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  • Dictamen nº 293 de 15 de Octubre de 2019, de Instituto Costarricense de Turismo

    C-293-2019 INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Alberto López Chaves, Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo, requiere nuestro criterio sobre si para otorgar una concesión para el aprovechamiento privativo excepcional de la zona pública de la zona marítimo terrestre debe contar con Plan Regulador Costero y si para los desarrollos públicos en zona pública, es un requisito previo, que la zona restringida adyacente cuente con un Plan Regulador Costero. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-293-2019 de 15 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: La consulta resulta inadmisible porque no se adjunta ningún criterio legal de la asesoría legal sobre el tema consultado, y por ello, no es posible conocer la posición de la asesoría legal institucional al respecto, dado que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante. Dicho criterio brinda insumos importantes para analizar el tema consultado tomando en cuenta el funcionamiento práctico de la institución consultante y constituye un elemento adicional para alcanzar la más adecuada asesoría que la Procuraduría está llamada a brindar a la Administración Pública. (Al respecto, véanse los dictámenes Nos. C-151-2002 de 12 de junio de 2002, C-121-2013 de 1° de julio de 2013, C-220-2016 de 27 de octubre de 2016 y C-168-2017 de 18 de julio de 2017)

  • Opinión Legal nº 004 -L de 10 de Octubre de 2019, de Ministerio de Hacienda

    OL-004-2019 CONTRATO DE PRESTAMO. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. PROGRAMA DE APOYO A LA SOSTENIBILIDAD FISCAL A solicitud de la señora Ministra de Hacienda, la Procuradora General Adjunta emite opinión legal en relación con el Contrato de Préstamo N. 4819/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta trescientos cincuenta millones de dólares estadounidenses exactos (USD 350.000.000,00), para financiar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal. Por Ley N. 9754 de 2 de octubre de 2019 la Asamblea Legislativa aprobó dicho Contrato de Préstamo. Cumplidos los requisitos constitucionalmente exigidos para la aprobación y eficacia de un contrato de préstamo exterior, sus estipulaciones constituyen una obligación válida y exigible para el Gobierno de la República.

  • Opinión Jurídica nº 123 -J de 10 de Octubre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-123-2019. REFORMA LEGAL PARA REESTABLECER PESCA DE ARRASTRE DE CAMARÓN. ESTUDIO TÉCNICO INSUFICIENTE. PRINCIPIOS DE NO REGRESIÓN, PREVENTIVO, PRECAUTORIO Y OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL. El señor Mario Castillo Méndez, Diputado de la Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21478, denominado “Ley para el aprovechamiento sostenible de camarón en Costa Rica” publicado en el Alcance no. 154 a La Gaceta no. 124 de 3 de julio de 2019. Esta Procuraduría, en la opinión jurídica OJ-123-2019 de 10 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: El estudio que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, tuvo por objetivo evaluar los porcentajes de exclusión de fauna de acompañamiento en la pesca de camarón pinky y fidel en el Océano Pacífico, utilizando cuatro distintos tipos de redes de arrastre. Aunque los resultados arrojados parecen ser satisfactorios en cuanto se obtuvo una reducción considerable de la pesca incidental, el estudio estuvo focalizado únicamente en ese objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con base en los principios antes expuestos y en las disposiciones de la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto, reestablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esa actividad. Tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR), que también consta en el expediente legislativo, el estudio en el cual se basa el proyecto de ley, no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón. En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y resultados son técnica y científicamente correctos y que, incluso, abarca todos los aspectos necesarios para reestablecer la pesca de arrastre de camarón en los términos exigidos por la Sala Constitucional, debe advertirse que la regulación propuesta va más allá del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada.

  • Dictamen nº 292 de 08 de Octubre de 2019, de Ministerio de Hacienda

    C-292-2019 PRESUPUESTO NACIONAL. PRINCIPIO DE ANUALIDAD. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD TEMPORAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. SUPERÁVIT ESPECÍFICO. SUPERÁVIT LIBRE. DESTINOS ESPECÍFICOS. CRITERIOS PARA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS. El Subdirector General de Presupuesto Nacional , en oficio N. DGPN-SD-0455-2019 de 27 de junio 2019, consulta respecto de la incorporación de los presupuestos de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental y en relación con el dictamen C-072-2019 de 20 de marzo anterior, lo siguiente: “1-a- En el caso de los Órganos Desconcentrados que en atención a lo establecido en diversas leyes atienden con recursos provenientes del Presupuesto Nacional, así como con recursos propios el cumplimiento de una función o de una obligación, en ambos casos específicas, al concluir el ejercicio presupuestario, de no haber ejecutado la totalidad de los recursos y no haber concluido con la tarea o de no haber satisfecho la obligación ¿podrán mantener el remanente de estos para continuar atendiendo la finalidad u obligación específica para la que los recibieron en el siguiente ejercicio presupuestario, tendrán que reintegrar los mismos o en aplicación del principio de anualidad el Órgano Desconcentrado ya no podrá disponer de esos dineros al concluir el ejercicio presupuestario del 2021? 1-b-Ahora bien, con respecto a lo indicado en el párrafo transcrito del Dictamen C-072-2019 y para el caso de los órganos desconcentrados del Gobierno Central atendiendo a las derogatorias contenidas en los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 del Título IV de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su reforma ¿Deberá la DGPN atender lo dispuesto en el artículo 23 (Criterios para la asignación presupuestaria), así como los artículos 24 (asignación presupuestaria) y 25 (Gestión Administrativa de los destinos específicos)? 2-. En el caso de los Órganos Desconcentrados que al ingresar al Presupuesto Nacional en 2021 tengan superávit específico acumulado de períodos anteriores ¿Deberán utilizar el mismo durante ese año, de manera tal que al 31 de diciembre de 2021 ya no tengan superávit específico acumulado, igualmente, no podrán continuar generando superávit específico a partir de ese año? ¿Y en el evento de que no lo utilicen qué procederá? 3-.Con respecto al superávit libre en el dictamen C-072-2019 se realiza un análisis a partir de lo normado en la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, Ley N. 9371 y en el artículo 17 de la Ley N. 9635, mismo que permite establecer que conforme al numeral antes citado, en caso de que el Órgano Desconcentrado tenga pasivos propios deberá aplicar el superávit libre a la atención de los mismos, de no tenerlos, pero recibir transferencia de gobierno, el superávit se destinará a la amortización de la deuda o a inversión pública. A partir de lo anterior, ¿en el evento de que un órgano desconcentrado si bien recibe recursos del presupuesto nacional, pero los mismos no se clasifican como transferencia y no tiene pasivos propios (supuestos contemplados en el artículo 17 de la Ley N. 9635) en relación con el superávit libre existente al 2021 (téngase en cuenta que a partir del ingreso al presupuesto nacional no lo podrá seguir generando) continuará siendo de aplicación la Ley N. 9371?”. La Procuraduría da respuesta a las interrogantes a partir de los siguientes temas Utilización de remanentes de recursos destinados a un fin específico Criterios para asignar recursos a beneficiarios de destinos específicos derogados Eficacia de la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, N. 9371 de 28 de junio de 2016 Concluyendo que: 1-. En la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el interés del legislador está centrado en el destino de los superávits libres, sin que haya regulado el destino de los superávits específicos. 2-. En consecuencia, no se ha previsto en estas leyes que los superávits específicos, producto de destinos específicos o de recursos propios, deban ser reintegrados al presupuesto nacional o bien, que estos recursos tengan que ser destinados a financiar determinadas partidas, como sucede con los superávits libres. 3-. La eficiencia en la ejecución de los recursos que promueve la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos se determina respecto de transferencias de la Administración Central o del presupuesto nacional pero no en relación con otras fuentes de financiamiento que pueda tener el beneficiario de una transferencia y en concreto, los órganos con personalidad jurídica instrumental. 4-. La finalidad que dio origen a una determinada fuente de financiamiento (sea este un destino específico, sea los recursos propios) puede no haber sido satisfecha en el período presupuestario. Lo que origina un remanente que, en principio, continuará financiando la finalidad hasta su satisfacción en períodos presupuestarios subsiguientes. Así, esos superávits deben ser presupuestados para la finalidad para la cual los recursos fueron otorgados. 5-. Situación que cambiará respecto de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental, cuyos presupuestos deben ser incorporados en el Presupuesto Nacional a partir de 2021. 6-. En razón de los principios de anualidad y de especialización temporal en materia presupuestaria, los créditos presupuestarios deben ser ejecutados en el ejercicio para el cual fueron autorizados. En caso de que determinados créditos reflejen un remanente, este se anula a efecto de cerrar el ejercicio presupuestario, sin posibilidad de incorporar en el presupuesto siguiente los remanentes de créditos no ejecutados, salvo si se trata de las fuentes de crédito público externo. 7-. Se sigue de lo expuesto, que el organismo cuyo presupuesto es incorporado al Presupuesto Nacional tendrá que velar porque todo crédito autorizado sea ejecutado conforme los principios y objetivos de la Ley que le otorgó recursos, a efecto de que las necesidades públicas sean satisfechas y se concreticen los fines públicos, todo durante ese ejercicio presupuestario. Simplemente, el legislador no previó reglas especiales de ejecución para esos remanentes a partir de la citada incorporación al Presupuesto Nacional. En concreto, no les autorizó generar superávits a partir de esa incorporación. 8-. Los artículos 31, 32, 33, 35, 36, 37 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que rige a partir del 1 de enero de 2020, derogan normas que establecían destinos específicos en favor de entidades públicas y de órganos con personalidad jurídica instrumental, para la ejecución de programas de carácter prestacional y, en general, programas sociales. 9-. Al asignar recursos a los organismos que pierden esos destinos específicos, la Dirección General de Presupuesto Nacional debe atender lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la misma Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Normas cuyo contenido se constituye en “cláusulas de protección”, que permiten mitigar o contrarrestar las disminuciones de los ingresos, según lo señaló la Sala Constitucional en su resolución N. 19511-2018 de 21:45 hrs. de 23 de noviembre de 2018. Por ende, vinculan a la Dirección General de Presupuesto. De no sujetarse a dichas cláusulas, podría producirse una vulneración a los derechos fundamentales y del Estado Social de Derecho. 10-. El artículo 31 de la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001 derogó una serie de tributos, que calificó de menores. Pero su párrafo final obligó al Poder Ejecutivo a incorporar en los presupuestos ordinarios y extraordinarios, en favor de las instituciones beneficiarias de los impuestos derogados, los “recursos que dejen de percibir por las derogaciones de los impuestos indicados en este artículo”. Con la derogación del párrafo final del artículo 31, por el artículo 34 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Poder Ejecutivo deja de estar obligado a presupuestar esos recursos. 11-. Si bien la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos y el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que regirá a partir del 1 de enero de 2020, regulan el destino de los superávits libres, su ámbito de aplicación es diferente. Esta última ley refiere a los organismos que integran el sector público no financiero, en tanto que la primera refiere a todo organismo, público o privado, que reciba recursos de la Administración Central o transferencias del Presupuesto Nacional. Luego, el concepto de transferencia contenido en la Ley de Eficiencia es propio de esa ley y no es susceptible de aplicación a los supuestos regulados en el artículo 17 de la Ley 9635. 12-. En la medida en que los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental constituyan parte del sector público no financiero y reciban transferencias del presupuesto nacional, les resultará aplicable el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. En ausencia de pasivos propios, deberán destinar los recursos del superávit libre a amortizar la deuda o a inversión pública. 13-. La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no regula el supuesto de entidades del sector público no financiero que reciban recursos del presupuesto nacional que no constituyan técnicamente transferencias. Y es que, en orden, a los órganos que tienen su presupuesto incorporado a la Ley de Presupuesto, la regla es que no pueden generar remanentes. 14-. Los órganos desconcentrados con personalidad instrumental deberán presupuestar y ejecutar los remanentes de los aportes de la Administración Central y transferencias presupuestarias en el ejercicio económico 2020. De no ejecutarlos, dichos recursos serán incorporados al Presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa. 15-. El nuevo destino dado por la Ley 9635 a los superávits libre no genera una derogatoria implícita de la Ley 9371, que continuará rigiendo entidades que reciben transferencias del Presupuesto Nacional, en el tanto no les resulta aplicable la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 16-. No obstante, el principio de eficiencia en la administración de los recursos públicos obliga a las entidades que continúan sujetas a la Ley 9371 a ejecutar los recursos que le son transferidos durante el correspondiente ejercicio presupuestario. De no hacerlo, cumplidos los plazos establecidos por dicha Ley, cualquier remanente debe ser reintegrado al Presupuesto de la República, según se deriva del artículo 6 de esa Ley. 17-. Si bien el ámbito de aplicación de la Ley de Fortalecimiento del Control Presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central, Ley N. 9524 de 7 de marzo de 2018, es más restringido que el de la Ley de Eficiencia, la incorporación de los presupuestos de los órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental afecta la eficacia de la Ley 9371, máxime que esa incorporación implica estricta sujeción a los principios de anualidad y especialidad temporal presupuestarios.

  • Opinión Jurídica nº 123 -J de 08 de Octubre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-123-2019. REFORMA LEGAL PARA REESTABLECER PESCA DE ARRASTRE DE CAMARÓN. ESTUDIO TÉCNICO INSUFICIENTE. PRINCIPIOS DE NO REGRESIÓN, PREVENTIVO, PRECAUTORIO Y OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL. El señor Mario Castillo Méndez, Diputado de la Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21478, denominado “Ley para el aprovechamiento sostenible de camarón en Costa Rica” publicado en el Alcance no. 154 a La Gaceta no. 124 de 3 de julio de 2019. Esta Procuraduría, en la opinión jurídica OJ-123-2019 de 8 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: El estudio que sirve de fundamento técnico al proyecto de ley, tuvo por objetivo evaluar los porcentajes de exclusión de fauna de acompañamiento en la pesca de camarón pinky y fidel en el Océano Pacífico, utilizando cuatro distintos tipos de redes de arrastre. Aunque los resultados arrojados parecen ser satisfactorios en cuanto se obtuvo una reducción considerable de la pesca incidental, el estudio estuvo focalizado únicamente en ese objetivo específico, dejando de lado otras variables ambientales. De ahí que, con base en los principios antes expuestos y en las disposiciones de la Sala Constitucional citadas, el proyecto de ley propuesto podría contener vicios de constitucionalidad, en el tanto, reestablece la pesca de arrastre sin contar con un estudio técnico que haya evaluado, en su totalidad, el impacto ambiental que produce esa actividad. Tomando en cuenta el criterio técnico del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (CIMAR), que también consta en el expediente legislativo, el estudio en el cual se basa el proyecto de ley, no parece ser suficiente para justificar el restablecimiento de la pesca de arrastre de camarón. En todo caso, aunque con base en los criterios técnicos que se emitan al respecto se constatara que el estudio, su metodología y resultados son técnica y científicamente correctos y que, incluso, abarca todos los aspectos necesarios para reestablecer la pesca de arrastre de camarón en los términos exigidos por la Sala Constitucional, debe advertirse que la regulación propuesta va más allá del ámbito objetivo cubierto por la investigación desarrollada.

  • Dictamen nº 290 de 04 de Octubre de 2019, de Municipalidad de Moravia

    C-290-2019. LICENCIAS DE ACTIVIDADES COMERCIALES. NO ES POSIBLE OTORGAR PATENTES PROVISIONALES. Los señores Giancarlo Casasola Chaves, Presidente del Concejo de la Municipalidad de Moravia, y Marisol Calvo Sánchez, Secretaria del Concejo de la Municipalidad de Moravia, requiere nuestro criterio técnico sobre la siguiente pregunta: “¿Es jurídicamente viable a la luz del Código Municipal, la Ley de Patentes del Cantón y el bloque de legalidad conceder un permiso temporal provisionalísimo para el ejercicio lucrativo de las personas físicas o jurídicas que soliciten una licencia de explotación comercial durante el transcurso de 30 días naturales de los que dispone el Gobierno Local para analizar y resolver sobre la solicitud formal de patente comercial?” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-290-2019 de 4 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: No es posible que la Municipalidad permita el ejercicio de las actividades comerciales de manera provisional, durante el plazo de treinta días que establece el artículo 89 del Código Municipal para resolver las solicitudes, pues ello implicaría autorizar el desarrollo de una actividad, sin haber constatado su conformidad con los requisitos y normativa aplicable. Y, en consecuencia, sin haberse determinado si podría generar alguna afectación al ordenamiento urbano y al interés público. Además, implicaría una violación al principio de legalidad, puesto que, ni el Código Municipal, la Ley de Patentes Municipales Comerciales de la Municipalidad de Moravia (no. 8658 de 17 de julio de 2008) ni ninguna otra norma habilitan a los Municipios a emitir ese tipo de licencias.

  • Dictamen nº 289 de 04 de Octubre de 2019, de Ministerio de Agricultura y Ganadería

    C-289-2019. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. INDETERMINACIÓN DE LA CONSULTA. El señor Mario Alberto Molina Bonilla, Auditor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, somete a nuestra consideración una consulta sobre la divergencia entre algunos pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría relacionados con el traslado de recursos por parte de órganos y entes públicos para previsión de pago de prestaciones de sus funcionarios. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-289-2019 de 4 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque: No se plantea una pregunta específica, es decir, no se hace una solicitud expresa y clara en cuanto al objeto de la gestión, ni se especifica cuál aspecto de los dictámenes citados es el que estima contrario a la posición de la Contraloría, como para poder inferir que se está requiriendo que revisemos esa posible contradicción y determinemos si la Procuraduría mantiene o no su criterio.

  • Dictamen nº 288 de 04 de Octubre de 2019, de Municipalidad de Tibás

    C-288-2019. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CASO CONCRETO. El señor Carlos Cascante Duarte, Alcalde de la Municipalidad de Tibás, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “¿Existe algún sustento legal, no observado hasta el momento, para autorizar un permiso constructivo como el solicitado por la munícipe, considerando el fin para el cual se solicita (niñez en riesgo), considerando que el permiso de construcción se solicita en una zona de parque, donde ya se ha construido anteriormente, por parte de la Asociación interesada, donde además los terrenos están cedidos mediante convenio para este tipo de uso y fines en particular?”. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-288-2019 de 4 de octubre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que la consulta es inadmisible porque: La consulta no ha sido planteada como una duda jurídica general y abstracta, sino que versa sobre una solicitud de una contribuyente pendiente de resolver. Es decir, se pretende trasladar a la Procuraduría la solución de un caso concreto, pues incluso, se cita el nombre y datos específicos de la solicitante y se adjunta la información registral de la finca objeto del permiso de construcción solicitado y la solicitud específica que se encuentra pendiente de resolver.

  • Dictamen nº 281 de 01 de Octubre de 2019, de Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

    C- 281-2019 MIDEPLAN. LEY DE SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. DEROGACIÓN TÁCITA. COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR PROHIBICIÓN. LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MÉDICAS. LEY GENERAL DE CONTROL INTERNO. TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica nos planteó varias consultas relacionadas con la aplicación de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Las consultas específicas que se nos formularon fueron las siguientes: “1.- ¿Qué tipo de norma es la Ley de Salarios de la Administración Pública, 2166 de 9 de octubre de 1957 con respecto a las reformas concomitantes aplicadas a través de su artículo 57 y con respecto a normas especiales que regulan de forma específica el tema de salarios y pluses para determinados grupos profesionales? Por favor analizar en específico los casos de la Ley 2166 frente a las disposiciones especiales contenidas en leyes que no fueron reformadas o derogadas de forma expresa o que aun siendo reformadas generan contradicción con las disposiciones de la Ley 2166, en concreto artículo 1 inciso a) y artículo 5 de la Ley 5867; Ley 6836, Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas, del 22 de diciembre de 1982; el artículo 34 de la Ley 8292; el artículo 161 de la Ley 4755; el artículo 207 de la Ley 7557; el artículo 17 de la Ley 7969 y artículo 20 de la Ley 8039. En caso de que se partiera del supuesto de que la Ley 2166 es ley posterior y de carácter especial que aplicó reformas tácitas a todas las leyes especiales y anteriores que regulan de forma específica salarios y pluses: 2.- ¿Es correcto afirmar que el artículo 36 de la Ley 2166 prevalece con respecto a normas especiales previas o reformas parciales concomitantes que regulan el tema del pago de prohibición? En caso contrario ¿Cuál debe ser la aplicación correcta del artículo 36 frente a reformas parciales concomitantes como las aplicadas a los artículos 1 inciso a) y 5 de la Ley 5867 o frente al artículo 34 de la Ley 8292? 3.- ¿Es correcto afirmar que aquellos pluses o componentes salariales que se calculan, no sobre la base salarial, sino sobre la totalidad del salario, pasarían a calcularse sobre la base salarial, esto con el fin de poder efectuar un cálculo nominal de los mismos en cumplimiento del artículo 54 de la Ley 2166? 0 ¿Procede mantenerlos como montos porcentuales en virtud de que se calculan sobre la totalidad del salario y el Transitorio XXV del Título III de la Ley 9635 establece que el salario total de los servidores públicos activos al 4 de diciembre de 2018 no puede ser disminuido? Por favor analizar pluses como dedicación a la carrera hospitalaria, dedicación a la carrera administrativa y consulta externa, establecidos en la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. 4.- ¿Es procedente que a las personas servidoras públicas que laboran en el Tribunal Fiscal Administrativo, el Tribunal Aduanero, el Tribunal Administrativo de Transportes y el Tribunal Registral Administrativo, se les siga reconociendo montos salariales equiparables con los del Poder Judicial, a pesar de que esto implique una aplicación diferenciada de los alcances de la Ley 2166 con respecto a la totalidad de las y los servidores públicos que laboran para el Poder Ejecutivo?”. Ésta Procuraduría, en su dictamen C-281-2019 del 1° de octubre del 2019, suscrito por el Procurador Julio César Mesén Montoya, arribó a las siguientes conclusiones: 1.- Para dirimir los conflictos de incompatibilidad normativa se ha hecho uso de varios criterios. Entre ellos, el jerárquico, según el cual, la norma de mayor rango priva sobre la de rango menor; el cronológico, el cual establece que, ante disposiciones de igual rango normativo, ha de privar la que haya sido emitida de último, lo que implica que la norma posterior deroga a la anterior del mismo rango; y el de especialidad, según el cual, la norma especial ha de privar sobre la norma general de igual rango, independientemente de la fecha de vigencia de cada una de ellas. 2.- Los dos primeros criterios hermenéuticos aludidos presentan poca complejidad en su aplicación, pues basta con constatar datos objetivos (como son el rango normativo de las disposiciones en conflicto, o la fecha de emisión de esas disposiciones) para hacer prevalecer un precepto sobre otro; sin embargo, el tercer criterio enunciado ₋el de la especialidad₋ sí reviste mayor complejidad, pues aun cuando la regla es que la norma especial priva sobre la general, existen excepciones a esa regla, excepciones que aplican cuando se logra acreditar que la intención del legislador es que la norma general posterior prive sobre la norma especial anterior. 3.- La intención del legislador con la emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y, concretamente, con su Título III, relacionado con el tema de empleo público, fue la de establecer parámetros generales aplicables a la totalidad de las relaciones de empleo del sector público, sector que incluye tanto la Administración Central, como la descentralizada, con independencia del grado de autonomía de cada institución, o del tipo de servicios que se prestan al Estado. 4.- Existe una contradicción entre la regla general para el pago de la compensación económica por prohibición prevista en el artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública (la cual contempla el pago de un 30% para licenciatura o superior), y lo dispuesto en el inciso a) del artículo 1° de la ley n.° 5867 (el cual establece, para ese mismo supuesto, el pago de un 65% de compensación). Ante ello, considera ésta Procuraduría que debe privar la pretensión de generalidad y uniformidad que inspiró la reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública, operada por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 5.- Si bien podría afirmarse que la Ley de Compensación por Pago de Prohibición es una ley especial en relación con la Ley de Salarios de la Administración Pública, pues regula un aspecto puntual de las relaciones de servicio aplicable a un grupo específico de servidores (los sujetos a una prohibición para el ejercicio liberal de su profesión), lo cierto es que, en éstos casos, la pretensión de generalidad y uniformidad de la Ley de Salarios de la Administración Pública debe privar sobre la ley anterior que regula el pago de la compensación económica por prohibición. 6.- El artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública establece que el parámetro para el cálculo de la compensación económica por prohibición es el salario base de cada servidor, mientras que el artículo 5 de la “Ley de Compensación por el pago de Prohibición” dispone que el pago de la compensación por la prohibición a la que se refiere el artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe calcularse sobre el salario más bajo indicado en la escala de sueldos de la Administración Pública. En este caso, siguiendo siempre la pretensión de generalidad y uniformidad que inspiró la reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública, estimamos que el parámetro para el cálculo de la compensación económica aludida debe ser el del salario base de cada servidor. 7.- Las disposiciones sobre empleo público contempladas en la Ley de Salarios de la Administración Pública relacionadas, entre otros temas, con la forma en que deben calcularse los salarios y sus componentes en el sector público, privan sobre cualquier otra disposición de rango legal (o inferior) preexistente que regule la misma materia, incluida la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas. Por ello, la remuneración de los funcionarios a los que se refiere la última de las leyes citadas (al igual que la de cualquier otro servidor público, independientemente de la institución para la que labore) debe adecuarse a los parámetros generales establecidos en la ley n.° 2166, reformada por la n.° 9635. 8.- Según el artículo 54 de la Ley de Salarios de la Administración Pública “Cualquier otro incentivo o compensación existente que a la entrada en vigencia de esta ley esté expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 2018”. Lo anterior implica, en primer lugar, que los componentes salariales que antes del 4 de diciembre del 2018 se calculaban porcentualmente, deben nominalizarse; y, en segundo lugar, que el parámetro para el cálculo de la suma a pagar por cada sobresueldo debe ser, necesariamente, el salario base de cada servidor, y no su salario total. 9.- El artículo 34 de la Ley General de Control Interno dispone que la compensación económica por las prohibiciones que establece esa norma a los auditores internos, a los subauditores internos y a los demás funcionarios de la auditoría interna, es de un 65% sobre el salario base de cada uno de esos funcionarios; sin embargo, en virtud de la pretensión de generalidad y uniformidad que inspiró la reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública operada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, debe entenderse que el artículo 34 citado fue tácitamente reformado, de manera tal que la compensación económica aplicable por la prohibición establecida en esa norma es la que contempla el artículo 36 de la Ley de Salarios de la Administración Pública. 10.- En el caso de los funcionarios de los Tribunales Administrativos cuyo salario no está definido con base en componentes, incentivos o sobresueldos, sino mediante una remisión a los salarios del Poder Judicial, el impacto que podría tener la ley n.° 2166 en su salario solo podrá hacerse efectivo cuando las remuneraciones de los empleados del Poder Judicial experimenten los cambios que ordena dicha ley; sin embargo, en todos los demás aspectos en los que sí sea materialmente posible aplicar a esos servidores las disposiciones de la Ley de Salarios de la Administración Pública (como ocurre por ejemplo con la periodicidad del pago, o con el tope a las remuneraciones, etc.,) debe ser dicha ley la que prevalezca sobre cualquier otra disposición de rango igual o inferior.

  • Dictamen nº 278 de 26 de Septiembre de 2019, de Municipalidad de Flores

    C-278-2019. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. AUDITOR INTERNO. MÚLTIPLES CUESTIONAMIENTOS. DUDAS NO LEGALES. CASO CONCRETO. El señor Geovanny Chinchilla Sánchez, Auditor Interno de la Municipalidad de Flores, requiere nuestro criterio sobre catorce interrogantes de distintos temas. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-278-2019 de 26 de setiembre de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque la consulta no se refiere a una duda jurídica específica y puntual, sino que se plantean múltiples interrogantes, e incluso, algunas de ellas no están referidas a dudas legales, sino a situaciones prácticas o de conveniencia que corresponde decidir a la administración activa. Pese a que se trata de formular las preguntas en términos generales, sin plantear datos específicos, lo cierto es se desprende que algunas de ellas se refieren a situaciones particulares de funcionarios específicos.