicción agraria. Para la notificación, se comisionará a las respectivas oficinas centralizadas de notificaciones judiciales

[...]

[...].

La resolución que apruebe o impruebe la información y las que tengan ese recurso serán apelables ante el tribunal que corresponda.

En cualquier tiempo mientras no hayan transcurrido los tres años a que se refiere el artículo anterior, si se demuestra que el título posesorio se obtuvo contra las leyes vigentes, podrá el tribunal decretar en el expediente original y mediante el trámite del proceso incidental o sumarísimo, según corresponda respectivamente a la jurisdicción civil o agraria, la nulidad absoluta del título y de su respectiva inscripción en el Registro Público, y librará la ejecutoria correspondiente para que este cancele el asiento.

Transcurrido el término de tres años de la inscripción del título, toda demanda deberá decidirse en proceso ordinario.

El litisconsorcio pasivo necesario deberá integrarse contra aquellas personas que puedan verse afectadas con lo pretendido en la demanda, aun cuando no hayan sido parte en el proceso de información posesoria.

El conocimiento de las informaciones posesorias y rectificación de medida de título inscrito corresponderá a los tribunales competentes de la jurisdicción respectiva, según el lugar donde está el inmueble, cualquiera que sea el valor de este. Cuando el inmueble colinda con propiedades del Estado, municipalidades o instituciones públicas, el juez o la jueza tomará las providencias necesarias para que no se perjudique a tales propietarios.

4) El título de la sección IV para que se denomine “Procesos judiciales” y los artículos 51, 52 y 53 de la Ley Nº 8631, Protección a las Obtenciones Vegetales, de 6 de marzo de 2008. Los textos son los siguientes:

Sin perjuicio de lo ordenado en el título XI del Código Procesal Agrario, en todo proceso relativo a la protección de los derechos de titulares de.

obtenciones vegetales el tribunal podrá adoptar las medidas cautelares referidas en este ley.

Las pretensiones de las y los titulares de obtenciones vegetales se tramitarán y decidirán mediante el proceso ordinario regulado en el Código Procesal Agrario.

Los casos de competencia desleal se tramitarán por el proceso sumario, según el artículo 17 de la Ley Nº 7472, de 20 de diciembre de 1994.

Dentro del proceso ordinario o en los casos de competencia desleal, dentro del proceso sumario, cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para substanciar sus alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el tribunal estará facultado para ordenarle que la aporte. Si procede, la prueba será presentada a condición de que se garantice la protección de la información no divulgada.

5) Se adiciona un párrafo quinto al artículo 5, y se reforman los numerales 100 y 113 de la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas. Los textos son los siguientes:

Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados por la ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad de estas sea legalmente indispensable.

Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.

Los principios generales del derecho y la jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.

Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del derecho escrito.

Al resolver los asuntos propios de su competencia, los tribunales, en cualquier instancia, deberán respetar eficazmente los principios y las normas de cada disciplina jurídica, prioritariamente cuando se trate de las especializadas.

El Tribunal Agrario. Tribunal Agrario conocerá:

1) El recurso de apelación interpuesto contra los autos y contra las sentencias emitidas por los juzgados agrarios, cuando proceda.

2) Las inconformidades y los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados agrarios.

3) Los conflictos entre juzgados agrarios generados por la acumulación de procesos.

4) En grado y de forma definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás entes que la ley disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural.

5) Los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los conflictos que se susciten por dichos motivos entre las personas juzgadoras de los juzgados agrarios.

6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

Funciones de los juzgadores agrarios.

Los juzgados agrarios conocerán los asuntos propios de su competencia, independientemente del valor económico de las pretensiones. Entre ellos se encuentran:

1) La primera instancia en todos los procesos anticipados, contenciosos, no contenciosos y de ejecución.

2) Los impedimentos y las recusaciones de sus juezas y jueces, en la forma dispuesta en la Ley Nº 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.

3) El auxilio requerido por otros tribunales judiciales y arbitrales.

4) La ejecución de laudos y medidas cautelares emitidas en procesos arbitrales referidos a asuntos vinculados a la actividad de producción agraria.

5) El impulso y la práctica de conciliaciones.

6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.

Se deroga la Ley Nº 6734, Ley de la Jurisdicción Agraria, de 29 de marzo de 1982, y sus reformas.