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  • Dictamen nº 197 de 16 de Septiembre de 2022, de Municipalidad de Bagaces

    PGR-C-197-2022 INADMISIBILIDAD. CONSULTA DE AUDITORES INTERNOS. ACREDITACIÓN DE LIGAMEN DE LO CONSULTADO CON PLAN ANUAL DE TRABAJO. LICENCIA MUNICIPAL. IMPUESTO DE PATENTE. ACTIVIDAD LUCRATIVA. Mediante oficio No. MB-AI-OFI-071-2022 de 28 de julio de 2022, la Sra. Auditora Interna de la Municipalidad de Bagaces plantea la siguiente consulta: “1. De acuerdo al artículo 14 de la ley Impuestos Municipales de Bagaces en su inciso a), está la Municipalidad de Bagaces facultada para que pueda efectuar el cobro de la licencia y del impuesto de patente municipal a dichas actividades (Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) cuando las mismas son lucrativas. 2. De acuerdo a la siguiente cita descrita en el artículo 14 final del inciso a) de la Ley de Impuestos de Bagaces, la cual indica: “Sólo en los casos en que estén sujetas a la obtención de licencia municipal”. Existe una ley que exima o exonere del pago del tributo en la Municipalidad de Bagaces al tipo de actividades lucrativas que deriven de las actividades descritas en el artículo 14 inciso a) de la Ley de Impuestos de Bagaces.” Mediante dictamen número PGR-C-197-2022 de 16 de setiembre de 2022, Sandra Sánchez Hernández, Procuradora, luego del análisis respectivo, concluyó: “De conformidad con lo expuesto, la consulta resulta inadmisible,lo que impide emitir el pronunciamiento requerido. En consecuencia, se procede asu archivo. Sin perjuicio de lo anterior, se remite a la consultante a la jurisprudencia administrativa relacionada con la licencia municipal y el pago de impuesto patente; la cual señala que la licencia municipal es el acto administrativo que habilita al administrado al ejercicio de una actividad lucrativa dentro de la jurisdicción municipal y el impuesto de patente, es aquel que se paga por el ejercicio de la actividad lucrativa. Resaltamos, que el hecho generador del impuesto de patente es el ejercicio de una actividad lucrativa, lo que implica que la actividad económica que se ejerza, esté dirigida al suministro de bienes y servicios al mercado, a través de la organización de los factores de producción y que involucra un propósito lucrativo y no de subsistencia.”

  • Dictamen nº 202 de 16 de Septiembre de 2022, de Comité de Deportes y Recreación de Liberia

    PGR-C-202-2022 CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE Y HA SIDO EMITIDO PARA OTROS PROPÓSITOS. CASO CONCRETO. INADMISIBLE. Por oficio Nº DJ010-2022CCDRL, de 7 de setiembre de 2022, el Presidente de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Liberia nos comunica que, por acuerdo número 7, adoptado en la sesión 30-2022 celebrada el 22 de agosto pasado, aquella la Junta Directiva decidió elevar consulta a esta Procuraduría General acerca del nombramiento del servidor xxx y en concreto, formula las siguientes interrogantes: “1.¿Puede ser nombrada como persona colaboradora-funcionario (a) de un Comité como el nuestro, un miembro de Junta Directiva sin siquiera haber hecho renuncia a su cargo y que tal renuncia haya sido aceptada por esa Junta Directiva? 2.¿Puede ser nombrada una persona colaboradora-funcionario (a) de un Comité como el nuestro en un puesto administrativo sin contar con los atestados legales o requisitos de estudios requeridos por el Manual de Puestos? 3. Si esa persona colaboradora nombrada sin atestados –estudios profesionales requeridos-, se le cambia de puesto: ¿Podría ser nombrada en un puesto que no existe en el Manual de Puestos aprobado por el Concejo Municipal correspondiente? 4. Si se le vuelve a reubicar en otro puesto a esa persona colaboradora. ¿Si se le debe mantener el mismo salario con el que fue nombrado inicialmente en el cargo profesional? 5. En circunstancias como la señalada anteriormente, ¿Cuál órgano es el competente para subsanar tales actuaciones administrativas de Junta Directiva –en caso de que se deban subsanar-, y cuál sería la vía procesal que debe realizarse?” Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-202-2022, de 16 de setiembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, concluye: “Luego de un exhaustivo análisis, por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo de su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Opinión Jurídica nº 122 -J de 09 de Septiembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-122-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. La Asamblea Legislativa solicitó nuestro criterio en relación con el texto del proyecto de ley denominado: “CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD”, tramitado en el expediente legislativo n.° 22.614, que tiene por objeto la creación del citado Consejo como órgano de asesoría, diseño y promoción de políticas públicas sobre productividad. Mediante el pronunciamiento PGR-OJ-122-2022, del 09 de setiembre de 2022, el procurador Alonso Arnesto Moya y el abogado de Procuraduría, Alonso J. Zeledón Carazo, determinaron que el texto propuesto no presenta problemas de constitucionalidad, tan solo de técnica legislativa que se recomienda tomar en consideración. Siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 194 de 09 de Septiembre de 2022, de Municipalidad de Heredia

    PGR-C-194-2022 INADMISIBLE. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Incumplimiento de requisitos de admisibilidad para el trámite de consultas ante PGR. art. 4 LOPGR. REGIDOR MUNICIPAL NO ESTÁ legitimado para plantear la consulta INDIVIDUALMENTE. asunto concreto. Consulta no se formula con claridad ni resulta comprensible. Por medio del oficioNº CMS-019-09-2022, de fecha 06 de setiembre del 2022, el señor Carlos Monge Solano, en su condición de Regidor de la Municipalidad de Heredia, nos solicita el criterio sobre lo siguiente: “Quisiera saber si existe alguna prohibición para que miembros que integran la Junta Directiva con respecto a su grado de consanguinidad o afinidad, al ser un bien municipal y que 4 de sus miembros son nombrados por el Concejo Municipal de Heredia y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia respectivamente”. Mediante el dictamen PGR-C-194-2022 del 09 de setiembre del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República y suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, ambas de la Dirección de la Función Pública, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva”.

  • Opinión Jurídica nº 119 -J de 08 de Septiembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-119-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. REFORMA A LA LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL (N.°9416). DEBIDA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES (RTBF). CLARIFICACIÓN DE LAS SANCIONES. HABILITA ACCESO AL REGISTRO A LA SUGEF, SUPEN, SUGEVAL Y SUGESE, JUECES DE LA REPÚBLICA Y AL BCCR PARA FINES ESTADÍSTICOS. La Asamblea Legislativa solicitó nuestro criterio en relación con el texto del proyecto de ley denominado: “LEY PARA FORTALECER EL REGISTRO DE TRANSPARENCIA Y BENEFICIARIOS FINALES”, tramitado en el expediente legislativo n.° 22.357, que contiene sendas reformas a la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal y al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, dirigidas a ampliar los supuestos en que los sujetos obligados deberán actualizar la información del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF), clarificar las consecuencias por el incumplimiento en el suministro de información a dicho registro y adecuarlas al tipo de omisión incurrida, así como autorizar el acceso a esos datos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), los jueces de la Repúblicas y el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Mediante el pronunciamiento PGR-OJ-119-2022, del 08 de setiembre de 2022, el procurador Alonso Arnesto Moya determinó que el proyecto de ley en cuestión no presenta, en términos generales, problemas de constitucionalidad, si bien, recomienda valorar las observaciones hechas a su artículo 3 que modifica el artículo 9 de la Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal para que otras instancias públicas y judiciales tengan acceso a la información de carácter confidencial del RTBF, por las eventuales implicaciones que en el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la autodeterminación informativa (artículo 24 constitucional) tendría la redacción propuesta. En todo caso, su aprobación o no, forma parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 190 de 08 de Septiembre de 2022, de Ministerio de Justicia y Paz

    PGR-C-190-2022 Ministerio de justicia y paz. auditoría interna. vacaciones. artS. 59 CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 153 código de trabajo, 31 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. LICENCIAS SIN GOCE DE SALARIO MENORES AL AÑO. INCAPACIDADES que no sean iguales o superiores a un año. GUARDA RELACIÓN CON LOS SIGUIENTES DICTÁMENES C-229-2002, C-163-2005 y C-212-2006. Por medio del oficio N° AI-111 del 05 de agosto del 2021, suscrito por la señora Ivette Rojas Ovares, Auditora Interna del Ministerio de Justicia y Paz, se solicita el criterio de la Procuraduría General, respecto al “proceso de vacaciones”. Puntualmente, para “poder interpretar correctamente los dictámenes referidos, en cuanto a la cantidad de días que deben otorgarse sean de manera proporcional o la totalidad de los días que tiene a derecho por la cantidad de años laborados, en aquellos casos en que los funcionarios han presentado incapacidades y/o han disfrutado de licencias sin goce salarial en períodos menores a un año.” Con la aprobación de la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, se emitió el dictamen PGR-C-190-2022 del 08 de setiembre del 2022, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, mediante el cual se concluyó: “1.- El artículo 153 del Código de Trabajo, que es el que establece el derecho a vacaciones anuales remuneradas, hace la fijación tomando en cuenta la existencia de labores continuas, al servicio de un solo patrono, lo que implica un supuesto de trabajo realizado que amerite descanso. Dicha norma también contempla en su párrafo tercero los supuestos por los cuales no se interrumpe la continuidad del plazo requerido para tener derecho al reconocimiento de vacaciones anuales. 2.- Por lo tanto, el artículo 153 del Código de Trabajo es la normativa general que se debe aplicar, salvo norma especial en contrario. 3.- La consultante debe interpretar las frases señaladas en su misiva, en el sentido explicado de forma clara y precisa por el dictamen C-229-2002, retomado en los pronunciamientos C-163-2005 y C-212-2006. 4.- Las licencias sin goce de salario otorgadas en el sector público, menores al año, son las que tienen la virtud de no interrumpir la continuidad del trabajo; y, por ende, es factible que se genere derecho al disfrute vacacional, en proporción a las labores o servicios prestados, dentro del lapso de las cincuenta semanas. 5.- Lo mismo sucede con los períodos de incapacidad que un funcionario sufra durante un año laboral -y que no sean iguales o superiores a un año-, los cuales tienen la virtud de no interrumpir la continuidad del plazo requerido para tener derecho al reconocimiento de vacaciones, en los términos dispuestos en el ordinal 153 del Código de Trabajo, párrafo tercero. Ergo, el derecho al disfrute vacacional será en proporción a las labores o servicios prestados, dentro del lapso de las cincuenta semanas, salvo que exista norma especial que disponga lo contrario. 6.- Cada caso concreto debe ser analizado por la administración activa, al momento de otorgar el disfrute vacacional anual, en atención a la situación particular que presente el servidor público y en orden a la cantidad de días a los que tendría derecho.”

  • Dictamen nº 186 de 06 de Septiembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-C-186-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA. forma de pago de tiempo ordinario y extraordinario en los casos donde se inicien labores en un día feriado y se finalice de trabajar en un día hábil, o Viceversa. no existe una norma de rango legal que otorgue a los dictámenes de la Asesoría Jurídica del MTSS un carácter vinculante. Las horas extraordinarias laboradas por un funcionario que trabaje de 09:00 pm a 06:00 am deben ser calculadas en su totalidad con el valor de la hora nocturna. Por medio del oficio N° AL-DREJ-OFI-1220-2021 de fecha 23 de noviembre del 2021, suscrito por el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo de la Asamblea Legislativa, se solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “1. ¿Cómo debe aplicarse el pago de tiempo ordinario y extraordinario en los casos donde se inicien labores en un día feriado y se finalice de trabajar en un día hábil, o por el contrario, cuando se inicien las labores en día hábil y se finalice en un día feriado? 2. ¿Es procedente aplicar en la Asamblea Legislativa los criterios jurídicos emitidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? 3. ¿Cómo debe aplicarse el pago de tiempo extraordinario a un funcionario que labore de 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente en días hábiles de trabajo (horario compuesto)? En ese sentido, se necesita determinar cuál es el valor de la hora ordinaria de ese horario (valor nocturno o diurno), para el cálculo del pago de horas extra?” Con la aprobación de la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, se emitió el dictamen PGR-C-186-2022 del 06 de setiembre del 2022, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, mediante el cual se concluyó: “1.- El pago de tiempo ordinario y extraordinario en los casos donde se inicien labores en un día feriado y se finalice de trabajar en un día hábil, o por el contrario, cuando se inicien las labores en día hábil y se finalice en un día feriado, deberá ser cancelado con el valor respectivo de cada hora laborada, sea a tiempo sencillo, doble o extraordinario, según corresponda. 2.- Este órgano asesor ha sostenido que no existe una norma de rango legal que otorgue a los dictámenes de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un carácter vinculante, por lo que no resulta procedente considerar que estos criterios jurídicos tengan ese carácter. 3.- Las horas extraordinarias laboradas por un funcionario que trabaje de 09:00 pm a 06:00 am deben ser calculadas en su totalidad con el valor de la hora nocturna, tal y como ha sido desarrollado en la jurisprudencia judicial citada en el presente dictamen.”

  • Opinión Jurídica nº 116 -J de 26 de Agosto de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-116-2022 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. CENTRO DE OPERACIONES CONJUNTAS. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. COORDINACIÓN CENTRALIZADA DE LAS FUERZAS DE POLICÍA EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y EL NARCOTRÁFICO. ACCESO Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES (DATOS SENSIBLES Y DATOS PERSONALES DE ACCESO RESTRINGIDO). DERECHO FUNDAMENTAL A LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA. La Asamblea Legislativa solicitó nuestro criterio en relación con el texto del proyecto de ley denominado: “LEY DE CREACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES CONJUNTAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA”, tramitado en el expediente legislativo n.° 22.587, que tiene por objeto centralizar y coordinar el empleo de los recursos policiacos disponibles terrestres, fluviales, marítimos y aéreos para la integración de operaciones dentro del territorio nacional de Costa Rica, con el propósito de alcanzar la sinergia operacional necesaria frente a las amenazas que afronta el país en la actualidad, principalmente, del narcotráfico y el crimen organizado. Mediante el pronunciamiento PGR-OJ-116-2022, del 26 de agosto de 2022, el procurador Alonso Arnesto Moya determinó que la iniciativa para crear mediante ley de la República el Centro de Operaciones Conjuntas como órgano del Ministerio de Seguridad Pública no presenta problemas de constitucionalidad. No obstante, se duda de la conformidad con el Derecho de la Constitución de la autorización tan amplia e indeterminada que el artículo 10 de la propuesta legislativa le confiere a dicho Centro para la recopilación y tratamiento de datos personales, especialmente, respecto a los datos sensibles; por lo que se recomienda valorar la redacción del precepto a la luz de las consideraciones hechas en este pronunciamiento antes de proceder a aprobarla. En todo caso, su aprobación o no, forma parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales, la que requerirá de mayoría calificada dada su incidencia en el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad y a la autodeterminación informativa.

  • Dictamen nº 182 de 26 de Agosto de 2022, de Ministerio de Relaciones Exteriores

    PGR-C-182-2022 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. consulta inadmisible. el criterio legal adjunto no posee las características que debe reunir para cumplir con el requisito de admisibilidad dispuesto por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica. Por oficioN° DM-DJO-2407-2022, de fecha 09 de agosto del 2022, el señor Arnoldo André Tinoco, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “¿La excepción contenida en la norma de ejecución presupuestaria N° 10, incorporada en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2022, Ley N° 10103 del 07 de diciembre de 2021, es aplicable a los puestos vacantes del Régimen de Servicio Exterior?” Mediante el Dictamen PGR-C-182-2022 del 26 de agosto del 2022, aprobado por el señor Ricardo Vargas Vásquez, Procurador General Adjunto por ministerio de ley, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva”.

  • Dictamen nº 181 de 24 de Agosto de 2022, de Municipalidad de la Cruz

    PGR-C-181-2022 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS.ÓRGANO MUNICIPAL COMPETENTE EN LA DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EN ZMT.AUTORIZACIÓN ACTO PREVIO; PLAN REGULADOR COSTERO. DISTRIBUCIÓN INTERNA DE COMPETENCIAS. Mediante oficio N.º º MLC-DAM-OF-221-2022 de fecha 06 de junio de 2022 el señor Luis Alonso Alan Corea, Alcalde de la Municipalidad de La Cruz, nos consulta lo siguiente: ¿Pueden las Municipalidades administradoras de la Zona Marítimo Terrestre autorizar o brindar aprobación para la dotación del servicio de electricidad como una necesidad básica a construcciones que se ubican en Zona Marítimo Terrestre de forma irregular? En caso de ser necesario y de proceder la demolición de obras o edificaciones irregulares en zona marítima terrestre, ¿Cuál sería el órgano competente para girar la orden; Alcaldía o el Concejo Municipal? La administración pública consultante adjunta el criterio legal emitido por oficio N.º MLCZMT-GJ-CJ-004-2022 del 06 de junio de 2022 de la asesoría legal del Departamento de Zona Marítimo Terrestre (asesoría legal institucional). Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante el dictamen PGR-C-181-2022, el Lic. Jorge Andrés Oviedo Álvarez, Procurador Director, y el Lic. Robert William Ramírez Solano, Abogado Asistente, concluyen lo siguiente: 1. De conformidad con los artículos 12 y 13 de la de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.º 6043 del 02 de marzo de 1977, se prohíbe el levantamiento de obras, sea principales o de provisionamiento de servicios públicos, en la zona marítimo terrestre sin la debida autorización legal, el cual es un acto administrativo de orden previo. Sin la autorización legal, es jurídicamente improcedente la instalación, reubicación o modificación de los servicios públicos que se pretendan proveer o reclamar. 2. La autorización legal para toda construcción, remodelación o reinstalación fija o removibles y reubicables, está condicionada a la existencia de un Plan Regulador Costero. En caso de no contarse con la autorización legal, o no ajustarse al plan regulador costero, con sustento en el artículo 13 de la Ley N.º 6043, la autoridad pública debe proceder con la destrucción y demolición de las obras involucradas. 3. De conformidad con el artículo 3 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre es competencia de la municipalidad la administración, tutela del dominio, desarrollo, aprovechamiento y uso la zona marítimo terrestre. La demolición de construcciones en zona marítima terrestre estará a cargo del órgano administrativo cuyo reglamento orgánico o de organización le haya atribuido esa competencia, que en defecto de norma expresa, la labor recaerá en la oficina administrativa que en forma directa conozca y resuelva sobre la administración de los terrenos en ZMT.

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