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  • Opinión Jurídica nº 163 -J de 05 de Octubre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-163-2021 SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS PLANTEADAS POR LAS COMISIONES Y DEMÁS ÓRGANOS LEGISLATIVOS. EL DESTINO DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS DE NAVEGACIÓN INCAUTADOS AL NARCOTRÁFICO ES DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR. ART. 36 DE LA LEY N° 8000.POBLACIÓN ISLAS DEL GOLFO DE NICOYA. Mediante oficio N° AL-22636-CPSN-0205-2021 de fecha 21 de setiembre de 2021 la señora Nydia Álvarez Espinoza funcionaria de la Asamblea Legislativa, nos comunica que la que la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa acordó someter a consulta ante la Procuraduría General de la República el Proyecto de Ley tramitado por expediente legislativo N° 22.636 denominado "Ley para la donación de embarcaciones y equipos de navegación incautados al narcotráfico, a escuelas y asociaciones comunales de las islas del Golfo de Nicoya y Comités de la Cruz Roja que atienden poblaciones insulares”. Al no estarse de los supuestos de consulta ordinarios previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con un afán de colaboración y por un prurito de deferencia hacia el Poder Legislativo, este Órgano Superior Técnico-Jurídico Consultivo atiende la consulta formulada en razón de la existencia de un evidente interés público y sin perjuicio de que la opinión jurídica carece de un carácter vinculante. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante la Opinión Jurídica PGR-OJ-163-2021, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Adjunto, y el Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, concluyen lo siguiente: - Con fundamento en lo expuesto, se tiene por evacuada la consulta del proyecto de Ley N° 22.636.

  • Dictamen nº 286 de 05 de Octubre de 2021, de Ministerio de Cultura y Juventud

    PGR-C-286-2021 PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO. DERECHO A LA CULTURA. DONACIONES E INVERSIONES MUNICIPALES EN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO DE TITULARIDAD PÚBLICA Y PRIVADA. RESERVA DE LEY. INVERSIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES EN PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUITECTÓNICO FUERA DEL CANTÓN. CONVENIOS INSTITUCIONALES. La señora Sylvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud solicita nuestro criterio sobre los alcances de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, específicamente nos consulta lo siguiente: ”1. ¿Dentro del concepto de institución pública, se puede considerar que están cubiertas las municipalidades? 2. ¿Al amparo del numeral citado pueden las Municipalidades efectuar donaciones o invertir en obras necesarias en inmuebles declarados Patrimonio Histórico-Arquitectónico (a la luz de la Ley 7555) para su protección, conservación, rehabilitación, restauración, reparación o mantenimiento, independientemente de quien sea el titular del inmueble? 3. ¿Son posibles las inversiones, por parte de una Municipalidad, para inmuebles declarados Patrimonio Histórico-Arquitectónico, incluso aunque se encuentren fuera de su jurisdicción territorial?” Mediante dictamen C-286-2021 del 05 de octubre 2021, suscrito por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó lo siguiente: A partir de lo dispuesto en el numeral 89 de la Constitución, el patrimonio cultural es un derecho fundamental de tercera generación, derivado del derecho a la cultura, además de un fin de carácter nacional y, por tanto, exigible ante toda autoridad pública; De lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 7555, 1 de la Ley General de la Administración Pública y 1.3 del Código Procesal Contencioso Administrativo, se concluye que el legislador autorizó a las municipalidades a efectuar donaciones e inversiones destinadas a la protección del patrimonio histórico arquitectónico; Partiendo de lo dispuesto en el numeral 71 del Código Municipal y 15 de la Ley 7555, los gobiernos municipales se encuentran facultados para realizar donaciones e inversiones en el patrimonio histórico arquitectónico, cuando estén destinadas a obras o adquisiciones de titularidad pública, aun cuando no sean propiedad municipal. Sin embargo, la inversión de recursos municipales en inmuebles propiedad privada declarados patrimonio histórico arquitectónico, debe tener respaldo en una ley especial que lo autorice; A partir de lo dispuesto en los numerales 3, 7, 9 y 13 del Código Municipal, los entes municipales están autorizados a invertir sus recursos en la conservación del patrimonio histórico cultural, aun cuando el inmueble se encuentre fuera de su circunscripción territorial, en cuyo caso, resulta necesaria la suscripción de un convenio interinstitucional.

  • Opinión Jurídica nº 162 -J de 04 de Octubre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-162-2021 PROYECTO DE “LEY QUE ADICIONA UN NUEVO ARTÍCULO 386 BIS Y DEROGA EL ARTÍCULO 123 BIS DEL CÓDIGO PENAL LEY N°4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS”. Se solicita emitir criterio en relación con el expediente legislativo N° 22.069, “Ley que adiciona un nuevo artículo 386 bis y deroga el artículo 123 bis del Código Penal Ley N°4573, del 4 de mayo de 1970, y sus Reformas”. El Licdo. José Enrique Castro Marín, Procurador Coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República, mediante Opinión Jurídica PGR-OJ-162-2021 da respuesta a la solicitud remitida y concluye que no solo de la lectura de las resoluciones constitucionales mencionadas sino de vastísima doctrina internacional, se puede derivar que solamente la tortura, tal y como está concebida en los diversos Instrumentos internacionales y Convenciones multilaterales, podría atribuírsele la condición de imprescriptible a la acción penal detrás de ella. Es por esto que tomando como punto de partida el Estatuto de Roma, así como sendas Convenciones que abarcan el tema bajo estudio, es factible concluir que la tortura de un caso aislado no cumple los presupuestos ahí contenidos para que sea considerada un delito de Lesa Humanidad, ya que no estaríamos frente a un ataque generalizado o sistemático contra la población civil; por ello, en nuestro criterio, la tortura aislada que se materializa contra un solo individuo (sea en el caso de castigos inmoderados de padres o cuidadores o bien, el concepto de tortura que recoge hoy el artículo 123 bis), no puede considerarse como un delito de esta naturaleza (de lesa humanidad) y por lo tanto, no sería admisible que pueda catalogarse imprescriptible el ejercicio de la persecución penal.

  • Dictamen nº 285 de 04 de Octubre de 2021, de Municipalidad de Santa Cruz

    PGR-C-285-2021 Procedimiento para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, artículo 173 LGAP. potestad de la administración pública de anular un acto declarativo de derechos en vía administrativa. Imposibilidad de la Procuraduría de emitir el dictamen favorable requerido por la municipalidad de SANTA CRUZ, por la omisión de formalidades sustanciales legalmente previstas que vician lo actuado en el procedimiento instaurado para anular EL NOMBRAMIENTO INTERINO DEL AUDITOR INTERNO. en todo caso, no estamos ante una nulidad susceptible de ser catalogada como absoluta, evidente y manifiesta. Por oficio N° SM-0933-2021, fechado el 21 de junio del 2021 y recibido en esta Institución el día siguiente, el señor José Yorjani Rosales Contreras, Secretario del Concejo Municipal de la Municipalidad de Santa Cruz, transcribe el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Santa Cruz en Sesión Extraordinaria Nº 11-2021, Artículo 04, Inciso 02, celebrada el 10 de junio del año 2021, que dice: “ POR UNANIMIDAD Y CUMPLIDO EL TRÁMITE DE COMISIÓN SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 13, 165 del Código Municipal, canon 173 de la Ley General de Administración Pública, guarismo 39, 41 y 192 de la Constitución Política se aprueba en todos sus extremos el DICTAMEN CEAI-07-2021 DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL, ACTUANDO EN CONDICIÓN DE ÓRGANO DECISOR Santa Cruz de las dieciséis horas con diez minutos el veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, según lo recomendado se dispone: Acoger parcialmente la acción recursiva contra el acuerdo tomado por el Concejo Municipal del cantón de Santa Cruz en sesión ordinaria N° 21-2021, artículo 07, inciso 02, celebrada el día 25 de mayo del 2021, únicamente en cuanto al punto en el cual se ordenó revocar y dejar sin efecto en todos sus extremos el nombramiento interino del señor xxx, en el puesto de Auditor Interno, tomado mediante acuerdo Sesión Ordinaria N° 08-2021, Artículo 06, Inciso 01, el día 24 de febrero del año 2021, como se expuesto (sic) en los considerando (sic) el señor xxx, no cumple con el requisito mínimo de experiencia para el puesto de Auditor Municipal. Como por imperativo legal lo establece el artículo 173 de la Ley General de Administración Pública, con el objetivo de garantizar el debido proceso y derecho de defensa de las partes interesadas en este proceso, se acuerda solicitar al Secretario del Concejo Municipal, remitir a la Procuraduría General de la República copia certificada del expediente administrativo de forma integral para que la PGR emita el respectivo dictamen como lo establece el artículo 173 de la Ley de reiterada cita, para que posteriormente este Órgano Colegiado, conforme al dictamen que es obligatorio y vinculante tome el acuerdo conforme a lo que resuelva la Procuraduría General de la República. ACUERDO FIRME. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. VOTACIÓN AFIRMATIVA DE SIETE REIDORES (SIC) PROPIETARIOS.” Para tales efectos, se adjunta copia certificada de los expedientes administrativos rotulados como “SM-PROCESO AUDITOR INTERNO MUNICIPAL”, el cual según la certificación N° 0114-2021 de las 12:15 horas del 21 de junio del 2021 se encuentra conformado por 379 folios, y SM-01-2021 ÓRGANO DIRECTOR, constituido por 139 folios, tal y como consta en la certificación 0113-2021 de las 11:43 horas del 21 de junio del 2021. Mediante el dictamen PGR-C-285-2021 del 04 de octubre del 2021, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y aprobado por el señor Procurador General de la República, se concluyó: “De acuerdo con lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del nombramiento interino del señor xxx, como Auditor Interno de la Municipalidad de Santa Cruz, por un plazo de 12 meses, a partir del 16 de marzo del 2021 y hasta el 14 de febrero del año 2022, ya que se han omitido formalidades sustanciales legalmente previstas que vician lo actuado. En todo caso, se estima que ese acto no presenta una nulidad susceptible de ser catalogada como absoluta, evidente y manifiesta.”

  • Dictamen nº 277 de 29 de Septiembre de 2021, de Municipalidad de Goicoechea

    PGR-C-277-2021 NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA; ART. 173 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –LGAP-; OMISIÓN DE FORMALIDADES SUSTANCIALES LEGALMENTE PREVISTAS QUE VICIAN LO ACTUADO: INDETERMINACIÓN DEL OBJETO Y FIN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDENADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ESTE ASUNTO; LA INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DIRECTOR EN FLAGRANTE VIOLACIÓN A LO DISPUESTO POR EL ORDINAL 90, INCISO E) DE LA LGAP; CITACIONES A LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA, CON MENOS DE 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN –ART. 311 DE LA LGAP-; INEXISTENCIA DEL ACTA DONDE CONSTE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA ORAL Y PRIVADA –ARTS. 270 Y 309 DE LA LGAP-, NI CONSTANCIA DE HABER SIDO GRABADA –ARTS. 270 Y 313 IBÍDEM.-; SIN CONTAR PREVIAMENTE CON EL DICTAMEN VINCULANTE Y PRECEPTIVO DE ESTA PROCURADURÍA GENERAL, SE EXTERNÓ, COMO ACTO FINAL DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CRITERIO SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA Y NO SE APRECIA LA EXISTENCIA DE UNA NULIDAD SUSCEPTIBLE DE SER CATALOGADA COMO ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA. Por oficio No. SM-1495-2021, de fecha 08 de setiembre de 2021 –recibido el 9 de ese mismo mes y año-,la Secretaría del Concejo municipal de la Municipalidad de Goicoechea, con base en lo acordado de forma unánime y en firme por el Concejo municipal en la sesión ordinaria No. 35-2021, celebrada el día lunes 30 de agosto de 2021, artículo IV.V, atendiendo Recurso de Apelación no jerárquico –art. 165 del Código Municipal- interpuesto y aún pendiente de resolución, y conforme a lo previsto por el ordinal 173 de laLey General de la Administración Pública (LGAP), solicita nuestro criterio preceptivo acerca de la nulidad que adolece el acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en el acta No. 8-2020 de la sesión ordinaria del 12 de mayo de 2020, artículo V, por el que se nombró en propiedad a la señora Eimy Rebeca Salazar Porras, portadora de la cédula de identidad 117440986, en el puesto de oficinista Servicio Civil 1, a partir del día 15 de junio de 2020 –folios del 78 al 86-; nombramiento materializado en acción de personal No NR 2020-0547, de 03 de junio de 2020 –folio 87-. Con la aprobación del Procurador General de la República, luego de un exhaustivo análisis, mediante dictamen PGR-C-277-2021 de 29 de setiembre de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea, en el acta No. 8-2020 de la sesión ordinaria del 12 de mayo de 2020, artículo V, por el que se nombró en propiedad a la señora Eimy Rebeca Salazar Porras, portadora de la cédula de identidad 117440986, en el puesto de oficinista Servicio Civil 1, a partir del día 15 de junio de 2020; nombramiento materializado en acción de personal No NR 2020-0547, de 03 de junio de 2020, ya que se han omitido formalidades sustanciales legalmente previstas que vician lo actuado y porque no se aprecia la existencia de nulidades susceptibles de ser catalogadas como absolutas, evidentes y manifiestas –art. 173.5 Ibídem-. En caso de que la Administración, luego de valorar adecuadamente el asunto de marras, mantenga su voluntad de revertir aquél acto, podría optar por acudir al proceso contencioso de lesividad -arts. 183.3 LGAP, 10.5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508-, siempre y cuando el vicio del que adolezcaconstituya una nulidad absoluta, en los términos de los artículos 166 y 167 de la LGAP, y mientras sus efectos perduren.”

  • Dictamen nº 276 de 29 de Septiembre de 2021, de Municipalidad de Turrubares

    PGR-C-276-2021 CONTRATOS POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA SUSCRITOS ANTERIORMENTE A PLAZO INDEFINIDO O SIN FECHA DE VENCIMIENTO; ADENDA UNILATERAL Y RESCISIÓN CONTRACTUAL COMO ÚLTIMA RATIO; CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD CONSULTAS DE AUDITORES; INADMISIBILIDAD DE CONSULTA. Por oficio No. MT-AI-007-2021, de 26 de setiembre de 2021, Auditoría Interna de la Municipalidad de Turrubares formula las siguientes preguntas relacionadas con contratos de dedicación exclusiva suscritos con fecha indeterminada y posibles derechos adquiridos de cara a las reformas introducidas por la Ley No. 9635: ¿Debe la Administración activa de una Municipalidad establecer una fecha determinada de vencimiento a los contratos de dedicación exclusiva que, antes de la entrada en vigor de la Ley No. 9635, no tenían fecha de caducidad? En caso de que la pregunta –sic- anterior fuera positiva y, una vez caducados los hipotéticos nuevos contratos, ¿Puede la Municipalidad seguir cancelando los porcentajes de dedicación exclusiva establecidos antes de la Ley No. 9635, interpretando que es un derecho adquirido de los funcionarios? ¿Puede una Municipalidad renovar u ofrecer un contrato por dedicación exclusiva como un beneficio permanente y sin un fin público a los funcionarios que el jerarca máximo de dicho ente considere oportuno? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen PGR-C-276-2021, de 29 de setiembre de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye que, por pretender ejercer la facultad de consultar que tienen los auditores para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas –concretamente el deber de aportar el criterio técnico de la asesoría legal institucional o externa-, canalizando sus solicitudes de criterio a través de la Auditoría Interna, y por estar referido el objeto a un asunto pendiente de resolver por la Administración activa, deviene inadmisible su gestión,y por ende, se deniega su trámite y se archiva.

  • Opinión Jurídica nº 159 -J de 29 de Septiembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-159-2021 PROYECTO DE LEY PARA REFORMAS LEY NO. 7789, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, S.A.; CAMBIO EN LA INTEGRACIÓN DE SU JUNTA DIRECTIVA; CAMBIO A RÉGIMEN DE CONFIANZA DEL GERENTE Y CONTRALOR; SUJECIÓN A LOS LÍMITES DE LA LEY NO. 9635 EN MATERIA SALARIAL Y CONVENCIONES COLECTIVAS. Por oficio número CG-057-2021, de 20 de setiembre de 2021, la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración solicita el criterio de este Órgano Superior Consultivoen torno al proyecto denominado:“LEY PARA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 20, 28, 29, 30, 31, 32 Y 33 DE LA LEY N.° 7789, TRANSFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE HEREDIA, DE 30 DE ABRIL DE 1998”, tramitado bajo el expediente legislativo Nº 22.616y se acompaña una copia del mismo. Con la aprobación del señor Procurador General de la República, mediante pronunciamiento jurídico no vinculante PGR-OJ-159-2021, de 29 de setiembre de 2021, el Procurador Adjunto del Área de la Función Pública, Luis Guillermo Bonilla Herrera, concluye: “De conformidad con lo expuesto, esta Procuraduría estima que el texto sustitutivo del proyecto de ley consultadopresenta algunos inconvenientes a nivel jurídico, los cuales podrían ser solventados con una adecuada técnica legislativa, según lo sugerido. Por lo demás, es obvio que su aprobación o no es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 281 de 29 de Septiembre de 2021, de Municipalidad de Naranjo

    PGR-C-281-2021. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. ÓRGANO COLEGIADO LEGITIMADO PARA CONSULTAR. UNO SOLO DE SUS MIEMBROS NO PUEDE CONSULTAR INDIVIDUALMENTE. CASO CONCRETO. CRITERIO LEGAL. La Vicepresidenta del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Naranjo, requirió nuestro criterio sobre “si el Concejo Municipal debió respetar el plazo de los 15 días que establece el artículo 36 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité de Deportes, que en este año emitió el Concejo Municipal, o si, por el contrario, desde el momento (6 de setiembre de 2021) en que el Concejo tomó el acuerdo de que automáticamente el Comité quedaba sin quorum estructural, eso es lo procedente y lo que corresponde por derecho.” La Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-281-2021 de 29 de setiembre de 2021, declaró inadmisible la consulta porque: La consulta es planteada por la Vicepresidenta del Comité de Deportes, sin adjuntarse el acuerdo de ese órgano colegiado en el cual se decidió plantear la consulta. El objeto de la consulta es que la Procuraduría revise lo actuado por el Concejo Municipal en el acuerdo adjunto, según el criterio que al respecto sostuvo el Comité de Deportes en el acuerdo también remitido. Y, como se dijo, no es posible atender consultas que impliquen la revisión de actos administrativos ya adoptados. No se adjunta el criterio legal sobre el tema consultado.

  • Dictamen nº 275 de 29 de Septiembre de 2021, de Museo de Arte Costarricense

    PGR-C-275-2021. OBRAS DE ARTE DE MUSEOS ESTATALES. PROPIEDAD PRIVADA. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO PUEDE ADQUIRIR BIENES POR USUCAPIÓN. LA ADMINISTRACIÓN DEBE SUJETARSE A LOS MEDIOS PREVISTOS LEGALMENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES. REGISTRO E INVENTARIO DE BIENES. La Directora del Museo de Arte Costarricense requirió nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “a) ¿Pueden/deben estas obras de arte, por su simple presencia en las reservas de un museo estatal, considerarse como su propiedad aún sin documentos que atesten sobre la propiedad de terceros sobre esas piezas o la antigüedad de esta tutela? b) ¿Podría aplicarse lo regulado en el artículo 862 del Código Civil, en relación con el plazo para la posesión de bienes muebles? c) ¿Cómo debe procederse para regularizar la situación de propiedad de estas obras de arte cuyo origen desconoce la Administración?” La Procuraduría, mediante el dictamen no. PGR-C-275-2021 de 29 de setiembre de 2021 concluyó que: 1. Al no existir certeza sobre la procedencia de las obras de arte que se citan en la consulta, no podría asegurarse que, por el simple hecho de encontrarse en las reservas de los museos, éstas son propiedad estatal. Ello podría significar que se esté desconociendo y violentando el derecho de propiedad privada de algún particular. 2. En virtud de las potestades de imperio que posee el Estado para el cumplimiento de sus funciones y del principio de legalidad, jurisprudencialmente se ha sostenido que el Estado y sus instituciones no pueden adquirir bienes por medio de la figura de la usucapión, pues ello implica la adquisición de un bien por las vías de hecho o una expropiación de hecho. 3. Aunque esos precedentes están referidos a la adquisición de bienes inmuebles, los mismos razonamientos expuestos resultan aplicables a la adquisición de bienes muebles, pues, la Ley de Contratación Administrativa y la Ley de Expropiaciones, establecen los mecanismos a los que debe sujetarse la Administración Pública para adquirir ese tipo de bienes. Así las cosas, la figura de la prescripción positiva no está prevista como un medio ordinario para que la Administración adquiera los bienes muebles que necesite para el ejercicio de sus funciones. Por tanto, no es posible aplicar el artículo 862 del Código Civil para que la Administración Pública adquiera la propiedad de las obras de arte que se encuentran en la condición descrita en la consulta. 4. Puesto que no es posible devolver los bienes porque no se conoce su propietario, la Administración puede continuar poseyendo los bienes y ejecutando todas las acciones tendientes a conservar, mantener y resguardar las obras de arte, conforme con la normativa aplicable. Lo anterior, salvo que se presente algún particular acreditando su derecho de propiedad sobre alguna de las obras de arte y ésta deba ser devuelta. 5. Además de continuar poseyendo las obras de arte que se encuentran en la condición descrita en la consulta, es posible que los museos estatales las identifiquen y registren, realizando el avalúo y demás requisitos exigidos por el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y por la normativa emitida al efecto, en el caso de entidades autónomas. 6. También es posible ejecutar los procedimientos para el registro e inventario, actualización y control, conservación y administración que establece la Política Nacional de Gestión de Colecciones Estatales de Arte 2020-2030, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo no. 42927 de 18 de marzo de 2021. 7. Los registros e inscripciones que se hagan conforme a la normativa citada, quedan sujetos a que no se presente ningún interesado con un mejor título, a ejercer su derecho de propiedad. Pues, en ese caso, de acreditarse su titularidad, los bienes deben ser devueltos a su propietario y dados de baja del inventario de bienes correspondiente.

  • Opinión Jurídica nº 158 -J de 29 de Septiembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-158-2021. REFORMA A LA LEY FORESTAL. ÁREAS DE PROTECCIÓN. ACTIVIDADES Y OBRAS PERMITIDAS Y PROHIBIDAS. INVASIÓN DE ÁREAS DE PROTECCIÓN. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 22401, denominado "Reforma Parcial a la Ley Forestal, no. 7575. Adición de artículos 33 bis y 33 tris.” Mediante la opinión jurídica no. PGR-OJ-158-2021 de 29 de setiembre de 2021, la Procuraduría concluyó que: Una reforma legal que pretenda establecer con claridad cuáles actividades se encuentran permitidas y podrían ser autorizadas, así como, qué resultaría sancionable penal y administrativamente, contribuye a generar mayor seguridad jurídica en la aplicación de las normas, y con ello, una mayor efectividad de las regulaciones. Con ese fin, debemos reiterar la recomendación expuesta en las opiniones jurídicas nos. OJ-091-2017 y OJ-106-2021, en cuanto a que, para evitar los problemas de aplicación e interpretación que puede significar el verbo “invadir”, se reformule el tipo penal dispuesto en el artículo 58 de la Ley Forestal, para que resulte aplicable, sin ninguna duda, a las áreas de protección, sin afectar el tipo penal previsto para la invasión de las áreas silvestres protegidas, que no tendría que ser variado. Y, que sea en ese artículo en el que se defina cuáles actividades u obras se encuentran contempladas en el tipo penal. No quedaría claro si, además de la autorización de la Dirección de Aguas, resultaría exigible la evaluación de impacto ambiental que dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente. Lo anterior, considerando que, si bien algunas de esas obras pueden ser de mantenimiento y de pequeña escala, también podría tratarse de obras de gran magnitud con un mayor impacto ambiental. Con el fin de evitar regulaciones contradictorias que generen conflictos de aplicación, debe observarse que la Ley General de Caminos Públicos fue reformada mediante la Ley de Eficiencia en la construcción, el mantenimiento y el mejoramiento de la red vial cantonal y nacional, y lo dispuesto es contrario a lo pretendido en el presente proyecto de ley, en el que, para ese tipo de obras sí se requeriría la autorización de la Dirección de Aguas de ese Ministerio. Por lo que resultaría conveniente armonizar ambas disposiciones. Reiteramos la recomendación hecha en la OJ-091-2017 en cuanto a la posibilidad de cambiar el concepto errado que se utiliza en el encabezado del artículo 34 de “áreas protegidas” y sustituirlo por “áreas de protección.”

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