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  • Dictamen nº 069 de 02 de Marzo de 2020, de Patronato Nacional de Rehabilitación

    C-069-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. SOLICITUD DE ACLARACIÓN. REQUISITOS. NO SE ADJUNTA CRITERIO LEGAL. El señor Denis Angulo Alguera, Presidente de la Junta Directiva del Patronato Nacional de Rehabilitación, solicita una aclaración de lo dispuesto en el dictamen no. C-059-2008 de 25 de febrero de 2008, específicamente en cuanto a si ese Patronato puede donar sus activos. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-069-2020 de 02 de marzo de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: Pese a que nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982) no contempla la gestión de aclaración de dictámenes, ésta podría ser atendida exclusivamente cuando uno de nuestros criterios sea incompleto o posea contradicciones, ambigüedades u oscuridades. En esta ocasión, pese a que se solicita la aclaración del dictamen No. C-059-2018, lo cierto es que no se señala la existencia de aspectos oscuros o puntos que, aunque consultados, no hayan sido respondidos. Las preguntas formuladas obedecen a nuevas dudas que surgen a raíz de lo allí dispuesto, pero no tienen como fin aclarar su contenido o adicionar algún aspecto que no haya sido atendido. Nótese que en esa ocasión se requirió nuestro criterio sobre la naturaleza jurídica de la institución y el nivel de autonomía que posee, pero no se consultó acerca de la facultad de donar sus activos. En consecuencia, su solicitud es, más bien, una nueva consulta, y en ese carácter es que debe tramitarse. En ese entendido, debe advertirse que no se adjunta el criterio legal sobre el tema consultado que exige el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica, ni el acuerdo de la Junta Directiva en el que se decidió formular la consulta. (Al respecto, véanse nuestros dictámenes Nos. C-07-2010 de 11 de enero de 2010, C-318-2011 de 16 de diciembre de 2011, C-406-2014 de 18 de noviembre de 2014, C-276-2016 de 16 de diciembre de 2016, C-073-2017 de 5 de abril de 2017, C-275-2018 de 5 de noviembre de 2018, C-119-2019 de 30 de abril de 2019 y C-175-2019 de 20 de junio de 2019 y C-028-2020 de 27 de enero de 2020).

  • Opinión Jurídica nº 044 -J de 27 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-044-2020 “LEY PARA SANCIONAR EL APODERAMIENTO Y LA IMPORTACIÓN ILEGAL DE LOS COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO, HIDROCARBUROS O MEZCLAS DE HIDROCARBUROS” Respuesta a La Licda. Cinthya Díaz Briceño, Jefa, Área de Comisiones Legislativas IV de la Asamblea Legislativa, criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 21.447, denominado “Ley para sancionar el apoderamiento y la importación ilegal de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos”. El proyecto legislativo, pretende sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en adelante RECOPE, así como la importación ilegal de combustibles, al mismo tiempo pretende establecer una declaratoria de interés público sobre el Sistema Nacional de Combustibles, lo anterior con el fin de proteger cualquier otra infraestructura, ante la gran cantidad de sustracción ilegal de combustibles que se ha venido presentando en los últimos años, en relación al daño al poliducto. A criterio de esta Procuraduría la propuesta del proyecto de ley es viable no empece, es importante realizar algunos comentarios y diversas recomendaciones de cara a su implementación. A partir del artículo 5° de dicho proyecto, se crean 11 nuevos tipos penales independientes que contienen verbos rectores distintos entre sí y que si bien es cierto podrían tener alguna semejanza con algunos de los tipos recogidos en el Código Penal, son tipos especiales para regular específicamente el daño, robo, transporte ilegítimo, entre otros de los combustibles derivados del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos. Resalta como característica señera del presente proyecto de ley, en primer lugar, un decidido interés en regular un fenómeno delictivo de alto impacto y en segundo lugar, imponer penas relativamente altas si se compara con otros montos de delitos similares, tal y como acontece con los delitos de robo, robo agravado, receptación y favorecimiento, por citar solo algunos ejemplos. En esa inteligencia, se observa que en 8 de los 9 tipos penales que conforman el tramado de delitos del proyecto 21.447 (sin contar las formas gravadas), el límite máximo de la pena a imponer es igual o superior a los 4 años, lo que revela que nuestro legislador ha resuelto darle cumplimiento al mandato dispuesto en el Instrumento Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, denominado “Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convenio de Palermo del año 2000). El concepto de “delito grave” se empezó a utilizar en el servicio de Administración de Justicia a partir de la promulgación de la Ley N° 8754 del 22 de julio de 2009 (Ley contra la Delincuencia Organizada). En el párrafo segundo del referido artículo 5°, la pena se aumenta de 4 a 6 años de prisión, si como consecuencia del daño ocasionado se produzca un derrame de combustible, lo cual se considera una agravación de gran trascendencia en vista de los perjuicios para la salud pública y el medio ambiente que pueda propiciar dicha conducta. En el artículo 6° del texto sustitutivo del proyecto que se nos consulta, en relación al robo de hidrocarburos, sus derivados o mezclas de hidrocarburos, mediante el uso de la fuerza, se establece la misma pena del Código Penal en su artículo 213 del robo agravado (5 a 15 años de prisión), considerando que el robo de dicha sustancia produce graves dislocaciones a la economía no solo de RECOPE sino al país en general. En lo que atañe al transporte y distribución ilegal de hidrocarburos, sus derivados o mezclas de hidrocarburos (artículo 7°), ya el tipo penal desde el epígrafe establece dentro de sus elementos diferenciadores que es todo acto o circunstancia que no está permitido por ley; por ende, si ya está contenido en el epígrafe y este forma parte de la comprensión del tipo penal, sería innecesario que esté reseñado en el tenor de la tipología. Por ello se recomienda eliminar el adjetivo “ilegal” y consignar solamente “sin la debida autorización de RECOPE”. Con solo este último elemento mencionado, quedaría bien definida la conducta a castigar. En relación con el artículo 13, se pena la disposición ilegal de combustibles destinados a la actividad pesquera, siempre y cuando se trate de un producto exonerado para uso de aquel sector. En este punto es importante llamar la atención sobre la participación de INCOPESCA como ente rector de algunos de los extremos que se ventilan en estos tipos penales. En el artículo 14 del proyecto que se nos consulta, se establece una agravación en aquellos casos en que como resultado de la conducta ilícita cometida, se produzca un peligro para la salud o la vida de las personas, se produzca un daño ambiental, cuando intervenga un funcionario público, servidor público, o alguna persona que ejerza funciones públicas, con ocasión de ellas o con abuso de su cargo, o bien cuando el autor o partícipe integren un grupo que califique como delincuencia organizada, de conformidad con la Ley N° 8754 del 24 de julio de 2009 (Ley contra la Delincuencia Organizada). Consideramos que la agravación de la pena en un tercio es más que justa en todos los supuestos enunciados, pero de momento nos interesa detenernos en los dos primeros, sea cuando se produzca un peligro para la salud o la vida de las personas o cuando se inflija un daño ambiental. La introducción como formas gravadas de la producción de peligro en la salud y vida de las personas, así como sobre el medio ambiente, tienden a una protección más amplia e integral, en íntima relación con la responsabilidad por los daños ambientales provocados por manejos inadecuados de actividades de riesgo (en el caso de eventos ajustados a la ley) y con mucho más razón cuando el daño infligido es producto de actividades ilícitas. Asimismo, se recomienda introducir otro artículo para poder definir el tema de la responsabilidad por daño ambiental, que no está regulado en el Proyecto. Existe en la corriente legislativa otro proyecto de ley N° 21.441 denominado “Ley para combatir el trasiego ilegal de combustible”, donde se regula el trasiego ilegal de combustibles para lo cual se sanciona a toda aquella persona que almacene, transporte, distribuya y comercialice ilegalmente combustible en el territorio nacional, por lo que se recomienda tomarlo en cuenta a afectos de evitar duplicidades en la labor legislativa. De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre el proyecto de ley N° 21.447.

  • Dictamen nº 063 de 21 de Febrero de 2020, de Municipalidad de Garabito

    C-063-2020 INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. La señora Xinia Espinoza Morales, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito, mediante oficio no. DS.G. 070-2020 de 14 de febrero de 2020, transcribe el acuerdo del Concejo tomado en sesión extraordinaria no. 106, de 12 de febrero de 2020, mediante el cual requiere nuestro criterio sobre dos interrogantes relacionadas con la recusación en un proceso disciplinario. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-063-2020 de 21 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: La consulta resulta inadmisible porque: Se ha indicado que las consultas que se dirigen a la Procuraduría deben plantearse en términos generales y abstractos, sin referirse a un caso concreto ni a la situación particular de una persona determinada. En el caso que nos ocupa, si bien es cierto se trata de formular las preguntas en términos abstractos, en el criterio legal adjunto se hace referencia a un procedimiento administrativo y el nombre de la funcionaria contra quién se sigue. Pese a que la consulta no hace referencia a un caso concreto, el criterio legal adjunto sí expone una situación concreta y específica.

  • Dictamen nº 061 de 20 de Febrero de 2020, de Ministerio de Hacienda

    C-061-2020 PRESUPUESTO. EVALUACIONES. INFORMES A MINISTERIO DE HACIENDA. CORRECCIONES. Por oficio N. DGPN-0491-2019 de 20 de diciembre de 2020, el Director General a.i. de Presupuesto Nacional solicita de la Procuraduría una precisión del dictamen C-215-2019 de 1° de agosto de 2019, en relación con el control, seguimiento y evaluación presupuestarias. En concreto, se solicita: “Sobre la evaluación de los entes de los incisos c) y d) del artículo 1 de la Ley 8131: “¿Puede el Ministerio de Hacienda normar la forma en que los entes de los incisos c) y d) del artículo 1 de la LAFRPP deberán remitir esa información o por el contrario, será el propio ente el que defina cómo remitirá la información y la periodicidad con que lo hará? Al recibir la información correspondiente a los entes de los ya citados incisos c) y d) ¿cuenta el Ministerio de Hacienda con atribuciones legales para objetar la misma o su accionar se debe orientar únicamente a incluir en los informes a que se refieren los artículos 55 y 56 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, lo informado en torno al proceso de evaluación que llevaron a cabo los entes de los incisos c) y d)? Sobre la evaluación de los Poderes y órganos constitucionales y auxiliares: “¿Partiendo de lo expuesto, en el caso de los otros Poderes y órganos constitucionales y auxiliares a que se refiere el inciso b) del artículo 1 de la Ley 8131 puede la DGPN requerirles información del proceso de evaluación que realicen, así como de los resultados obtenidos? En caso de que la respuesta a la primera inquietud sea favorable: ¿Podrá la DGPN normar la forma en que deberá remitirse esa información o por el contrario, será el propio ente el que defina como remitirá la información y la periodicidad con que lo hará? Una vez recibida la información del proceso de evaluación llevado a cabo por los entes del inciso b) ¿cuenta la DGPN con atribuciones legales para objetar la misma o su accionar se debe orientar únicamente a incluir en el informe respectivo, lo informado por dichos entes? En orden al control, página 8 del Dictamen ¿Qué se entiende por “Sistema”, no pudiendo determinarse si se trata de MIDEPLAN, y el MH por separado según su ámbito de competencia, si se trata únicamente del MH, o si cabría la posibilidad de que sea otro ente distinto a estos? En este último caso, tómese en cuenta lo que fue señalado en torno al proceso de evaluación de los entes que se ubican en los incisos b), c) y d) del artículo 1 de la Ley 8131 y sus reformas. En relación con lo transcrito, de manera concreta con el establecimiento de correctivos, cuando se refiere a centros gestores del presupuesto, ¿se incluyen los entes de los incisos b), c) y d) del artículo 1° de la Ley 8131 y sus reformas, teniendo en consideración que estos se autoevalúan? Asimismo, de ser la respuesta positiva, podrá el Sistema emitirles correctivos? En relación con lo transcrito, de manera concreta con el establecimiento de correctivos, para el caso de los entes del inciso a) ¿Puede la propia Administración Activa emitir y aplicar las medidas correctivas a las que se refiere lo antes señalado o estas solo pueden ser emitidas por el Sistema para ser aplicadas por esta?”. La Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta, señala que los puntos fundamentales son: si la obligación de informar al Ministerio de Hacienda está limitada por la autoevaluación, si el Ministerio de Hacienda puede realizar correcciones ante el proceso de evaluación o autoevaluación. El concepto de Sistema. Se concluye en dictamen C-061-2020 de 20 de febrero que: 1-.La información que los entes comprendidos en los incisos c) y d) y los órganos del inciso b) del artículo 1 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos están obligados a suministrar al Ministerio de Hacienda tiene como objeto permitirle al Ministerio cumplir sus funciones en orden a la administración financiera del país y la evaluación del sector público. 2-. Conforme el artículo 55 de la citada Ley, corresponde al Ministerio de Hacienda regular el suministro de la información que requiere. Informes que son periódicos y finales. Las fechas de presentación son fijadas por reglamento ejecutivo. 3-. En consecuencia, en aplicación de ese Reglamento el Ministerio de Hacienda determina cómo y cuándo se debe suministrar la información que requiere, aun cuando la evaluación esté a cargo de los entes de los incisos c) y d) o de los órganos del inciso b) del artículo 1 de la Ley. 4-.Si la información suministrada no cumple con los requerimientos del Ministerio o presenta incorrecciones, el Ministerio puede objetar la información, solicitar la corrección de los elementos que fuere procedente, en consonancia con la obligación de informar. A partir de las observaciones señaladas, corresponde a estos corregir lo actuado y evaluar como corresponda. 5-. Se reafirma, así, que la evaluación resta una facultad de los entes comprendidos en los incisos c) y d) y de los órganos del inciso b). 6-. Los órganos del inciso a) del artículo 1 de la Ley deben adoptar medidas correctivas que contribuyan a mejorar su gestión; en particular que les asegure cumplir las metas y corregir cualquier elemento que afecte su cumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de la competencia de la Dirección de Presupuesto Nacional y el Ministerio de Hacienda para evaluar el Presupuesto de la República. 7-.Los entes de los incisos b) y c), así como los órganos del inciso b) forman parte del Sistema de Administración Financiera, según artículo 26 pero en el contexto del dictamen C-251-2019, en razón de que la consulta concernía las competencias del Ministerio de Hacienda en materia de información, el término “Sistema” refiere esencialmente al Ministerio de Hacienda. 8-. Lo que no excluye que al interno de cada órgano y ente obligado a informar se debe monitorear el proceso presupuestario, a efecto de la evaluación del cumplimiento de los objetivos de la gestión presupuestaria. Es esa labor la que les permite rendir los informes a que están obligados.

  • Dictamen nº 060 de 20 de Febrero de 2020, de Banco Hipotecario de la Vivienda

    C-060-2020 ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO III DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS N°9635, NO INCLUYE A LOS ENTES PÚBLICOS “NO ESTATALES”. Por oficio NºGG-OF-0720-2019, de fecha 10 de julio de 2019, el Gerente General a.i. del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) solicita el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría General con respecto a la existencia de un aparente conflicto normativo entre la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, No. 9635, y el Estatuto de Personal del BANHVI, Reglamento No. 76 de 1 de octubre de 1992 y sus reformas, en cuanto al régimen de anualidades. En concreto se consulta: “(..) si de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y su entrada en vigencia, el régimen de anualidades contemplado en el citado artículo 23 –del Estatuto de Personal del BANHVI- quedó derogado y, en adelante, solo aplica el tema del pago de anualidades previa evaluación del desempeño, conforme a lo regulado en la Ley de Fortalecimiento (...)”. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se aporta el criterio de la asesoría jurídica institucional, materializado en el oficio No. AL-OF-051-2019, de 10 de julio de 2019, según el cual, en lo que interesa: “(...) a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, debe considerarse que el régimen de pago de anualidades a que se refería el citado artículo 23 del Estatuto de Personal del BANHVI quedó derogado”. Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-060-2020, de 20 de febrero de 2020, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye que: “La antinomia normativa acusada puntualmente en la consulta, más que aparente, en realidad es inexistente. El ámbito subjetivo de aplicación de lo dispuesto en el título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, no incluye a los entes públicos “no estatales”. Al ser el BANHVI un ente público “no estatal”, no está comprendido dentro de aquél ámbito subjetivo, y por ende, le devienes inaplicables las disposiciones normativas introducidas por el Título III “Modificación de la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de la citada Ley No. 9635. No hay entonces derogación por incompatibilidad normativa del Estatuto de Personal del BANHVI. En todo caso, ha de considerarse que el otorgamiento de beneficios laborales en el ámbito de empleo público, aun cuando se sustenta en una potestad de contenido discrecional, debe someterse con estricto apego a disposiciones normativas vigentes de orden superior, derivadas incluso de la propia jurisprudencia constitucional, como fuente formal no escrita del ordenamiento, por demás vinculante en la materia.”

  • Opinión Jurídica nº 040 -J de 20 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-040-2020 PROYECTO DE LEY PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO TIPO DE LICENCIA DE LICORES. LICENCIA CLASE F. LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO. La señora Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área, Comisiones de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, requiere la opinión jurídica de esta Procuraduría sobre el proyecto de ley que se tramita en el expediente legislativo número 21.155, denominado “Reforma de la Ley no. 9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido alcohólico de 25 de junio de 2012 y sus reformas”. Esta Procuraduría, en Opinión Jurídica no. OJ-040-2020 de 20 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez y la Abogada de Procuraduría Sandra Paola Ross Varela, concluyen que: Con la presente iniciativa se pretende adicionar en los artículos 4, 10 y 11 de la Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico (no. 9047 de 25 de junio de 2012), un nuevo tipo de licencia para la comercialización de ese tipo de bebidas, sin restricción de horario. Como se desprende, para este nuevo tipo de licencia no se proyectan limitaciones de horario; no se especifica si “la actividad o la empresa” desarrollará la venta de bebidas con contenido alcohólico como actividad comercial principal o secundaria; y, a diferencia de las demás licencias que están sujetas a las limitaciones y prohibiciones del artículo 9° de la Ley 9047, se indica que este tipo de licencia se sujetará a las condiciones y restricciones que fije cada Municipalidad en los reglamentos correspondientes. De tal forma, que debe valorarse la eventual violación al principio de igualdad, en el tanto, para actividades comerciales similares, se estarían fijando condiciones y restricciones distintas. Así mismo, dentro del análisis de razonabilidad y conveniencia del proyecto, debe tomarse en cuenta que el objetivo de la Ley 9047, es regular la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico y prevenir el consumo abusivo de tales productos, y que, en el inciso c) del artículo 3, se indica que las corporaciones municipales determinarán y otorgarán las licencias, atendiendo a criterios de conveniencia, racionalidad, proporcionalidad, razonabilidad, interés superior del menor, riesgo social y desarrollo equilibrado del cantón, así como al respeto de la libertad de comercio y del derecho a la salud. De ahí que, todo proyecto de modificación de las restricciones que establece la Ley 9047 debe ser analizado en orden a determinar que no exceda los límites de la razonabilidad, derecho a la salud e interés superior del menor en los términos que ha indicado la jurisprudencia constitucional. Por otra parte, resulta importante advertir que la licencia que se pretende crear habilitaría la comercialización de bebidas alcohólicas al detalle, a “las actividades y empresas que la soliciten al concejo municipal”, y, por tanto, al utilizarse conceptos tan amplios e incluir cualquier tipo de actividad o empresa, una regulación como esa podría implicar la migración de algunas de las actividades contempladas en las demás licencias reguladas en el artículo 4°, a este nuevo tipo de licencia. Evadiéndose así, las restricciones fijadas para ellas en el artículo 9° de la Ley 9047. A su vez, la indeterminación y amplitud de los conceptos utilizados para el nuevo tipo de licencia proyectada, puede significar un impedimento para realizar una adecuada valoración sobre la razonabilidad y proporcionalidad de los parámetros que se pretenden incluir en el artículo 10 de la Ley 9047, para el cálculo de la tarifa a pagar para este tipo de licencia. Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 21.155 es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar la pertinencia de las observaciones expuestas.

  • Dictamen nº 054 de 17 de Febrero de 2020, de Archivo Nacional

    C-054-2020 INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. CASO CONCRETO. NO SE ADJUNTA ACUERDO DE LA JUNTA DIRECTIVA. El señor Denis Portugués Cascante, Presidenta de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, mediante oficio no. DGAN-JA-058-2020 de 10 de febrero de 2020, requiere nuestro criterio sobre tres interrogantes relacionadas con la instrucción de un procedimiento administrativo disciplinario. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-054-2020 de 17 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En primera instancia, si bien es cierto se trata de formular las preguntas en términos abstractos, en el criterio legal se hace referencia al número de expediente administrativo concreto y el nombre de la funcionaria contra quién se sigue. Es decir, pese a que la consulta no hace referencia a un caso concreto, el criterio legal adjunto sí expone una situación concreta y específica. Además, hemos dispuesto que en el supuesto de que el consultante sea un órgano colegiado, es ese órgano, por medio de un acuerdo, el legitimado para presentar la consulta. En esta ocasión, la consulta es planteada por el Presidente de la Junta Administrativa, sin adjuntarse el acuerdo de ese órgano colegiado en el cual se decidió plantear la consulta.

  • Opinión Jurídica nº 038 -J de 17 de Febrero de 2020, de Asamblea Legislativa

    OJ-038-2020 “LEY QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 381 BIS Y DEROGA EL ARTÍCULO 123 BIS DEL CÓDIGO PENAL LEY N° 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970, Y SUS REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ” Respuesta a La Licda. Ana Julia Araya Alfaro, Jefe de Área, Comisiones Legislativas II de la Asamblea Legislativa, criterio jurídico en relación con el proyecto de ley N° 21.410, denominado “Ley que adiciona un artículo 381 bis y deroga el artículo 123 bis del Código Penal Ley N° 4573, de 15 de noviembre de 1970, y sus Reformas para el Fortalecimiento de la Protección de la Niñez”. El proyecto legislativo, busca adicionar un artículo 381 bis al Código Penal, pues estiman que no es suficiente con lo dispuesto en los delitos contra la vida, específicamente en referencia a lesiones y lo pertinente en el caso de los homicidios, para sancionar la tortura en menores de edad. A criterio de esta Procuraduría la propuesta del proyecto de ley se derivan algunos eventos que revisten una trascendencia inobjetable y otros, por el contrario, relativos al soporte convencional que se procura cumplir, son conceptualmente erróneos, pero no empañan la viabilidad de aquel. El artículo propuesto contiene una mejor descripción de diversas conductas y diversos actores y víctimas que lo hacen, además de más explícito y comprensible, abarcador de muchos eventos, tales como el menoscabo de la personalidad de la víctima como eje central, la producción de dolor o sufrimiento graves con el fin de investigar u obtener información de aquel que se tiene bajo su custodia o control, la agravación de la pena si la tortura la practica un funcionario público, si la conducta punible es en perjuicio de menores de edad, entre otros. Con miras a satisfacer las diversas Convenciones internacionales referidas al tema de la tortura, ratificadas por Costa Rica, es verificable que nuestro País sí ha cumplido con los compromisos adquiridos, e incluso se puede sostener que con exceso en la regulación legislativa, ya que tanto el 123 bis como el propuesto 381 bis en algunos de sus párrafos se señala la conducta a castigar si el agente activo es un funcionario público (agravándose incluso en el 381 bis a una pena de 7 a 15 años de prisión); pero además, los citados numerales van más allá del cumplimiento de los compromisos por materializar legislación que castigase la tortura, y en un ejercicio soberano de la potestad constitucional de emisión de leyes, se regulan supuestos en los cuales el sujeto activo no es un funcionario estatal sino cualquier sujeto imputable en perjuicio de una víctima, cualquiera que sea su edad y cuya dosimetría de la pena se aumenta si es en perjuicio de menores de edad. Si bien es cierto, el propuesto artículo 381 bis satisface las obligaciones convencionales adquiridas por Costa Rica, al firmar Protocolos que castigan la Tortura e incluso con un exceso de regulación normativa en bonam partem, también lo es que resulta un error invocar el Estatuto de Roma como uno de los instrumentos internacionales a cumplir, dado que el concepto de tortura en su tenor es bastante lejano a las pretensiones del proyecto de ley que atrae nuestra atención. En atención a lo expuesto, se sugiere respetuosamente que si se trata de explicitar en la exposición de motivos el más correcto derrotero convencional a seguir, indudablemente es menester que sea citada la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 19, dado a que esta disposición sí expresa de mejor manera el compromiso de materializar medidas legislativas que tiendan a una mejor protección a la niñez y la adolescencia, así como a sancionar los casos en los que se ven involucrados menores de edad en manos de sus padres o quienes los tengan bajo su cargo o cualquier otra persona que les provoquen lesiones, y que menoscabando su personalidad, les inflijan dolor o sufrimientos graves. De esta manera, dejamos rendido nuestro informe sobre el proyecto de ley N° 21.410.

  • Dictamen nº 055 de 17 de Febrero de 2020, de Municipalidad de San Rafael de Heredia

    C-055-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LOS AUDITORES. La señora Ana Cristina Brenes Jaubert, Auditora Interna, Municipalidad de San Rafael, requiere nuestro criterio sobre la posibilidad de que los miembros adolescentes participen con voz y voto en las sesiones de los comités cantonales de deportes. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-055-2020 de 17 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: En este caso no se indica cuál es la relación de lo consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que la auditoría está desarrollando en la Municipalidad de San Rafael, y, por tanto, no es posible precisar que los cuestionamientos planteados tienen relación directa con el ejercicio de las competencias de la auditoría interna.

  • Dictamen nº 053 de 17 de Febrero de 2020, de Municipalidad de Osa

    C-053-2020. INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD PARA LOS AUDITORES. La señora Idriabel Madriz Mora, Auditora Interna, Municipalidad de Osa, requiere nuestro criterio sobre las varias interrogantes relacionadas con la aplicación de los porcentajes por concepto de prohibición fijados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esta Procuraduría, en dictamen no. C-053-2020 de 17 de febrero de 2020, suscrito por la Procuradora Elizabeth León Rodríguez, concluye que: La consulta resulta inadmisible porque: A lo ya indicado a esa auditoría mediante dictamen no. C-148-2019 de 30 de mayo de 2019, debe advertirse que en este caso no se indica cuál es la relación de lo consultado con el cumplimiento del plan de trabajo que la auditoría está desarrollando en la Municipalidad de Osa, y, por tanto, no es posible precisar que los cuestionamientos planteados tienen relación directa con el ejercicio de las competencias de la auditoría interna.