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  • Dictamen nº 193 de 26 de Mayo de 2020, de Colegio de Profesionales en Informática y Computación

    C-193-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora Yenori Rojas Hernández, Presidenta de la Junta Directiva, Colegio de Profesionales en Informática y Computación, nos traslada las consultas formuladas por la Junta Directiva de ese Colegio, relacionadas con la celebración de la asamblea general ordinaria, los nombramientos y la aprobación del presupuesto, frente a la emergencia nacional y medidas adoptadas por el Ministerio de Salud por el Covid-19. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-193-2020 de 26 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: El criterio legal que exige nuestra Ley Orgánica como requisito de admisibilidad debe emitirse específicamente para los efectos de aclarar las dudas sobre las cuales finalmente se nos consulta. Es decir, antes de solicitar nuestro criterio, el jerarca correspondiente debe requerir el criterio de su asesoría legal sobre los cuestionamientos que desea consultarnos, con el fin de que dicho informe legal responda todos los cuestionamientos generales que se nos plantean. En esta ocasión, no se adjunta ningún criterio legal, y, por tanto, la consulta que se nos plantea resulta inadmisible. Conforme con lo indicado en este dictamen, se archiva la consulta.

  • Dictamen nº 191 de 26 de Mayo de 2020, de Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

    C-191-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LOS AUDITORES. NO LIGAMEN PLAN DE TRABAJO. El señor Alfonso Segura Hidalgo, Auditor Interno, Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, requiere conocer “Cómo se debe interpretar la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas N.° 9635, con respecto a la recaudación del IVA, según el monto facturado y cobrado a los usuarios y; a la vez, pagado en diferido por el Instituto al Ministerio de Hacienda, en la facturación por servicio de agua potable y alcantarillado sanitario a los usuarios del AyA.”, por lo que solicita nuestra respuesta. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-191-2020 de 26 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Resulta evidente que el auditor no plantea la consulta con el fin de obtener un insumo para el ejercicio de su competencia, y, por tanto, no existe ligamen entre lo consultado y el plan de trabajo que se encuentra ejecutando en la institución. Por el contrario, se nos está trasladando una consulta formulada por la Junta Directiva de la institución. Es decir, la duda jurídica que se plantea obedece al interés de la administración activa, no nace en el seno de la auditoría interna para el ejercicio de las funciones programadas en su plan de trabajo. Debe reiterarse que la facultad que la ley le otorga a los auditores internos de requerir nuestro criterio lo es únicamente para solventar dudas jurídicas que surjan en el ejercicio de sus competencias de control y, por tanto, que estén englobadas en el plan de trabajo en desarrollo. Por tanto, esa facultad no debe ser utilizada por la administración activa para evadir el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de las consultas, como sucede en esta ocasión. (Al respecto, véase el dictamen no. C-076-2020 de 3 de marzo de 2020).

  • Dictamen nº 192 de 26 de Mayo de 2020, de Comisión Nacional de Préstamos Para la Educación

    C-192-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LOS AUDITORES. NO LIGAMEN PLAN DE TRABAJO. La señora Flora Emilia Villalobos Astúa, Auditora Interna, Comisión Nacional de Préstamos para Educación, requiere nuestro criterio sobre la siguiente interrogante: ¿Cuál debe ser la interpretación correcta del inciso d) artículo 14 del Reglamento a la Ley 9635, en lo concerniente a no revalorizar las anualidades antiguas y únicamente el pago de la próxima anualidad se modifique a partir de un descenso o ascenso o por el contrario es viable el pago de todas las anualidades acumuladas conforme al nuevo salario? Esta Procuraduría, en dictamen no. C-192-2020 de 26 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En este caso, no se acredita cuál es el ligamen de lo consultado con el plan de trabajo que se encuentra en ejecución en la institución, y, en consecuencia, no es posible determinar que la solicitud se hace en estricto ejercicio de las labores propias de la auditoría interna. Como ya se indicó, los auditores internos, al requerir nuestro pronunciamiento, deben acreditar la relación existente entre lo consultado y un tema o asunto que se haya previsto estudiar en el plan de trabajo correspondiente. (Al respecto, véase el dictamen no. C-094-2020 de 17 de marzo de 2020).

  • Dictamen nº 194 de 26 de Mayo de 2020, de Municipalidad de Nicoya

    C-194-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. La señora María Ester Carmona Ruiz, Secretaria del Concejo, Municipalidad de Nicoya, nos comunica el acuerdo del Concejo Municipal no.032-003-2020, en el cual se dispuso requerir nuestro criterio sobre la posibilidad de que una regidora suplente específica pueda integrar la Comisión de Condición de la Mujer. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-194-2020 de 26 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: La consulta que se dirige a la Procuraduría debe plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso concreto, ni a la situación particular de una persona determinada. En el caso que nos ocupa, la consulta formulada está destinada a determinar si una regidora suplente específica, puede integrar una Comisión o no. En consecuencia, de responder lo solicitado, estaríamos refiriéndonos a la situación particular de una regidora particular, lo cual, escapa a nuestra función consultiva. (En similar sentido, véanse los dictámenes nos. C-139-2017 de 20 de junio de 2017, C-061-2018 de 3 de abril de 2018, C-246-2018 de 21 de setiembre de 2018, C-046-2019 de 20 de febrero de 2019 y C-003-2020 de 9 de enero de 2020). Por otra parte, no se cumple el requisito de presentar el criterio del asesor legal de la institución sobre el tema consultado, que es exigido expresamente por el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.

  • Dictamen nº 189 de 25 de Mayo de 2020, de Ministerio de la Presidencia

    C-189-2020 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD CONSULTAS DE AUDITORES; INADMISIBILIDAD DE CONSULTA. Por oficio No. AI-057-0405-2020, de fecha 04 de mayo de 2020, la Auditoría Interna de la Presidencia de la República, sin más, requiere formalmente nuestro criterio técnico jurídico acerca de la aplicabilidad del Artículo 41 de la Ley de Presupuesto Extraordinario N° 7097 de 18 de agosto de 1988, a puestos de confianza creados por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, y por tanto, excluidos del Régimen de Servicio Civil y que laboran en el departamento de cómputo. Duda que se exacerba por la aparente incomprensión de la heterogeneidad de colectivos de servidores y empleados que componen el recurso humano disponible, tanto en la Presidencia de la República, como en el Ministerio de la Presidencia. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-189-2020, de 25 de mayo de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión,y por ende, se deniega su trámite y se archiva.” “ARTICULO 41.- Al personal con especialidad en Cómputo que labora en los departamentos de Cómputo de las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil y del Poder Judicial, se les reconocerá la prohibición establecida en la ley Nº 5867 del 15 de diciembre de 1975 y sus reformas, en los mismos términos en que se le reconoce al personal de la Oficina Técnica Mecanizada”. (Lo destacado es nuestro).

  • Dictamen nº 184 de 22 de Mayo de 2020, de Municipalidad de Guatuso

    C-184-2020 CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD CONSULTAS DE AUDITORES; INADMISIBILIDAD DE CONSULTA. Por oficio No. AI-30-2020, de fecha 07 de mayo de 2020,la Auditoría Interna de la Municipalidad de Guatuso formula una serie de interrogantes sobre temas diversos. En concreto se consulta: 1. Las partidas específicas como la de la Ley 8114 y 9329, que son incluidas en el presupuesto general de las Municipalidades, son sujetas a tomarse como base presupuestaria para las cancelaciones de los porcentajes (%) tanto al comité de deportes, juntas de educación, entre otros. De igual forma estas partidas se tomarán como base presupuestaria para el pago de salario de los alcaldes. Ejemplo si en el presupuesto Municipal general es de 1.000.000.000.00 de colones, pero se forma por recursos Municipales 300.000.000.00 y 700.000.000.00 de la Ley 8114 y 9329. Para pagar al comité de deporte el 3%, y el salario del alcalde, se toma como base el presupuesto general incluyendo 8114 y 9329, o solo los 300.000.000.00 de los recursos? 2. Las vacaciones del alcalde que ha sido reelecto y cuenta con periodos de vacaciones acumulados, son pagaderas en el periodo que recién termina o se le aplica la prescripción de no disfrutarlas, cancelando lo que le corresponde al final de su gestión, tal como lo indica el dictamen C-285-2011, según sentencia de la sala segunda en sentencia n°401-2011, o se aplica lo establecido en la Ley 9635, que al terminar la relación “laboral” e iniciar un nuevo periodo, se cancelan e inicia de nuevo. 3. Puede un funcionario público que se encuentra laborando con la modalidad de teletrabajo, asistir a sesiones de concejo dentro del horario de teletrabajo. Existiendo una superposición horaria. 4. El criterio profesional de un ente externo, es vinculante para la Institución que lo solicita, como es el caso, de los criterios emitidos por la PGR y la CGR. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-184-2020, de 22 de mayo de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión,y, por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Dictamen nº 183 de 22 de Mayo de 2020, de Municipalidad de Puriscal

    C-183-2020 VACACIONES Y CÓMPUTO DEL PERÍODO MÍNIMO; COMPENSACIÓN DE LAS VACACIONES NO DISFRUTADAS; SERVIDORES PÚBLICOS GOBERNANTES –ALCALDE Y VICEALCALDES-; JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA CON EFICACIA GENERAL Y NORMATIVA; AUTOINTEGRACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ADMINISTRATIVO ANTE LA AUSENCIA DE NORMA ESCRITA. Por oficio Oficio No.MP-AM-0672-2020, de fecha 11 de mayo de 2020, la Alcaldesa de la Municipalidad de Puriscal expone una interrogante concreta que gira en torno al reconocimiento de vacaciones a los Alcaldes y Vicealcaldes municipales salientes y la eventual compensación de las no disfrutadas por ellos. A Y acompaña el criterio de la Asesoría Jurídica institucional, materializado en el oficio No.MP- AM-SJ-CRITERIO 037-2020, de fecha 5 de mayo de 2020. En concreto se consulta: “Al ser el Alcalde y el Vicealcalde funcionarios o (sic) regidos por el derecho laboral común, no (sic) por el régimen estatutario propio del empleo público, una vez que termine su nombramiento popular y no halla (sic) disfrutado los días de descanso según o (sic) dispone el ordinal 59 Constitucional; ¿deberá la municipalidad compensar económicamente los días no disfrutados? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-183-2020, de 22 de mayo de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, conforme a una consistente línea jurisprudencial administrativa, por demás vinculante (arts. 2 y 3 inciso b) de la Ley Nº 6815), concluye y reafirma que: Al persistir la ausencia de norma escrita especial y concreta que regule el reconocimiento del derecho a las vacaciones anuales remuneradas a favor de los servidores públicos gobernantes –incluidos los Alcaldes y Vicealcaldes municipales-, y la posibilidad de compensarles, al término de su gestión, las no disfrutadas, siempre y cuando no hayan prescrito - ordinal 413 del Código de Trabajo-, debe integrarse el ordenamiento jurídico Administrativo con nuestra jurisprudencia administrativa que así lo reconoce y que tiene legalmente atribuida eficacia general y normativa (arts. 2 de nuestra Ley Orgánica, No. 6815, 7, 8 y 9 de la LGAP).

  • Opinión Legal nº 004 -L de 16 de Mayo de 2020, de Ministerio de Hacienda

    OL-004-2020 CONTRATO DE EMPRÉTITO INTERNACIONAL. APROBACIÓN LEGISLATIVA. A solicitud del señor Ministro de Hacienda, oficio N. DM-0541-2020 de 13 de mayo de 2020, la Procuradora General Adjunta emite la Opinión Legal relativa al Contrato de Préstamo CCR 1011 01F suscrito entre la República de Costa Rica y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), por un monto equivalente de hasta ciento cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 150.000.000), para financiar el “Programa de Apoyo Presupuestario con base en reformas de políticas de Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica”. A partir de la aprobación de dicho Contrato por el artículo 2 de la Ley 9846 de 16 de mayo de 2020 y su publicación en el Alcance N. 116 a La Gaceta 112 de 16 de mayo de 2020, fecha a partir de la cual rige, se han cumplido los requisitos constitucionalmente establecidos para la validez y eficacia de dicho Contrato. Por consiguiente, dicho acuerdo establece obligaciones válidas y exigibles para la República de Costa Rica.

  • Opinión Legal nº 003 -L de 16 de Mayo de 2020, de Ministerio de Hacienda

    OL-003-2020 CONTRATO DE EMPRÉSTITO INTERNACIONAL. APROBACIÓN LEGISLATIVA A solicitud del señor Ministro de Hacienda, oficio N. DM- 0542-2020 de 13 de mayo de 2020, la Procuradora General Adjunta emite la Opinión Legal correspondiente al Contrato de Préstamo N. 4988/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de hasta doscientos treinta millones de dólares estadounidenses (USD 230.000.000,00), para financiar el Programa Hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica”, que se deriva de la iniciativa del “Programa de Apoyo Presupuestario con base en reforma de políticas para Apoyar al Plan de Descarbonización de Costa Rica”. Se hace constar que dicho Contrato fue aprobado por el artículo 1° de la Ley 9846 de 16 de mayo de 2020, publicada en el Alcance 116 a La Gaceta 112 de 16 de mayo de 2020, fecha a partir de la cual rige. Al haberse cumplido los requisitos constitucionalmente establecidos para la validez y eficacia del referido Contrato de Préstamo, este establece obligación válidas y exigibles para la República de Costa Rica.

  • Dictamen nº 176 de 15 de Mayo de 2020, de Ministerio de Hacienda

    C-176-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. CONSULTA DE DIRECCIÓN JURÍDICA Y NO POR EL JERARCA INSTITUCIONAL. La señora Evelyn Granados Morera, Coordinadora de Área, Dirección Jurídica, Ministerio de Hacienda, nos comunica que la auditoría interna de ese Ministerio giró la recomendación de solicitar nuestro criterio sobre la posibilidad de emitir títulos valores desmaterializados. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-176-2020 de 15 de mayo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: Aunque se indique que la solicitud de criterio se plantea por así haberlo recomendado la Auditoría Interna, lo cierto es que la gestión no está siendo planteada directamente por ese órgano de control, sino por la propia administración activa, y, en consecuencia, los requisitos de admisibilidad, de que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados y que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución, deben ser atendidos. En esta ocasión, la consulta está siendo planteada por la coordinadora de la Dirección Jurídica, que es un órgano sometido a la relación jerárquica de la estructura institucional y orgánica del Ministerio de Hacienda, y, además, no se adjunta el criterio legal sobre el tema consultado.