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  • Dictamen nº 124 de 12 de Mayo de 2021, de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

    C-124-2021 DENUNCIA DE CONVENCIONES COLECTIVAS.PLAZO MÍNIMO DE ANTELACIÓN. ART. 58, INCISO E) DEL CÓDIGO DE TRABAJO. Por oficio No. MTSS-DMT-OF-470-2021, de 13 de abril de 2021, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social consulta acerca del plazo de denuncia de las convenciones colectivas –art. 58, inciso e) del Código de Trabajo-. ¿Este plazo al que se refiere el artículo citado corresponde al plazo estricto e inamovible de un mes de anticipación al vencimiento del instrumento convencional o, podría interpretarse como un plazo mínimo que permite presentar la denuncia de la convención colectiva con un anticipo superior al mes que establece la norma? Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-124-2021, de 12 de mayo de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: Al estar referido a un período o intervalo de tiempo a lo largo del cual se puede realizar válidamente la denuncia de una convención colectiva, y no a un momento específico y único para verificar esa actuación, lo dispuesto por el artículo 58, inciso e) del Código de Trabajo, se constituye en un plazo mínimo de antelación con que debe emitirse y comunicarse aquel acto, respecto al término de la expiración del convenio respectivo. Por estar fijado en “un mes” deberá contarse según calendario; es decir, de fecha a fecha –arts. 15 del Código Civil y 30.5 del Código Procesal Civil-. Al ser un plazo mínimo, resulta jurídicamente factible que las partes suscribientes puedan denunciar el instrumento convencional incluso con mayor anticipación al mes de su respectivo vencimiento. Sin que ello implique la pérdida sobrevenida de vigencia del convenio, el cual sigue vigente hasta la fecha pactada.

  • Opinión Jurídica nº 094 -J de 12 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-094-2021. PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENÉTICOS Y PARTICIPACIÓN JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACIÓN AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21376, denominado “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica.” La Procuraduría, en OJ-094-2021 de 12 de mayo de 2021, señaló: El Protocolo de Nagoya al Convenio sobre la Diversidad Biológica sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, no presenta vicios de constitucionalidad. Se estima que se trata de un instrumento normativo internacional de suma importancia en materia de acceso equitativo a los recursos genéticos y de promoción y salvaguarda de la participación justa y equitativa en los beneficios generados por la utilización de los recursos genéticos, conforme con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y nuestra Ley de Biodiversidad.

  • Dictamen nº 126 de 12 de Mayo de 2021, de Municipalidad de Guácimo

    C-126-2021. INADMISIBILIDAD. CONSULTAS DE AUDITORES. RELACIÓN CON PLAN DE TRABAJO. La auditora de la municipalidad de Guácimo requirió nuestro criterio sobre la aplicación del artículo 181 del Código Municipal. La Procuraduría, en dictamen C-126-2021 de 12 de mayo de 2021 declaró inadmisible la consulta porque no se acreditó la relación de lo consultado con el plan de trabajo de la auditoría.

  • Dictamen nº 125 de 12 de Mayo de 2021, de Municipalidad de Garabito

    C-125-2021 auditor interno municipalidad de garabito. improcedencia pago del aguinaldo a los regidores y síndicos (propietarios y suplentes). Por medio del oficio N° AIMG-154-2020 del 02 de junio del 2020, suscrito por el Licenciado Julio César Vargas Aguirre, Auditor Interno de la Municipalidad de Garabito, se solicitó el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente interrogante: “¿Procede jurídicamente reconocer o cancelar a los Regidores y Síndicos Municipales (Propietarios y Suplentes), el decimotercer mes, -Aguinaldo-?” Con la aprobación del señor Procurador General de la República, se emitió el dictamen C-125-2021 del 12 de mayo del 2021, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, mediante el cual se concluyó: “1.- Con fundamento en lo indicado, este Despacho concluye que a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley Número 1981 del 9 de noviembre de 1955 y sus reformas, denominada "Pago de Aguinaldo a Servidores de Instituciones Autónomas", mediante la resolución 2004-14254 de las 14:17 horas del 15 de diciembre del 2004 de la Sala Constitucional, resulta improcedente el pago o reconocimiento del aguinaldo a regidores y síndicos municipales –propietarios y suplentes-. Además, porque tampoco existe una relación de empleo con la municipalidad, ni el pago de un salario. 2.- Se advierte que no resulta procedente la reconsideración de oficio de los pronunciamientos realizados por este Órgano Consultivo de previo a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 5 de la Ley 1981, toda vez que el análisis efectuado y lo concluido en esas oportunidades obedeció a la vigencia de dicha norma.”

  • Opinión Jurídica nº 090 -J de 07 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-090-2021. ZONA MARÍTIMO TERRESTRE. INTANGIBILIDAD DE LA ZONA PÚBLICA. ZONAS URBANAS LITORALES. POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE CONCESIONAR ZONA PÚBLICA. DESAFECTACIÓN DE LA ZONA RESTRINGIDA. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 20988, denominado "REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N° 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, DE 27 DE MARZO DE 2014, Y SUS REFORMAS.” La Procuraduría, en OJ-090-2021 de 7 de mayo de 2021, señaló que: Con el proyecto la declaratoria de zona urbana litoral pasaría de ser un instrumento para permitir el otorgamiento de concesiones en la zona restringida, y, excepcionalmente, en la zona pública, a ser un mecanismo para desafectar del dominio público la zona restringida y permitir su inscripción como propiedad privada, y, además, para permitir el otorgamiento de concesiones en la zona pública de manera generalizada. Conforme con los principios de objetivación de la tutela ambiental, razonabilidad y proporcionalidad, y progresividad y no regresión en materia ambiental, cualquier proyecto de ley que pretenda disminuir el régimen de protección ambiental actual requiere una justificación técnica de respaldo. La iniciativa desafectaría la zona restringida de la zona marítimo terrestre incluida en una declaratoria de zona urbana litoral y la convertiría, automáticamente, en un bien de dominio privado, susceptible de posesión y propiedad particular. Ello, además de que implica una alteración radical del régimen que permanentemente ha tenido la zona marítimo terrestre, conlleva la desafectación de un bien de dominio público medioambiental para transferir el dominio a manos de particulares, sin mediar un interés público superior, ni una justificación válida y suficiente. Se estaría permitiendo la desafectación de porciones de la zona marítimo terrestre por medio de actuaciones administrativas y la emisión del Decreto Ejecutivo que declara una zona urbana litoral, es decir, contrario a la amplísima jurisprudencia constitucional sobre la desafectación de bienes demaniales, se estaría permitiendo la desafectación de bienes de dominio público sin la emisión de una ley específica. Al modificarse los parámetros bajo los cuales se estimó que la posibilidad excepcional de otorgar concesiones en la zona pública resultaba acorde con el Derecho de la Constitución, el proyecto podría significar una violación al principio de intangibilidad de la zona marítimo terrestre.

  • Dictamen nº 120 de 07 de Mayo de 2021, de Municipalidad de Pococí

    C-120-2021 CONVENCIÓN COLECTIVA, VIGENCIA. Inadmisibilidad CASO CONCRETO PENDIENTE DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE. Por oficioDA-371-2020, del 26 de marzo del 2020, el entonces Alcalde a.i. de la Municipalidad de Pococí, Ingeniero Edgar Villarreal Ruiz, solicitó el criterio de la Procuraduría General, en relación con la siguiente consulta: “1. Siendo que estamos frente a un evidente cambio normativo, en materia de finanzas públicas, ¿puede una municipalidad autorizar aportes con recursos públicos, fundamentados en una convención colectiva (tales como becas, lentes, y gastos fúnebres de parientes de funcionarios, uniformes y útiles escolares, cuando el trámite se inició estando vigente ese cuerpo normativo, pero la materialización del pago se realizaría posterior a su vencimiento?” Mediante el Dictamen C-120-2021 del 07 de mayo del 2021, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta del Área de la Función Pública y con la aprobación del señor Procurador General de la República, se concluyó: “Luego de un exhaustivo análisis, por el incumplimiento de un requisito de admisibilidad, deviene improcedente entrar a conocer por el fondo su gestión. Por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Dictamen nº 121 de 07 de Mayo de 2021, de Municipalidad de Goicoechea

    C-121-2021. INADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. CRITERIO LEGAL. El Concejo Municipal de Goicoechea requirió nuestro criterio sobre la Comisión Municipal de Accesibilidad. La Procuraduría, mediante dictamen no. C-121-2021 de 7 de mayo de 2021 declaró inadmisible la consulta porque no se adjunto el criterio legal.

  • Opinión Jurídica nº 091 -J de 07 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-091-2021 OBJECIÓN DE CONCIENCIA E IDEARIO. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INDIVIDUAL. OBJECIÓN DE CONCIENCIA INSTITUCIONAL. LIBERTAD DE PENSAMIENTO. LIBERTAD DE RELIGIÓN. RESERVA DE LEY PARA LIMITAR DERECHOS FUNDAMENTALES. CONSENTIMIENTO. La licenciada Daniella Agüero Bermúdez, Jefe de Área de las Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa solicita nuestro criterio sobre el proyecto de ley denominado “LEY PARA LA TUTELA DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA", el cual se tramita bajo el número de expediente 22001, en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. Mediante opinión jurídica OJ-091-2021 del 7 de mayo del 2021, suscrita por la Procuradora Silvia Patiño Cruz, se concluyó lo siguiente: El presente proyecto de ley pretende reconocer una serie de derechos fundamentales relacionados con la objeción de conciencia que ya tienen protección constitucional, aunque ello no obsta para que el legislador haga su reconocimiento a través de una norma de rango legal; En el ámbito doctrinario se plantea la discusión sobre la si la objeción de conciencia constituye únicamente un derecho de carácter personalísimo o si, por el contrario, debe existir un reconocimiento de una objeción de conciencia institucional o de ideario, en la terminología empleada en el presente proyecto de ley, aunque se ha aceptado para organizaciones de carácter privado; El reconocimiento del principio de reserva de ley en materia de derechos fundamentales que realiza el artículo 9 del proyecto de ley, ya está reconocido en el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública; El numeral 10 del proyecto de ley resulta contradictorio con la protección del derecho a la objeción de conciencia, pues a través de una norma legal se anula de manera general y anticipada, el consentimiento en esta materia; El reconocimiento dispuesto en el artículo 15 del proyecto de ley sobre las vías procesales para tutelar la objeción de conciencia, ya está previsto en los artículos 10 y 49 constitucionales, así como en la Ley de Jurisdicción Constitucional y en el Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo que el proyecto es únicamente una reiteración de normas legales y constitucionales vigentes; La reforma que se propone al Código Civil, genera dudas en cuanto a sus alcances, dada la amplitud de la norma.

  • Opinión Jurídica nº 092 -J de 07 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-092-2021. ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS. TRANSGÉNICOS. MORATORIA. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21376, denominado “LEY DE MORATORIA LA LIBERACIÓN AL AMBIENTE DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS.” La Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-092-2021 de 7 de mayo de 2021, señaló: La decisión del legislador de dictar una moratoria como la propuesta requiere valorar los intereses y derechos fundamentales en juego y determinar la razonabilidad y proporcionalidad de la medida. De tal forma, esa decisión debe implicar valorar y equilibrar el derecho fundamental de libertad de empresa y comercio y los derechos fundamentales a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En ese sentido, conviene reiterar lo señalado en las opiniones jurídicas citadas, en cuanto a que debe analizarse que en nuestro ordenamiento jurídico existe normativa tendiente a regular la liberación y cultivo de organismos vivos modificados y a reducir los posibles riesgos, tal y como lo exigen las regulaciones internacionales al respecto. Es decir, la normativa interna contempla medidas preventivas, procedimientos para la investigación, el desarrollo y liberación de los organismos genéticamente modificados, así como el régimen sancionatorio, y sólo en caso de alcanzar el grado de bioseguridad requerido es factible autorizar las etapas de ensayo en campo, desarrollo y liberación de los productos. Por último, como lo hemos hecho en otras ocasiones, se recomienda incorporar a la discusión de este proyecto de ley el criterio técnico y especializado de las autoridades administrativas competentes, de manera que la decisión de adoptar la moratoria propuesta cuente con el fundamento técnico que su naturaleza amerita.

  • Opinión Jurídica nº 088 -J de 06 de Mayo de 2021, de Asamblea Legislativa

    OJ-088-2021. PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. PARQUES NACIONALES SON DE CONSERVACIÓN ABSOLUTA. EXPLOTACIÓN DE RECURSO GEOTÉRMICO REQUIERE DESAFECTACIÓN. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 21244: "AUTORIZACION AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA INVESTIGAR, EXPLORAR Y APROVECHAR LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS UBICADOS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE.” La Procuraduría, en OJ-088-2021 de 6 de mayo de 2021 señaló: Al amparo del régimen actual del patrimonio natural del Estado, si bien sí podrían autorizarse actividades de investigación sobre el recurso geotérmico, su explotación y aprovechamiento no está legalmente permitido. Además, con base en lo dispuesto por la Convención para la protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América, la posibilidad de modificar ese régimen legal para permitir la explotación y aprovechamiento, debería implicar la desafectación de las áreas específicas de los parques nacionales en los que se pretenda ejecutar esa actividad, cumpliendo, eso sí, con los requisitos dispuestos al efecto. Debería existir un criterio técnico que fundamente la necesidad de modificar el régimen actual para permitir la explotación y aprovechamiento del recurso geotérmico dentro de los parques nacionales. En los futuros proyectos de ley que tengan como fin la desafectación de las áreas específicas a utilizar para el aprovechamiento del recurso geotérmico en los parques nacionales correspondientes, también debería contarse con el estudio técnico que exige el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y la jurisprudencia constitucional, y que, por ejemplo, fue exigido en la Ley no. 9610 del 17 de octubre de 2018 que desafectó parte de la Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras. (Véase el voto de la Sala Constitucional no. 13836-2020 de las 15 horas 30 minutos de 22 de julio de 2020).