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  • Dictamen nº 011 de 15 de Enero de 2020, de Asamblea Legislativa

    C-011-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. EJERCICIO DE FUNCIÓN DE CONTROL POLÍTICO. La señora Marolin Azofeifa Trejos, Diputada de la República, Asamblea Legislativa, requiere nuestro criterio sobre varias interrogantes relacionadas con el régimen aplicable a los terrenos comprendidos en la finca de la provincia de Limón no. 96658, el procedimiento correcto para que JAPDEVA rectifique la medida de esa finca y libere los terrenos correspondientes a fincas inscritas a nombre de particulares, la legitimidad de las fincas inscritas de particulares ubicadas en esos terrenos y la posibilidad de que JAPDEVA venda o done porciones de esa finca a particulares. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-011-2020 de 15 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible. La Asamblea Legislativa podría ser considerada como Administración Pública cuando nos consulte un tema en el ejercicio de la función administrativa, no así cuando requiere nuestro criterio sobre algún tema de interés para el ejercicio de la función legislativa. Pese a lo anterior, la Procuraduría ha acostumbrado atender las consultas que formula la Asamblea Legislativa y sus diputados, con el afán de colaborar con el ejercicio de las importantes funciones que la Constitución Política les atribuye. En ese entendido, la colaboración que se brinda a través de nuestros criterios a la Asamblea Legislativa y sus Diputados, no nos permite obviar los requisitos esenciales de admisibilidad de las consultas. Al respecto, las interrogantes deben ser planteadas de forma clara y precisa y versar sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite. Aunado a lo anterior, no es procedente responder aquellas consultas que, aunque planteadas por los señores diputados, tengan como objetivo funcionar como canal transmisor de una duda jurídica que atañe a un sujeto de derecho privado, pues, de conformidad con nuestra Ley Orgánica, no somos competentes para atender las consultas de particulares. De tal forma, pese a que su consulta involucra temas relacionados con bienes de dominio público que podrían ser objeto del ejercicio de la función de control político, lo cierto es que ésta podría involucrar intereses particulares de quienes ocupan terrenos en la finca consultada o son propietarios de fincas inscritas ubicadas en esa misma área y requieren definir mecanismos para regularizar su situación y para mantener la legitimidad de sus títulos de propiedad. En consecuencia, el ligamen de lo consultado con el ejercicio de la función de control político no resulta completamente claro.

  • Opinión Legal nº 001 -L de 14 de Enero de 2020, de Ministerio de Hacienda

    OL-001- 2020 CONTRATO DE PRESTAMO Y DE EJECUCION DEL PROGRAMA N. 28568 ENTRE EL KFW Y LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. LEY 9723 Por oficio N. OL-001-2020 se emite la Opinión Legal requerida en relación con el Contrato de Préstamo N.28568, suscrito entre la República (el Prestatario) y el KFW Frankfurt am Main (KFW), el 20 de diciembre de 2018, por un monto de hasta setenta y nueve millones doscientos setenta y ocho mil quinientos noventa y un euros exactos (EUR 79.278.591,00), para financiar el “Programa de Saneamiento en Zonas Prioritarias”. De acuerdo con lo cual el contrato constituye una obligación válida y exigible de conformidad con sus términos.

  • Dictamen nº 008 de 10 de Enero de 2020, de Municipalidad de Aserrí

    C-008-2020 VISADO DE PLANOS. ARTÍCULO 34 Y 36 DE LA LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA. REQUISITOS PARA VISADO. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS O SERVICIOS MUNICIPALES. El señor Leonidas Alberto Gutiérrez Víquez, Secretario del Concejo, Municipalidad de Aserrí, en oficio no. SMA-0972-06-19 de 21 de junio de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: “Se acuerda realizar una consulta a la Procuraduría General de la República sobre la legalidad o ilegalildad de exigirle a los administrados como requisito, cuando realizan la tramitación del visado municipal previsto en el artículo 34 de la Ley de Planificación Urbana y sus reformas, estar al día con el pago de las obligaciones tributarias del interesado a cuyo nombre esté el plano” Esta Procuraduría, en dictamen no. C-008-2020 de 10 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: Al haber operado una derogación tácita del inciso d) del artículo 36 de la Ley de Planificación Urbana y estimarse que la disposición aplicable es la contenida en el artículo 34 de la misma Ley, resulta ilegal exigirle a los administrados como requisito para el otorgamiento del visado municipal allí previsto, estar al día con el pago de los tributos o servicios municipales.

  • Dictamen nº 005 de 09 de Enero de 2020, de Banco Popular y Desarrollo Comunal

    C-005-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Luis Alonso Lizano Muñoz, Secretario General de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular, requiere nuestro criterio sobre la posibilidad de excluir funcionarios de las futuras negociaciones de la convención colectiva de trabajo. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-005-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Pese a que en la consulta se transcribe parte del informe de la Dirección Jurídica Institucional, no se adjunta dicho documento, y, por ello, no es posible conocer el criterio completo de la asesoría legal; por tanto, no se cumple el requisito de admisibilidad que exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982).

  • Dictamen nº 004 de 09 de Enero de 2020, de Consejo de Transporte Público

    C-004-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. RÉGIMEN DE CONTROL INTERNO. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo a.i., Consejo de Transporte Público, requiere nuestro criterio sobre sobre las siguientes interrogantes: “¿Existe algún impedimento administrativo o jurídico para que se realice un estudio de clima organizacional en el cual participen los funcionarios de la Auditoría Interna que se encuentran nombrados bajo el régimen del servicio civil? ¿Deben ser anónimos los funcionarios que se les apliquen a estos servidores o pueden libremente optar por indicar el nombre si lo consideran pertinente?” Esta Procuraduría, en dictamen No. C-004-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque, está relacionada con el régimen de control interno, que según lo dispuesto por los artículos 3° y 23 de la Ley General de Control Interno (no. 8292 de 31 de julio de 2002) y 12 y 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (no. 7428 de 7 de 7 de setiembre de 1994), constituye competencia exclusiva y prevalente de la Contraloría General de la República; así como adolece del segundo requisito de admisibilidad regulado por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, referente a adjuntar el criterio de la asesoría legal sobre el asunto consultado.

  • Dictamen nº 006 de 09 de Enero de 2020, de Colegio Federado de Químicos E Ingenieros Químicos

    C-006-2020 INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. NO SE ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA. La señora Noemy Quirós Bustos, Presidenta del Colegio de Químicos de Costa Rica, mediante oficio no. CQCR-050-2019 de 18 de diciembre de 2019, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: ¿Puede un ex trabajador administrativo de la Universidad de Costa Rica en este momento jubilado bajo la ley 7268 (Régimen del Magisterio Nacional), ser contratada con inclusión en planillas de la C.C.S.S, por el Colegio de Químicos, en un puesto administrativo sin que tenga que renunciar a su pensión? Esta Procuraduría, en dictamen No. C-006-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En primera instancia, pese a que la consulta se formula sin mencionar el nombre de la persona, lo cierto es que se requiere nuestro criterio sobre un caso concreto, pues, lejos de plantearse un cuestionamiento jurídico abstracto, se expone una situación fáctica particular, lo cual escapa a nuestra labor asesora. Además, no se cumple el segundo requisito de admisibilidad, que exige expresamente el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, es decir, que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución. Finalmente, la consulta es planteada por uno solo de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Químicos, sin mediar un acuerdo de ese órgano colegiado en el cual se decidió plantear la consulta.

  • Dictamen nº 003 de 09 de Enero de 2020, de Municipalidad de Sarchí

    C-003-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO EN EL CRITERIO LEGAL. El señor Luis Oscar Quesada Esquivel, Alcalde, Municipalidad de Sarchí, requiere nuestro criterio sobre sobre tres interrogantes relacionadas con el uso y acceso restringido de las vías públicas. Esta Procuraduría, en dictamen No. C-003-2020 de 9 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible, ya que si bien la consulta no hace referencia a un caso concreto, el criterio legal adjunto sí expone una situación concreta y específica. Por tanto, de dar respuesta a su consulta con el criterio legal que la acompaña, estaríamos refiriéndonos indirectamente a esa situación concreta, lo cual, como ya se advirtió, escapa a nuestra función consultiva. (En similar sentido, véanse los dictámenes nos. C-139-2017 de 20 de junio de 2017, C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-246-2018 de 21 de setiembre de 2018 y C-046-2019 de 20 de febrero de 2019).

  • Dictamen nº 002 de 08 de Enero de 2020, de Tribunal Administrativo de Transporte

    C-002-2020 JERARCA MÁXIMO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES. DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES. El licenciado Ronald Muñoz Corea del Tribunal Administrativo de Transporte solicita adición y aclaración de lo dispuesto en el dictamen C-336-2019 del 11 de noviembre de 2019. Específicamente solicita que se aclare si “a los efectos de la Administración del Tribunal, de su Manejo y de las Actividades que, con (sic) correlativas o consecuentes a ello, el órgano colegiado, como nosotros le llamamos el Tribunal en Pleno (los Tres Jueces), constituimos el órgano jerárquico o jerarca superior del Tribunal”. Manifiesta que dicha aclaración resulta fundamental, pues “se tiende a confundir la representación del Tribunal con la jerarquía en cuanto al mismo o del mismo.” Mediante dictamen C-002-2020 del 08 de enero 2020, suscrito por Silvia Patiño Cruz, Procuradora Adjunta se concluyó que a partir de lo expuesto en el dictamen C-336-2019 del 20 de noviembre de 2019, el órgano colegiado del Tribunal Administrativo de Transportes constituye el jerarca supremo y agota vía administrativa en lo que se refiere a las materias desconcentradas a su favor, específicamente el conocimiento de recursos de apelación que se interponen contra las resoluciones del Consejo de Transporte Público y el establecimiento de las indemnizaciones que puedan originarse en relación con los daños producidos por violaciones de la legislación del transporte público (artículo 22 de la Ley 7969). Por tanto, la representación judicial y extrajudicial que realiza el Ministro al no existir norma legal que habilite a algún miembro del Tribunal para ejercer esa representación, no puede ser interpretada como un sometimiento del Tribunal a la línea jerárquica de aquel, en lo que se refiere a dichas materias desconcentradas. Lo anterior, sin perjuicio de la delegación de dicha representación que puede realizar el señor Ministro en el Presidente del Tribunal Administrativo de Transportes, en casos concretos y, especialmente, ante la discrepancia de criterios, según lo faculta el Decreto Ejecutivo 37355.

  • Opinión Jurídica nº 003 -J de 07 de Enero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-003-2020 PROYECTO DE LEY. MINERÍA ARTESANAL. ADICIÓN Y REFORMA CÓDIGO DE MINERÍA. COSTA RICA PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA A CIELO ABIERTO. La señora Noemy Gutiérrez Medina, Jefa de Área Comisiones Legislativas VI de la Asamblea Legislativa, mediante oficio no. 20936-078-2019 de 06 de marzo de 2019, requiere la opinión jurídica no vinculante de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21.229, denominado "Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal de Abangares, para que se adicione dos artículos y reforma al transitorio I, a la Ley No. 8904, Ley que reforma Código de Minería y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo abierto del 1° de diciembre de 2010”. Esta Procuraduría, en dictamen no. OJ-003-2020 de 7 de enero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Si bien la aprobación del proyecto de Ley no. 21.229, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar que dicha iniciativa tenía como objetivos principales ampliar el plazo de ocho años dispuesto en el transitorio I de la Ley 8904, sin embargo en virtud de la aprobación de la Ley no. 9662 de 08 de febrero de 2019 que prorrogó el plazo dispuesto en el transitorio I de la Ley 8904 por cuatro años más, el texto sustitutivo aprobado no contiene ninguna disposición al respecto. En el texto sustitutivo se proyecta adicionar los transitorios VIII y IX a la Ley no. 8904, que son muy similares a los transitorios V y VI de la Ley no. 9662 de 08 de febrero de 2019, por lo que se recomienda valorar si, para evitar contradicciones en un mismo cuerpo normativo, resulta más adecuado y práctico, reformar esos transitorios según el texto propuesto. El último transitorio pretende que en el Reglamento al artículo 8° del Código de Minería se incluya la creación de una comisión interinstitucional, con el fin de que se otorgue la asistencia, incentivos y promoción que dispuso la Ley 8904. Al respecto, el cumplimiento de dicha medida implicaría una reforma del Reglamento de la actividad de la minería artesanal y en pequeña escala para subsistencia familiar por parte de cooperativas mineras (Decreto Ejecutivo no. 37225 de 23 de julio de 2012), por lo que se sugiere valorar la posibilidad de incluir un nuevo plazo para el cumplimiento de esa disposición, puesto que, con la redacción proyectada se estaría haciendo referencia a un plazo que ya transcurrió.

  • Opinión Jurídica nº 162 -J de 13 de Diciembre de 2019, de Asamblea Legislativa

    OJ-162-2019 CRITERIO EN RELACIÓN AL PROYECTO DE “LEY CONTRA EL ACOSO SEXUAL CALLEJERO”. La Asamblea Legislativa mediante el oficio AL-CPEM-297-2019 de fecha 06 de mayo de 2019, ha requerido el criterio de la Procuraduría en relación con el proyecto de ley N° 20.299 denominado: “Ley contra el acoso sexual callejero”, pero teniendo en cuenta las modificaciones realizadas mediante el nuevo texto sustitutivo aprobado el día 11 de noviembre de 2019. El Lic. José Enrique Castro Marín, Procurador Coordinador del Área Penal de la Procuraduría General de la República, mediante la Opinión Jurídica OJ-162-2019 evacua la solicitud remitida, indicando que los proponentes de la presente iniciativa legal buscan la protección de la indemnidad sexual, la libertad de tránsito y la libertad de autodeterminación de cada persona en espacios públicos, en espacios privados de acceso público y en medios transporte públicos y privados. Dicha tarea se pretende realizar mediante la implementación de cinco artículos. Los primeros dos tienen una naturaleza programática, ya que desarrollan los objetivos, definiciones, políticas y acciones que se pretenden alcanzar con este proyecto de ley. El tercero propone una reforma al Código Penal, específicamente al artículo 53 relacionado con la pena de multa; el cuarto, adiciona una Sección IV titulada “Acoso sexual en espacios públicos o de acceso público” al Título III del Código Penal y finalmente, el quinto artículo añade un artículo 388 Bis a la Sección I del Libro III Contravenciones del Código Penal. Corolario del estudio realizado, considera este órgano asesor, que esta iniciativa legal –prima facie- carece de roces con nuestro Ordenamiento Jurídico, por lo que se estima que es viable para su aprobación, siempre y cuando se consideren las observaciones planteadas, las cuales quedan expuestas para análisis y valoración de los señores Diputados.