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  • Opinión Jurídica nº 084 -J de 12 de Agosto de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-084-2019 ZOOLÓGICOS. CAUTIVERIO. ESTEREOTIPIAS. BIENESTAR ANIMAL. COLECCIÓN. SITIOS DE MANEJO DE FAUNA. CIERRRE DE ZOOLÓGICOS. PARQUE ZOOLÓGICO Y JARDÍN BOTÁNICO SIMÓN BOLÍVAR. CENTRO DE CONSERVACIÓN SANTA ANA. SINAC. SANTUARIOS. ZOOLÓGICOS NO COMERCIALES TIPO SANTUARIOS. CENTRO DE RESCATE. ZOOCRIADERO. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área a.i. de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa solicita criterio sobre el proyecto «MODIFICACIÓN PARCIAL A LA LEY DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE, N° 7317 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 1992 Y SUS REFORMAS ”PROHIBICIÓN DE ZOOLÓGICOS”» (expediente legislativo No. 20.267). La Procuradora Susana Fallas Cubero concluyó lo siguiente: La aprobación del proyecto es un asunto de política legislativa, cuya esfera de competencia corresponde a ese Poder de la República. Si bien es cierto la propuesta legislativa se encuentra bien intencionada, tiene algunas inconsistencias y vacíos. La normativa reglamentaria que prevé los zoológicos no comerciales tipo santuario podría verse afectada por la disposición superior legal que eventualmente se apruebe. Dicho aspecto se encuentra dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se sugiere recabar el criterio técnico del SINAC.

  • Dictamen nº 224 de 09 de Agosto de 2019, de Ministerio de Justicia y Paz

    C-224-2019. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. ACTO CONCRETO. La señora Diana Sofía Posada Solís, Viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, somete a nuestra consideración una consulta sobre el procedimiento correcto de facturación y cobro del contrato suscrito con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia denominado “Solución Integral de Mecanismos Electrónicos al Cumplimiento de la Privación de Libertad”, contrato No. 2016CD-000097-00069000001. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-224-2019 de 9 de agosto de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque: La consulta no está encaminada a atender una duda jurídica general y abstracta, sino a resolver un asunto concreto, sobre la aplicación de un contrato administrativo específico. Además, al estar referida al procedimiento correcto de facturación y cobro de un contrato, está relacionada con la ejecución de las funciones de fiscalización y control de los procedimientos de contratación administrativa, propias de la Contraloría General de la República.

  • Opinión Jurídica nº 077 -J de 09 de Agosto de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-77-2019. PROTECCIÓN DEL PEZ SIERRA. PROHIBICIÓN DE PESCA. CONVENCIÓN SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES MIGRATORIAS DE ANIMALES SILVESTRES CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefe de Área de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 20445,, denominado “Ley de protección del pez sierra, reforma del artículo 39 de la ley de pesca y acuicultura, Ley N° 8436, de 1 de marzo de 2015”. Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica OJ-77-2019 de 9 de agosto de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: El proyecto de ley pretende prohibir la caza marítima y captura del pez sierra perteneciente a la familia Pristidae, a través de la reforma del artículo 39 de la Ley de Pesca y Acuicultura. Lo pretendido es acorde a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado costarricense al aprobar la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (aprobada mediante Ley No. Ley No. 8586 de 21 de marzo de 2007) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) (aprobada mediante Ley No. 5605 de 30 de octubre de 1974). Además, una medida como la propuesta resulta afín al artículo 50 de la Constitución Política y a otra normativa nacional e internacional que tienen como norte la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible y que ha sido señalada por la Sala Constitucional en asuntos relacionados con la caza y pesca de especies en peligro de extinción. Debe tenerse en cuenta que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, en ejercicio de sus potestades legales y mediante el Acuerdo No. 366 de 13 de setiembre de 2017, estableció la veda permanente, en todo el territorio nacional, para la captura del pez sierra, mediante cualquier tipo de arte de pesca, salvo aquella que se realice con fines de investigación científica. Por tanto, el proyecto de ley propuesto, brindaría una mayor protección al pez sierra, al elevar el rango normativo de la prohibición existente. Por último, es recomendable valorar si la prohibición planteada es absoluta, o si, como en el caso del Acuerdo del INCOPESCA, de manera excepcional y con base en los requisitos y autorizaciones que al efecto establece la Ley de Pesca y Acuicultura, se permitiría la pesca o captura con fines de investigación científica. En cualquiera de los dos escenarios, se sugiere especificarlo de manera expresa, para evitar futuros conflictos de interpretación y aplicación.

  • Opinión Jurídica nº 075 -J de 07 de Agosto de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-075-2019 FORTALECIMIENTO DE COPROCOM Y SUTEL COMO AUTORIDADES DE COMPETENCIA. PROYECTO DE ADHESIÓN A LA OCDE. La señora Daniela Agüero Bermúdez, Jefa de Área Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado “Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica”, el cual se tramita bajo el número de expediente 20.992. Mediante opinión jurídica OJ-075-2019 del 07 de agosto de 2019, suscrita por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta, se concluyó que las observaciones realizadas por la Procuraduría al texto original del proyecto de ley fueron acatadas en el texto sustitutivo, por lo que su aprobación se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador. No obstante ello, se realizaron dos observaciones de redacción en materia de legitimación y empleo público, para evitar problemas futuros de interpretación de la Ley.

  • Dictamen nº 219 de 07 de Agosto de 2019, de Municipalidad de San Carlos

    C-219-2019. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO PLANTEA PREGUNTA CONCRETA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El Concejo Municipal de San Carlos acordó “solicitar a la Procuraduría General de la República un informe respecto a los derechos de los ciudadanos en la Milla Fronteriza, con el fin de aclarar a los interesados vecinos de dicho lugar, la situación real de terrenos y escrituras en ese sector.” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-219-2019 de 7 de agosto de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta es inadmisible porque: Se solicita emitamos un informe de carácter general, sobre los derechos de los ciudadanos de la zona fronteriza, sin concretarse un cuestionamiento jurídico específico, y, de tal manera, no es posible determinar cuál es la duda específica que, al respecto, se pretende solventar. Para el adecuado ejercicio de nuestra función, es necesario que se delimite el objeto de la consulta, y no que se requiera nuestra asesoría de manera general e indeterminada, y, menos aún, que se pretenda la revisión de situaciones o casos concretos, como se desprende de la nota remitida. Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta que todas las consultas remitidas a la Procuraduría deben hacerse acompañar del criterio de la asesoría legal institucional, tal y como lo exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.

  • Dictamen nº 217 de 05 de Agosto de 2019, de Tribunal Supremo de Elecciones

    C-217-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. LOS AUDITORES PUEDEN CONSULTAR ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA O DEL ÓRGANO QUE AUDITAN. NO PUEDEN CONSULTAR ASUNTOS EXTERNOS. El señor Franklin Mora González, Auditor Interno del Tribunal Supremo de Elecciones, requiere que se le informe sobre “el estado de los pronunciamientos, dictámenes, opiniones, entre otros, que se encuentren pendientes de resolver en la Procuraduría General de la República; esto en relación con las consultas planteadas por las diversas instituciones a la Entidad que Usted representa, sobre la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no. 9635.” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-217-2019 de 5 de agosto de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La gestión es inadmisible porque: La materia consultable por parte de los auditores se circunscribe a aquella que pertenezca, de modo directo, a su competencia funcional, es decir, que la facultad de consultar está referida a la competencia del auditor y al ámbito de las competencias del organismo que controla y del cual forma parte. Se advierte que lo requerido corresponde a actuaciones propias de otras instituciones públicas y de la Procuraduría General de la República en el ejercicio de su función consultiva, Es decir, se trata de actuaciones ajenas a la estructura interna del Tribunal Supremo de Elecciones, y, por tanto, no es materia que le corresponda fiscalizar a su auditoría interna. Consecuentemente, no se entiende cuál es la relación de lo solicitado con el ámbito de competencias de la auditoría, pese a que se indica que lo requerido es necesario para el ejercicio de las funciones de fiscalización que desempeña. La información requerida no podría ser utilizada para el ejercicio de esas funciones, pues, la auditoría interna del Tribunal Supremo de Elecciones no puede ejercer ningún tipo de control o fiscalización sobre la actuación de la Procuraduría ni de las instituciones consultantes, y no podría girar las recomendaciones que dispone la Ley de Control Interno como resultado de los estudios de auditoría.

  • Dictamen nº 218 de 05 de Agosto de 2019, de Ministerio de Justicia y Paz

    C-218-2019 INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora Marcia González Aguiluz, Ministra del Ministerio de Justicia y Paz, requiere nuestro criterio sobre la posibilidad de utilizar el superávit libre del Registro Nacional de la Propiedad para pagar gasto corriente del Ministerio de Justicia y Paz, debido a que no se logró ajustar al límite de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-218-2019 de 5 de agosto de 2019, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque no se adjunta el criterio de la asesoría legal sobre el tema consultado, y por ello, no es posible conocer la posición de la asesoría legal institucional al respecto, dado que éste tiene como finalidad poder determinar si después de haberse estudiado y discutido el asunto a nivel interno, persiste la necesidad de requerir nuestro pronunciamiento vinculante.

  • Dictamen nº 214 de 30 de Julio de 2019, de Colegio de Enfermeras de Costa Rica

    C-214-2019 COLEGIO DE ENFERMERAS DE COSTA RICA, CONCURSO, INTERPRETACIÓN NORMATIVA. ARTÍCULO 9.1.A) DEL Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto Ejecutivo N°18190-S del 22 de junio de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 130 del 08 de julio de 1988 y sus reformas. Calificación de atestados y asignación de puntajes, Comisión Técnica de Enfermería, calificación de los concursos. Por medio del oficio sin número, de fecha 02 de abril del 2017, suscrito por la entonces Presidenta del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, Doctora Ligia E. Ramírez Villegas, se solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “En materia de concurso convocado para la participación de los profesionales en Enfermería, el artículo 9.1.a) de la señalada reglamentación establece la forma de calificación de los atestados académicos y asignación de puntajes, todo conforme a los estudios de formación del profesional en Enfermería. (...) Bajo este panorama, dentro del proceso de calificación de atestados, a la luz de lo indicado en el artículo supra señalado, tomado como punto de partida el grado mínimo de Licenciatura en Enfermería: 1- ¿Faculta la norma a no tomar en cuenta los 25 puntos que por estudios académicos cuando el grado mínimo requerido para participar es la Licenciatura? 2- ¿Faculta la norma dentro del proceso de calificación de atestados, bajo el supuesto de existencia de un profesional con grado de Licenciatura y otro con grado de Maestría, a calificarle con 0 (cero) puntos de estudios académicos al profesional con grado de Licenciatura y con 30 (treinta) puntos al profesional con grado Maestría? 3- ¿De ser posible lo anterior, atenta esta actuación contra los principios de libre participación, proporcionalidad y razonabilidad de todos los profesionales en Enfermería que cuenten con el grado mínimo de Licenciatura? 4- ¿Resulta ser excluyente de un proceso concursal para el nombramiento de profesionales en Enfermería, la designación de un grado mínimo para participar por cuanto este sería calificado con 0 (cero) puntos?” Mediante el dictamen C-214-2019 del 30 de julio de 2019, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Xitlali Espinoza Guzmán, Abogada de la Procuraduría, se concluyó: “1.- El artículo 9.1.a) del Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería (Decreto Ejecutivo N° 18190-S) es una norma técnica que establece un parámetro general para la calificación de atestados y asignación de puntajes que debe aplicar la Comisión Técnica de Enfermería para la calificación de los concursos. Concretamente y en orden a los estudios académicos regula la calificación del excedente del requisito mínimo establecido para cada puesto, de acuerdo con el grado académico de cada participante y con el puntaje allí dispuesto. Precisa, además la norma que se tomará únicamente el título de mayor puntaje y regula la posibilidad de calificar, adicionalmente, otros grados académicos de áreas relacionadas con el desempeño del puesto. 2.- Bajo ese marco normativo, se debe de partir del requisito mínimo, para realizar la calificación del puntaje, según el grado académico que cada participante posea. Es decir, se debe calificar el excedente del requisito mínimo establecido para cada puesto, de acuerdo a los puntajes que dispone la norma, según el grado académico que ostente cada participante. 3.- Aunado a lo anterior, el estudio de lo regulado en el numeral 9.1.a) del Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, debe ser efectuado en armonía con lo estipulado en el artículo 4 del mismo cuerpo normativo, mediante el cual se dispone que para ser admitido en el concurso, el candidato debe tener como mínimo los requisitos establecidos para la clase respectiva. 4.- Por consiguiente; en caso de ser el grado mínimo establecido para el puesto en concurso el de “licenciatura”, se calificará con 25 puntos a quien solamente cuente con ese grado y para el evento de contar con maestría, se calificará con 30 puntos, y así sucesivamente según el grado académico de cada participante. 5.- No podría excluirse de la calificación de atestados académicos, los puntos correspondientes al grado de licenciatura que la norma otorga (para el evento que este sea el requisito académico mínimo establecido para cada puesto para participar en el concurso), toda vez que de ser así, se afectarían ilegítimamente derechos subjetivos de los participantes, y en este contexto es necesario entender que si bien el perfil de ingreso exige la licenciatura como requisito mínimo para optar por el puesto, también es cierto que el sólo cumplimiento de este primer requisito otorga un puntaje mínimo, que no puede ser restado por la vía de la interpretación, sin quebrantar la naturaleza y finalidad de la norma. 6.- Por su parte, el citado ordinal tampoco faculta a la Comisión Técnica de Enfermería para que dentro del proceso de calificación de atestados, en el supuesto de existencia de un profesional con grado de “licenciatura” y otro con grado de “maestría”, a calificarle con 0 (cero) puntos de estudios académicos al que ostente el grado de licenciatura y con 30 (treinta) puntos al concursante que tenga una maestría. 7.- Cualquier interpretación de la norma en el sentido planteado por el Colegio en sus interrogantes, indudablemente, atenta contra los principios de libre participación, proporcionalidad y razonabilidad que deben privar en los concursos. 8.- En caso de aplicarse la norma en el sentido interpretado por la consultante, el proceso concursal vendría a generar una situación de evidente exclusión y desigualdad entre los participantes que únicamente cuenten con el requisito mínimo establecido para cada puesto, al momento de efectuarse la calificación de atestados y asignación de puntajes, por parte de la Comisión Técnica de Enfermería, lo cual atenta contra la naturaleza y finalidad de los concursos.” Se refiere al Reglamento del Estatuto de Servicios de Enfermería, Decreto Ejecutivo N°18190-S del 22 de junio de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 130 del 08 de julio de 1988 y sus reformas.

  • Opinión Jurídica nº 071 -J de 24 de Julio de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-71-2019 ALCANCE DEL PRONUNCIAMIENTO. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO: PRINCIPIO PRECAUTORIO; MEDIDAS PRECAUTORIAS DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA Y MORATORIA; TEMPORALIDAD DE LAS MEDIDAS. PRECEDENTES JUDICIALES DE INTERÉS. SUGERENCIAS. CONCLUSIÓN La señora Hannia M. Durán Barquero, Jefa de Área Comisiones Legislativas IV, Comisión Especial de Ambiente, consulta el proyecto de ley denominado “Adición de un párrafo segundo al artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, N° 7554, de 4 de octubre de 1995; Ley para autorizar al Estado a declarar prohibiciones y moratorias ambientales” (expediente N° 20.129), publicado en el Alcance N° 245 a la Gaceta 212 del 4 de noviembre de 2016. José J. Barahona Vargas, Procurador Asesor, y Yamileth Monestel Vargas, Abogada de Procuraduría, dan respuesta a la consulta, mediante la Opinión Jurídica OJ-71-2019, en la concluyen que si bien la aprobación o no de un proyecto de ley compete en forma exclusiva a ese Poder de la República, recomiendan valorar las observaciones hechas.

  • Dictamen nº 213 de 24 de Julio de 2019, de Ministerio de Relaciones Exteriores

    C-213-2019 EXONERACIÓN DE IMPUESTOS RESPECTO DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES El Señor Manuel Ventura Robles, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto remitió a este órgano asesor el oficio DM-DJO-0522-2019 del 27 de marzo de 2019, adicionado por los oficios DM-DJO-1266-2019 de fecha 8 de julio de 2019, mediante el cual consulta, si de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense procede la exoneración de impuestos respecto de aquellas compras que los funcionarios de las misiones diplomáticas y consulares, realicen a nombre de una misión diplomática o representación consular acreditada en Costa Rica. Se adjunta a la consulta el criterio jurídico emitido por la Dirección Jurídica del Ministerio, en donde cabe manifiestan que de acuerdo al espíritu de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, así como sobre Relaciones Consulares, la intención de los Estados suscriptores, es que las inmunidades y privilegios que se conceden lo es con el fin de garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas en calidades de representantes de los Estados, y nunca con la intención de beneficiar personas, como lo ha entendido el Ministerio de Hacienda. Insiste la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores que la reciprocidad en éstas facilidades viene a “...crear un balance entre los derechos y las obligaciones de los Estados en materia diplomática y consular, y minimiza la posibilidad que los Estados interpreten las reglas exclusivamente para su beneficio, pudiendo generar ventajas injustas entre unos y otros y eventuales perjuicios para la contraparte. Por ello, afirman que la exoneración de impuestos en las compras que se realicen en el mercado local a nombre de la misión diplomática u oficina consular, se encuentran exoneradas en el ordenamiento jurídico costarricense, con base en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares. Esta Procuraduría, en su dictamen C-213-2019, de fecha 24 de julio de 2019 suscrito por el Licenciado Juan Luis Montoya Segura, Procurador Tributario arribó a la siguiente conclusión: Con fundamento en todo lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General, que las compras en el mercado local por parte de los funcionarios diplomáticos para el uso exclusivo y buen funcionamiento administrativo de la misión diplomática, se encuentran exentas del impuesto sobre el valor agregado, toda vez que el Título I de la Ley N° 9635 no deroga tácitamente la Ley N° 6826, sino que la modifica, tal y como quedo expuesto en el dictamen C-185-2019. Lo anterior con fundamento en el llamado principio funcional de los privilegios e inmunidades de los diplomáticos, según el cual los incentivos y beneficios fiscales se conceden para garantizar el desempeño eficaz de las funciones de las misiones diplomáticas y consulares en calidad de representantes de los Estados, y no para beneficiar única y exclusivamente a personas.