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  • Opinión Jurídica nº 033 -J de 12 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-033-2020 PROYECTO DE LEY NO. 20.686, RELACIONADO CON EL NO. 20.978; LEY DE CARRERA FISCAL –MINISTERIO PÚBLICO- Por oficio número AL-CPAJ- OFI-0169-2018, de 2 de octubre de 2018 –reasignado a este Despacho el pasado 21 de enero de 2020-, la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativanos pone en conocimiento que, según acuerdo adoptado en sesión No. 13 de 19 de setiembre de 2018, dicha Comisión solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al texto base de proyecto de Ley tramitado bajo el expediente legislativo No. 20.686, denominado “Modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley no. 7442, de 25 de octubre de 1994, y sus reformas. Fortalecimiento del Proceso de Elección de la Fiscalía General”, publicado en La Gaceta No. 122 de 6 de julio de 2018, del cual se acompaña copia. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante OJ-033-2020, de 12 de febrero de 2020, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultadono presenta mayores inconvenientes a nivel jurídico. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Opinión Jurídica nº 034 -J de 12 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-034-2020 PROYECTO DE LEY NO. 20.574; UNIFICACIÓN DE FUERZAS DE POLICÍA. Por oficio número AL-CPSN-OFI-0057-2018, de fecha 13 de setiembre de 2018, –reasignado a este Despacho el pasado 21 de enero de 2020-, la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráficonos pone en conocimiento que, por moción aprobada en sesión No. 9 de 19 de julio de 2018, dicha Comisión acordó solicitar el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto denominado “Subordinación de todas las fuerzas de seguridad del Estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad Pública”, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 20.574 y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante OJ-034-2020, de 12 de febrero de 2020, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado, además de carecer de un respaldo técnico que respalde su viabilidad en cuanto aspectos financieros-presupuestarios, gestión administrativa, estructura orgánica y del recurso humano, de cara a la concentración de todas las fuerzas policiales en una única unidad de mando, presenta algunos inconvenientes a nivel jurídico; los cuales podrían ser solventados con una adecuada técnica legislativa, según lo sugerido. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 046 de 11 de Febrero de 2020, de Servicio Fitosanitario del Estado

    C-046-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. LOS AUDITORES PUEDEN CONSULTAR ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA O DEL ÓRGANO QUE AUDITAN. NO PUEDEN CONSULTAR ASUNTOS AJENOS A LA ESTRUCTURA INTERNA DEL ÓRGANO. El señor Henry Valerín Sandino, Auditor Interno, Servicio Fitosanitario del Estado, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con la posición del Ministerio de Salud en cuanto a los criterios que requiere el Servicio Fitosanitario del Estado para el registro de plaguicidas microbiológicos de uso agrícola, conforme al Decreto Ejecutivo no. 40793. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-046-2020 de 11 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Pese a que en esta ocasión se indica que la auditoría se encuentra ejecutando un estudio especial relacionado con el proceso sustantivo de registro de agentes de control biológico, lo cierto es que las preguntas formuladas involucran el ejercicio de competencias propias del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía, que si bien, tienen implicaciones sobre el Servicio Fitosanitario del Estado, se trata de actuaciones u omisiones externas, ajenas a la estructura interna de dicho órgano. El ejercicio de esas competencias de parte de esos Ministerios, al no encontrarse dentro del ámbito de competencias del Servicio Fitosanitario, no es materia auditable, es decir, no forma parte del objeto de fiscalización de la auditoría interna. En consecuencia, la consulta planteada no se circunscribe al ámbito de acción de la auditoría, y, por esa razón, es inadmisible. (Véase los dictámenes no. C-401-2005 de 21 de noviembre de 2005, no. C-133-2019 de 14 de mayo de 2019).

  • Dictamen nº 045 de 10 de Febrero de 2020, de Municipalidad de Coto Brus

    C-045-2020. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El señor Rafael Ángel Umaña Navarro, Alcalde Municipal, Municipalidad de Coto Brus, requiere nuestro sobre las siguientes interrogantes: “A. ¿Cómo puede la Municipalidad realizar una Donación de un bien patrimonial o demanial y a quien o quienes? B. ¿Cómo se enajenan los bienes patrimoniales de la municipalidad? C. ¿Qué es y cómo funciona la Concesión de instalaciones públicas? D. ¿Sobre qué bienes puede la Municipalidad otorgar un Permiso de Uso en Precario? E. ¿Cuándo utilizar la figura del Remate y cuándo la de la Licitación Pública con respecto a la disposición de bienes patrimoniales del Gobierno Local? F. ¿Cuáles bienes pueden darse en Convenio a sujetos de Derecho Privado? G. ¿Qué es el Comodato? H. ¿Cuáles bienes municipales pueden darse en Comodato? I. ¿Cuál es la similitud del Comodato y del Permiso de Uso en Precario?” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-045-2020 de 10 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: La consulta resulta inadmisible por tratarse de un asunto relacionado con el manejo de la Hacienda Pública, sobre el cual la Contraloría General de la República ya se refirió.

  • Dictamen nº 043 de 06 de Febrero de 2020, de Comisión Nacional de Préstamos Para la Educación

    C-043-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Efraín Miranda Carballo, Secretario Ejecutivo, Comisión Nacional de Préstamos para la Educación, requiere nuestro criterio para determinar si la potestad disciplinaria de hechos que ocurrieron mientras fungía como Secretario Ejecutivo, corresponde al Consejo Directivo o al Secretario Ejecutivo. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-043-2020 de 6 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible: Pese a que en esta ocasión no se indican datos específicos que permitan identificar el caso particular, lo cierto es que la pregunta no está formulada en términos abstractos, sino que, al indicarse que es posible que deba abrirse un procedimiento administrativo que pronto será de conocimiento del Consejo Directivo, se evidencia la existencia de un asunto concreto, sobre la situación de un funcionario particular, que escapa a nuestra labor asesora, pues ésta no engloba la tarea de resolver directamente supuestos fácticos concretos y tomar decisiones que solo corresponden a la administración activa. Además, no se cumple el segundo requisito de admisibilidad que exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, toda vez que, no se adjunta ningún criterio legal a la consulta y se indica que existe un impedimento legal para cumplir con ese requisito, sin fundamentar adecuadamente en qué consiste ese impedimento. Ante situaciones similares a la expuesta, hemos dispuesto que, excepcionalmente, en caso de que sea materialmente imposible contar con criterio legal exigido, debe justificarse razonadamente la omisión de ajuntar el criterio legal en el oficio que plantea la consulta. (Dictámenes Nos. C-030-2017 de 15 de febrero de 2017, C-238-2017 de 19 de octubre de 2017, C-073-2017 de 5 de abril de 2017 y C-286-2018 de 12 de noviembre de 2018, C-007-2020 de 9 de enero de 2020).

  • Dictamen nº 041 de 06 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    C-041-2020 INADMISIBILIDAD CONSULTA PARTICULAR DE DIPUTADOS. REGLAMENTO CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA DIPUTADOS Y DIPUTADAS. Por oficio No. NPP-PAC-004-2020, de fecha 3 de febrero último, en su condición de diputada y con miras a obtener un criterio no vinculante de este órgano Superior-Consultivo, la señora Pérez Pérez nos pide pronunciarnos sobre varios aspectos de conveniencia y oportunidad, valorados por distintas fracciones legislativas, con respecto al expediente No. 21.372 denominado Reglamento contra el Hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, por el que se quiere regular internamente, y de forma especial, un procedimiento para tramitar los casos de hostigamiento sexual contra Diputados sin la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República, a fin de resguardar la confidencialidad del expediente; prescindiendo así de la aplicación o desarrollo del procedimiento general establecido en la Ley No. 7476 de 3 de febrero de 1995 y sus reformas, especialmente la introducida por la Ley No. 8805 de 28 de abril de 2010, que sometió a dicha Ley a los Diputados y Diputadas (art. 26 inciso a) y que obliga a informar a la Defensoría de los Habitantes de toda presentación de denuncias de esta naturaleza, con el objeto de propiciar su participación facultativa, como asesora y contralora de legalidad, en el procedimiento administrativo llevado al efecto (art. 7). Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-041-2019, de 6 de febrero de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, no sin antes referirla a los criterios externado en los dictámenes C-295-2012, C-171-2002 y C-185-2011, concluye: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión,y por ende, se deniega su trámite y se archiva.

  • Opinión Jurídica nº 029 -J de 05 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-029-2020 ASAMBLEA LEGISLATIVA. LEY DE RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL. RESOLUCIÓN ALTERNA DE CONFLICTOS EN EL SECTOR PÚBLICO. CONFIDENCIALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN & MEDIACIÓN. CARÁCTER PÚBLICO O PRIVADO DEL ACUERDO CONCILIATORIO & NATURALEZA JURÍDICA. La diputada Marolin Azofeifa Trejos mediante oficio n.° DMAT-013-2020, del 22 de enero del 2020, formuló las siguientes preguntas relacionadas con los procedimientos de mediación y conciliación entre la Universidad de Costa Rica y los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Marina Civil, que se llevaron a cabo en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica: “1. ¿Son documentos confidenciales las actas que contienen los acuerdos de dichos procesos, siendo que se está disponiendo de fondos públicos? 2. Dichos acuerdos con contenido económico, provenientes de fondos públicos requieren de un análisis o aprobación de la Procuraduría General de la República como representante del Estado y /o Contraloría General de la República para que se hagan efectivos dichos pagos?” Mediante el pronunciamiento OJ-029-2020, del 05 de febrero del 2020, el Procurador Alonso Arnesto Moya, luego de advertir de que la función consultiva de este órgano no puede referirse a casos concretos, ni revisar la legalidad de lo actuado por otros órganos o entes de la Administración Pública, procedió a dar respuesta a ambas preguntas de manera general en los siguientes términos: El acta del acuerdo finalmente alcanzado en una mediación o conciliación se considera pública, no porque esté de por medio fondos públicos o haya participado una Administración Pública, sino por la capacidad del acuerdo ahí plasmado de ser accionado ante una autoridad jurisdiccional a efectos de hacer valer su contenido en caso de ser necesario, al contar dicho acuerdo – incluso el extrajudicial – con la fuerza y eficacia de cosa juzgada material; y siempre que nos hallemos en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social. El ordenamiento jurídico no contempla que ni la Procuraduría General de la República, ni la Contraloría General de la República, deban autorizar o aprobar los compromisos de pago que de su presupuesto un ente público haya convenido en un acuerdo conciliatorio, menos condicionar su ejecución, debido a que como recién se indicó, dicho acuerdo una vez firme cuenta con la autoridad y eficacia de cosa juzgada material Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de fiscalización superior de la Hacienda Pública del órgano contralor al revisar el modo en que los recursos de dicho ente fueron usados.

  • Opinión Jurídica nº 027 -J de 04 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-027-2020. PREVIA INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REFORMULACIÓN DE PREGUNTAS. PROCESO JUDICIAL EN TRÁMITE. PROCURADURÍA NO PUEDE REFERIRSE A DECISIONES QUE CORRESPONDEN A LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA. La señora Marolin Azofeifa Trejos, Diputada de la República, Asamblea Legislativa, reformula las preguntas planteadas en la consulta que fue declarada inadmisible mediante dictamen C-011-2020 y requiere nuestro criterio sobre lo siguiente: ¿Cuál sería la figura legal que se debe de dar para que en los terrenos excluidos del dominio de JAPDEVA según el artículo 75 de la ley 6043, se pueda aplicar en todos sus extremos la ley 6043, -considerando que JAPDEVA en fecha 08 de junio del 2001, compareció ante la Notaría del Estado e hizo traspasar a nombre de esa institución la totalidad del inmueble que indicaba la ley del año 1963, incluyendo las áreas de zona marítimo terrestre que excluyo la ley 6043 en su numeral 75, generándose la finca del partido de Limón, matrícula noventa y seis mil seiscientos cincuenta y ocho- cero cero cero, plano catastrado L-0000001-1977? ¿Cuál sería el procedimiento legal correcto para que JAPDEVA rectifique la medida de la finca del partido de Limón, matrícula noventa y seis mil seiscientos cincuenta y ocho-cero cero cero, plano catastrado L-0000001-1977, y libere las áreas que el artículo 75 de la ley 6043 les dio a las municipalidades? ¿Puede en estos momentos las Municipalidades dar una concesión en las áreas contempladas en el artículo 75 de la ley 6043 a particulares, cuando esas áreas se encuentran inscritas bajo un folio real a nombre de JAPDEVA? Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-027-2020 de 4 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Las dos primeras preguntas planteadas son muy similares e involucran actuaciones cuya ejecución corresponde decidir a la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) en su condición de propietaria registral de la finca de la provincia de Limón no. 96658. Es decir, la rectificación de medida de dicha finca es una decisión que corresponde adoptar a JAPDEVA, y, por tanto, de referirnos a ello, estaríamos comprometiendo la toma de decisiones por parte de la administración activa. En consecuencia, por las mismas razones expuestas en el dictamen C-011-2020, esas interrogantes no pueden ser atendidas. Lo consultado en la tercera pregunta formulada, es un asunto que ya ha sido abordado por la Procuraduría con anterioridad; concluyendo que resulta claro que las Municipalidades con jurisdicción en la zona son competentes para administrar las áreas que establece el artículo 75 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, con todas las salvedades antes expuestas. En ese entendido, al existir una previsión legal, que no puede ser dejada sin efecto por un acto posterior y de rango inferior, como lo es una inscripción registral, las Municipalidades competentes pueden otorgar concesiones sobre las porciones de zona marítimo terrestre antes indicadas, siempre que se cumplan todos los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico a esos efectos.

  • Dictamen nº 037 de 04 de Febrero de 2020, de Ente Costarricense de Acreditación

    C-037-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE. El señor Fernando Eusebio Vázquez Dovale, Gerente General, Ente Costarricense de Acreditación, requiere nuestro criterio sobre varias preguntas relacionadas con el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte de ese ente público no estatal. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-037-2020 de 4 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque, pese a que se adjunta el oficio no. CL-01-2020 de 28 de enero de 2020 que, aunque relacionado con el objeto de la consulta y aunque responde algunas de las dudas planteadas, no contesta todas las preguntas específicas que finalmente se nos plantean. Por esa razón, el criterio legal adjunto no posee las características que debe reunir para cumplir con el requisito de admisibilidad dispuesto por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.

  • Dictamen nº 039 de 04 de Febrero de 2020, de Municipalidad de Goicoechea

    C-039-2020. ORDEN DEL DÍA DE LAS SESIONES DE CONCEJOS MUNICIPALES. ÓRGANOS COLEGIADOS. El señor Daniel Arce Astorga, Auditor Interno, Municipalidad de Goicoechea, requiere nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “1- ¿Existiendo una estructura desarrollada para el Orden del día, procede que el Presidente Municipal según su criterio pueda variarla? 2- ¿Puede el Presidente Municipal en el apartado de correspondencia incluir lo correspondiente de asuntos de Auditoria, tratándose de informes, oficios, advertencias, etc.?” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-039-2020 de 4 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Para futuras consultas se advierte precisar cuál es el ligamen de lo consultado con el plan de trabajo que se encuentra en ejecución en la Municipalidad, ya que de ello depende la admisibilidad de la gestión. Por su parte, en atención del principio de legalidad, el presidente del Concejo Municipal de Goicoechea debe respetar la estructura fijada en la disposición reglamentaria al momento de elaborar el orden del día, pues no se encuentra facultado para modificarla ni para incluir los informes de auditoría en el apartado de correspondencia, salvo que se trate de documentos provenientes de la auditoría que sí califiquen en ese apartado, por tratarse de una mera comunicación administrativa que no sea producto del ejercicio de las labores de control y fiscalización que establece la Ley General de Control Interno (no. 8292 de 31 de julio de 2002). En todo caso, aunque no exista una regulación interna de ese tipo, debe advertirse que una vez elaborado y comunicado el orden del día de las sesiones ordinarias, el Presidente no se encuentra facultado para modificarlo, pues, por disposición expresa del artículo 39 del Código Municipal, éste solo “podrá modificarse o alterarse mediante acuerdo aprobado por dos terceras partes de los miembros presentes.”