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  • Opinión Jurídica nº 154 -J de 05 de Diciembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-154-2019 MULTA COMPROMISORIA PATRIMONIAL.REDUCCIÓN DEL HACINAMIENTO CARCELARIO.REDUCCIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES. Licenciada Nery Agüero Montero Jefa de Comisiones Legislativas VII, mediante el oficio número AL-CPSN-OFI-0242-2017 de fecha 08 de diciembre de 2017, nos solicita emitir criterio en relación con el proyecto legislativo 20.543, denominado “Reformas de la Ley N.° 4573, Código Penal, y sus reformas, de 4 de mayo de 1970; de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, y sus reformas, de 28 de marzo de 1996, y de la Ley N.° 8204, Reforma Integral Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 26 de diciembre de 2001”. PROPOSITO DEL PROYECTO. El objetivo del proyecto tiene como uno de sus propósitos reducir el hacinamiento carcelario y disminuir la duración de los procesos penales. CONCLUSIONES. Consideramos que el proyecto de Ley N° 20.543 muestra muchas falencias que lo hacen inviable, pues carece de un análisis profundo sobre el perfil de los infractores, que permita determinar con certeza el éxito del mismo, en cuanto al objetivo principal de la propuesta radica en la redución de las personas recluidas en los centros penitenciarios. Debemos recordar que existen otros institutos dentro de nuestro ordenamiento jurídico que se pueden aplicar, con el fin de no enviar a un individuo a la carcel. Así, el Código Penal establece en el artículo 50, además de la pena de prisión, la pena de Prestación de servicios de utilidad pública y el arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En igual sentido, encontramos la Ejecución Condicional de la Pena regulada en el artículo 59 y siguientes del Código Penal. No olvidemos tampoco la aplicación de las medidas alternas. El proyecto de ley adolece de una regulación respecto al tratamiento que recibirían las personas reincidentes y aquellas que, una vez hecha la conmutación, no lleven a cabo la prestación de servicios de utilidad. La técnica legislativa utilizada en la concepción del presente proyecto de ley nos parece que no es la más adecuada. El sustituir los años de prisión por la misma cantidad de salarios base sin un sustento científico en materia criminal, podría atentar contra lo que se conoce como la dosimetría penal. A la luz del Segundo Informe del Estado de la Justicia, nos parece que el impacto de este proyecto en la reducción del hacinamiento carcelario va a ser mínimo, en el tanto los delitos que más producen condenas privativas de libertad son los cometidos contra la propiedad, y en muchas ocasiones se trata de personas reincidentes a las cuales no se les aplica el beneficio de ejecución condicional de la pena. Y el robo agravado es el de mayor incidencia y está excluido de la reforma por razones obvias. Respecto al otro propósito del Proyecto de Ley 20.543, que es la reducción del tiempo en el trámite de los procesos judiciales, echamos de menos reformas en el Código Procesal Penal tendentes a lograr ese fin. Como propuesta para la reducción del hacinamiento carcelario, la creación de la “multa compromisorio patrimonial” nos parece muy interesante. No obstante, reiteramos que creemos que su aplicación sería más exitosa si se aplicara como pena sustitutiva o alterna y no como pena principal.

  • Dictamen nº 361 de 03 de Diciembre de 2019, de Colegio Técnico Profesional de Granadilla

    C-361-2019 DERECHO DE PETICIÓN Y PRONTA RESPUESTA. PLAZO DE LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE EDUCACIÓN PARA CONTESTAR SOLICITUDES DE INFORMACIÓN. La señora Teresa Ocampo Sirias, Presidenta, Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Granadilla, en nota recibida el 21 de mayo de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “Si procede que ante la eventual acción de petición por parte de un gestionante de Derecho Público o Privado, la respuesta a la solicitud sea otorgada a los diez días hábiles posterior a la sesión más próxima conforme al cronograma de reuniones previamente establecido por que existe suspensión del plazo para responder, o bien si procede para evacuar la petición, que la Junta tenga presente que el cómputo del plazo de los diez días hábiles comienza cuando la gestión es interpuesta en la instalaciones donde sesiona el Órgano Colegiado”. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-361-2019 de 03 de diciembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: No existe en las normas analizadas (artículo 27 de la Constitución Política; 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; 6 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición) la posibilidad de que el plazo de diez días para contestar pueda contarse a partir de la celebración de la sesión de la Junta consultante más próxima. Y, por tanto, las solicitudes de información amparadas por el derecho de petición que sean presentadas ante la Junta, deben ser resueltas en el plazo de diez días indicado, salvo que por la complejidad del asunto resulte aplicable la prórroga dispuesta en el artículo 11 de la Ley de Regulación del Derecho de Petición y se le comuniquen al interesado las razones que justifican esa prórroga, lo cual, eventualmente, puede ser valorado por la Sala Constitucional en caso de que el interesado presente un recurso de amparo por estimar vulnerado su derecho. Tómese en cuenta que, en principio, las gestiones amparadas por el derecho de petición son solicitudes de información que podrían ser atendidas sin necesidad de que la Junta se reúna, y, en todo caso, si ello resultara necesario, la Junta puede ser convocada de manera extraordinaria cuando así lo requiriere su presidente, tres de sus miembros o, en casos calificados, el Director del Centro Educativo a juicio del Presidente (artículo 36 del Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas).

  • Dictamen nº 360 de 03 de Diciembre de 2019, de Municipalidad de San Isidro de Heredia

    C-360-2019 PLAN REGULADOR. MULTA DE LA LEY DE CONSTRUCCIONES. IMPUESTO DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. JERARQUÍA NORMATIVA. La señora Ana Lidieth Hernández González, Alcaldesa, Municipalidad de San Isidro de Heredia, en oficio no. MSIH-AM-80-2019 de 2 de abril de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “¿Puede la Municipalidad de San Isidro desaplicar el artículo 51 del Reglamento de Zonificación del Plan Regulador en tanto dispone una multa por construcciones sin permiso del 10% del valor de obra a razón de que este numeral contraría lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Construcciones en relación con el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana donde se establece que la multa no podrá ser superior al 1% del valor de la obra?” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-360-2019 de 03 de diciembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: 1. El monto de la multa que establece la Ley de Construcciones para sancionar el levantamiento de obras sin contar con licencia municipal, no puede fijarse aplicando, de manera análoga, lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana que autoriza a las Municipalidades a cobrar un impuesto sobre las construcciones hasta de un 1% del valor de la obra, pues se trata de figuras distintas. 2. De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Construcciones, esa multa no puede ser superior a la lesión económica que implique para la Municipalidad la falta de percepción del derecho de la licencia, es decir, no puede ser mayor que el monto correspondiente al permiso de construcción, según la tarifa que al efecto haya fijado la Municipalidad. 3. La multa de diez veces el monto de la licencia de construcción que fija el artículo 51 del Reglamento de Zonificación supera el límite máximo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Construcciones. En consecuencia, esa norma de inferior rango debe entenderse nula e inaplicable.

  • Opinión Jurídica nº 140 -J de 29 de Noviembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ- 140-2019 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. PRINCIPIO DE ALTERNABILIDAD EN EL PODER. REFORMA PÁRRAFO IN FINE DEL ARTÍCULO 14 CÓDIGO MUNICIPAL. LÍMITE A LA REELECCIÓN CONTINUA E INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES LOCALES. La Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales, mediante oficio n.°CPEM-008-2019, del 12 de junio del 2019, solicitó el criterio de la Procuraduría en relación con el texto del proyecto de ley intitulado: “REFORMA DEL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998 (Ley que limita la reelección indefinida de las autoridades locales)”, tramitado bajo el expediente legislativo número 21.257. Mediante el pronunciamiento OJ-140-2019, del 29 de noviembre de 2019, el procurador Alonso Arnesto Moya, concluyó que la referida propuesta legislativa presenta roces de constitucionalidad en cuanto impone un límite a la reelección sucesiva e indefinida de los regidores municipales no contemplada por la Constitución Política, que se recomienda valorar. Siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Norma Fundamental le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Opinión Jurídica nº 143 -J de 29 de Noviembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-143-2019 PROYECTO DE LEY. TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE. El señor Leonardo Alberto Salmerón Castillo, Jefa de Área a.i. de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. ECO-714 de 9 de enero de 2019, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21.104, denominado “Transición al transporte no contaminante”. Esta Procuraduría, en dictamen no. OJ-143-2019 de 29 de noviembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 21.104, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar si su aprobación en este momento resultaría prematura y evaluar si, para lograr los resultados esperados, la efectividad y aplicación de la norma, sería conveniente postergar su análisis y aprobación a un momento en el que pueda evaluarse si el desarrollo y resultados del Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 y demás acciones relacionadas con la ejecución de la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico han logrado establecer todas las condiciones de transición necesarias para adoptar las medidas proyectadas. En cuanto a la creación del impuesto a las emisiones contaminantes, que según el proyecto será definido mediante un reglamento del Ministerio de Hacienda, tómese en cuenta lo dicho por la Sala Constitucional en cuanto al principio de reserva de ley en materia tributaria.

  • Opinión Jurídica nº 141 -J de 29 de Noviembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-141-2019 PROYECTO DE LEY. REFORMAS LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. REFORMAS LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. La señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Legislativa III de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. CPEM-114-2018 de 18 de octubre de 2018, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 20.875, denominado “Modificación de la Ley no. 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 de junio de 2010, Modificación de la Ley no. 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995 y derogación del inciso c) del artículo 85 de la Ley no. 7794, Código Municipal del 30 de abril de 1998 y sus reformas”. Esta Procuraduría, en dictamen no. OJ-141-2019 de 29 de noviembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluye que: Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 20.875, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las siguientes observaciones: En primer término, el proyecto pretende facultar a los gobiernos locales, como entes responsables de la gestión integral de residuos en cada cantón, a aplicar y ejecutar las multas correspondientes cuando se incurriere en los presupuestos establecidos en los numerales 49 y 50 referentes a las infracciones leves y graves, manteniendo la competencia del Tribunal Ambiental Administrativo para sancionar las infracciones gravísimas reguladas en el artículo 48 de la Ley. Este cambio de competencias para que las Municipalidades sancionen la comisión de infracciones leves y graves, podría significar mayor eficiencia en la gestión integral de residuos y en el cumplimiento de los objetivos de la normativa en estudio, pues los Gobiernos Locales son los principales conocedores de las infracciones cometidas en sus comunidades y ello podría implicar una atención más localizada y directa de las infracciones y sanciones. A su vez, de cara a las importantes funciones que despliega el Tribunal Ambiental Administrativo a nivel nacional, esa medida podría significar una importante disminución en su carga de trabajo, y, en consecuencia, mayor eficiencia en el conocimiento de los asuntos. Con la reforma propuesta se pretende introducir la obligación de los generadores de residuos de pagar la tasa correspondiente a los servicios de manejo de residuos (artículos 38 y 39), lo cual es acorde y correlativo a la potestad de los Gobiernos Locales de fijar esa tasa según lo dispuesto en el artículo 8° inciso h) de la Ley 8839 y 83 del Código Municipal. Con el proyecto de ley se pretende modificar los montos de las multas correspondientes a las infracciones graves y leves, las cuales utilizarían como base para su cálculo la tarifa del servicio de manejo de residuos de cada Municipalidad. Para una adecuada valoración acerca de la razonabilidad y proporcionalidad de esas sanciones, debe contarse con una estimación probable de los montos, pues, además, resulta necesario verificar que las multas correspondientes a las infracciones leves y graves no sean mayores a la dispuesta para las infracciones gravísimas.

  • Opinión Jurídica nº 138 -J de 28 de Noviembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-138-2019 PROYECTO DE LEY. COLEGIO PROFESIONAL. CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO. La señora Erika Ugalde Camacho, Jefa de Área de la Comisión Legislativa III de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. CG-018-2018 de 11 de setiembre de 2018, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 20.713, denominado “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano de Costa Rica”. Esta Procuraduría, en dictamen no. OJ-138-2019 de 28 de noviembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluye que: Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 20.713, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las observaciones, en el sentido de que si bien, la colegiatura obligatoria se traduce en un beneficio para sus agremiados, que busca el desarrollo profesional y la defensa de los intereses colectivos; también lo es que, en los casos en que así se dispone, constituye una restricción al ejercicio de la libertad profesional.Y, por tanto, por seguridad jurídica y para garantizar la efectividad de esa medida, es necesario que se precise cuáles profesiones se engloban dentro de las Ciencias del Movimiento Humano.

  • Opinión Jurídica nº 136 -J de 28 de Noviembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-136-2019 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. ANTINOMIA NORMATIVA. DEROGACIÓN TÁCITA. ARTÍCULO 18 LEY REGULADORA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (N.°9234); ARTÍCULO 11, LETRA J), DE LA LEY PARA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (N.°9379). ARTÍCULO 15, APARTADO 1), DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, MENTAL Y PSICOSOCIAL. CONSENTIMIENTO INFORMADO POR REPRESENTACIÓN. INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA. EXPERIMENTOS MÉDICOS O CIENTÍFICOS. La Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, mediante oficio n.° CEPDA-014-19, del 20 de junio del 2019, solicitó el criterio de la Procuraduría en relación con el texto del proyecto de ley intitulado: “DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY REGULADORA DE LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA, N°9234, DEL 25 DE ABRIL DE 2014”, tramitado bajo el expediente legislativo número 21.069. Mediante el pronunciamiento OJ-136-2019, del 28 de noviembre de 2019, el procurador Alonso Arnesto Moya, concluyó que la referida propuesta legislativa carece de interés actual, pues operó una derogación tácita del artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica por virtud del artículo 11, letra j), de la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad (n.°9379 del 18 de agosto de 2016). En todo caso, su aprobación o no, forma parte del arbitrio que la Constitución le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 352 de 26 de Noviembre de 2019, de Instituto Costarricense de Electricidad

    C-352-2019 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD. AUDITORÍA INTERNA. INADMISIBILIDAD DE LA GESTIÓN DE ACLARACIÓN & AMPLIACIÓN. COMPETENCIA DE CONTROL CORPORATIVO. LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES (N.°8660); DECRETO-LEY N.°449. LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO (N.°8292). Mediante oficio n.° 0020-008-2019 del 23 de enero del 2019, la Auditora General del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), solicitó aclaración y ampliación del dictamen C-318-2018, del 14 de diciembre, pero a los efectos de que nos pronunciemos acerca de si las conclusiones sobre las acciones y recomendaciones que plantea (ocho en total) para adecuar la organización y funcionamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a lo allí dispuesto, se ajustan o no a los alcances y contenido de dicho pronunciamiento. A través del dictamen C-352 -2019 del 26 de noviembre de 2019, el procurador Alonso Arnesto Moya determinó que: La gestión no resulta admisible, pues no se solicita la aclaración de algún punto oscuro, impreciso o contradictorio del dictamen C-318-2018, ni tampoco la ampliación sobre algún tema o punto no tratado en este, sino que validemos, revisemos o determinemos si las recomendaciones y acciones ideadas por esa Auditoría Interna a aplicar en la organización y funcionamiento del ICE cumplen con lo dispuesto en dicho pronunciamiento, lo que resulta ajeno a nuestra función consultiva determinada por ley. Sin perjuicio de ello, y en atención a uno de los elementos planteados en la solicitud que no fue tratado en el dictamen C-318-2018, se amplía el criterio en el sentido de que con motivo de la Ley n.°8660, la Auditoría Interna del ICE asumió también una competencia corporativa consistente en el control del grupo empresarial considerado en su conjunto, marcado por las pautas, políticas y lineamientos emitidos por el Consejo Directivo hacia las empresas del ICE, particularmente, en el ámbito financiero y de endeudamiento. Sin embargo, debe respetar la competencia institucional de las respectivas auditorías internas de cada una de las empresas subsidiarias que conforman el Grupo ICE, por lo que no puede fiscalizar, ni llevar a cabo procesos de control puntuales relacionados con alguna de ellas en particular. Lo que no obsta para que se puedan establecer mecanismos de coordinación y cooperación con las distintas auditorías internas del grupo empresarial, como parte de la responsabilidad corporativa y del proceso de rendición de cuentas que debe asumir el Consejo Directivo del ICE, no solo de la gestión de dicha institución, sino también de las empresas de su propiedad, conforme con los artículos 36 y 37 de la Ley n.°8660.

  • Dictamen nº 351 de 25 de Noviembre de 2019, de Municipalidad de Santo Domingo

    C-351-2019 CALLE PÚBLICA. RED VIAL CANTONAL Y NACIONAL. RUTAS DE TRAVESÍA. La señora Gabriela Vargas Aguilar, Secretaria del Concejo, Municipalidad de Santo Domingo, en oficio no. SCM-0080-02-19 de 20 de febrero de 2019, requiere nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “1. ¿Puede el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en forma directa o por medio del Concejo Nacional de Vialidad, convertir unilateralmente una calle pública cantonal debidamente inventariada, en calle nacional o de travesía según las facultades dadas en la Ley 9329 a las Municipalidades? 2. En caso que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) en forma directa o por medio del Concejo Nacional de Vialidad (CONAVI) haya declarado unilateralmente, una calle cantonal en nacional o travesía, posterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 9329 Ley Especial para la transferencia de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal ¿Cuál sería el procedimiento correspondiente para su anulación?” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-351-2019 de 25 de noviembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: 1. Las obras que ejecute el MOPT, a través del CONAVI, en el ejercicio de sus competencias de regular el tránsito por las vías públicas y de planear, declarar, conservar y construir la red vial nacional, pueden afectar o involucrar parte de la red vial cantonal, siempre que exista un interés público que deba satisfacerse, se cuente con el fundamento técnico suficiente y las vías resultantes cuenten con las especificaciones técnicas correspondientes. 2. Cuando una carretera de la red vial nacional atraviese una población, el MOPT, por medio del CONAVI, puede designar una o varias calles locales como rutas de travesía, pasando éstas a formar parte de la red vial nacional. 3. Todas las actuaciones del MOPT y del CONAVI, en ejercicio de sus competencias relativas a la red vial nacional que afecten o involucren parte de la red vial cantonal, deben ser coordinadas con las Municipalidades. 4. Lo indicado no implica que se estén desconociendo las competencias que la Ley 9329 otorga a las Municipalidades, porque los Gobiernos Locales continúan ejerciendo esas funciones sobre todas las vías que integren la red vial cantonal, entendiendo por esta red, lo dispuesto en la LGCP, según la remisión que la misma Ley 9329 efectúa. 5. Las declaratorias de rutas nacionales o rutas de travesía efectuadas son actuaciones administrativas que, en ese carácter, están sujetas al régimen de nulidades de los actos administrativos. Por tanto, en caso de que contengan algún vicio de nulidad, quien ostente un derecho o interés legítimo que estime afectado, puede ejercer los recursos administrativos dispuestos en la Ley General de la Administración Pública o solicitar su anulación judicialmente, presentando la demanda correspondiente ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según lo dispuesto en el Código Procesal Contencioso Administrativo. En el supuesto de que el CONAVI considere que debe anular alguno de sus actos, debe recurrir a lo dispuesto en los artículos 174, 180 y 183 de la LGAP, o, en caso de los actos por anular sean declaratorios de derechos, al procedimiento de lesividad dispuesto en los artículos 183.3 de la LGAP y 10 inciso 5), 34 y 39 inciso 1 punto e) del Código Procesal Contencioso Administrativo, o al procedimiento fijado en el artículo 173 de la LGAP, cuando la nulidad sea absoluta, eviden