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  • Opinión Jurídica nº 220 -J de 16 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-220-2021. PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL. PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA. FEES. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de reforma a la Constitución Política denominado “ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL AL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA", expediente no. 20852. La Procuraduría, mediante la opinión jurídica no. PGR-OJ-220-2021 de 16 de diciembre de 2021, señaló: Resulta claro que lo que se pretende con el proyecto de reforma Constitucional es imponer una limitación a las Universidades estatales en la forma en la que distribuyen y ejecutan su presupuesto. Y ello, podría generar una antinomia normativa entre el párrafo que se pretende adicionar y lo dispuesto por el resto del artículo 85 que se proyecta reformar. La imposición de un porcentaje fijo que las Universidades estén obligadas a destinar a las sedes regionales, podría no ser acorde con el artículo 85 de la Constitución. La imposición de ese límite podría obstaculizar la libertad que se ha reconocido a las Universidades para establecer sus planes de ingresos y gastos y de determinar la forma en la que se ejecutarán los recursos asignados. La fijación de un porcentaje específico del presupuesto que las Universidades deban destinar a sus sedes regionales, como se pretende con el presente proyecto, parece no ser acorde a la filosofía del artículo 85, pues, cómo se indicó, la fórmula de planificación que se estableció en ese artículo pretende garantizar que el FEES responda a las necesidades reales de las Universidades, dentro de los lineamientos generales dispuestos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. La fijación de un porcentaje específico podría ser un mecanismo poco flexible que no se ajuste a las necesidades y variantes que se presenten. La posible existencia de esas antinomias podrá ser analizada por la Sala Constitucional cuando evacúe la consulta preceptiva que dispone el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Deberá analizarse cuáles son los datos a partir de los cuales se determinó que es necesario obligar a las Universidades estatales a que destinen un 30% de su presupuesto a sus sedes regionales y cómo esa medida podría implicar una mejora en el desarrollo del servicio que éstas prestan en esas áreas, y, a su vez, cómo ello implica una mejora en el desarrollo económico y social de las regiones periféricas del país.

  • Opinión Jurídica nº 221 -J de 16 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-221-2021 REFORMA AL CÓDIGO ELECTORAL. FRANJAS ELECTORALES. FINANCIAMIENTO ANTICIPADO. CONTRIBUCIÓN ESTATAL. PARTIDOS POLÍTICOS. La señora Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765 DE 19 DE AGOSTO DE 2009, PARA LA CREACIÓN DE LAS FRANJAS ELECTORALES", el cual se tramita bajo el número de expediente 21836, en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-221-2021 del 16 de diciembre 2021, suscrito por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó lo siguiente: La presente iniciativa pretende reformar el artículo 96 del Código Electoral para distribuir de forma distinta el financiamiento anticipado de la contribución estatal, creando franjas electorales de publicidad que serán pagadas por el Tribunal Supremo de Elecciones; El establecimiento de franjas electorales para la publicidad de los partidos políticos en medios de comunicación colectiva, es acorde con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), emitidas en los diferentes comicios de nuestro país; El establecimiento de franjas electorales ha sido respaldado por el Tribunal Supremo de Elecciones como órgano constitucional encargado de la función electoral y resulta acorde con lo dispuesto en los numerales 29, 33, 95 y 96 de la Constitución; La presente iniciativa, por tanto, se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, debe ser aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa, según lo establecido en el numeral 96 constitucional; Se recomienda de manera respetuosa, la introducción de una norma transitoria que regule la entrada en vigencia de la presente iniciativa en caso de aprobarse, pues podría afectar el método de financiamiento anticipado de la contribución estatal de comicios en curso.

  • Opinión Jurídica nº 213 -J de 14 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-213-2021 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. EXTENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (PNDT). ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA A SECTORES VULNERABLES. FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL). SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL). La Jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa consultó el texto del proyecto de ley denominado: “LEY DE ACCESO UNIVERSAL Y SOLIDARIO DE TELECOMUNICACIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL”, tramitado en el expediente legislativo n.° 21.945. Mediante pronunciamiento n.° PGR-OJ-213-2021, del 14 de diciembre de 2021, el Procurador Alonso Arnesto Moya, señaló que, si bien el texto consultado no presenta problemas de constitucionalidad, sí de técnica legislativa que se recomiendan valorar. Siendo su aprobación parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Opinión Jurídica nº 212 -J de 14 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-212-2021 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. TRASLADO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (FONATEL) DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) A LA FUNDACIÓN OMAR DENGO. OBLIGACIONES DE ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL. La Jefa de Área de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa consultó el texto del proyecto de ley denominado: “LEY DE TRASLADO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES A LA FUNDACIÓN OMAR DENGO. REFORMA DE LA LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8642, DE 4 DE JUNIO DE 2008, Y LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, LEY N.° 8660, DE 8 DE AGOSTO DE 2008”, tramitado en el expediente legislativo n.° 21.920. Mediante pronunciamiento n.° PGR-OJ-212-2021, del 14 de diciembre de 2021, el Procurador Alonso Arnesto Moya, señaló que el texto consultado presenta serios problemas de constitucionalidad y de técnica legislativa que se recomienda valorar antes de proceder a su eventual aprobación. Siendo su aprobación parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 357 de 14 de Diciembre de 2021, de Consejo de Gobierno

    PGR-C-357-2021 Consejo de Gobierno. Nombramiento como miembro del Consejo Directivo del ICE. Deber de cumplir con los requisitos que dispone el art. 10 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, n° 449 y sus reformas. Grado académico licenciatura en informática, especialidad en telemática. Estudios técnicos. Principio de legalidad. principio de reserva de ley. Reforma legislativa. Por oficioSCG-175-2021, de fecha 26 de mayo del 2021, el señor Carlos Elizondo Vargas, Secretario del Consejo de Gobierno y Jefe de la Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, solicita el criterio de la Procuraduría General, por haber sido comisionado por el Consejo de Gobierno, adjuntando la certificación CERT-188-2021 del 15 de abril de 2021, que contiene la transcripción del acuerdo del Consejo de Gobierno que le comisiona a realizar la respectiva consulta. La interrogante que se plantea en el referido acuerdo reza: “...si es procedente jurídicamente nombrar como miembro del Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a un bachiller en informática, quien a su vez ostenta una maestría informática y no la licenciatura como dice la ley; sin infringir lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, n° 449 ni el principio de legalidad. La consulta que se sometería a la Procuraduría, refiere expresamente a aquel miembro del Consejo Directivo para quien la ley dispone como requisito académico el grado de licenciatura en Informática con especialidad en telemática, toda vez que se requiere consultar si puede ser nombrado para conformar ese órgano colegiado, una persona que sea bachiller en informática, no tiene licenciatura, pero sí maestría también en informática. Y ¿qué se podría entender como afín a la especialidad en telemática – como podría ser, según entendemos, telecomunicaciones. A la vez surge la duda de cómo proceder en caso de cómo proceder si no se encuentra una persona no solo idónea, sino son pocos los profesionales que hay en el mercado con especialidad en telemática.” Mediante el Dictamen PGR-C-357-2021 del 14 de diciembre del 2021, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Daniela Vega Rojas, Abogada de Procuraduría, el cual fue aprobado por el señor Procurador General de la República, se concluyó: “ No es posible modificar los requisitos expresamente dispuestos en el artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad -ICE-, a efectos de seleccionar a un miembro de su Consejo Directivo, sin violentar el principio de legalidad. Los requisitos para acceder a cargos como el que nos ocupa están regidos por el principio de reserva legal, lo cual en este caso significa que la condición académica o grado universitario expresa e imperativamente contenido y prescrito en la norma legal de comentario, no puede ser variado discrecionalmente por la Administración sin incurrir en vicios invalidantes de la conducta administrativa que así lo haga. A fin de tener claridad sobre las áreas de conocimiento que resultan afines a la Telemática, la Administración debe proceder a realizar los estudios técnicos pertinentes que le permitan dilucidar tal interrogante. Si por la oferta laboral que existe en el país, resulta difícil encontrar profesionales con la formación académica que exige el artículo 10 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad –ICE- para conformar su Consejo Directivo, puede valorarse la posibilidad de gestionar ante la Asamblea Legislativa una reforma a dicha norma, a fin de que se ajuste a los requerimientos y necesidades del Instituto, que lleven a establecer las condiciones profesionales que actualmente demandan esos puestos.”

  • Opinión Jurídica nº 214 -J de 14 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-214-2021 PROYECTO DE LEY. LEY PARA PENALIZAR LOS CRÍMENES DE ODIO, DELITO DE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS.HOMICIDIO CALIFICADO. CRÍMENES DE ODIO. DISCRIMINACIÓN RACIAL. CÓDIGO PENAL. DERECHOS HUMANOS. HOMICIDIO. DIFUSIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Respuesta a La Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefa, Área Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 22.171, denominado “Ley para penalizar los crímenes de odio, delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos”. El proyecto legislativo, tal y como su título lo refiere, pretende entre otras cosas adicionar un inciso 11) al artículo 112 del Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas. A criterio de esta Procuraduría y sobre el inciso 11) del artículo 112 del CP, tómese en cuenta lo dicho en la Opinión Jurídica 093-2021 del 11 de mayo de 2021, en la cual nos pronunciamos respecto al texto del proyecto de ley denominado “Adición de un inciso 11) al artículo 112 del Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970”, expediente N° 21.652, en el cual se pretendía introducir un inciso 11) al mismo artículo y en términos muy similares de los que se plantean con esta iniciativa 22.171, que atrae nuestra atención. Sobre la reforma del artículo 123 bis del Código Penal, entre cosas se indicó que: Es manifiesto que el contenido del artículo 386 bis propuesto es bastante similar al actual artículo 123 bis del CP (incluso ambos coinciden en la pena de prisión a imponer), solamente como novedad se incluyen nuevas causas de discriminación para configurar el delito (que representa la piedra angular del presente proyecto de ley), como son discapacidad, orientación sexual o condición de salud y se elimina como integrante del elenco de manifestaciones la condición del estado civil; además, se sustituye incorrectamente el verbo “ocasione” por “infrinja”. Finalmente, en lo que atañe a la inclusión de nuevas manifestaciones de discriminación y racismo, este Despacho avala su incorporación al elenco de aspectos que hoy están contenidos en el artículo 123 bis actual del Código Penal, así como su traslado al Capítulo de Delitos contra los Derechos Humanos. Sobre la reforma a los artículos 380 del Código Penal Desde el punto de vista de la estructura de los tipos penales, se puede advertir que -prima facie- es satisfactoria, no solo porque cumple con los preceptos doctrinarios sino también con la abundante jurisprudencia constitucional. Sobre la dosimetría penal, ello responde al dictado de la política criminal que le atañe a ese Órgano Legislativo. No obstante ello, sí opinamos que la pena luce proporcionada tomando en cuenta que el propio artículo propuesto establece resultados muy perjudiciales para la víctima, como lo es la limitación, la restricción o la denegación de uno o varios derechos o libertades. Sobre la reforma a los artículos 382 del Código Penal a.- Cuando el legislador pretende obedecer a compromisos internacionales y procura incorporarlos al ordenamiento interno, debe tener el cuidado suficiente de no trasladar disposiciones punitivas demasiado amplias (muy propio de las regulaciones internacionales por aquello del respeto a las idiosincrasias jurídicas de los países suscriptores), que incumplan con los principios de tipicidad y legalidad. b.- El delito internacional de etnocidio se define como la destrucción de la cultura de un pueblo. De la observación de la exposición de motivos del presente proyecto, no solo no se percibe fundamentación alguna, sino también al momento de plasmarlo en el texto legal, por estar contenidos ambos delitos de genocidio y etnocidio en el mismo título, no se logra determinar cuál es cuál, lo que lesionaría los principios ya mencionados de tipicidad y de legalidad. c.- El incremento de la pena de prisión actual, que está establecida de 10 a 25 años, se dispone que se eleve de 20 a 35 años. A pesar de que la penalidad luce alta, es lo cierto que los hechos descritos representan eventos graves y atroces que merecen castigos ejemplares, motivo por el cual, siendo parte del diseño de la política criminal el establecimiento de la dosimetría penal, en manos de la Asamblea Legislativa por disposición constitucional, no haremos mayores comentarios. Introducción del tipo penal de difusión de la discriminación racial Con la incorporación de este tipo penal, se pretende introducir una figura novedosa en nuestro sistema penal, castigando con una pena de prisión de uno a tres años a quién difunda propaganda por cualquier medio (abarcando tanto medios de comunicación tradicionales como digitales, entre ellos el internet), basado en los conceptos de superioridad y discriminación, lo cual consideramos apropiado debido a que los medios de información y difusión son, sin duda, uno de los principales agentes de socialización y su mal uso puede provocar estereotipos y formas de discriminación contrarias a los principios democráticos de derechos humanos de igualdad, libertad y dignidad. Otros aspectos a tomar en cuenta en relación con la iniciativa de ley. En relación con la pena de inhabilitación a personas funcionarias públicas propuesta en el artículo 380 ter de esta iniciativa de ley, se recomienda se indique claramente a cuál de las dos clases de pena de inhabilitación se está refiriendo. Por último, se llama la atención que, en la exposición de motivos, propiamente en la página 13, se indica que se estarían agravando los delitos de lesiones, pero en el desarrollo de los artículos que se pretenden reformar no se desprende ninguna modificación a ese artículo, por lo que se sugiere verificar este tema. De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre la consulta formulada al proyecto de ley N° 22.171.

  • Dictamen nº 341 de 09 de Diciembre de 2021, de Ministerio de Justicia y Paz

    PGR-C-341-2021 ART. 173 DE LA LGAP; INEXISTENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA; EVENTUAL PROCESO DE LESIVIDAD; DEBIDA CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Por oficio número MJP-DM-639-2021, de 12 de octubre de 2021, conforme a lo previsto por el ordinal 173 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), la Ministra de Justicia y Paz nos solicita emitir nuestro criterio preceptivo acerca de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los acuerdos 2018-022-003 de 13 de setiembre de 2018 y 2019-019-004 de 10 de octubre de 2019 del Consejo Superior Notarial, por los cuales, en atención a informes de la Auditoría Interna y en relación con los períodos de vacaciones del entonces Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Notariado, señor Guillermo Sandi Baltodano, portador de la cédula de identidad 105290802, se pronunció sobre la naturaleza de aquél puesto, determinando que “Por no ser una competencia discrecional del Consejo Superior Notarial y estar reglado en la Ley específica por el artículo 23 del Código Notarial, al puesto del Director Ejecutivo no se le aplica la naturaleza de puesto de confianza, dado por el artículo 4 del Estatuto de Servicio Civil. El Reglamento Autónomo de Servicio vigente es aplicable a la relación de servicio del director ejecutivo, incluido el reconocimiento de vacaciones en los términos del artículo 23 de ese cuerpo normativo”; posición que fue posteriormente ratificada en el segundo acuerdo cuestionado. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen PGR-C-341-2021, de 9 de diciembre de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los acuerdos 2018-022-003 de 13 de setiembre de 2018 y 2019-019-004 de 10 de octubre de 2019 del Consejo Superior Notarial. Lo anterior, fundamentalmente, porque no se aprecia la existencia de nulidades susceptibles de ser catalogadas como absolutas, evidentes y manifiestas. En caso de que la Administración, luego de valorar adecuadamente el asunto de marras, mantenga su voluntad de revertir aquéllos actos emanados del Consejo Superior Notarial, podría optar por acudir al proceso contencioso de lesividad, (arts. 183.3 LGAP, 10.5 y 34 del Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley Nº 8508); trámite que no debe ir precedido por un procedimiento administrativo ordinario, sino que basta la declaratoria de lesividad por parte del órgano superior jerárquico supremo de la jerarquía administrativa correspondiente –en este caso el Ministro del ramo-; todo esto en el entendido de que como dichos actos son de fecha posterior al 28 de agosto de 2008, con base en lo dispuesto por el artículo 34.1 del CPCA, la posibilidad de pretender su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se mantiene, siempre y cuando, en primer lugar, el vicio del que adolezcanconstituya una nulidad absoluta, en los términos del artículos 166 y 167 de la LGAP; y en segundo término, mientras perduren sus efectos e incluso un año posterior a que cesen. En razón de lo anterior, devolvemos el asunto junto con la documentación íntegra que nos fuera remitida al efecto. No se omite indicar que, este dictamen se notificará vía correo electrónico y el expediente administrativo No. 01-2021 y su legajo de prueba No. 02-2021, se devolverá acompañado de un oficio emitido por este Órgano Asesor, en un plazo razonable.”

  • Opinión Jurídica nº 203 -J de 09 de Diciembre de 2021, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-203-2021 ASAMBLEA LEGISLATIVA. PROYECTO DE LEY. CREACIÓN DEL MECANISMO PARTIDARIO PERMANENTE DE LAS MUJERES. DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER. FORTALECIMIENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CÓDIGO ELECTORAL. La Jefa de Área de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa consultó el texto del proyecto de ley denominado: “REFORMA DE LOS INCISOS O) Y P) DEL ARTÍCULO 52 Y DEL PÁRRAFO FINAL DEL ARTÍCULO 103 DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N° 8765 DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 Y SUS REFORMAS. FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE LA MUJER Y DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, tramitado en el expediente legislativo n.° 21.791. Mediante pronunciamiento n.° PGR-OJ-203-2021, del 09 de diciembre de 2021, el Procurador Alonso Arnesto Moya, señaló que el texto consultado no presenta problemas de constitucionalidad, ni de técnica legislativa. Siendo su aprobación parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

  • Dictamen nº 345 de 09 de Diciembre de 2021, de Ministerio de Hacienda

    PGR-C-345-2021 MINISTERIO DE HACIENDA. APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL A LOS ENTES PÚBLICOS NO ESTATALES. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS (N.°9635). LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y PRESUPUESTOS PÚBLICOS (N.°8131). INADMISIBILIDAD. ASUNTO JUDICIALIZADO. Por oficio n.° DM-0951-2021, del 9 de setiembre del 2021, el Ministro de Hacienda formuló las siguientes preguntas: “1. ¿Cuál es el alcance (o ámbito de aplicación) de la Ley N°8131 para los entes públicos no estatales que no reciben o manejan fondos públicos? 2. ¿Los entes públicos no estatales que no reciben o manejan fondos públicos estarían afectos a la Regla Fiscal?” El procurador Alonso Arnesto Moya mediante el dictamen PGR-C-345-2021 del 09 de diciembre de 2021, luego de constatar la existencia de los procesos con los expedientes números 20-4110-1027-CA y 20-4583-1027-CA en la jurisdicción contencioso-administrativa, dio respuesta en los siguientes términos: Las preguntas formuladas en la presente consulta aluden a la aplicación o no de la regla fiscal a los entes públicos no estatales a partir de la interpretación de los alcances de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo que en este momento es objeto de discusión en sede judicial. Por consiguiente, la consulta presenta un problema de admisibilidad que nos impide pronunciarnos en cuanto al fondo. Con lo cual, habrá que atenerse a lo que resuelvan sobre dicho asunto los Tribunales de Justicia en ejercicio de la función jurisdiccional.

  • Dictamen nº 340 de 09 de Diciembre de 2021, de Ministerio de Economía, Industria y Comercio

    PGR-C-340-2021 APORTE PATRONAL A ASOCIACIONES SOLIDARISTAS; CASO DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS CON PERSONIFICACIÓN PRESUPUESTAL: COPROCOM Y LACOMET; REGULACIÓN EN MATERIA PRESUPUESTARIA. Por oficio No. DM-OF-480-2021, de fecha 9 de julio de 2021, la Ministra de Economía, Industria y Comercio solicita el criterio técnico jurídico de la Procuraduría General de la República con respecto a la obligación de esa cartera ministerial de continuar girando el aporte patronal a asociaciones solidaristas, por funcionarios que, a su criterio, no forman parte de la estructura organizacional, por pertenecer a órganos de desconcentración máxima que cuentan con patrimonio propio; aludiendo con ello el caso concreto de la Comisión para la Promoción de la Competencia (COPROCOM) y el Laboratorio Costarricense de Metrología (LACOMET). En concreto se consulta: “a) ¿Corresponde el aporte patronal a la Asociación Solidarista institucional con cargo al presupuesto del Ministerio, en el caso de aquellos funcionarios que prestan labores en un Órgano de Desconcentración Máxima, el cual posterior a su creación, ubicó a los funcionarios de dicha dependencia fuera de la estructura organizacional del Ministerio, y consecuentemente eliminó toda relación de empleo entre éstos y el Ministerio? b) ¿Corresponde el aporte patronal a la Asociación Solidarista con cargo al presupuesto del Ministerio, en el caso de aquellos funcionarios que prestan labores en un órgano desconcentrado en grado máximo, y que perciben el pago de sus salarios bajo la Partida de Remuneración del referido Órgano Desconcentrado, el cual también cuenta con su propia Asociación Solidarista?” Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen PGR-C-340-2021, de 9 de diciembre de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: Con base en lo expuesto, la Procuraduría General concluye que: Dejamos de este modo evacuada su consulta.

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