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  • Opinión Jurídica nº 112 -J de 21 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-112-2020. PROYECTO DE LEY. LEY PARA RECUPERAR LA RIQUEZA ATUNERA. REFORMAS LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. PRINCIPIO PREVENTIVO. DOMO TÉRMICO. LICENCIAS DE PESCA. PESCA DE ATÚN CON BUQUES CERQUEROS. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21531, denominado “Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del Pueblo Costarricense. Reforma de los artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, derogatoria del artículo 55 y adición de un artículo 70 bis, un transitorio y una sección II al capítulo IV del título II de la Ley de Pesca y Acuicultura, N.° 8436 de 1 de marzo de 2005 y sus reformas.” Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-112-2020 de 21 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que si bien la aprobación del proyecto de ley, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las siguientes observaciones: El ejercicio de la soberanía sobre la zona económica exclusiva permite al Estado valorar y adoptar medidas tendientes a proteger y explotar racionalmente sus recursos hidrobiológicos, conforme, eso sí, con las regulaciones internacionales que le vinculan. Y, dentro de ese marco, es que debe valorarse ésta y cualquier otra propuesta legislativa en ese sentido. Sobre la propuesta de reformar el artículo 42 de la Ley de Pesca y Acuicultura, debe señalarse, como se hizo en la OJ-141-2014 de 28 de octubre de 2014, que ya el artículo 3° inciso p de esa Ley incluye como uno de los contenidos del Plan, la protección de los intereses nacionales marinos en el área del océano Pacífico comprendida por el afloramiento marino denominado “domo térmico”. Por ello, para evitar conflictos de interpretación y aplicación, se sugiere unificar la regulación propuesta con esa disposición, o realizar las modificaciones correspondientes en ese artículo. En cuanto a la modificación de los aspectos técnicos de clasificación de las embarcaciones y los tipos de pesca comercial en el artículo 43, debe advertirse que, debe contarse con criterios especializados al respecto para valorar la conveniencia y oportunidad de dicha reforma. Asimismo, analizarse si el cambio propuesto puede afectar de algún modo las regulaciones específicas que para otros tipos de pesca se establecen en la Ley. En aras de garantizar un adecuado balance entre la explotación del recurso, su conservación y el adecuado reparto de la riqueza que genera, es necesario valorar la reforma propuesta del artículo 49, tomando en consideración criterios técnicos y objetivos que determinen cuál es el mejor mecanismo para esos efectos. Sobre la reforma del artículo 55 y la consecuente eliminación de la prórroga gratuita que actualmente posibilita, y sobre la reforma del artículo 60, con el fin de determinar que no se permitirá la pesca de atún con buques cerqueros dentro de las primeras 60 millas náuticas de la zona económica exclusiva que serán reservadas para la pesca sostenible de atún, debemos reiterar lo ya dicho sobre una iniciativa similar, en la Opinión Jurídica no. OJ-141-2014. En cuanto a la modificación del artículo 51 de la Ley y la adición de un transitorio IV, por la redacción formulada, se estarían solventando los comentarios efectuados en la OJ-141-2014 sobre lo dispuesto en el proyecto de ley no. 18862. En cuanto a la adición de la Sección II al Capítulo IV de la Ley, conviene reproducir lo dicho al efecto en la OJ-141-2014, pues se trata de una propuesta muy similar a la contenida en el proyecto de ley no. 18862.

  • Opinión Jurídica nº 116 -J de 21 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-116-2020. PROYECTO DE LEY. REFORMA A LA LEY 6758. PROYECTO TURÍSTICO PAPAGAYO. ZONA PÚBLICA. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. CONCESIONES EN ZONA PÚBLICA. ZONA AMPLIADA. CANON AMBIENTAL. MODIFICACIÓN DE CÁNONES POR CONCESIONES. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. La señora Flor Sánchez Rodríguez, Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21050, denominado “Reforma integral a la Ley Reguladora de la Ejecución del Proyecto Turístico Papagayo, Ley N° 6758 de 4 de junio de 1982.” Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-116-2020 de 21 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que si bien la aprobación del proyecto de ley, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las siguientes observaciones: Valorar si los problemas administrativos, de gestión o ejecución podrían ser solucionados mediante la reforma de la Ley 6758. En caso de que se estime conveniente y oportuno, valorar si con el texto propuesto se podría conseguir el objetivo planteado. El proyecto contiene errores de forma y de redacción que impiden realizar un adecuado análisis. Un ejemplo de ello, es lo dispuesto en el artículo 1°, en cuanto a que, en caso de que se haya ampliado el espacio originalmente dispuesto por la ley para el desarrollo del proyecto, el ICT debe revelarlo y, además, hacer las modificaciones que correspondan al Plan Maestro. Haber modificado el área del proyecto en contravención de lo dispuesto en la ley, constituiría un incumplimiento o una actuación ilegal y, como tal, podría solventarse de otra manera. Innecesario establecer la necesidad de que el ICT cumpla con las labores de fiscalización que exige la Ley de Control Interno para el proyecto turístico Papagayo, porque la obligación ya está cubierta en esa Ley. En el artículo 1° inciso t), se dispone como parte de la zona concesionable dentro del Proyecto Papagayo, la zona pública de la zona marítimo terrestre. Pese al régimen particular que posee, se mantiene la existencia de la zona pública y las regulaciones que al efecto establece la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. En ese sector no es posible otorgar concesiones para la ocupación y disfrute privativos de particulares, salvo en aquellas secciones que, por su configuración geográfica, topografía o condiciones especiales, no puedan aprovecharse para su uso público, tal y como lo regula el artículo 21 de esa misma Ley. Al incluirse la zona pública, de manera tan general e imprecisa como parte de la zona concesionable, el proyecto podría implicar la violación al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre. Con base en esto, el otorgamiento de concesiones en la zona pública, de manera indiscriminada, podría resultar inconstitucional. Debe advertirse que no se precisa a qué se refiere exactamente la zona ampliada, sobre la cual se podrían otorgar concesiones y para las cuales se podría cobrar un canon ambiental. Referido a la modificación de los cánones a cobrar por las concesiones que se otorgan, así como la creación del impuesto por traspaso o cesión de concesiones, debe contarse con el criterio de las instituciones involucradas en el manejo y administración del régimen del Proyecto Turístico. Valorar la conveniencia y oportunidad de las reformas propuestas, y de la necesidad del impuesto y el monto fijado, tenerse a lo dicho por la Sala Constitucional en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad.

  • Opinión Jurídica nº 111 -J de 21 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-111-2020. PROYECTO DE LEY. LEY PARA PROTEGER LA RIQUEZA ATUNERA. ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA. LICENCIAS DE PESCA. PRINCIPIO PREVENTIVO. LEY DE PESCA Y ACUICULTURA. PROCEDIMIENTO DE SUBASTA O LICITACIÓN. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21016, denominado “Ley para Proteger la Riqueza Atunera de Costa Rica.” Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-111-2020 de 21 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que si bien la aprobación del proyecto de ley, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las siguientes observaciones: El ejercicio de la soberanía sobre la zona económica exclusiva permite al Estado valorar y adoptar medidas tendientes a proteger y explotar racionalmente sus recursos hidrobiológicos, conforme, eso sí, con las regulaciones internacionales que le vinculan. Y, dentro de ese marco, es que debe valorarse ésta y cualquier otra propuesta legislativa en ese sentido. Al pretenderse establecer un nuevo mecanismo para el otorgamiento de licencias de pesca y el manejo de este recurso, debe valorarse la conveniencia de que las disposiciones que se proyectan sean incluidas en aquella ley, mediante la reforma de los artículos que correspondan. La aprobación de una ley independiente, como se propone, podría implicar problemas de aplicación e interpretación de la normativa aprobada en relación con las disposiciones de la Ley de Pesca y Acuicultura. Esta Ley, en su artículo 51, establece la forma en la que deben utilizarse la totalidad de los recursos generados por los cánones de registro y licencias de pesca de atún, mientras que la nueva ley que se propone contendría disposiciones distintas. Por otra parte, la ley que se propone dispondría parámetros o aspectos distintos a los que actualmente fija el artículo 49 de la Ley de Pesca y Acuicultura, para determinar los cánones por concepto de registro y licencias de pesca, por lo que se sugiere valorar si resulta más conveniente que sea el propio texto de la ley el que defina, directamente, esos mecanismos. No se tiene claridad si el reglamento con el que se regulará el procedimiento de subasta o licitación es el mismo que el reglamento ejecutivo de la ley. Y, conforme al artículo 140 inciso 3) de la CP, la competencia de reglamentar las leyes corresponde al Presidente de la República junto con el Ministro del ramo. Por último, se sugiere regular en la ley el procedimiento específico que debe observarse para la subasta o licitación y no remitirlo, a las disposiciones que resulten aplicables de otras normas. En todo caso, de mantenerse la remisión al Código Procesal Civil, debe modificarse el número de la Ley actual.

  • Dictamen nº 292 de 20 de Julio de 2020, de Municipalidad de Turrubares

    C-292-2020 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PROHIBICIÓN. ESTADO PATRONO ÚNICO La Auditoria Interna de la Municipalidad de Turrubares nos plantea una consulta relacionada con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 del 3 de diciembre de 2018, específicamente, con lo relativo al pago de la compensación económica por la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión. Los puntos concretos sobre los cuales se requirió nuestro criterio fueron los siguientes: “1- ¿Es procedente seguir cancelando el 65% por prohibición sobre su salario base, a un funcionario que se encontraba sujeto a la prohibición en una institución del sector público −incluso antes de entrar en vigor la ley n° 9635− y que se trasladó a laborar a un Gobierno Local? 2- Con base en su autonomía, ¿Puede un Gobierno Local denegar el pago de un derecho adquirido, a un funcionario que se traslada de una institución pública −como las antes mencionadas−, a una Municipalidad?”. Esta Procuraduría, en su dictamen C-292-2020, del 20 de julio del 2020, suscrito por el Procurador Julio César Mesén Montoya, y por Mariela Villavicencio Suárez, abogada de Procuraduría, arribó a las siguientes conclusiones: 1.- Para determinar el porcentaje de compensación económica por prohibición que podría corresponderle a un funcionario que prestó servicios en una institución del sector público y que luego se trasladó inmediatamente a laborar a una Municipalidad, es necesario precisar si esa persona se encontraba sujeta a algún régimen de prohibición en su puesto de origen, ya que los nuevos porcentajes de prohibición definidos en el artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la ley n.° 9635 citada, en relación con lo establecido en los artículos 9 y 10 del decreto ejecutivo n.° 41564 MIDEPLAN-H, no son aplicables a los funcionarios que estuvieron sujetos a algún régimen de prohibición antes del 4 de diciembre del 2018 y mantienen la continuidad en el servicio. 2.- En los casos de traslados entre instituciones públicas, la continuidad en el pago de la compensación económica por prohibición solo aplica si el puesto de destino está afecto a la prohibición para el ejercicio liberal de la profesión. 3.- De conformidad con el artículo 56 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, los cambios dispuestos en esa ley con respecto a los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades, son aplicables a futuro y no de forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales adquiridos. En la misma línea, el Transitorio XXV de la ley n.° 9635 dispone que el salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones contempladas en el artículo 26 de la Ley de Salarios de la Administración Pública a la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no podrá ser disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten. Tales disposiciones son de acatamiento obligatorio para las instituciones cubiertas por la Ley de Salarios de la Administración Pública, instituciones dentro de las cuales se encuentran las Municipalidades.

  • Opinión Jurídica nº 107 -J de 20 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-107-2020 PROYECTO DE LEY NO. 21.336, LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO; TEXTO SUSTITUTIVO. Por oficio número CG-036-2020, de fecha 22 de junio de 2020, en virtud de la moción de texto sustitutivo aprobada en la sesión No. 3, la Comisión Ordinaria de Gobierno y Administración solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto denominado “Ley Marco de Empleo Público”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 21.336 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante OJ-107-2020 de 20 de julio de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, emite criterio no vinculante y concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultadopresenta inconvenientes a nivel jurídico y algunos eventuales roces de constitucionalidad; algunos de los cuales podrían ser solventados con una adecuada técnica legislativa, según lo sugerido. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Opinión Jurídica nº 108 -J de 20 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-108-2020 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. SUSPENSIÓN DE ANUALIDADES 2020-2021 y 2021-2022. El señor Edel Reales Noboa, Director a.i de la Secretaría del Directorio consultó el criterio de esta Procuraduría en relación con el proyecto de ley denominado “Adición de un transitorio único a la Ley de Salarios de la Administración Pública n.° 2166 del 9 de octubre de 1957”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.° 21917. Esta Procuraduría, en su OJ-108-2020, del 20 de julio del 2020, suscrita por Julio César Mesén Montoya, sugirió analizar las observaciones hechas en relación con la naturaleza ordinaria (no transitoria) de la ley que se pretende aprobar, con su ámbito de aplicación, y con el cómputo del tiempo servido una vez agotada la vigencia temporal de la norma propuesta. En todo caso, estimamos que el proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad y que su aprobación o no es un asunto de discrecionalidad legislativa.

  • Opinión Jurídica nº 109 -J de 20 de Julio de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-109-2020 ESTABILIDAD LABORAL PARA LOS PERIODISTAS. CLÁUSULA DE CONCIENCIA. LIBERTAD DE PRENSA. La licenciada Daniella Agüero Bermúdez, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Adición de un nuevo capítulo décimo al Título II y de un inciso al artículo 83 del Código de Trabajo, Ley N.°2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas, Ley para garantizar el respeto a la libertad de prensa de periodistas”, el cual se tramita bajo el número de expediente 21.108 en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Mediante opinión jurídica OJ-109-2020 del 20 de julio de 2020, suscrita por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó la aprobación o no del proyecto de ley es un asunto de discrecionalidad legislativa, sin embargo, se realizaron observaciones de técnica legislativa.

  • Dictamen nº 290 de 17 de Julio de 2020, de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

    C-290-2020 SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. RECTORÍA. ACCESO A INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. DATOS SENSIBLES. INFORMACIÓN PÚBLICA. POTESTAD SANCIONATORIA. La señora Elizabeth Solano Salazar, Subgerente del Instituto Nacional de Estadística y Censos solicita que nos refiramos a las siguientes interrogantes que transcribimos textualmente: “1. ¿Las entidades que pertenecen al SEN pueden llevar a cabo las sanciones previstas en la ley de forma directa, en aquellos casos en que estas requieran información para sus estadísticas? 2. ¿El INEC puede sancionar directamente a los informantes que violenten el deber de brindar información, ya sea porque se manifieste su negativa a entregarla; porque no entreguen la información oportunamente o incluso porque entreguen información falsa o incompleta?” Mediante dictamen C-290-2020 del 17 de julio de 2020, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta se concluyó lo siguiente: La aprobación de la Ley del Sistema de Estadística Nacional, N° 9694 del 4 de junio de 2019, tuvo como objetivo ajustar nuestra normativa interna a las recomendaciones del Comité de Gobernanza de la OCDE y, específicamente, a las contenidas en el Informe sobre Buenas Prácticas en Estadística. Por ello, se propuso una ley que estableciera claramente las obligaciones y responsabilidades de todas las personas e instituciones encargadas de hacer estadística que conforman el Sistema de Estadística Nacional (SEN), se reforzó la rectoría en materia estadística en manos del INEC y se otorgó un financiamiento adecuado a dicha institución para el ejercicio de sus funciones, entre otras; A pesar de la discusión de constitucionalidad que se generó durante el trámite legislativo a partir de los numerales 16 y 68 de la ley, ésta fue finalmente aprobada por mayoría calificada y su vigencia vincula al operador jurídico salvo que la Sala Constitucional como intérprete supremo de la Constitución declare su inconstitucionalidad, cosa que a la fecha no ha sucedido; Partiendo de lo anterior, la Ley vigente N° 9694 autoriza al INEC y a las instituciones del Sistema de Estadística Nacional, a tener libre acceso a información de carácter público y privado para fines estrictamente estadísticos, salvo los datos de naturaleza sensible que son de entrega voluntaria. Esto, sin embargo, no desmerita el carácter confidencial de la información de carácter privado; El régimen sancionatorio dispuesto en la ley, puede ser ejercido de manera directa por el INEC o por las demás instituciones que forman parte del Sistema de Estadística Nacional, según sea la autoridad que haya requerido la información. Este régimen sancionatorio está dirigido no sólo a los funcionarios públicos, sino también a todos los particulares que se nieguen a aportar la información requerida con fines estadísticos; El régimen sancionatorio está previsto en la ley ante la no remisión, retraso, falsedad o remisión incompleta o inexacta de la información requerida con fines estadísticos.

  • Dictamen nº 289 de 17 de Julio de 2020, de Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura

    C-289-2020 LEY 7384, LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA. ARTÍCULOS 102 Y 104 LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DICTAMEN C-167-2005. ÓRGANO PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS. FACULTADES PRESIDENCIA EJECUTIVA INCOPESCA. El señor, Rafael Abarca Gómez, Auditor Interno del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), mediante oficio No. AI-058-2020, requiere aclaración sobre lo indicado en el dictamen No. C-167-2005 emitido por esta Procuraduría, en específico sobre si “por el tiempo transcurrido de la fecha de su emisión a la fecha de hoy, ha existido algún cambio respecto a la posición de la Procuraduría General de la Republica, por la aplicación de alguna normativa nueva sobre las faculta legal (sic) en las instituciones públicas, como el Incopesca que tiene Junta Directiva como máximo Jerarca, en cuanto a la conformación, integración de órganos de procedimientos administrativos o su delegación en las presidencias ejecutivas”. Asimismo, solicita que, de no haber existido cambio respecto la posición dada en el criterio en mención, “se aclarara que tipo de órganos de procedimientos administrativos, pudieran ser conformados, conforme las competencias legales por la presidencia ejecutiva, según dicho dictamen.” Esta Procuraduría, en el dictamen No. C-289-2020 de 17 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Angela M° Garro Contreras, concluye que: En el caso del INCOPESCA, la Ley expresamente le confiere al Presidente Ejecutivo la facultad de nombrar y remover a los funcionarios. Y, además, dado que la Ley indica que éste es el funcionario de mayor jerarquía para efectos de gobierno y administración y que le corresponde el ejercicio de las funciones inherentes a su condición de administrador general y jefe superior, debe entenderse que le corresponde ejercer la potestad disciplinaria de los funcionarios del INCOPESCA que estén bajo su jerarquía, conforme con lo indicado con los artículos 102 y 104 de la Ley General de la Administración Pública. En consecuencia, como parte del ejercicio de esas competencias, corresponde al Presidente Ejecutivo decidir el inicio de los procedimientos disciplinarios, instruirlos directamente o delegarlos en un órgano director nombrado al efecto y dictar el acto final correspondiente, conforme con las disposiciones y procedimientos internos fijados al efecto.

  • Dictamen nº 284 de 16 de Julio de 2020, de Federación Metropolitana de Municipalidades

    C-284-2020. RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN, REVISIÓN, REVOCATORIA Y APELACIÓN CONTRA DICTÁMENES SON IMPROCEDENTES. CONSULTAS INADMISIBLES NO ADMITEN RECONSIDERACIÓN. ARTÍCULO 6° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. RECONSIDERACIÓN DE DICTÁMENES POR EL FONDO. PROCEDIMIENTO FORMAL Y EXCEPCIONAL. El señor Juan Antonio Vargas Guillén, Director Ejecutivo, Federación Metropolitana de Municipalidades, plantea los recursos de reconsideración, revisión, revocatoria y apelación en subsidio contra lo dispuesto en el dictamen no. C-252-2020 de 3 de julio de 2020, por considerar que no se debió declarar inadmisible la consulta formulada por esa Federación. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-284-2020 de 16 de julio de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Las solicitudes de reconsideración de nuestros criterios relativos a asuntos de admisibilidad, son improcedentes. Nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) no contempla la posibilidad de plantear los recursos administrativos que cita, contra los dictámenes emitidos en el ejercicio de nuestra labor consultiva. Lo que regula dicha ley, en el artículo 6°, es la reconsideración de los dictámenes, como un procedimiento formal y excepcional, previsto para aquellos casos en los que, cuando esté de por medio el interés público, la administración consultante pueda requerir ante el Consejo de Gobierno la dispensa del acatamiento obligatorio de un dictamen particular. La reconsideración de nuestros dictámenes está prevista para asuntos excepcionales, en los que, por razones de interés público, la administración estime pertinente solicitar la dispensa de uno de nuestros criterios. Tratándose de asuntos excepcionales y de una gestión que puede llegar a instancias del Consejo de Gobierno, se trata de un trámite previsto para la dispensa de criterios de fondo, no así, de criterios de forma o de admisibilidad de las consultas. (Dictamen no. C-136-2006 de 3 de abril de 2006. En sentido similar véase el dictamen C-056-2014 de 6 de febrero de 2014, C-079-2020 de 4 de marzo de 2020 y C-121-2020 de 3 de abril de 2020).