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  • Dictamen nº 122 de 01 de Junio de 2022, de Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico

    PGR-C-122-2022 INADMISIBILIDAD. INTERÉS INSTITUCIONAL QUE DEBEN TENER LAS CONSULTAS. RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDAD ESPECIAL DE LAS PRESIDENCIAS EJECUTIVAS. Por oficio No. CR-INCOP-PE-0405-2022, de fecha 27 de mayo de 2022, el Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) alude expresamente su inquietud de si es legalmente viable que él, como Presidente Ejecutivo del INCOP, ocupe el cargo como Presidente de la Junta Promotora de Turismo de la Ciudad de Puntarenas –órgano de desconcentración máxima de ese instituto-, siendo que esa Junta sesiona una vez por mes y que su participación en ella es ad honorem. Lo anterior, ante oficio No. 7782-2022 (DJ-1029) de carácter preventivo, que remitiera la Contraloría General de la República sobre el régimen de incompatibilidades del Sector Público y que se hizo llegar a las Presidencias Ejecutivas por intermediación de la Secretaría del Consejo de Gobierno (Oficio No. SCG-017-2022 del recién pasado 20 de mayo). Y en concreto consulta: “¿Un Presidente Ejecutivo de una Institución Autónoma, miembro de la Junta Directiva de ésta, puede ser miembro también de la junta de un Órgano Desconcentrado Máximo de la propia Institución Autónoma?” Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-122-2022, de 1 de junio de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, de la Dirección de la Función Pública, concluye: “La facultad de consultar el criterio de la Procuraduría General tiene como objeto tutelar el interés público a la regularidad jurídica. En aras de ese interés y para salvaguardar los intereses institucionales, el ordenamiento reconoce a los jerarcas de las Administraciones Públicas la facultad de consultar. Es por ello que dicha facultad no debe ser utilizada para tutelar o satisfacer el intereses propios y particulares del consultante. Por las razones expuestas deviene inadmisible su gestión,y por ende, se deniega su trámite y se archiva.”

  • Dictamen nº 123 de 01 de Junio de 2022, de Ministerio de Relaciones Exteriores

    PGR-C-123-2022 Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. LA CARRERA DIPLOMÁTICA. Gestión de los concursos y ascensos del Régimen de Servicio Exterior. Cómo llenar una vacante. Embajador. Ley No. 3530 y Decreto EjecutivoNº 29428-RE. Por oficio número DM-DJO-0778-2021, de fecha 26 de marzo del 2021, suscrito por el señor Rodolfo Solano Quirós, entonces Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, se solicitó nuestro criterio sobre la gestión de los concursos y ascensos del Régimen de Servicio Exterior. Concretamente, se consultó lo siguiente: “1. Con el propósito de llenar una vacante en el servicio diplomático o el servicio consular, ¿puede realizarse un solo concurso entre todos los funcionarios diplomáticos de carrera de la segunda a la séptima categoría del escalafón diplomático, en vez de realizar un concurso independiente por cada categoría? En el entendido que la evaluación de cada categoría dentro del concurso, constituye un concurso en sí mismo. 2. En el marco de un concurso para llenar una vacante en el servicio diplomático o el servicio consular y en caso de declararse la inopia de categoría respecto del puesto en concurso, ¿es procedente dar prelación a las ofertas de los postulantes de la categoría del escalafón diplomático correspondiente al puesto en concurso aunque no cumplan con el tiempo de permanencia en servicio interno previsto legalmente, o bien, debe darse prelación a las ofertas de los postulantes de las categorías subsiguientes del escalafón diplomático que cumplan con el tiempo de permanencia en servicio interno?. 3. Con el propósito de materializar ascensos en el escalafón diplomático, ¿es procedente considerar el “universo” de puestos vacantes en los tres servicios que integran el servicio exterior, sean: interno, diplomático y consular, o bien, deben considerarse los puestos vacantes pertenecientes, exclusivamente, al servicio en el que se encuentre destacado el funcionario diplomático de carrera al que se pretende ascender? 4. Con el propósito de materializar ascensos en la categoría de Embajador del escalafón diplomático, ¿es posible materializar dichos ascensos utilizando como respaldo puestos de la categoría de Embajador pertenecientes al servicio diplomático, sin estar ocupando uno de esos puestos?” Con la aprobación de la señora Procuradora General Adjunta de la República, se emitió el dictamen PGR-C-123-2022 del 01 de junio del 2022, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, mediante el cual se concluyó: “1.- Los puestos públicos se obtienen por concurso como un mecanismo de garantizar un buen servicio público y el principio de libre acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, lo cual proviene de mandato constitucional (artículos 191 y 192 de la Constitución Política). 2.- En atención a la primera interrogante, se debe apegar el Ministerio consultante a lo regulado en el Estatuto de Servicio Exterior y su normativa reglamentaria, en orden a los concursos, ascensos y promociones en la carrera del Servicio Exterior. 3.- Las normas estatutarias de servicio exterior disponen concursos independientes por categoría de la vacante. Ergo, normativamente no está previsto el supuesto consultado. 4.- Por el contrario, del análisis del ESE y su Reglamento, se extrae que se debe de hacer un concurso por cada categoría para respetar el orden de prelación establecido en el artículo 9 del Estatuto, hasta llegar a la séptima categoría y posterior a ello, declarar la inopia. 5.- Conforme lo hemos manifestado en nuestra jurisprudencia administrativa, cabe reiterar que existiendo normas imperativas que integran un régimen estatutario especial regido por normas de Derecho Administrativo, bajo ninguna circunstancia una práctica anómala o costumbre administrativa contra legem puede perpetuarse y convertirse en fuente de derecho. (Ver en el mismo sentido el dictamen C-304-2018 del 05 de diciembre del 2018) 6.- Los funcionarios incorporados a la “carrera diplomática” de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en el ESE, constituyen un cuerpo profesional del Estado, organizado en carrera pública jerarquizada (artículo 61 del Decreto Ejecutivo Nº 29428-RE). (Ver, entre otros, el dictamen C-070-2018 de 17 de abril de 2018) 7.- En orden a la segunda interrogante, tómese en cuenta que tanto a nivel legal como reglamentario se define el procedimiento a seguir para llenar una vacante en el Servicio Exterior de la República, indistintamente que se trate del Servicio Diplomático, el Servicio Consular o el Servicio Interno. 8.- Por lo tanto, en atención a la duda puntual que se nos formula, en el marco de un concurso para llenar una vacante en el servicio diplomático o el servicio consular y en caso de declararse la inopia de categoría respecto del puesto en concurso, se debe dar prelación a las ofertas de los postulantes de las categorías subsiguientes del escalafón diplomático, que cumplan con el tiempo de permanencia en servicio interno. 9.- En atención a la tercera consulta, la vacante debe de existir en la categoría inmediata superior a la que se pretende ascender. Esto último es importante, porque dentro del Régimen del Servicio Exterior se cuenta con la categoría, pero no con el código o puesto, por la particularidad misma del régimen. 10.- Conforme lo hemos manifestado en nuestra jurisprudencia administrativa, la rotación que impone la diplomacia entre cargos del Servicio Interno, del Servicio Consular y del Servicio Diplomático, hace que los funcionarios de carrera no adquieran derecho alguno a la función o puesto que desempeñen en un momento determinado, sino a una categoría dentro de la jerarquía de la carrera, según el escalafón (arts. 9, 11, 12, 19 y 22 de la citada Ley No. 3530 y 2.4, 2.10, 2.24, 41, 62 y 74 del Decreto EjecutivoNº 29428-RE); la cual sirve de criterio reglado insoslayable para su designación. (Dictamen C-304-2018 del 05 de diciembre del 2018, entre otros) 11.- En relación con la cuarta consulta, a juicio de esta Procuraduría sí es posible ascender a la categoría de Embajador, sin estar ocupando uno de esos cargos, siempre y cuando el funcionario de carrera reúna los requisitos legales que dicho cargo exige, demuestre la idoneidad para ejercerlo y exista una vacante en la categoría, conforme a lo normado en el Estatuto de Servicio Exterior y su Reglamento.”

  • Opinión Jurídica nº 069 -J de 19 de Mayo de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-069-2022. DIFERENCIA ENTRE DESAFECTACIÓN Y MUTACIÓN DEMANIAL. DIFERENCIA ENTRE BIENES PATRIMONIALES Y DEMANIALES. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PARQUES. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el proyecto de ley no. 22771, denominado “LEY DE DESAFECTACIÓN Y CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL COSTADO OESTE DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO” La Procuraduría, en opinión jurídica no. PGR-OJ-069-2022 de 19 de mayo de 2022, señaló lo siguiente: En el proyecto de ley no debería indicarse que la calle que se pretende desafectar pasará a ser un bien patrimonial de la Municipalidad, pues, como se señala en la exposición de motivos, en dicho bien se pretende desarrollar un parque integral que contenga áreas de recreación, cultura y deporte, es decir, un espacio de esparcimiento y disfrute para la comunidad. Resulta contradictorio que se pretenda mejorar el parque central de Guácimo y acondicionar el área para que esté destinada al disfrute y uso de la comunidad, pero, por otro lado, se indique que la porción de la calle pública que se le anexará al parque, será un bien patrimonial de la Municipalidad. Y es que, esa contradicción no se basa en una mera formalidad, sino que, el régimen demanial que se le otorga a los parques encuentra su razón de ser en la necesidad de proteger esos espacios para el disfrute y esparcimiento de la comunidad. Por tanto, se recomienda modificar el texto propuesto, con el fin de que no se altere la naturaleza demanial del bien, puesto que, aunque se variaría su uso o destino, éste seguiría siendo un bien de dominio público, con un uso distinto. En ese sentido, lo que estaría disponiendo el proyecto no sería la desafectación de la calle pública, sino la modificación del uso al que está destinada, es decir, realmente se estaría autorizando una mutación demanial.

  • Dictamen nº 108 de 19 de Mayo de 2022, de Concejo Municipal de Distrito de Cóbano

    PGR-C-108-2022 POTESTAD ANULATORIA OFICIOSA; NULIDAD DE UN ACTO DESFAVORABLE O DE GRAVAMEN, EN BENEFICIO DE UN ADMINISTRADO; ART. 183.1.2 DE LA LGAP; ÓRGANO COMPETENTE Y TRÁMITE. Por oficio No. INT-2022-172 de 29 de abril de 2022, acorde con el artículo 183.1.2 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), el Intendente del Concejo municipal de distrito de Cóbano solicita dictamen vinculante de la Procuraduría General para anular o declarar de oficio la nulidad de un acto desfavorable o de gravamen, en beneficio de un administrado: la resolución sancionatoria No. INT-2022-065 de las 11:30 hrs. del 1 de abril de 2022, por la que esa Intendencia municipal impone el despido sin responsabilidad patronal y una responsabilidad civil a un servidor. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-108-2022, de 19 de mayo de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa de la resolución sancionatoria No. INT-2022-065 de las 11:30 hrs. del 1 de abril de 2022, por la que el Intendente municipal del Concejo Municipal de Distrito deCóbano impuso el despido sin responsabilidad patronal y una responsabilidad civil (..) toda vez que la presente gestión no ha seguido los cauces procedimentales legalmente previstos al efecto, especialmente porque ha sido gestionado por un órgano incompetente de ejercer válidamente el ejercicio legítimo y oportuno de la potestad anulatoria administrativa que se pretende –art.183.1 de la LGAP- y sin contar de previo con nuestro dictamen favorable y vinculante, indebidamente se adelantó criterio de fondo, en abierta contravención a lo dispuesto por el ordinal 183.2 Ibídem.”

  • Opinión Jurídica nº 071 -J de 19 de Mayo de 2022, de Asamblea Legislativa

    OJ-071-2022. MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. DERECHOS DE UTILIDAD AMBIENTAL. PRINCIPIO DE OBJETIVACIÓN DE LA TUTELA AMBIENTAL. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN. EL PROYECTO DISMINUYE NIVEL DE TUTELA ACTUAL. REQUIERE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA. OTORGAMIENTO DE CONCESIONES REQUIERE ESTUDIO PREVIO. La Asamblea Legislativa requirió nuestro criterio sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley no. 22391, denominado “Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA).” La Procuraduría, en opinión jurídica no OJ-071-2022 de 19 de mayo de 2022 dispuso: -El proyecto de ley implica una reducción del nivel de tutela ambiental actual, y, en consecuencia, requiere contar con un criterio técnico que lo justifique. - Se requiere justificación técnica de la posibilidad de otorgar derechos de utilidad ambiental en todo el patrimonio natural del Estado. -Se hacen observaciones puntuales del articulado que se sugiere revisar. - Si bien la aprobación del proyecto de ley no. 22391, denominado “Ley para la gestión y regularización del patrimonio natural del Estado y del derecho de utilidad ambiental (Ley DUA)”, es una decisión estrictamente legislativa, con respeto se recomienda valorar las observaciones expuestas.

  • Dictamen nº 105 de 17 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Hojancha

    PGR-C-105-2022. NULIDAD ABSOLUTA, EVIDENTE Y MANIFIESTA. ART. 173 LGAP. REQUISITOS, CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA SU DECLARATORIA. DICTAMEN PRECEPTIVO DE LA PROCURADURÍA. MOMENTO PARA REQUERIR NUESTRO CRITERIO. La Municipalidad de Hojancha requirió lo siguiente: “1. Solicitar al Órgano Técnico Jurídico (Procuraduría General de la República- PGR), emitir el criterio estipulado en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, a efectos de declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del plano catastrado G-2217866-2020 y G-1352215-2009 y su respectivo visado. Se adjuntan planos. 2. Solicitar que esta información sea analizada, con el objetivo de verificar que se deba de cumplir algún otro procedimiento, antes de hacer la solicitud a la PGR, se adjuntan los expedientes N°001 y N°002, debidamente foliados y en orden cronológico, estos son copia fiel del original, va con firma y sello de la Secretaria del Concejo Municipal y su certificación.” La Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-105-2022 de 17 de mayo de 2022, señaló: Nuestra intervención en estos asuntos debe ser previa al acto final que declare la nulidad absoluta, pero posterior al procedimiento administrativo ordinario tramitado al efecto. En otras palabras, después de que el órgano director culmina la tramitación del procedimiento, debe remitir el informe que corresponda al órgano decisor, para que éste, de previo a dictar el acto final, solicite a la Procuraduría o a la Contraloría el criterio favorable sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Una vez que el órgano decisor cuenta con ese dictamen obligatorio y vinculante, procede a emitir el acto final del procedimiento. Por no existir un procedimiento administrativo previo tendente a declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos administrativos citados, esta Procuraduría se encuentra imposibilitada para rendir el dictamen favorable dispuesto por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública.

  • Opinión Jurídica nº 068 -J de 17 de Mayo de 2022, de Asamblea Legislativa

    PGR-OJ-068-2022 TUTELA AMBIENTAL. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO. MINERÍA METÁLICA. MEDIANA MINERÍA. PEQUEÑA MINERÍA. MINERÍA ARTESANAL. PRINCIPIO DE NO REGRESIÓN. ESTUDIOS TÉCNICOS. SERVIDUMBRES MINERAS. PERMISOS DE EXPLORACIÓN Y CONCESIÓN. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. CAUSALES DE NULIDAD, CANCELACIÓN Y RENUNCIA. La señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de las Comisiones Legislativas II, solicita nuestro criterio sobre el texto sustitutivo (dictaminado) del proyecto de ley denominado “LEY PARA EL DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE LA REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA METÁLICA”, el cual se tramita bajo el número de expediente 21.584 en la Comisión Permanente de Asuntos Sociales Mediante la opinión jurídica PGR-OJ-068-2022 del 17 de mayo de 2022, suscrito por Silvia Patiño Cruz, procuradora y Yolanda Mora Madrigal, abogada de la Procuraduría, se concluyó lo siguiente: La intención de la presente iniciativa es regular la actividad minera metálica mediante el establecimiento de parámetros, procedimientos, deberes y requisitos indispensables para promover el uso eficiente de los minerales metálicos existentes en el territorio nacional, de manera sostenible con el ambiente, así como el aprovechamiento de los beneficios económicos que genera esta actividad para el desarrollo social de las comunidades donde se encuentra el yacimiento y de toda la población en general; A partir de lo establecido en el numeral 121 inciso 14 de la Constitución, al legislador lo ampara un principio de libre configuración en esta materia, que lo faculta a establecersi ciertos bienes de dominio público pueden ser explotados porparticulares o si, por el contrario, deben estar excluidos totalmente de la explotación y el comercio; No obstante lo anterior, con el presente proyecto de ley se pretende una disminución de la tutela ambiental, al pasar de un régimen de prohibición absoluta, a uno donde se permite la actividad minera subterránea y superficial enla zona de Crucitas. Por tanto, deben respetarse el principio preventivo, de no regresividad y objetivación de la tutela ambiental; A partir de dichos principios la aprobación del presente proyecto de ley debe fundamentarse en estudios técnicos; El establecimiento de servidumbres mineras, tal como lo permite el proyecto de ley, debe realizarse en un justo equilibrio entre el derecho de propiedad del propietario registral y el derecho de acceso del concesionario o permisionario; En virtud de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, es vital que el legislador cuente con estudios técnicos que justifiquen la cantidad de material por toneladas métricas autorizadas (artículos 3 y 4 del proyecto) para efectos de superar una eventual discusión de constitucionalidad ante la Sala Constitucional; Se recomienda establecer el procedimiento administrativo que se deberá seguir para la imposición de las sanciones administrativas contempladas en los artículos 18, 33 y 43 del proyecto, o al menos remitir expresamente a otra ley o al régimen general contenido en la Ley General de la Administración Pública; El proyecto carece de los parámetros objetivos que exige el principio de razonabilidad para poder justificar, racionalmente, el motivo por el que se estaría autorizando la comercialización de oro únicamente al cantón de Abangares, excluyéndose a los demás cantones del país, contraviniendo de esta forma el principio constitucional de la igualdad. Ergo, el proyecto de ley sometido a nuestro conocimiento presenta dudas de constitucionalidad que deben ser dilucidados en sede constitucional; Finalmente, se recomienda valorar los aspectos de técnica legislativa señalados en este pronunciamiento y consultar el proyecto de ley al MICITT.

  • Dictamen nº 102 de 12 de Mayo de 2022, de Ministerio de Educación Pública

    PGR-C-102-2022. REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES. MANUAL DE DISPOSICIONES TÉCNICAS GENERALES SOBRE SEGURIDAD HUMANA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS. CONSTRUCCIONES EXISTENTES. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS CONSULTAS. El ministro de educación requirió nuestro criterio sobre lo siguiente: “¿Cuál es el alcance del Reglamento de Construcciones y el Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica respecto a su aplicación en la infraestructura existente al momento en que se emitió la normativa?” La Procuraduría, en dictamen no. PGR-C-102-2022 de 12 de mayo de 2022 señaló que: La consulta debe ser declarada inadmisible, pues, conforme a lo expuesto, el criterio legal no responde puntualmente la pregunta que finalmente el órgano legitimado plantea a la Procuraduría. En todo caso, con el fin de coadyuvar a la administración activa en la toma de decisiones en relación con la pregunta concreta formulada, tómese en cuenta lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento de Construcciones (no. 6306 de 15 de marzo de 2018). Sobre el alcance del Manual de Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, véase el artículo 23 del Reglamento de Construcciones. Por su parte, el actual Reglamento Nacional de Protección contra Incendios (no. 163 de 29 de octubre de 2020) establece su alcance en el punto 3.

  • Dictamen nº 101 de 12 de Mayo de 2022, de Universidad Técnica Nacional

    PGR-C-101-2022 ART. 173 LGAP; EL CONSEJO UNIVERSITARIO ÓRGANO SUPERIOR SUPREMO DE LA JERARQUÍA ADMINISTRATIVA, SALVO EN MATERIA DISCIPLINARIA, LABORAL Y ESTUDIANTIL EN LA UTN; INCOMPETENCIA, ADELANTAMIENTO DE CRITERIO E INCUMPLIMIENTO DEL DEBER INEXCUSABLE DE APORTAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO. Por oficio No. R-583-2022 de 03 de mayo de 2022, el Rector de la Universidad Técnico Nacional (UTN) solicita emitir criterio preceptivo y vinculante sobre la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto de inscripción y título de Bachillerato en Gestión Ambiental. Con la aprobación de la Procuradora General Adjunta de la República, mediante dictamen PGR-C-101-2022, de 12 de mayo de 2022, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla Herrera, del Área de la Función Pública, concluye: “Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría General devuelve, sin el dictamen afirmativo solicitado, la gestión tendente a declarar la nulidad administrativa del acto de inscripción y título de Bachillerato en Gestión Ambiental del estudiante xxx, cédula de identidad número xxx, fecha 27 de noviembre del 2020; inscrito en el Libro de Títulos de Graduación de Bachillerato Universitario de la UTN, al tomo 2B, folio 429, asiento 8885, toda vez que la presente gestión no ha seguido los cauces procedimentales legalmente previstos al efecto, especialmente porque ha sido iniciada por un órgano incompetente de ejercer válidamente el ejercicio legítimo y oportuno de la potestad anulatoria administrativa que se pretende. Adicional a ello, sin contar de previo con nuestro dictamen favorable y vinculante, indebidamente se adelantó criterio de fondo y se omitió la obligación inexcusable de aportar el expediente administrativo conformado en este asunto.”

  • Dictamen nº 097 de 10 de Mayo de 2022, de Municipalidad de Turrubares

    PGR-C-097-2022 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES. La reclasificación, la recalificación, la reasignación y la reestructuración de puestos. Los manuales de puestos. El cumplimiento de requisitos para ocupar un puesto. El pago del salario se encuentra ligado al cumplimiento de LOS requisitos. Por oficioN° MT-AI-006-2021 de fecha 07 de setiembre del 2021, el señor Yeiner Calderón Umaña, Auditor Interno de la Municipalidad de Turrubares, solicita el criterio de la Procuraduría General, en relación con las siguientes interrogantes: “En el caso hipotético de que una Municipalidad realice una recalificación o reclasificación de puestos por medio de un estudio de equidad salarial, pasando algunos puestos de una categoría inferior (técnico o inferior) a una categoría superior (profesional). (Entiéndase sin actualizar el Manual de Puestos) 1. ¿Puede una Municipalidad en casos de recalificación o de reclasificación de puestos, exigir los nuevos requisitos académicos o de experiencia a los funcionarios afectados? 2. ¿Cuál sería el proceso correcto por seguir por parte de la Administración activa para exigir el cumplimiento de los nuevos requisitos? 3. ¿Puede la Municipalidad pagar el nuevo salario para los puestos afectados, aunque los funcionarios que vayan a ocupar el puesto no cumplan con los nuevos requisitos, entre ellos los académicos y de experiencia? 4. En caso de negativa de los funcionarios a cumplir los nuevos requisitos para ocupar el puesto, ¿El pago del nuevo salario se considera un derecho adquirido?” Mediante el Dictamen PGR-C-097-2022 del 10 de mayo del 2022, aprobado por la Dra. Magda Inés Rojas Chaves, Procuradora General Adjunta de la República, suscrito por la Licda. Yansi Arias Valverde, Procuradora Adjunta, y la Licda. Engie Vargas Calderón, Abogada de Procuraduría, se concluyó: “1.- La figura de la reclasificación refiere a la corrección que se efectúa cuandose le asigna a un puesto nuevo una clase errónea o se reasigna, con igual yerro, una ya existente. 2.- Es decir, mediante un análisis de las plazas se denota que los requerimientos exigidos y su calificación corresponden a una distinta de la que se les endilgó. Ante tal falencia, el ordenamiento jurídico dispuso como remedio legal para su corrección que se reclasifiquen a la categoría correspondiente. (Ver dictamen C-029-2013 del 6 de marzo del 2013). 3.- La recalificación es el cambio de grupo clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando hayan variado los atestados de la persona funcionaria que lo ocupa, debiendo cumplirse con los requisitos de la clasificación del puesto y existir el contenido presupuestario para el cambio; ello siempre bajo solicitud expresa del servidor regular que ocupa el puesto, ante Recursos Humanos; o en caso de plazas vacantes, de la jefatura inmediata del puesto o de la Administración Activa, justificando la necesidad institucional. 4.- En atención a los elementos conceptuales que se han definido en este pronunciamiento y a la estructura organizativa de esa Municipalidad, se deberá realizar el análisis puntual en cada caso concreto, a efectos de aplicar correctamente lo desarrollado en el acápite I, lo cual corresponde a ese municipio y no a esta Procuraduría. 5.- Tal y como se encuentra formulada la primera interrogante, debemos concluir que concretamente en los casos de recalificación y reclasificación, debe la Municipalidad de Turrubares exigir de manera inexcusable a los funcionarios afectados, el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia establecidos en el Manual de Puestos vigente, para la clase de puesto a la cual se pretenda recalificar o reclasificar. 6.- En cuanto a la segunda interrogante, en virtud de su ambigüedad e imprecisión, al pretender el consultante que se le indique ¿cuál es el proceso correcto por seguir por parte de la Administración Activa para exigir el cumplimiento de los nuevos requisitos?, sin definir si se refiere a los supuestos de una recalificación o reclasificación de un puesto, se remite al señor Auditor Interno a lo dispuesto en el apartado I. 7.- Un estudio de equidad salarial como tal, no podría sustituir bajo ninguna circunstancia a la escala salarial y al manual de puestos; siendo que, lo que sí resultaría procedente dentro de la autonomía de la Municipalidad, es que, con base en ese estudio, se gestionen a lo interno las modificaciones correspondientes a la escala y al manual, a efectos de ejecutar su actualización, siempre y cuando se cuente con las aprobaciones respectivas y el contenido presupuestario para ello. 8.- Las clases existentes en la corporación municipal deben estar predeterminadas en el Manual de Puestos correspondiente y será este el que indicará los requerimientos específicos que deben cumplirse para su desempeño, y no como lo plantea el consultante, por medio de un estudio de equidad salarial. 9.- En todo caso, conforme lo manifestamos en el apartado I para que se disponga una recalificación o reclasificación de un puesto, se deben presentar condiciones específicas y cumplirse con una serie de requisitos. Consecuentemente, el “caso hipotético” esbozado en la presente consulta resulta improcedente, ya que se violentan la normativa y los requerimientos técnicos, aquí desarrollados. 10.- La respuesta a las interrogantes tercera y cuarta es negativa, en primer lugar, porque el nombramiento de los funcionarios públicos tiene que efectuarse con base en la idoneidad comprobada, la cual es de rango constitucional y constituye un principio rector del empleo público, siendo estrictamente obligatorio el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Puestos de esa corporación municipal. 11.- En segundo lugar, el pago del salario se encuentra también, estrictamente ligado al cumplimiento de esos requisitos, por lo cual no es factible que se reconozca un salario de una clase superior a un funcionario que no reúne los requisitos para ello, en el tanto estamos en presencia de fondos públicos. 12.- De lo contrario, no solo se transgrediría el ordinal 192 de la Constitución Política, sino además el principio de legalidad, contenido en los artículos 11 de nuestra Carta Magna y 11 de la Ley General de la Administración Pública, que estipulan que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad, están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

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