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  • Opinión Jurídica nº 118 -J de 20 de Julio de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-118-2021 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES Y DEMÁS ÓRGANOS LEGISLATIVOS.EL REGISTRO DE LA BIOGRAFÍA DE LOS CANDIDATOS Y EL PLAN DE GOBIERNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE EL TSE COMO MECANISMO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.PARTIDOS POLÍTICOS COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL; PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DIPUTADOS SON MANDATOS REPRESENTATIVOS NO PROGRAMATICOS; VOTO INFORMADO. Mediante oficio N° AL-DSDI-OFI-0064-2021 de fecha 22 de junio de 2021 el señor Edel Reales Noboa, Director a.i., Departamento de Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, somete a consulta de la Procuraduría General de la República el Proyecto de Ley tramitado por expediente legislativo N° 22.414 denominado "Refórmese el artículo 148 de la Ley N.° 8765 Código Electoral, de 2 de setiembre de 2009 y sus reformas, para brindar mayor transparencia y acceso a la información en el proceso electoral”. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-118-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, Y EL Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, concluyen lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se tiene por evacuada la consulta del proyecto de Ley N° 22.414.

  • Opinión Jurídica nº 117 -J de 20 de Julio de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-117-2021 PROYECTO DE LEY NO. 22.477 REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE TRABAJO; IMPOSICIÓN DE UN LÍMITE TEMPORAL MÁXIMO PARA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO; TEMPORALIDAD Y CAUSALIDAD DE LA MEDIDA EXCEPCIONAL. SUSPENSIÓN CONCERTADA. Por oficio número AL-CJ 22.477-0121-2021, de fecha 24 de junio de 2021, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos comunica que, en sesión No. 4 de 22 de junio recién pasado, aprobó moción para consultarnos el texto base del proyecto denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, N°2 DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS”, tramitado bajo el expediente legislativo No. 22.477, publicado en la Gaceta 81 del 28 abril del 2021 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante OJ-117-2021 de 20 de julio de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “El proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento no presenta mayor inconveniente a nivel jurídico. Hay algunas inconsistencias en su redacción que podrían ser corregidas con una adecuada técnica legislativa, según lo sugerido. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 205 de 15 de Julio de 2021, de Municipalidad de Golfito

    C-205-2021 SERVIDORES INTERINOS Y DE CONFIANZA MUNICIPALES, Y EL RÉGIMEN CONSENSUAL DE LA DEDICACIÓN EXCLUSIVA. Poroficio No. MG-AI-072-2021, de 07 de julio de 2021, el Auditor Interno de la Municipalidad de Golfito formula la siguiente pregunta: ¿Pueden servidores municipales interinos y el personal de confianza nombrados en las Municipalidades, firmar contratos, y recibir el pago de dedicación exclusiva? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-205-2021, de 15 de julio de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, conforme a una consistente línea jurisprudencial administrativa, por demás vinculante (arts. 2 y 3 inciso b) de la Ley Nº 6815), concluye y reafirma que: Por regla de principio, no cabe hacer diferencias entre servidores interinos y/o de confianza y aquellos nombrados en propiedad o regulares, para efectos del pago de los distintos pluses salariales, y más concretamente el pago de la “dedicación exclusiva”. Por ello, aun cuando el personal de confianza de las municipalidades está excluido del derecho a la carrera administrativa, es jurídicamente factible otorgar la compensación económica por dedicación exclusiva, si las municipalidades, luego de un estudio técnico y presupuestario, deciden que alguno o algunos de los puestos ocupados por el personal de confianza, amerita estar sujeto a esta figura consensual. Sin obviar que las personas que ocupen dichos puestos deben cumplir con los requisitos establecidos normativamente al respecto. En todo caso, deberán considerarse las reformas introducidas a dicho régimen consensual por el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H y sus reformas.

  • Dictamen nº 207 de 15 de Julio de 2021, de Colegio de Profesionales en Informática y Computación

    C-207-2021 LA JUNTA DIRECTIVA TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL PARA SUSTITUIR LAS VACANTES QUE QUEDEN POR RENUNCIA.DESINTEGRACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS; FUNCIONARIO DE HECHO. Mediante oficio N° OF-JD-26-2021 de 15 de junio de 2021 la Presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación nos comunica el acuerdo de aquel órgano colegiado N.° 19-11-2021 de 3 de junio de 2021, el cual, de seguido, se transcribe: “Consultar a la Procuraduría General de la República, si la Junta Directiva puede seguir sesionando y que sus actos sean válidos aplicando la teoría de funcionario de hecho, en caso de darse la renuncia de uno de sus miembros de la Junta Directiva, concretamente si renunciase alguno de los vocales, aunque se mantenga el quórum estructural y funcional establecido en la ley 7537 del colegio.” Mediante dictamen de admisibilidad C-167-2021 de 16 de junio, se inadmitió la gestión de consulta hecha por el Colegio de Profesionales en Informática y Computación por haber omitido adjuntar el respectivo criterio legal. Sin embargo, mediante correo electrónico de 5 de julio de 2021 se aclaró que el criterio de la Asesoría Legal externa, oficio AL-12-JD-CPIC fechado 11 de junio de 2021 sí se había remitido a la Procuraduría General de forma oportuna, por lo que lo procedente es tener por subsanado el defecto apuntado por el dictamen de admisibilidad C-167-2021 y proceder a atender por el fondo la consulta formulada por oficio OF-JD-26-2021 de 15 de junio de 2021. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen C-207-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, concluye lo siguiente: - A partir de lo expuesto se concluye que en el supuesto de que la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Computación e Informática se encuentre desintegrada por la renuncia de uno de sus miembros, éste órgano colegiado no puede seguir funcionando regularmente, sin perjuicio de que en aquellas situaciones en que la continuidad de la actividad administrativa de la institución esté en riesgo de suspenderse, y sea necesario para salvaguardar, principalmente, los derechos de las personas, los restantes miembros de un órgano colegiado desintegrado pueden recurrir a la figura del funcionario de hecho para tomar aquellas decisiones que sean necesarias para salvaguardar el interés público. Todo esto sin perjuicio de la obligación que tiene la Junta Directiva de ese colegio, aún desintegrada, de iniciar el procedimiento necesario para la elección del sustituto para la vacante, sin que la Junta Directiva disfrute de ningún margen de discrecionalidad para demorar diferir o retardar el inicio de dicho procedimiento.

  • Opinión Jurídica nº 113 -J de 15 de Julio de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-113-2021 PROYECTO DE LEY NO. 21.345; REFORMA PARA LA EQUIDAD, EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES; PENSIÓN DE SOBREVIVENCIA COMO BENEFICIO PRESTACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y NO COMO HABER HEREDITARIO O SUCESORIO; CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL EN TANTO PRINCIPIO TRIBUTARIO; DEDUCCIONES APLICADAS A LAS PENSIONES Y JUBILACIONES NO PUEDEN SUPERAR EL 50% DEL MONTO TOTAL DEL BENEFICIO; PRESTACIONES POR CONCEPTO DE SOBREVIVENCIA DEBEN CONCEDERSE DURANTE TODA LA CONTINGENCIA; TOPE PENSIONAL POR RECIBIR MÁS DE UNA PENSIÓN; LIMITACIÓN AL ESTABLECIMIENTO RETROACTIVO DE NUEVAS CAUSALES DE CADUCIDAD DEL BENEFICIO PRESTACIONAL; IMPROCEDENCIA JURÍDICA DE LA “RETENCIÓN PREVENTIVA” DEL PAGO DE PENSIONES A PERSONAS ADULTAS MAYORES. Por oficio No. AL-DSDI-OFI-0137-2020, de 23 de setiembre de 2020, cuya atención nos fue reasignada el 02 de junio del presente año, el Departamento Secretaría del Directorio legislativo pide nuestro criterio institucional sobre el texto actualizado del expediente legislativo No. 21.345, denominado “Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones” y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante OJ-113-2021, de 15 de julio de 2021, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultadosigue presentando eventuales roces de constitucionalidad, así como claros inconvenientes a nivel jurídico; algunos de los cuales podrían ser solventados con una adecuada técnica legislativa, según lo sugerido. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 201 de 12 de Julio de 2021, de Concejo Municipal de Distrito de Cóbano

    C-201-2021. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. MANEJO DE FONDOS PÚBLICOS ES COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA. CANON DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE ES COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA. CASO CONCRETO EN EL CRITERIO LEGAL. El Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano requirió nuestro criterio sobre lo siguiente: 1. ¿Deben las corporaciones municipales cuando un administrado lo solicita, aplicar los pagos cobrados incorrectamente por concepto de canon previa aprobación de la Concesión, a los siguientes años una vez aprobada la misma por parte del Instituto Costarricense de Turismo, siempre vigilante en relación al plazo de la prescripción para solicitar la aplicación del mismo? 2. El hecho de haber presupuestado y gastado ese ingreso cobrado por concepto de canon, en períodos anteriores, ¿implica alguna imposibilidad alguna para aplicar esas sumas a los períodos siguientes? La Procuraduría en dictamen C-201-2021 de 12 de julio de 2021 declaró inadmisible la consulta porque: La consulta está dirigida a resolver un asunto relacionado con el adecuado uso de fondos públicos, específicamente sobre los cánones de concesiones otorgadas en la zona marítimo terrestre, relacionado, además, con la inclusión de esos fondos en el presupuesto. Al respecto, hemos indicado que las inquietudes sobre la custodia y administración de fondos públicos generados por el cobro de los cánones de la zona marítimo terrestre, son competencia exclusiva y prevalente de la Contraloría General de la República, en virtud de lo indicado en las normas antes señaladas, y, particularmente, el artículo 79 del reglamento a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Decreto Ejecutivo no. 7841 del 16 de diciembre de 1977) que indica expresamente que la Contraloría“velará por la debida utilización de los ingresos que perciban las municipalidades por concepto de concesiones que otorguen en la zona marítimo terrestre.” Aunque las preguntas se formulen de manera general y abstracta, en el criterio legal adjunto no debe exponerse ningún caso concreto, porque, si accediéramos a rendir nuestro criterio, nos referiríamos, indirectamente, a ese caso específico.

  • Dictamen nº 200 de 12 de Julio de 2021, de Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica

    C-200-2021. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CRITERIO LEGAL DEBE RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS FORMULADAS. ÓRGANO COLEGIADO LEGITIMADO PARA CONSULTAR Y DETERMINAR PREGUNTAS. ACUERDO DEL ÓRGANO COLEGIADO. El Presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos requirió nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con la conformación y funcionamiento de la Junta Directiva y características de los miembros afiliados y ordinarios. La Procuraduría, en dictamen no. C-200-2021 de 12 de julio de 2021 declaró inadmisible la consulta porque: En esta ocasión, si bien se adjunta un criterio legal relacionado con el tema de la consulta, lo cierto es que no responde puntualmente todas las preguntas que se nos plantean. Y, conforme con lo expuesto, éste no reúne las condiciones necesarias para cumplir con el requisito de admisibilidad aludido. Por último, para futuras gestiones, tómese en cuenta que, en cuanto al tercer requisito de admisibilidad apuntado, hemos dispuesto que en el caso de que el consultante sea un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para requerir nuestro criterio. Entonces, aunque se autorice a alguno de sus miembros para requerir nuestro criterio, debe citarse el acuerdo del órgano colegiado en el que se decidió consultar y se determinaron los términos de la consulta.

  • Dictamen nº 194 de 30 de Junio de 2021, de Defensoría de Los Habitantes de la República

    C-194-2021 RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN DURANTE VACACIONES Y PERMISOS SIN GOCE DE SALARIO; DESIGNACIÓN OFICIAL POR REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A CÓNCLAVE, SEMINARIO O CONGRESO; FINANCIAMIENTO EXTERIOR POR ÓRGANO AUSPICIADOR; DOCENCIA Y ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EXCEPTUADOS DEL RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN; RÉGIMEN DE PROHIBICIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES Y SU COMPENSACIÓN –REFORMA INTRODUCIDA POR EL ARTÍCULO 57, INCISO M) DEL TÍTULO III DE LA LEY NO. 9635, AL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ORDINAL 9 DE LA LEY NO. 7319-. Por oficio No. DH-0365-2020, de fecha 3 de junio de 2020, cuya atención nos fue reasignada el 02 de junio del presente año, la Defensora de los Habitantes nos pide dilucidar una serie de interrogantes en relación con la posibilidad de que funcionarios acogidos al régimen de prohibición del ejercicio liberal de la profesión brinden capacitaciones remuneradas dentro o fuera del país. En concreto, se consulta: ¿Existe alguna limitación de orden laboral o administrativa para que un funcionario de la Defensoría de los Habitantes de la República, durante el lapso de sus vacaciones, pueda prestar servicios profesionales remunerados en favor de un ente público internacional? 1.1. ¿Puede un funcionario de la DHR, durante el lapso de sus vacaciones, prestar servicios remunerados, en favor de un ente público internacional, fuera del territorio nacional? 1.2. ¿Si en vez del período de vacaciones, el caso se diere durante el lapso de tiempo enmarcado bajo un permiso sin goce de salario, habría alguna variación desde el punto de vista jurídico? ¿El pago de la prohibición o cualquier otra limitación de carácter legal limita a un funcionario público para recibir erogaciones económicas, en su favor, por concepto de: 2.1. Pago de Boleto Aéreo. 2.2. Pago de Hospedaje. 2.3. Pago por concepto de “perdiem” (dieta diaria que comprende gastos de alimentación y traslados). 2.3. (si) ¿Pago por concepto de actividades docentes desarrolladas en los talleres de capacitación? ¿Se consideran actividades de docencia relativas a: 3?1 (sic) actividades desarrolladas en talleres de capacitación. 3.2. facilitación de los trabajos en grupo dentro de un taller de capacitación. 3.3. ¿Orientación de las discusiones, aclaración de dudas y sistematización de las conclusiones e insumos adicionales según los objetivos preestablecidos en el taller de capacitación? Aunque no tiene relación directa con el caso, aprovechamos la ocasión para consultar lo siguiente: ¿Existe alguna limitación de orden legal para que un funcionario de la defensoría de los habitantes acuda, en calidad de expositor, a una actividad en la que se cobre una cuota de participación a los asistentes de dicho evento? 4.1. ¿Existe alguna diferencia si esa cuota es sólo para cubrir los costos esenciales para el desarrollo del evento (pago del lugar del evento, pago de alimentación, paga de transporte y demás logística (sic), sin que el fin último de la actividad sea la obtención de lucro en favor de los organizadores? ¿Cuál sería el caso de que la invitación a una actividad en que el objetivo es el desarrollo de una actividad que genere lucro para quienes la organizan? El artículo noveno de la Ley de la Defensoría de los Habitantes hace extensiva a los servidores públicos de la institución, que ocupan plazas de profesional, de las mismas incompatibilidades y prohibiciones que cubren y afectan a la figura del Defensor de los Habitantes. Como puede apreciarse, el rango de la prohibición que cobija a los funcionarios de la defensoría de los habitantes es mayor que el que regula a los demás profesionales del sector público de igual rango profesional, por lo que procede cuestionar: ¿El régimen “reforzado” de las prohibiciones e incompatibilidades que recae en el personal profesional de la DHR se puede pagar bajo los mismo parámetros de pago que corresponde al sistema ordinario de prohibición; ó, debe ser reconocido por un monto adicional y proporcional al plus de prohibición mayor que afecta a los funcionarios de la defensoría en relación a sus pares del sector público? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-194-2021, de 30 de junio de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, conforme a una consistente línea jurisprudencial administrativa, por demás vinculante (arts. 2 y 3 inciso b) de la Ley Nº 6815, concluye y reafirma que:

  • Dictamen nº 193 de 30 de Junio de 2021, de Defensoría de Los Habitantes de la República

    C-193-2021 DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES. NATURALEZA JURÍDICA. MAGISTRATURA DE INFLUENCIA. RELACIÓN DE LA DEFENSORÍA FRENTE A LOS DEMÁS PODERES. MANDATO DEL DEFENSOR. PRINCIPIOS DE PARÍS. POTESTAD DISCIPLINARIA SOBRE EL DEFENSOR DE LOS HABITANTES. INFORME DE LABORES DEL DEFENSOR. REPRESENTACIÓN EN JUICIO DE LA DEFENSORÍA. La PhD Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes, solicita que nos refiramos a las siguientes interrogantes: “1. ¿Resulta violatorio a los Principios de París cualquier actuación legislativa que afecte la estabilidad del mandato del Defensor de los Habitantes y obstaculice el desarrollo del mismo en el tiempo? 2. ¿Resulta violatorio a los Principios de París cualquier actuación del Poder Ejecutivo que afecte la estabilidad del mandato del Defensor de los Habitantes? 3. ¿En qué consiste la facultad de auto-sumisión de que goza la Defensoría de los Habitantes en su calidad de institución nacional de Derechos Humanos y/o cualquier otra injerencia en el ámbito interno de la institución? 4. La Ley de la Defensoría de los Habitantes, Art. 2. Señala: "Independencia. La Defensoría de los Habitantes de la República (*) está adscrita a! Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio. i. ¿Cuenta la Defensoría de los Habitantes con independencia funcional, administrativa y de criterio ante la Asamblea Legislativa y ante el Poder Ejecutivo? ii ¿Cuál es el alcance de dicha independencia ante estos entes públicos, como en este caso lo es la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo? 5. Según el artículo precitado, la Asamblea Legislativa evaluara, anualmente, el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por ese funcionario, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se establezca en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. ¿Puede realizar dicha evaluación en otro momento distinto y diferente del que señala este artículo; y de ser así, ¿cuál norma legal lo posibilitaría? 6. ¿Puede la Procuraduría General de la República servir como abogado de la Defensoría de los Habitantes en caso en que exista conflicto de intereses entre el Estado costarricense y la Defensoría de los Habitantes? Mediante dictamen C-193-2021 del 30 de junio 2021, suscrito por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó lo siguiente: De los artículos 1 y 2 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes deriva que ésta es un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa, por lo que no puede considerarse una persona jurídica autónoma, aun cuando ejerce su función con independencia funcional; La independencia funcional de la Defensoría está limitada a la competencia legalmente asignada y a la satisfacción del interés público que justifica su existencia, pero no le da un grado de independencia absoluta frente a la Asamblea Legislativa; Los actos que emite la Defensoría son de carácter moral, producto de la magistratura de influencia propia de su naturaleza y al no ser un órgano constitucional, no se le puede atribuir la titularidad de una independencia constitucional frente a los demás órganos constitucionales. En ese contexto debe entenderse su relación frente al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; La Ley de la Defensoría garantiza al Defensor (a) de los Habitantes un periodo de nombramiento de cuatro años, que es prorrogable por un único periodo, para un total de ocho años máximo, además existen causales taxativas para la pérdida del cargo de Defensor (a); El Defensor (a) de los Habitantes se encuentra sujeto a un principio de rendición de cuentas y de responsabilidad en el ejercicio del cargo, a partir de lo dispuesto en el artículo 11 constitucional. Por tanto, corresponde a la Asamblea Legislativa ejercer la potestad disciplinaria bajo las causales expresamente dispuestas en la ley; Los Principios de París delegan en la legislación nacional legal o constitucional lo relativo a la regulación del mandato del Defensor (a) de los Habitantes, recomendando únicamente que sea el más amplio posible, que respete el pluralismo de la composición y que se haga mediante un acto oficial. Esto no resulta incompatible con la regulación que realiza nuestra legislación interna que garantiza la independencia funcional, reconoce un plazo específico para el mandado del Defensor (a) y que señala causales calificadas para el cese de su cargo; No corresponde a la Procuraduría a través de la vía consultiva, revisar la conformidad con los Principios de París de actuaciones específicas del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, en relación al mandato del Defensor (a) de los Habitantes; Corresponde a la Asamblea Legislativa evaluar anualmente, al Defensor (a) de los Habitantes, para lo cual el legislador estableció que el informe escrito debe ser presentado la primera semana de junio y la comparecencia oral, la última semana de junio de cada año. Consecuentemente, el momento para rendir el informe anual por parte del Defensor no puede ser modificado por parte de la Asamblea Legislativa, salvo que exista una reforma legal, aunque ello no impide que la Asamblea pueda llamar a comparecer al Defensor(a) de los Habitantes en un momento distinto, en ejercicio de la atribución dispuesta en el numeral 121 inciso 23) de la Constitución; A partir de lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Procuraduría y en el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo, la defensa en juicio de la Defensoría de los Habitantes corresponde –en principio- a la Procuraduría General de la República, sin embargo, esa competencia debe ser ejercida siempre en resguardo del interés público involucrado. Por tanto, ante el conflicto existente entre dos órganos del Estado cuya representación deba realizar la Procuraduría, siempre debe observarse ese interés público y dada la independencia funcional y de criterio con que cuenta la Procuraduría, corresponde al señor Procurador General de la República o a la señora Procuradora General Adjunta, la determinación sobre la procedencia de la representación en esas circunstancias.

  • Dictamen nº 190 de 29 de Junio de 2021, de Municipalidad de Goicoechea

    C-190-2021 INADMISIBLE. FALTA DE CRITERIO LEGAL Y ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL La Licenciada Guisel Chacón Madrigal, Jefa a.i Departamento de Secretaría Municipalidad de Goicoechea solicita nuestro criterio sobre lo siguiente: “a. ¿La Comisión Municipal de Accesibilidad (COMAD) debe ser nombrada por el Concejo Municipal tal y como lo establece el artIculo 13, inciso h) del Código Municipal o debe ser nombrada por el Presidente Municipal como una comisión permanente denominándose Comisión de la Condición de la Mujer y Asuntos de Accebilidad conforme al articulo 49 de ese mismo cuerpo normativo? b. Si fuese conforme al artículo 13, inciso ho del Código municipal ¿sus integrantes deben ser miembros del Concejo Municipal o pueden nombrarse a ciudadanos del Cantón?” Mediante dictamen C-190-2021 del 29 de junio de 2021, suscrito por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó que la presente consulta resulta inadmisible, pues no se aportó el acuerdo del Concejo Municipal como jerarca institucional y tampoco el criterio legal.

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