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  • Opinión Jurídica nº 173 -J de 21 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-173-2022 PROPUESTA DE FIJACIÓN DE TRIBUTOS ÚNICAMENTE EN MONEDA NACIONAL. ADICIÓN ARTÍCULO 4 BIS AL CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS. REGULACIÓN DE TRIBUTOS Y OBLIGACIONES EN MONEDA EXTRANJERA (DÓLARES). LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA. La Licenciada Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de Comisiones Legislativas V de la Asamblea Legislativa, consulta a esta Procuraduría el proyecto de ley denominado “LEY PARA EL COBRO DE TRIBUTOS EN MONEDA NACIONAL (COLONES)”, el cual se tramita bajo el número de expediente 23.204, en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-173-2022 del 21 de noviembre 2022, suscrita por la Procuradora Maureen Vega Sánchez, se concluyó lo siguiente: El proyecto de ley pretende adicionar un artículo 4 bis al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N°4755, con la finalidad de fijar todos los tributos en moneda nacional (colones) y así eliminar los tributos fijados en moneda extranjera (dólares). Sin embargo, el proyecto carece de los estudios técnicos, jurídicos y financieros necesarios para verificar su conveniencia y viabilidad. En la exposición de motivos el legislador reconoce la existencia de posibles excepciones a la norma por razones justificadas, pero tal consideración no se materializa en el proyecto de ley en estudio. Situación originada por la ausencia de estudios técnicos-jurídicos, que permitan al legislador conocer cuáles son los tributos que actualmente están fijados en moneda extranjera, que requieren mantener tal fijación. Y de esa forma, considerar la posibilidad de algunas excepciones a la norma. El transitorio único del proyecto en cuestión presentaría, de llegar a ser aprobado, problemas de constitucionalidad y vicios de legalidad, al disponer que: “El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 6 meses, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para modificar los tributos que las instituciones estatales exigen en moneda extranjera, y fijarlos en moneda nacional (colones).” Lo anterior, por cuanto se reitera que dicha facultad recae en el Poder Legislativo y no en el Poder Ejecutivo, por disponerlo así el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política y desarrollarlo el numeral 5 del Código Tributario. Se recomienda consultar al Ministerio de Hacienda, así como en caso de existir alguna otra entidad que administre, recaude y fiscalice tributos en moneda extranjera, sobre la conveniencia y viabilidad del proyecto en cuestión. Se recomienda analizar cuál fue la intención del legislador para establecer cada uno de tributos existentes en dólares, y si resulta conveniente su fijación en colones, ya que la devaluación del colón también podría afectar a los sujetos activos de tales impuestos. La aprobación o no del proyecto se enmarca dentro del ámbito de discrecionalidad del legislador, sin embargo, se recomienda valorar los aspectos aquí señalados.

  • Dictamen nº 257 de 21 de Noviembre de 2022, de Ministerio de la Niñez y Adolescencia

    PGR-C-257-2022 INTERÉS SUPERIOR DE MENORES. DERECHO A LA INTIMIDAD. DERECHO A LA IMAGEN. SECRETO DE LAS COMUNICACIONES. AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA.TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.DATOS SENSIBLES. PRINCIPIO DERESERVA DE LEY. PRINCIPIO DERAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD. PROCESO ESPECIAL DE PROTECCIÓN. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. DEROGACIÓN EXPRESA Y TÁCITA. La señora Gloriana López Fuscaldo, Ministra de la Niñez y la Adolescencia y Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia solicita nuestro criterio sobre las siguientes interrogantes: “... en primera instancia, si la Ley N° 10238, “Ley de Protección de la imagen, la voz y los datos personales de las personas menores de edad”, implica una modificación tácita de los alcances de los artículos 47 y 48 del Código Civil; como segundo punto, conocer si la excepción dispuesta en el artículo 47 del Código Civil, que excluye responsabilidad en la publicación o reproducción de la imagen o fotografías de personas menores de edad, sin consentimiento de los responsables legales, subsiste o continúa vigente, en virtud de la aprobación de la Ley N° 10238, “Ley de Protección de la imagen, la voz y los datos personales de las personas menores de edad”, y finalmente, como tercer aspecto, comprender si a partir de la reforma legal citada, el PANI, ante denuncias sobre violaciones de derechos de las personas menores de edad relacionadas con los contenidos del artículo 389 inciso 3) del Código Penal, debe aplicar el proceso especial de protección, particularmente partiendo de la prevención escrita dispuesta por el artículo 137 del Código de la Niñez y la Adolescencia.” (La negrita no es del original) Mediante dictamen PGR-C-257-2022 del 21 de noviembre de 2022, suscrito por Yolanda Mora Madrigal, procuradora adjunta, se concluye lo siguiente: El artículo 24 de la Constitución Política garantizael derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones y de allí se desprenden los derechos fundamentales de inviolabilidad de los documentos privados y de autodeterminación informativa; Asimismo, la Sala Constitucional ha señalado que el derecho a la imagen constituye una ampliación del ámbito protector del derecho a la intimidad; Lo derechos de intimidad, autodeterminación informativa e imagen son derechos constitucionalmente protegidos para cualquier persona indistintamente de su edad, sin embargo, no cabe duda que las personas menores de edad tienen especial protección a la luz del artículo 51 de la Constitución Política; Dado lo anterior, el legislador ha optado por emitir normas tendientes a proteger, de manera especial, los derechos a la integridad, privacidad, imagen y confidencialidad de los datos de las personas menores de edad, a fin de resguardar su interés superior; Sin embargo, si bien los derechos de la personalidad son inherentes a todo ser humano, estos no tienen un carácter absoluto, irrestricto o incondicionado, de manera que, ante determinadas circunstancias, la regla general del consentimiento del titular cede en los supuestos de excepción, supuestos que quedan supeditados al principio de reserva de ley por tratarse de limitaciones a derechos fundamentales; La difusión de imágenes y fotografías de las personas menores de edad no es prohibida en forma general, sino únicamente en la medida que no se cuente con el consentimiento del responsable legal o no se esté dentro de las excepciones previstas en el artículo 47 del Código Civil (resolución 12959-2007 de la Sala Constitucional); Por lo tanto, aún con la reciente promulgación de la Ley N.° 10238, las excepciones dispuestas en el artículo 47 del Código Civil continúan vigentes, aunque involucre a personas menores de edad; La promulgación de la Ley N.° 10238 no derogó ni reformó tácitamente los alcances de los artículos 47 y 48 del Código Civil, dado que ese no fue el espíritu del legislador ni tampoco existe una contradicción entre las normas; El consentimiento expreso que debe mediar para la difusión de imágenes y fotografías de menores de edad debe otorgarse dentro de parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, y siempre y cuando se encuentre en uno de los escenarios en que dicha publicación sea lícita o permitida (resoluciones 12959-2007 y 13160-2022 de la Sala Constitucional); El proceso especial de protección en sede administrativa, previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia, consiste en un proceso sumario informal, cuyo propósito es constatar la situación investigada y dictar inmediatamente las medidas de protección contempladas en los artículos 135, 136 y 137, siempre que los derechos reconocidos en ese Código sean amenazados o violados; En consecuencia, las denuncias que reciba el PANI relacionadas con violaciones o amenazas a los derechos de las personas menores de edad fundamentadas en el artículo 389.3 del Código Penal, podrán ser atendidas a través del proceso especial de protección en sede administrativa, siempre y cuando esos mismos derechos estén reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia; Por lo tanto, ante cualquiera de estos supuestos, el PANI podrá iniciar el proceso especial de protección y ordenar la medida de protección que corresponda a la luz de los artículos 135, 136 y 137, esto a partir del juicio razonable de las circunstancias que medien en cada caso concreto y en orden al principio del interés superior de la persona menores de edad involucrada; Lo anterior, sin perjuicio de que se gestione la tutela de estos derechos a través de los otros medios contemplados en el ordenamiento jurídico.

  • Opinión Jurídica nº 171 -J de 17 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-171-2022 CONSULTA DIPUTADO. CIUDADANÍA HONORÍFICA A EXTRANJEROS, NO ASÍ A NACIONALES. ARTS. 14 INCISO 6) Y 121 INCISO 16) CONSTITUCIONALES. Por oficio No. AL-FPLN-PRG-033-2022, de fecha 09 de noviembre de 2022, en su condición de diputado integrante de la Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa, el Diputado Rojas Guzmán solicita “el criterio técnico especializado de la Procuraduría General de la República, acerca de los alcances de los artículos 121 inciso16 y 14 inciso 6) ambos de la Constitución Política y los artículos 221 y siguientes del Reglamento de la Asamblea Legislativa, con el fin de que se aclare si es razonable y jurídicamente procedente, otorgar la ciudadanía de honor a un ciudadano o ciudadana costarricense, o si por el contrario tal condición sólo procede para el caso de personasextranjeras que hayan prestado servicios notables al país”. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-OJ-171-2022, de 17 de noviembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, haciendo abstracción de lo consultado, y sin perjuicio de lo que determine la Sala Constitucional como último y definitivo intérprete de la Constitución, concluye: “Que el galardón de “ciudadanía honorífica”, con que se alude el otorgamiento de la “nacionalidad honorífica” a nivel constitucional -artículos 14 inciso 6) y 121 inciso 16)-, está dirigido a extranjeros, no así a nacionales. Se deja así evacuada su consulta en términos no vinculantes.”

  • Dictamen nº 252 de 17 de Noviembre de 2022, de Municipalidad de Goicoechea

    PGR-C-252-2022 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA. CONSULTA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. dictamen C-017-2021 del 21 de enero del 2021, se mantiene vigente, especialmente por el aval constitucional dado recientemente a la normativa en él aludida y en los términos establecidos por la Sala Constitucional, en sus resoluciones 2021-11995 de las 16:31 horas del 26 de mayo del 2021 y la 2021-11996 de las 16:32 horas de la misma fecha. guarda relación con el art. 44 ter de la ley n.° 7472 y la ley n.° 9918 que adicionó un transitorio al artículo 44 ter de la ley n.° 7472. Por medio del oficio N° MG-AG-03543-2022, de fecha 14 de julio del 2022, el señor Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde de la Municipalidad de Goicoechea, solicitó el criterio de la Procuraduría General, en relación con lo siguiente: “Es por ello, que requerimos expresa indicación de esta Procuraduría, respecto de si su previo dictamen C-017-2021 de 21 de enero del 2021, se mantiene en todos sus efectos, o ha sido reconsiderado por esta Procuraduría; y si en el caso de mantenerse vigente y en cumplimiento de los artículo (SIC) 44 ter de la Ley N.° 7472, denominada Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, y de forma especial lo normado en el Transitorio adicionado al dicho artículo 44 ter por el artículo 3“ de la Ley N.° 9918, debe este Municipio, en su condición de patrono, deducir del salario de los trabajadores, sin límite alguno, todas las operaciones de crédito constituidas antes de la entrada en vigencia de la “Ley contra la Usura" n.° 9859 de 16 de junio del 2020, independiente de que el acreedor sea una organización de base asociativa social sin fines de lucro, o que se trate de una casa comercial, de una financiera, de una institución bancada, (SIC) etc”. Con la aprobación de la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, se emitió el dictamen PGR-C-252-2022 del 17 de noviembre del 2022, por parte de la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora adjunta y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, mediante el cual se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, este órgano consultivo concluye que la presente gestión resulta inadmisible. Y, por ende, se deniega su trámite y se archiva. A pesar de lo anterior, en un afán de colaborar con el consultante, es relevante precisar que nuestro dictamen C-017-2021 del 21 de enero del 2021, se mantiene vigente, especialmente por el aval constitucional dado recientemente a la normativa en él aludida y en los términos establecidos por la Sala Constitucional, en sus resoluciones 2021-11995 de las 16:31 horas del 26 de mayo del 2021 y la 2021-11996 de las 16:32 horas de la misma fecha”.

  • Dictamen nº 253 de 17 de Noviembre de 2022, de Municipalidad de Esparza

    PGR-C-253-2022 REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE CONSULTAS. IMPOSIBILIDAD DE EMITIR CRITERIO SOBRE ASUNTOS JUDICIALES EN TRÁMITE. El señor Asdrúbal Calvo Chaves, en su calidad de Alcalde de la Municipalidad de Esparza, requiere criterio sobre lo siguiente: “1. ¿Cuáles son los alcances y atribuciones de la Municipalidad de Esparza en la zona litoral de Caldera, que se regía por la Ley N° 6043, y que actualmente se rige por la Ley N° 10236? 2. ¿Cuál es la figura jurídica que la Municipalidad de Esparza debe utilizar para regularizar la ocupación de los habitantes de la Zona Litoral del distrito de Caldera, antes de la entrada en vigencia del Plan Regulador Urbano, al que hace referencia la Ley N° 10236 (Concesión, uso de suelo, arrendamientos u otros)?” Esta Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-253-2022 del 17 de noviembre de 2022, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: En el Tribunal Contencioso Administrativo se encuentran en trámite los expedientes 16-10189-1027-CA y 18-4664-1027-CA, en los que la Municipalidad de Esparza es parte y, en los cuales se discute el régimen jurídico aplicable a la zona litoral del distrito de Caldera. Por estar pendientes dos decisiones judiciales sobre el mismo asunto consultado en la solicitud, resulta inadmisible la consulta, y nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

  • Opinión Jurídica nº 169 -J de 15 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-169-2022 PROYECTO DE LEY. ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE. PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURA. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. CRITERIO TÉCNICO. COLOCACIÓN DE PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURA YA EXISTENTE. La señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área, Comisiones Legislativas II, consulta el proyecto de ley denominado “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31 BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS”, expediente legislativo no. 23166. Esta Procuraduría, en opinión jurídica no. PGR-OJ-169-2022 del 14 de noviembre de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Se sugiere modificar la redacción del artículo 31 bis propuesto, a fin de eliminar el énfasis sobre áreas de protección, parques nacionales, reservas forestales y bosques, pues, existen más tipos de áreas silvestres protegidas y terrenos del patrimonio natural del Estado que no están siendo contemplados. Se sugiere modificar la redacción del artículo 31 con el fin de que se mantenga la posibilidad de que la SETENA, como parte del trámite de evaluación de impacto ambiental, le solicite al desarrollador de la obra respectiva, la elaboración de los estudios que correspondan para determinar la existencia de pasos de fauna y la necesidad de construir la estructura que garantice ese paso seguro. Sobre el transitorio I propuesto, es recomendable considerar que la competencia de reglamentar la Ley cuente también con el criterio técnico del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental. Sobre el segundo objetivo de la norma, que es que se implementen estructuras de paso de fauna en la infraestructura ya construida en todos aquellos puntos del país que se requiera; es recomendable que ese aspecto se aborde de una manera más integral o que se determine que será regulada en el reglamento de la ley, con el fin de que exista claridad en cuanto al tipo de obras existentes a las que se refiere, la forma de determinar la existencia de pasos de fauna afectados, las instituciones competentes y las acciones que comprende la atención urgente y prioritaria que indica. Se recomienda valorar si resulta razonable y práctico el plazo de veinticuatro meses dispuesto, considerando que lo que se pretende es colocar las estructuras de pasos de fauna en toda la infraestructura existente en el país que no las contenga, sin tener certeza, con base en un estudio o informe técnico, de la cantidad de obras que deberán ser intervenidas. Se sugiere analizar si lo pretendido en el transitorio II puede ser abordado y regulado de manera distinta, como un proceso gradual y planificado que requiere más especificaciones que las allí dispuestas.

  • Opinión Jurídica nº 168 -J de 15 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-168-2022 DESAFECTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. RESERVA LEGAL. OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL. PRINCIPIO PRECAUTORIO. PRINCIPIO DE NO REGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. ESTUDIO TÉCNICOS. La señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área de la Comisión Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “Ley para autorizar la titulación de tierras en Villa Sierpe, Osa”, el cual se tramita bajo el número de expediente 22.931 en la Comisión de Asuntos Económicos. Mediante opinión jurídica PGR-OJ-168-2022 del 15 de noviembre 2022, suscrita por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó que el proyecto de ley resulta inviable desde el punto de vista jurídico, pues pretende la desafectación de bienes de dominio público sin delimitar el área a titular y, en consecuencia, sin que exista certeza sobre su impacto sobre la zona marítimo terrestre, humedales o, en general, sobre el patrimonio natural del Estado. Asimismo, se omitió la realización de estudios técnicos previos, que justifiquen la iniciativa y analicen el impacto ambiental y las garantías adicionales que deben adoptarse, violentando los principios constitucionales de objetivación de la tutela ambiental,razonabilidad y proporcionalidad, progresividad y no regresión en materia ambiental. Finalmente, tampoco se justifica técnicamente el plazo de veinte años de ocupación para realizar la titulación y se echa de menos un apartado de definiciones que permita analizar los alcances del proyecto.

  • Dictamen nº 249 de 12 de Noviembre de 2022, de Municipalidad de Cañas

    PGR-C-249-2022 INADMISIBILIDAD. CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE Y ALUSIÓN A UN CASO CONCRETO PENDIENTE DE RESOLUCIÓN. Por oficio No. OFC-ALC-390-2022, de 03 de octubre de 2022 -recibido electrónicamente el 3 de noviembre último-, justificando que “En virtud de la existencia de una solicitud ante la administración Municipal relacionada de manera directa con la Ley 5867 artículo 1 inciso D), solicitud presentada con anterioridad a la Ley 9635, norma que derogada a la ley de respaldo de la solicitud, pero que a la fecha de hoy la solicitud, continua sin resolverse por parte de la administración municipal”, la Alcaldesa municipal consulta:“¿Se debe aplicar de manera retroactiva la ley fiscal Ley 9635, sobre la Ley 5867 artículo 1 inciso D); misma que estaba vigente cuando se presentó la solicitud ante la Municipalidad?” Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-249-2022, de 12 de noviembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Por todo lo expuesto, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Dictamen nº 248 de 12 de Noviembre de 2022, de Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

    PGR-C-248-2022 INADMISIBILIDAD. CRITERIO LEGAL INSUFICIENTE. PAGO DE DIETA ANTE LLEGADA TARDÍA O RETIRO ANTICIPADO. Por oficio No. CGG-508-2022 de 23 de setiembre de 2022, según el cual, ante cuestionamientos surgidos en el seno de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) sobre el pago de dietas a directivos, el Gerente General consulta acerca de la procedencia del pago de dieta cuando una persona integrante de aquel órgano colegiado llega tarde a la sesión o se retira antes de su finalización, con motivos justificados y habiendo permanecido presente la mayor parte de la sesión. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-248-2022, de 12 de noviembre de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Luego de un exhaustivo análisis, por el incumplimiento de requisitos de admisibilidad, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo de su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Opinión Jurídica nº 164 -J de 11 de Noviembre de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-164-2022 PROYECTO DE LEY. ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS DE POLINIZACIÓN ABIERTA. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDA PARA AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN Y LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. REQUERIMIENTO DE CRITERIO TÉCNICO A AUTORIDADES PERTINENTES. PRINCIPIO PRECAUTORIO. MORATORIA DE LIBERACIÓN AL AMBIENTE. La señora Cinthya Díaz Briceño, Jefa de Área, Comisiones Legislativas IV, consulta el proyecto de ley denominado “LEY REGULADORA DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS DE POLINIZACIÓN ABIERTA”, expediente legislativo no. 22789. Esta Procuraduría, en opinión jurídica no. PGR-OJ-164-2022 del 11 de noviembre de 2022, suscrita por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: El objetivo y contenido del proyecto es en realidad, establecer una moratoria nacional sobre la liberación al ambiente de ese tipo de organismos Por tener una gran similitud con el proyecto tramitado en el expediente no. 21376, le resultan aplicables las consideraciones expuestas en la opinión jurídica no. OJ-192-2021. Se reitera lo señalado en las opiniones jurídicas previas no. OJ-192-2021, OJ-055-2016 y OJ-085-2017, en cuanto a que debe analizarse que en nuestro ordenamiento jurídico existe normativa tendiente a regular la liberación y cultivo de organismos vivos modificados y a reducir los posibles riesgos, tal y como lo exigen las regulaciones internacionales al respecto. Debe tomarse en cuenta el voto de la Sala Constitucional no. 15017-2014 sobre la violación de los artículos 50 y 189 de la Constitución Política, al no exigirse una evaluación de impacto ambiental dentro del procedimiento de autorización de importación y liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados. Se reitera que, antes de declarar una moratoria como la propuesta, debe valorarse el costo beneficio de una medida como la prevista por el plazo de cinco años. Se recomienda incorporar a la discusión de este proyecto de ley el criterio técnico y especializado de las autoridades administrativas competentes, de manera que la decisión de adoptar la moratoria propuesta cuente con el fundamento técnico que su naturaleza requiere. En cuanto al texto propuesto, se recomienda incluir una definición sobre qué se entiende por organismos genéticamente modificados de polinización abierta.

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